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Full text of "Bucheli Curto Sanguinetti Demasi Yaffe 2005 Vivos Los Llevaron"

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Vivos los llevaron*** 

Historia de la lucha de Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 

( 1976 - 2005 ) 



Gabriel Bucheli - Valentina Curto - Vanesa Sanguinetti 
Carlos Demasi y Jaime yaffé (coordinadores) 




Vivos los llevaron... 

Historia de la lucha de Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 

( 1976 - 2005 ) 




Vivos los llevaron... 


Historia de la lucha de AAadres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 

( 1976 - 2005 ) 


Gabriel Bucheli 
Valentina Curto 
Vanesa Sansuinetti 

Carlos Demasi y Jaime Yaffé 

(coordinadores) 


EJi. 


MCE 



Ilustración de carátula: 
Ernesto Vila 


Fotos de interior: 
Annabella Balduvino 


©2005, Ediciones Trilce 

Durazno 1888 

11200 Montevideo, Uruguay 

tel. y fax (5982) 412 76 62 y 412 77 22 

trilce® trilce. com .uy 

www.trilce.com.uy 


ISBN 9974-32-404-1 



Contenido 


Presentación.7 

Capítulo Primero 

De LOS PRIMEROS GRUPOS DE FAMILIARES a LA UNIFICACIÓN (1976-1984).14 

Los familiares frente a la desaparición.16 

"No usábamos la palabra desaparecido".16 

Los familiares frente a la desaparición forzada.16 

Una militancia imprevista y de nuevo tipo.17 

No se trataba de "lo mismo".18 

Miedos y esperanzas.19 

Las organizaciones de familiares de desaparecidos.22 

Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina.22 

Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE).35 

Familiares de Desaparecidos en Uruguay.40 

Hacia la unificación de los movimientos de familiares de desaparecidos.44 

El despertar opositor de 1983 y 1984.45 

Capítulo Segundo 

De LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA AL REFERÉNDUM (1985-1989).53 

Los nuevos desafíos de la vida democrática.53 

Disoluciones y unificaciones: dos procesos "casi" simultáneos.53 

Derechos humanos y restauración democrática.55 

Denuncias en el ámbito nacional.57 

La Caducidad: un "arreglo” político al desacato militar.59 

Los derechos humanos y el despertar de la ciudadanía.64 

La campaña Pro-Referéndum.64 

Verde o amarillo: ¿memoria u olvido?.68 

El resultado y sus impactos.70 



























Capítulo Tercero 

De la derrota a la Comisión para la Paz 0990-2003) 


72 


Silenciamiento y olvido (1990-1995).72 

¿Vale la pena continuar?.73 

El papel de FEDEFAM.74 

Triste y solitario final de los viernes en Plaza Libertad.75 

La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos.76 

Los niños desaparecidos.78 

Criticas desde el exterior.80 

La lenta recuperación de las voces y la memoria (1996-1999).81 

Las “declaraciones” de 1995 y 1996, dentro y fuera del país.81 

La conmemoración del 20 de mayo de 1996 y las "iniciativas” de 1997 y 1998 ... 82 

La petición de 1997: una movida estratésica.83 

El Memorial de los Desaparecidos.86 

El caso Gelman.88 

La “paz” fallida. Un avance insuficiente (2000-2003).89 

Las conversaciones previas.90 

La instalación de la Comisión para la Paz.92 

El informe de la Comisión para la Paz.94 

¿y ahora qué?.98 

Capítulo Cuarto 

Democracia, dictadura y derechos humanos en Uruguay 

Una perspectiva histórica y contemporánea.101 

Los crímenes políticos en la historia urusuaya.103 

Represión y derechos humanos en tiempos de dictadura.108 

El terrorismo de Estado y la “desaparición” de personas.114 

La cuestión de los desaparecidos en el contexto democrático.119 

Notas.127 

Bibliosrafía, Fuentes y Material documental.131 

Noticia de los autores.134 

Anexos 

Breve cronolosía.137 

Reseñas autobiográficas de los entrevistados.141 

El Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos 

Detenidos Desaparecidos. Experiencias, contenidos y reflexiones.155 
































Presentación 


La historia que se cuenta en este libro es el relato de algunas decenas 
de trayectorias personales y de un itinerario colectivo pautado por la bús¬ 
queda permanente del hijo, de la hermana, de los padres desaparecidos en 
un tiempo oscuro ya pasado, pero imposible de comenzar a “superar" has¬ 
ta el momento del encuentro con la verdad. Es, al mismo tiempo, la re¬ 
construcción de una historia de lucha por la democracia y los Derechos 
Humanos (DDHH), por la tolerancia y la convivencia plural y pacífica, que 
no está anclada en el tiempo sino que se proyecta con fuerza hacia el 
futuro. Y no quiere dar vuelta ninguna página hasta haberla escrito, leído 
y comprendido, con la libertad de volver a ella, sin culpa, cuantas veces se 
desee. 

Conviene aclarar desde el principio que este relato de la peripecia del 
grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos* no 
es, ni pretende ser, una “historia oficial”, que busque glorificar su accionar 
para ocultar sus dificultades y debilidades. Por el contrario, se ha entendi¬ 
do que los mecanismos de procesamiento de las divergencias internas y su 
capacidad para afrontar situaciones de crisis y frustración mostraban una 
de las características más interesantes del grupo. 

El proceso de creación de esta asociación (confuso, un tanto perdido en 
la memoria de sus protagonistas) amalgamó en un misma acción a las 
integrantes de tres agrupaciones anteriores (que suponían tres trayecto¬ 
rias diferentes): la que se agrupó primero en el tiempo, la de familiares de 
uruguayos desaparecidos en Argentina; la que reunía a los familiares resi¬ 
dentes en el país de uruguayos desaparecidos en Uruguay, creada más 
tardíamente: y la de quienes, terminada la dictadura, retornaron del exilio 
con la experiencia de la Asociación de Familiares de Uruguayos Desapare¬ 
cidos (AFUDE) en su haber. Verdaderamente esta fusión no se cumplió sin 
conflictos, que en algunos casos terminaron en separaciones, pero que se 
procesaron de forma particular. Aunque es cierto que en algunas circuns¬ 
tancias criticas (como lo fueron el proceso de unificación de las asociacio¬ 
nes, o la autocrítica posterior a la campaña por el referéndum contra la 


* En adelante nos referiremos al grupo utilizando indistintamente: la sigla MFUDD, 
la denominación abreviada “Madres y Familiares” o, simplemente, “Familiares”, 
la expresión más frecuentemente utilizada, incluso por sus propios integrantes. 


7 



Ley de Caducidad) hubo quienes se apartaron del grupo, nunca se produjo 
la formación de una asociación paralela. El centro de las discusiones se 
situó en un problema de estrategia (si era más conveniente promover el 
tema desde una asociación específica o desde el interior de otros movi¬ 
mientos sociales o políticos), lo que trajo por consecuencia que no hubiera 
disputas por el manejo del capital simbólico acumulado por la asociación: 
no hay dos agrupaciones de familiares que se enfrenten reclamando el 
monopolio de la “auténtica” representación de los familiares de desapare¬ 
cidos. Se trata de una experiencia diferente a lo sucedido en Argentina, 
donde, tras fuertes desencuentros acerca de la estrategia que debía se¬ 
guirse, la asociación original Madres de Plazo de Mayo vivió la fractura y 
separación colectiva de un importante núcleo, que fundó en forma parale¬ 
la una nueva asociación con el mismo nombre seguido de la expresión 
“Línea Fundadora”. La diferencia es muy relevante, porque la asociación 
argentina ha sido un referente permanente en la trayectoria de la urugua¬ 
ya. No es casual que la organización de madres de uruguayos desapareci¬ 
dos en Argentina sea la pionera de los tres grupos originarios. Pero en el 
caso uruguayo las divergencias se resolvieron por la autoexclusión de los 
disidentes, que se dedicaron a la militancia en el grupo político al que 
pertenecían o se volcaron a la promoción de un caso específico en el con¬ 
texto general del reclamo, o que, en otros casos, se desmovilizaron mo¬ 
mentáneamente como resultado de una crisis personal, pero luego se rein¬ 
tegraron al grupo sin dificultades mayores. 

Esta fluidez de circulación se explica no solamente por el talante de las 
integrantes del colectivo de familiares, sino también porque el grupo nun¬ 
ca se dio una organización muy estructurada, basada en la existencia de 
órganos de conducción y cargos jerárquicos, sino que prefirió funcionar 
apoyándose en una modalidad de funcionamiento por “plenario” abierto a 
todos los integrantes, adoptando resoluciones -por consenso o, agotadas 
las posibilidades de lograrlo, por mayoría-, que luego son hechas públicas 
por algún/a “portavoz” ocasional de la organización, sin que ello suponga 
ningún tipo de designación permanente o reconocimiento de protagonismo 
particular. Esta modalidad de funcionamiento, así como la firme intención 
de mantener a la institución apartada de las vinculaciones con los parti¬ 
dos políticos, podrían parecer opciones que no contribuyen a su fortaleci¬ 
miento: pero la experiencia ha demostrado lo contrario: Madres y Familia¬ 
res de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ha logrado mantener su uni¬ 
dad y su funcionamiento, e igualmente ha sido capaz de integrar a la gene¬ 
ración de las madres con las de los hermanos y, en menor medida, la de 
los hijos de los desaparecidos (muchos de los cuales eran niños al momen¬ 
to de la desaparición de sus padres). El surgimiento, a fines de los años 
noventa, de una organización específica que nuclea a los hijos de las vícti¬ 
mas del terrorismo de Estado (“Hijos”), con reclamos y estilos distintos, no 
ha sido visto como un elemento conflictivo sino complementario; una acti¬ 
tud que contribuye a reforzar la incidencia social de la agrupación, más 
aún si se tiene presente que la participación de hijos de desaparecidos, lo 
mismo que la de los hermanos, es notoriamente minoritaria frente al am¬ 
plio e histórico predominio de las madres en el grupo de Madres y 
Familiares. 


8 



Esta continuidad, así como la progresiva multiplicación de su voz, ha 
permitido que la acción de Madres y Familiares haya sido un permanente 
desafío al olvido y la impunidad, promoviendo la conservación de la memo¬ 
ria social de aquellos aspectos más oscuros de la última crisis de la demo¬ 
cracia, del proceso de deterioro institucional que le antecedió y de la dicta¬ 
dura lisa y llana que le sucedió, así como de la irresolución de su demanda 
a lo largo de los veinte años de democracia. La instalación del nuevo go¬ 
bierno presidido por Tabaré Vázquez y los anuncios y primeras acciones 
formuladas por las nuevas autoridades han abierto la expectativa de que, 
a partir de un giro radical en las políticas estatales hacia la cuestión de las 
violaciones a los DDHH por parte del régimen autoritario, se abra una nue¬ 
va etapa que permita avanzar sustancialmente en la solución de la cues¬ 
tión de los desaparecidos y, al mismo tiempo, en la construcción de una 
nueva sensibilidad y conciencia social en torno a la relación entre demo¬ 
cracia y DDHH. 

La eventual solución a la cuestión de los desaparecidos no necesaria¬ 
mente tendría por qué suponer la clausura definitiva de la actividad de 
Madres y Familiares. Más allá de cuántas sean las posibilidades de encon¬ 
trar los restos de los desaparecidos y de esclarecer completamente cada 
caso, la acción continuada de esta organización ha representado una rica 
experiencia social, política y cultural que marca un camino para construir 
una auténtica y duradera sensibilidad con respecto al respeto de los DDHH. 
Seguramente en esta sensibilización social reside uno de los más impor¬ 
tantes resguardos contra la reedición de las prácticas violatorias de estos 
derechos por parte del propio Estado, como sucedió en los años en que el 
terrorismo estatal fue parte esencial del sistema de dominación instaurado 
durante la dictadura. 

Este trabajo es una primera aproximación sistemática a esa historia, 
todavía muy allegada y muy cercana a la memoria de sus protagonistas. 
Su elaboración hubiera sido imposible si no hubiéramos contado con la 
generosa colaboración de las mismas protagonistas de los hechos, que nos 
brindaron su tiempo y nos abrieron sus archivos y recuerdos personales; 
igualmente ocurrió con los colaboradores habituales de la organización, 
quienes en muchos casos nos sirvieron de nexo y nos permitieron dispo¬ 
ner de sus propios recuerdos allí donde la memoria de las protagonistas 
fallaba. Con este libro no se ha pretendido más que abrir un camino, con¬ 
tar una historia vivida por personas que son contemporáneas nuestras, 
mostrando algunos de sus éxitos y sus frustraciones, y abrir el camino a 
otras investigaciones que construirán otros relatos, mejor documentados 
y, quizá, mejor inspirados por las condiciones del nuevo tiempo que, por 
ahora, solo pueden atisbarse. 


La creación de la Comisión para la Paz (COPAZ) en el año 2000 marcó la 
culminación de un proceso de recolocación del tema de las violaciones a 
los DDHH cometidas durante la dictadura cívico-militar y sus prolegóme¬ 
nos, en particular la cuestión de los desaparecidos, en la agenda política y 


9 



social. Tras la época del silencio y el ocultamiento sistemático que inaugu¬ 
ró el triunfo de la opción confirmatoria de la Ley de Caducidad en el año 
1989, desde el año 1996 se venían produciendo avances parciales en la 
reversión de esta situación. Más allá de las notorias insuficiencias del re¬ 
sultado final de su trabajo, la creación y el funcionamiento de la COPAZ 
representó, al mismo tiempo, una culminación de esos avances de la se¬ 
gunda mitad de los noventa y un relanzamiento de la temática, que antici¬ 
pó el giro que su tratamiento tendría cinco años más tarde. 

En ese nuevo contexto, en diciembre de 2001 la Universidad de la Re¬ 
pública suscribió, a través del Instituto de Ciencia Política (ICP) de la Fa¬ 
cultad de Ciencias Sociales, un primer convenio de colaboración con la 
asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desapareci¬ 
dos, con el objeto de promover conjuntamente un programa de investiga¬ 
ción y docencia denominado “Memoria y Ciudadanía”. Desde el comienzo 
se sumó a los trabajos el Centro Interdisciplinario de Estudios Uruguayos 
(CEIU) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que en 
enero de 2004 suscribiría un segundo convenio con Madres y Familiares. 
Entremedio, se constituyó, en el seno de la Universidad de la República, la 
red temática “Dictadura, Memoria(s) y Derechos y Humanos”, y, como un 
espacio de convergencia entre actores universitarios y organizaciones so¬ 
ciales, el grupo “Archivos y Derechos Humanos". 

En el marco de estos convenios, en junio de 2003 las tres instituciones 
(CEIU, ICP y Familiares) promovieron, junto a otras, el evento “1973-2003. 
Voces, memorias y reflexiones a 30 años del golpe de Estado y la dictadura 
en Uruguay”. Desde diciembre del mismo año se puso en marcha un pro¬ 
yecto que abarcaba dos tareas y tres resultados: la organización de un 
archivo que reuniese y pusiese a disposición de la consulta pública toda la 
documentación generada y acopiada por Madres y Familiares desde me¬ 
diados de los años setenta; y la elaboración de una historia de la asocia¬ 
ción que pudiese ser contada a través de un libro y de un documental 
audiovisual. Pues bien, tras algo más de un año de investigación, aquí 
estamos entregando uno de los resultados de este trabajo. La apertura de 
una parte del Archivo de Madres y Familiares aún deberá esperar algunos 
meses hasta que la primera fase de esa tarea sea concluida. La realización 
del documental, que de acuerdo a nuestros planes iniciales debía presen¬ 
tarse junto a este libro, se vio postergada y fue finalmente asumida por un 
grupo cooperativo de técnicos en audio e imagen, encontrándose aún en 
proceso de elaboración. 

La mayor parte del trabajo archivístico y la investigación histórica fue 
realizada en forma honoraria, por un conjunto de personas que han tenido 
diverso grado de responsabilidad y dedicación, pero que en todos los casos 
asumieron la tarea con un elevado sentido del compromiso y con 
profesionalismo. Vale dejar sentado aquí que no estamos orgullosos del 
carácter honorario de nuestro trabajo, pues estamos convencidos de que 
no hay tarea auténticamente profesional si no es acompañada por la retri¬ 
bución correspondiente. Pero en este caso, nos vimos enfrentados a la 
alternativa entre realizar una tarea con la que sentíamos un elevado com¬ 
promiso ético y político, o seguir esperando indefinidamente por un 
financiamiento anunciado inicialmente pero nunca concretado. 


10 



La coordinación general del proyecto estuvo a cargo de Carlos Demasi 
(CEIU) y Jaime Yaffé (ICP). La organización del archivo fue realizada en una 
primera fase por Gabriel Bucheli, Valentina Curto y Vanesa Sanguinetti. 
En una segunda etapa, esta tarea quedó a cargo de Jimena Alonso, Mag¬ 
dalena Figueredo y Viviana Ruiz, quienes contaron con el asesoramiento 
técnico de la bibliotecóloga Esther Pailos. Ellas tres colaboraron además 
en la ubicación de los documentos que integran el Material documental de 
este libro que publicamos anexo a este libro en internet (véase chttp:// 
www.trilce.com.uy/libros_online.html>. También redactaron una reseña 
de su experiencia de trabajo en la organización del archivo de Madres y 
Familiares que incluimos como anexo. En un tercer momento, la obten¬ 
ción de un financiamiento concedido por el Programa de Apoyo al Desarro¬ 
llo de Archivos Iberoamericanos (Programa ADAI) de la Agencia Española 
de Cooperación Iberoamericana (AECI) permitió la incorporación de las 
archivólogas Cecilia Gobbi y Stella Robayna. La realización de las entrevis¬ 
tas para la investigación en que se apoya este libro así como la revisión 
documental y de prensa y la redacción de los cuatro capítulos que lo inte¬ 
gran estuvo a cargo de los coordinadores y de los tres integrantes del equi¬ 
po que realizó la primera fase del trabajo archivístico. La desgrabación de 
las entrevistas fue realizada por las tres miembros del segundo equipo y 
por Alicia Labuonora quien, por razones laborales, debió discontinuar su 
participación en el proyecto. En Familiares, Alberto Hein, Mara Martínez, 
Elena Zaffaroni y Eduardo Pirotto prestaron y continúan prestando una 
colaboración permanente con nuestra tarea. La fotógrafa Annabella 
Balduvino tomó especialmente para este trabajo las fotos de los entrevista¬ 
dos que figuran en las reseñas autobiográficas de los mismos. Todos ellos 
merecen nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento que hacemos 
extensivo a quienes nos ayudaron a que este proyecto pudiera concretar¬ 
se, entre ellos quienes impulsaron los convenios entre las instituciones 
participantes y los programas y proyectos que estos cobijaron: Gerardo 
Caetano, Aldo Marchesi (corredactores del programa “Memoria y Ciudada¬ 
nía), Alvaro Rico (director del CEIU) y Vania Markarian, quien junto a los 
dos colegas anteriormente mencionados nos proporcionó comentarios y 
sugerencias al capítulo final. Valga la aclaración al uso en estos casos: los 
errores del texto así como las opiniones que en él se exponen, no son 
imputables a ninguno de los mencionados, ni comprometen 
institucionalmente a Madres y Familiares, pues son de estricta responsa¬ 
bilidad de los autores. 

También queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a Edi¬ 
ciones Trilce que se interesó y comprometió con este libro desde el mo¬ 
mento en que le fue propuesto, confirmando la sensibilidad y compromiso 
con la causa de los DDHH y con la preservación de la memoria colectiva 
con relación a las experiencias traumáticas de nuestro pasado reciente, 
que ha sido una de las marcas distintivas de su perfil editorial en nuestro 
medio. Pablo Harari y Brenda Bogliaccini realizaron una rigurosa y exi¬ 
gente lectura de la penúltima versión del texto a partir de la que surgieron 
numerosas observaciones y sugerencias. Aunque ellos tampoco tienen res¬ 
ponsabilidad por los errores cometidos y las opiniones expuestas en el 
libro, sus comentarios nos sirvieron para hacer de la versión final algo un 


11 



poco más cercano aun a lo que la historia contada y sus protagonistas se 
merecen. 

Desde el punto de vista metodológico esta investigación constituye, 
básicamente, un trabajo de Historia Oral. Los testimonios de algunos de 
los protagonistas de la historia que se cuenta, recabados mediante entre¬ 
vistas realizadas a comienzos del año 2004, han sido la principal fuente de 
información. Esos testimonios debían ser, de todas formas, relevados, como 
un producto específico que el proyecto se propuso obtener, y en ese carác¬ 
ter quedarán disponibles para su consulta en el futuro Archivo de Madres 
y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (referido en el texto 
como AMFUDD). Valen por sí mismos y han sido la fuente principal de 
nuestro trabajo. Los entrevistados que prestaron sus testimonios por me¬ 
dio de largas entrevistas realizadas y documentadas para este trabajo fue¬ 
ron nueve integrantes de la asociación de familiares, seis de ellas “fun¬ 
dadoras” (María Luisa Cuesta, Amalia González, Milka González, María 
Ester Gatti, Luz Ibarburu, Hortensia Pereira, María Magdalena “Quica” 
Salvia), dos más jóvenes, pero igualmente protagonistas y referentes del 
grupo desde hace ya muchos años (Javier Miranda y Oscar Urtasun). A 
través de contactos personales, telefónicos o electrónicos también nos pro¬ 
porcionaron informaciones y opiniones relevantes para nuestro trabajo las 
siguientes personas, a quienes extendemos nuestro agradecimiento: 
Benjamín Liberoff (integrante de Familiares), Martha Delgado, Patricia Piera, 
el Padre Jorge Osorio, Francisco Bustamante y Mirta Villa (todos ellos ex 
integrantes de SERJAP) y el Hermano Ángel Galeano (de Conventuales). 
Lamentablemente no fue posible obtener el testimonio -que mucho nos 
interesaba- de Sara Méndez, indiscutible referente de la lucha por los des¬ 
aparecidos aunque actualmente alejada de la asociación. 

Si bien la documentación de archivo estuvo planteada en todo momen¬ 
to como una fuente secundaria -entre otras cosas por carecer el grupo de 
un Archivo propiamente dicho, esto es, de un conjunto documental orga¬ 
nizado e inventariado de acuerdo a los requisitos y exigencias de las técni¬ 
cas archivísticas-, en el proceso de la investigación se enfrentaron dificul¬ 
tades para el acceso a la misma que terminaron reduciendo las posibilida¬ 
des de su consulta más de lo que hubiéramos deseado. El trabajo de orde¬ 
namiento e inventario del archivo institucional de Madres y Familiares 
-cuyo proceso, características, contenidos y problemas son descritos y 
analizados en un anexo de este libro- insumió más tiempo del que se ha¬ 
bía previsto, por lo que las posibilidades de utilizarlo para esta investiga¬ 
ción se vieron disminuidas. Por otra parte, no se pudieron concretar nues¬ 
tros intentos para acceder al grueso de la documentación de AFUDE, la 
organización que núcleo a los familiares de uruguayos desaparecidos que 
desplegaron su lucha y su búsqueda desde el exilio al que los condenó la 
dictadura, ni del PVP, una organización política que ha centrado buena 
parte de su acción en torno a la cuestión de los desaparecidos y que, nos 
consta, ha acopiado una importante documentación a propósito de la mis¬ 
ma. Estas ausencias solo apenas pudieron compensarse parcialmente re¬ 
curriendo al archivo del CEIU (referido en el texto como ACEIU), donde se 
preserva parte de la documentación de AFUDE y el PVP. 


12 



Cuando, tras un año de trabajo, el texto se encontraba en la fase final 
de corrección y edición, Madres y Familiares accedió a documentación de 
los servicios de seguridad correspondiente al período dictatorial y 
posdictatorial que contenían valiosa información sobre el tema. Pero todo 
tiene su tiempo. Nuestra investigación ya estaba cerrada y este libro, en lo 
esencial, finalizado. Otros vendrán, y mejor lo harán a partir, por ejemplo, 
de la utilización de esa documentación que no pudo ser consultada para 
este trabajo. Nada nos hará sentir más satisfechos en nuestra tarea si el 
archivo de Madres y Familiares por un lado y este texto por otro, dos de los 
productos de este proyecto, junto al documental audiovisual con el que 
este libro pretendió estar hermanado, actúan como impulsores de nuevas 
investigaciones que superen a aquella cuyos resultados estamos entre¬ 
gando al público a través de este libro. 

Como todo trabajo de elaboración colectiva, este es resultado de un 
trabajo en equipo, fruto de muchas horas de discusiones, comentarios, 
correcciones y recorrecciones de las que todos los autores nos hacemos 
cargo. De todas formas, vale dejar constancia de que los primeros borra¬ 
dores, luego sometidos sin piedad ni concesiones a reiteradas reescrituras, 
fueron escritos por Gabriel Bucheli (Capítulo Primero), Vanesa Sanguinetti 
(Capítulo Segundo), Valentina Curto (Capítulo Tercero), Carlos Demasi y 
Jaime Yaffé (Capítulo Cuarto). 

El texto que el lector podrá recorrer a partir de ahora, sigue una se¬ 
cuencia muy sencilla. Los tres primeros capítulos abarcan distintos mo¬ 
mentos de la historia de Familiares: de los encuentros iniciales realizados 
en 1976, que en 1979 desembocaron en la conformación de la primera 
agrupación de familiares, a la unificación de los tres grupos en 1984 (Ca¬ 
pítulo Primero); de la restauración democrática de 1985 al plebiscito de 
1989 (Capítulo Segundo); y desde allí al informe de la Comisión para la Paz 
del año 2003 (Capítulo Tercero). El Capítulo Cuarto expone el marco gene¬ 
ral e histórico -del autoritarismo, las violaciones a los DDHH, la desapari¬ 
ción de personas detenidas, así como su tratamiento en democracia- en el 
que se inscribe la historia de Madres y Familiares que se desarrolla a lo 
largo de los tres capítulos anteriores. El libro se cierra con una breve cro¬ 
nología y las reseñas autobiográficas de nuestros entrevistados, acompa¬ 
ñadas por sus fotos. 

Carlos Demasi (CEIU) y Jaime Yaffé (ICP) 

Coordinadores 
Octubre de 2005 


13 



Capítulo Primero 


De los primeros grupos de 

FAMILIARES A LA UNIFICACIÓN 

( 1976 - 1984 ) 


Tras el golpe de Estado de junio de 1973, la militancia contra la dicta¬ 
dura se activó dentro y fuera de Uruguay. Para enfrentarla, el régimen 
desplegó sucesivas olas represivas dirigidas contra las diversas fuerzas 
políticas que constituían núcleos organizados de la resistencia. La acción 
represiva fue dejando como saldo una larga lista de presos, torturados y 
muertos. También de desaparecidos.* En realidad, la desaparición de mi¬ 
litantes no era una novedad. Antes del golpe, se habían producido en Uru¬ 
guay las desapariciones de Abel Ayala y Héctor Castagnetto,** tras su se¬ 
cuestro por parte del llamado “escuadrón de la muerte”.*** En el caso de 
Roberto Gomensoro,**** se había producido la primera desaparición de 
un detenido tras su pasaje por un cuartel. A partir de junio de 1973, tanto 
dentro del territorio nacional como fuera de fronteras, dentro de la más 
absoluta ausencia de garantías individuales, se tornó habitual que la de- 


* La mayor parte de las organizaciones políticas de izquierda uruguayas mantuvieron 
algún grado de vida activa durante la dictadura, tanto en la clandestinidad como en 
el exilio. A los efectos de la temática de la desaparición forzada se hace necesario 
referir a un conjunto de organizaciones que sufrieron los principales embates de la 
represión bajo esa forma específica, ya sea en Uruguay como en el exterior: el Partido 
por la Victoria del Pueblo (PVP), el Partido Comunista (PCU), los Grupos de Acción 
Uniflcadora (GAU), el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), el 
Partido Comunista Revolucionario (PCR), las Agrupaciones de Militantes Socialistas 
(AMS) y el Partido Socialista (PS). Las listas de uruguayos desaparecidos en el exterior 
incluyen también a militantes de organizaciones del país de detención. Esta forma de 
represión castigó también a activistas sin filiación partidaria y a ciudadanos sin 
actividad política reconocida. 

** Militantes periféricos del MLN, secuestrados entre julio y agosto de 1971. 

*** Este fue el nombre genérico que el MLN, la izquierda y la oposición en general 
adjudicaron a los comandos de acción parapolicial que actuaron entre 1971 y 1972. 
La información sobre la existencia de estas organizaciones surge de los interrogatorios 
que realizara el MLN al fotógrafo policial Nelson Bardesio, secuestrado por los 
tupamaros el 24 de febrero de 1972. De sus declaraciones surge que habrían existido 
cinco grupos paramilitares cobijados por una misma estructura, codirigida por civiles, 
oficiales de policía y militares. De los grupos que habrían integrado el “escuadrón", el 
más notorio fue el autodenominado “Comando Caza Tupamaros". 

****Militante del Movimiento 26 de Marzo, detenido en su domicilio el 12 de marzo de 
1973. 


14 



tención de activistas clandestinos o de simples ciudadanos sospechosos 
de actividades opositoras, culminara con su desaparición. 

¿Qué era la desaparición forzada? Amnistía Internacional lo ha defini¬ 
do como “una política en que el gobierno busca alcanzar la máxima capa¬ 
cidad represiva con el mínimo de responsabilidad”. 1 Este método, además 
de eliminar opositores, buscaba crear “un terror paralizante que retarde la 
reacción de los afectados indirectos y así poder ellos seguir actuando”. 2 Se 
constituyó en uno de los mecanismos más sórdidos del terrorismo de Es¬ 
tado practicado en la región entre los años setenta y comienzos de los 
ochenta. 

Es necesario precisar que esta forma represiva adquirió mayor preci¬ 
sión y eficacia una vez que en todos los países de la región se consolidaron 
regímenes de facto,* aunque desde 1975, en el marco de la “Operación 
Cóndor”,** las fuerzas represivas de unos y otros países obviaron las for¬ 
malidades para perseguir fuera de fronteras a sus opositores. El profuso y 
detallado libro-informe publicado por Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos (MFUDD) en el año 2004, 3 da cuenta de una larga 
lista -que sus autores consideran provisoria- de uruguayos y extranjeros 
desaparecidos en Uruguay, así como de uruguayos desaparecidos en otros 
cinco países de América del Sur. Se trataría de cuarenta casos de desapa¬ 
recidos en Uruguay,*** ciento sesenta y un uruguayos desaparecidos en 
Argentina, nueve en Chile, dos en Paraguay, uno en Bolivia y uno en Co¬ 
lombia. Un capítulo aparte -agravante de la situación violatoria de los más 
básicos principios éticos- resultó el secuestro de niños, hijos de militantes 
detenidos. El mismo informe presenta catorce casos de niños hijos de uru¬ 
guayos desaparecidos o asesinados, ubicados y con identidad restituida, 
dos casos de niños hijos de padres argentinos secuestrados en Uruguay, y 
cuatro casos de niños presuntamente nacidos en cautiverio en Argentina 
que siguen sin aclararse. 4 Cabe agregar a todos estos casos la desapari¬ 
ción en Argentina, en julio de 1977, de los adolescentes uruguayos Beatriz 
y Washington Hernández Hobbas, de 16 y 15 años respectivamente, 5 me¬ 
ses después de sufrir el secuestro de su madre.**** 


* En Paraguay esto era así desde 1954, en Brasil desde 1964, en Bolivia desde 1971, 
en Chile desde septiembre de 1973 y en Argentina desde marzo de 1976. 

** Esta coordinación se concretó en una reunión de representantes militares realizada 
en noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Asistieron a la reunión delegados de 
Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. El representante uruguayo fue el 
coronel del Ejército José A. Fons, quien precisamente mocionó dar el nombre de 
“Cóndor” al organismo creado “en homenaje al país sede”. Véase Boccia Paz et al.. En 
los sótanos de los generales, p. 53 y ss. 

*** De ellos, 26 eran militantes políticos de organizaciones uruguayas; 9 eran extranjeros 
(8 argentinos y 1 paraguaya) cuyas desapariciones se realizaron en connivencia con 
las autoridades de esos países; los otros 5 casos pueden ser adjudicados a abusos 
del terrorismo de Estado sin connotaciones políticas precisas. 

****Lourdes Hobbas, uruguaya, militante de Montoneros, desapareció en Buenos Aires 
entre el 5 y el 7 de febrero de 1977. 


15 



LOS FAMILIARES FRENTE A LA DESAPARICIÓN 

"No usábamos la palabra desaparecido” 

No es posible generalizar acerca de las reacciones de los familiares de 
las personas que desaparecían. Para muchos de ellos, la detención y pos¬ 
terior incomunicación de alguno de sus familiares había sido moneda co¬ 
rriente con las Medidas Prontas de Seguridad que fueron aplicadas, en 
forma casi ininterrumpida, desde 1968. Esta situación se vio agravada por 
la declaración del Estado de Guerra Interno y la aprobación de la Ley de 
Seguridad del Estado en 1972, y con la directa supresión de toda garantía 
constitucional desde junio de 1973. 

Los testimonios que siguen dan cuenta de la relación que para los fami¬ 
liares de los m i litantes existía, antes de asimilar la idea de la desaparición 
de personas, entre detención e incomunicación. Hortensia Pereira* dice: 
"... cada Medida de Seguridad ... desde el ’68... está muchas veces preso, 
indefinidas veces... No usábamos la palabra desaparecido... Yo siempre lo 
buscaba, hasta que lo encontraba en algún lado, en algún cuartel (...)”. Quica 
Salvia** (refiriéndose a uno de sus hijos no desaparecido) cuenta: “Veinti¬ 
nueve días sin saber dónde estaba. ...Yo iba ahí, a Agraciada y Capurro... 
a la Región Militar [N° 1], Y bueno, ahí se formaba una cola, íbamos, las dos 
o tres primeras veces me dijeron que no estaba, que no figuraba en ninguna 
lista, que no estaba. Un día miré la lista, y dije ‘¡ah mire, acá lo encontra¬ 
mos!’ Dice ‘bueno traiga una taza, nada cortante, tráigale una muda de 
ropa’. Y delante de mí había una mujer llorando porque le habían entregado 
ropa manchada de sangre. Y bueno, ahí seguimos durante todo el resto de 
la detención sin saber dónde estaba, pero entregándole semanálmente... 
Estuvo en el cuartel de San Ramón sin saber dónde estaba...”.* Luz 
Ibarburu*** recuerda: “(...) él había estado incomunicado siete meses, acá. 
Y entonces [cuando lo secuestraron en Buenos Aires] pensamos que era la 
misma situación, una situación de incomunicación(...)”. 

O sea que se trataba de aguardar con la mayor paciencia posible que 
las autoridades militares o policiales decidieran informar el lugar de de¬ 
tención del familiar o su eventual liberación. Pero la norma indicaba que lo 
esperable era que el detenido, si no era procesado, volviera a casa, aunque 
lo hiciera maltrecho a consecuencia de las torturas sufridas. 

Los familiares frente a la desaparición forzada 

El silencio impuesto por las dictaduras privó a la sociedad de toda in¬ 
formación sobre la desaparición de personas. Fueron los familiares**** de 

* Esposa de Léon Duarte, militante del PVP, desaparecido en Buenos Aires, el 13 de 
julio de 1976. 

** Madre de Juan Pablo Errandonea, desaparecido en Buenos Aires. 

*** Madre de Juan Pablo Recagno, militante del PVP, desaparecido el 2 de octubre de 
1976 en Buenos Aires. 

»«**De aquí en más usaremos el término “familiares” para referirnos a aquellos que 
hicieron de la búsqueda de su pariente desaparecido una militancia organizada. Por 
ser esta una historia de luchas colectivas, perderemos de vista lo que debió ser la 
búsqueda a brazo partido de muchos familiares de desaparecidos que por las más 
diversas razones no se vincularon con otros familiares. 


16 



las víctimas quienes tomaron la iniciativa, acicateados por la pérdida y la 
ansiedad de conocer el paradero de sus seres queridos. La conceptualiza- 
ción de la situación de “desaparecido” tardó en imponerse en el imaginario 
colectivo. Al comienzo fue percibida por un reducido grupo, que involucraba 
a familiares, amigos o compañeros de militancia. Con el correr de los años, 
abarcó a colectivos cada vez más amplios. Debió esperarse la finalización 
de la dictadura, para que el conocimiento de esta situación comenzara a 
implantarse en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, fueron muchos 
los ciudadanos que no aceptaron la existencia de esa realidad, que tomó 
su tiempo en hacerse evidente. 

Fundamentalmente se debió a la lucha de los familiares el que la opi¬ 
nión pública se fuera enterando de lo sucedido. Durante un buen tiempo 
se trató, para muchos familiares, de una lucha solitaria. También fue un 
esfuerzo colectivo, poco a poco, en el que decenas de familiares se fueron 
encontrando y brindándose apoyo mutuo para buscar, reclamar, denun¬ 
ciar y levantar los velos que el terror imponía al resto de los ciudadanos. El 
pasaje de la pregunta puntual, cargada de particularismo, ¿dónde está mi 
hijo/a, hermano/a padre o madre?, al reclamo unitario de Verdad y Justi¬ 
cia, exigió vencer grandes dificultades, para las cuales, muchas veces, esos 
mismos familiares no estaban preparados. 

Una militancia imprevista y de nuevo tipo 

La militancia política o social que practicaban las víctimas de la repre¬ 
sión suponía un conjunto de convicciones, objetivos y medios que daban 
sentido a sus acciones y a su forma de vida. En cambio, “trabajar” en la 
organización de familiares de desaparecidos constituyó una experiencia 
de militancia imprevista. No era algo para lo que la mayoría de sus inte¬ 
grantes estuviera predispuesto ni preparado. No tenía la complejidad teó¬ 
rica o ideológica que para sus hijo/as, hermano/as, esposo/a o padres 
implicaba la militancia en la que se hallaban embarcados. Las que los 
guiaban eran premisas más básicas, sin dudas más universales. Lo que 
los movía y unía era algo más elemental, más primitivo y propio de su 
condición humana. Así se aproximaron a la idea de Derechos Humanos, 
en el rasgo inmanente e innegociable que estos tienen. 

Para algunos resultó difícil vincularse con otras personas que vivían una 
situación similar. Iniciar denuncias colectivas implicaba reunirse con des¬ 
conocidos, con los cuales las fronteras sociales, culturales, incluso políti¬ 
cas, no eran sencillas de obviar. Se trataba de mujeres y hombres de diver¬ 
sas profesiones, posiciones económicas, identidades sociales, creencias re¬ 
ligiosas y concepciones políticas. Personas que percibían de maneras dife¬ 
rentes el compromiso político asumido por su propio familiar desaparecido. 

También debieron superar los miedos propios de quien se enfrenta al 
Estado terrorista. No faltaron las amenazas para aquellos que buscaban al 
familiar desaparecido. “Los padres de D’Elía* empezaron a buscar a sus 

* Julio César D’Elía y su esposa Yolanda Casco, militantes de los GAU, fueron 

secuestrados en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1977. Durante su detención 

Yolanda dio a luz a un varón que le fue secuestrado. 


17 



hijos, y se los conminó a abandonar Argentina en el término de doce ho¬ 
ras”. 6 En otros casos, el familiar del militante también sufría la desapari¬ 
ción, como fue el caso de Elsa Fernández, madre de Aída Sanz,* secuestra¬ 
da con su hija cuando la acompañaba en Buenos Aires, ante la inminencia 
de su parto. Había que moverse con energía y, al mismo tiempo, con pre¬ 
caución ante el riesgo inminente que entrañaba denunciar la brutalidad 
de quienes se perpetuaban en el poder mediante el terror. Hacía falta valor 
para enfrentar lo desconocido, pero además inteligencia para moverse con 
eficacia, dilucidando cuál era la información relevante, manteniendo la 
fuerza de voluntad para no dejarse vencer por los rumores y las inevitables 
falsas alarmas. El contexto dictatorial presentaba problemas adyacentes: 
la nula divulgación pública de los hechos trababa la comunicación con 
otros familiares y con la sociedad en general. Ser familiar de un desapare¬ 
cido era una manera de “saber” más que el resto acerca de los extremos a 
los que era capaz de llegar la represión. Y no todos los uruguayos estaban 
prontos para escucharlo. 

No se trataba de “lo mismo” 

Existieron otros factores que retrasaron el proceso que llevaría al con¬ 
junto de los familiares a asumir todos los casos como componentes de un 
mismo problema. Si bien el resultado era el mismo (la persona “desapare¬ 
cía”), los casos parecieron, a los ojos de muchos familiares, como diferen¬ 
tes. El hecho de que las desapariciones se produjeran en diversos países le 
confería peculiaridades que daban lugar a esfuerzos localizados. Las va¬ 
riadas formas que adoptaba la desaparición (virtuales secuestros en 
operativos de tipo parapolicial, detenciones a cargo de fuerzas represivas 
oficiales, o casos en los que el familiar ignoraba el modo del procedimiento) 
llevaban a diferenciar algunas situaciones de otras. Las causas aparentes 
de la detención o secuestro muchas veces fueron percibidas más por lo 
que tenían de diferente (la pertenencia a tal o cual partido, los anteceden¬ 
tes personales de la víctima) que por lo que tenían en común: los nuevos 
dispositivos represivos del terrorismo de Estado. 

De hecho, cada oleada represiva estuvo ligada al desmantelamiento de 
un determinado grupo político. Como veremos, esto tuvo cierta influencia 
en las asociaciones de familiares, por más que terminara primando en su 
seno un criterio de unidad que trascendía las barreras político-partidarias 
existentes entre las diversas fuerzas de la izquierda uruguaya, tanto den¬ 
tro del país como en el exilio. Estas dificultades, sumadas a los problemas 
de comunicación impuestos por el exilio, dispersaron por algunos años el 
esfuerzo de los diferentes grupos de familiares activos. 


* Ambas secuestradas el 23 de diciembre de 1977 en Buenos Aires. Aída era militante 
del MLN. 


18 



Miedos y esperanzas 


Desde enero de 1976, la sociedad uruguaya comenzó a asistir atónita a 
la aparición de cadáveres mutilados de hombres y mujeres en las costas 
platenses y atlánticas. Estos cuerpos, “desnudos, maniatados y con claros 
signos de ultraje y tortura”, fueron presentados por las autoridades a la 
opinión pública como de “origen asiático”. 7 Las organizaciones políticas 
cuyos militantes comenzaban a desaparecer iniciaron campañas de de¬ 
nuncia en el exterior ante la presunción de que “podrían ser los [cuerpos] 
de aquellos compañeros de cuyo paradero no se tenían noticias”. 8 Esa era 
la realidad a la que se enfrentaban los familiares de los militantes secues¬ 
trados. Entre el miedo y la esperanza, circulaba el rumor de lo que parecía 
inconcebible, pero que luego tendría nombre propio y confirmación real: 
“los vuelos de la muerte”.* Más tarde, a mediados de 1982, otra noticia 
vino a agregar un nuevo ingrediente a la situación, al divulgarse en la 
prensa el hallazgo de cementerios clandestinos en Argentina. 9 

Distintas publicaciones desde el exterior abordaban la cuestión de los 
Derechos Humanos en el Cono Sur. En sus informes, además de las de¬ 
nuncias relacionadas con la situación de miles de presos políticos, se em¬ 
pezaba a confirmar que no se tenía noción del paradero de centenares de 
ciudadanos que habían sido detenidos. Obviamente, en un contexto de 
cerrada censura, estas denuncias solo eran posibles en el exterior o me¬ 
diante circulación clandestina dentro del país, y por ende de difusión su¬ 
mamente restringida. 

Estas son algunas de las publicaciones, que resultan hoy de utilidad 
para conocer la evolución de la información sobre los uruguayos “desapa¬ 
recidos” en aquellos años: los informes anuales de Amnistía Internacional, 
Informaciones GRISUR,** Desde Uruguay*** y las diversas publicaciones 
del PVP. Todas ellas fueron conformando listas actualizadas de personas 
desaparecidas, con los obvios márgenes de imprecisión que la situación 
política imponía. La prensa del PVP en el exilio fue especialmente incisiva 
en lo que refiere a la denuncia de estos hechos. En 1979 insinuaba en sus 
páginas el trágico destino de sus militantes secuestrados al referirse a “los 
desaparecidos, aparezcan o no”. 10 En una publicación de 1981 se hacía 
referencia a un volante que “circula en Montevideo” mencionando a “los 
familiares de presos políticos y de detenidos no localizados por sus fami¬ 
lias, llamados ‘DESAPARECIDOS’ (sic)”. 11 Se hacía necesario presentar en 
sociedad, con comillas y mayúsculas, la “nueva” condición a la que esta¬ 
ban siendo sometidos decenas de militantes antidictatoriales. 

Llevó su tiempo que la prensa legal uruguaya abordara el tema. El jue¬ 
ves 22 de julio de 1982, el periodista Raúl Ronzoni publicó en El Día un 


* Esta expresión refiere a una de las formas utilizadas para la eliminación de enemigos 
del régimen en Argentina, consistente en lanzar a las personas secuestradas desde 
aviones sobre el Río de la Plata. 

** El “Grupo de Información sobre Uruguay”, GRISUR, fue organizado por uruguayos 
exiliados con base en Ginebra. 

*** Publicación de exiliados uruguayos afines al Partido Comunista. 


19 



artículo titulado “Uruguayos desaparecidos en Argentina suman ciento 
catorce”. En el artículo se informaba que el Consejero de Estado ingeniero 
Eduardo Praderi había recibido una denuncia de “varias madres de las 
personas desaparecidas” que le habían manifestado la preocupación por 
el tema. Praderi había anunciado la semana anterior que había recibido 
cartas provenientes de varias partes del mundo, denunciando las desapa¬ 
riciones aunque sin abundar en datos. El grupo de madres le había acer¬ 
cado una lista con ciento doce nombres de desaparecidos en Argentina 
(incluyendo seis niños) y dos desaparecidos en Paraguay. Las fechas de las 
desapariciones abarcaban desde 1974 a 1979. El Consejero entrevistado 
informó que el tema sería analizado por la “Comisión de Respeto a los 
Derechos Individuales” del Consejo de Estado. Interrogado sobre si otros 
Consejeros habían recibido cartas del mismo tenor, declaró que “en otras 
oportunidades así ha sucedido”. Al preguntarle si “la filiación ideológica o 
política de los desaparecidos podría ser un impedimento para interesarse 
por su destino, o pese a ella mantienen sus derechos” contestó: “Yo creo 
que sí, se complica con un problema internacional”. El artículo informaba 
que, además de la lista, las madres le entregaron una extensa carta donde 
relataban las gestiones realizadas hasta el momento. El artículo incluía 
además la lista de los desaparecidos denunciados por las madres. Según 
se informó en Desde Uruguay, una nómina similar le fue entregada al 
Presidente del Consejo de Estado, Hamlet Reyes. La publicación de la lista 
dio lugar a una serie de operaciones policiales. El 23 de julio fueron cita¬ 
dos por la Dirección de Inteligencia de la Policía el periodista Ronzoni y el 
Director de El Día, Rafael Noboa. Ronzoni debió concurrir otras tres veces 
a declarar. En sus declaraciones, éste informó que había encontrado la 
comunicación en un sobre en su casillero del diario y que había entrevis¬ 
tado telefónicamente a Praderi. Luego fueron convocados los ordenanzas y 
los porteros del diario para saber quién había recibido la carta. El 31 de 
julio se informó que Ronzoni había sido expulsado (sic) de su cargo en el 
Poder Judicial, en aplicación del Acto Institucional N° 7. 12 

Manejada con contundencia desde el exterior o apenas insinuada den¬ 
tro del país, la información era concluyente. Un número creciente de opo¬ 
sitores desaparecía de la faz de la tierra luego de ser detenidos por fuerzas 
represivas que, en el caso argentino, actuaban en “procedimientos no ofi¬ 
ciales o no reconocidos como tales”.* Claro que desde la perspectiva del 
familiar la esperanza era lo último que se perdía. Y ese debió ser un duro 
proceso individual en medio de la búsqueda más afanosa. La negativa a 
aceptar un veredicto sin pruebas ni responsables llevó a que las expectati¬ 
vas adoptaran diversas formas: “Yo soñaba que lo encontraba vivo y que me 
venía a buscar... [otra] señora soñaba con que su hijo estaba en Chile, por¬ 
que recorría todos los médium y le habían dicho que estaba en un lugar 
donde había mucha madera, entonces ella pensaba que era Chile ... la gen¬ 
te se agarraba de todo”, dice Hortensia Pereira. 


20 


Fórmula utilizada en el Informe de la Comisión para la Paz para referirse a los 
secuestros en Argentina. 



Algunos hechos concretos daban lugar a la esperanza, como ocurrió 
tras el “operativo Shangrilá”:* “Yo tuve mucha expectativa primero, porque 
pensé: ‘a lo mejor está ahí con ese grupo’; y la ansiedad de uno le lleva a 
[pensar] que esté vivo todavía. Y después me enteré que no, que eran otros 
los que estaban y siempre pensando: ‘bueno, tal como aparecieron esos, la 
hija de Michelini** apareció, y vamos a tener posiblemente noticias en cual¬ 
quier momento’. Y empezó a pasar el tiempo y ya vi que no, empecé a darme 
cuenta que no era así, que no íbamos a tener rastro de él”.*** 

En otro testimonio recabado, la falsa expectativa, fue deliberadamente 
creada por un militante que sus propios ex compañeros denuncian como 
colaborador de los militares. Así relata Hortensia Pereira, esposa de León 
Duarte, el siguiente diálogo con su hijo: “[Una vez él me dijo]: ‘Yo voy a ir a 
ver a [José] Félix Díaz, **** a ver que me dice del viejo’. [A lo que yo le res¬ 
pondí]: ‘No Carlos, te pido por favor no vayas a verlo’, ...pero sin decirme 
nada, me desobedeció y fue, era un hombre ya. Y entonces cuando vino me 
dijo ‘¿Sabés lo que me dijo? Que en cualquier momento voy a saber del viejo’ 
...Le dijo que él iba a viajar y que no se preocupara: Tu padre en cualquier 
momento aparece, vas a tener noticias de él’... ”. 

Existía una resistencia natural a asumir la desaparición del familiar. 
Amalia González***** recuerda que "... había mucha resistencia a declarar¬ 
se familiar de desaparecido, o bueno, ni se pensaba en el desaparecido... 
No usábamos [el término] hasta cuando están formados los grupos, pero 
hasta ahí yo siempre tuve la esperanza de que estaban vivos, de que los 
tenían en algún lugar... Por años yo pensaba que Chiqui estaba vivo. No me 
cabía en la cabeza que lo pudieran matar y además tan jovencito, no sé, me 
parecía una cosa... Después ya me di cuenta...”. Por su parte, Javier Miran- 
da****** reconstruye ese mismo proceso, desde su experiencia personal y 
familiar: “No creo que mi vieja pensara que era un desaparecido porque no 
existía el concepto de desaparecido... Mi convicción era: ‘¡chau!, es cuestión 
de días, de meses, en fin... ’. Incluso creo que el convencimiento de mi madre 
era ese: ‘está incomunicado, pero ya va a aparecer’. Hay un momento en 
que estoy convencido que ya se acabó, yo creo que yo me convenzo, de que 


* En octubre de 1976, con la intención de mostrar al mundo la “amenaza subversiva", 
la dictadura uruguaya montó un show en ese balneario, utilizando a un numeroso 
grupo de militantes del PVP que habían sido secuestrados en Buenos Aires. Para 
un relato completo de los hechos véase Carlos Amorín, Sara y Simón. 

** Margarita Michelini, militante del PVP, secuestrada en Buenos Aires el 13 de julio 
de 1976, menos de dos meses después del asesinato, en la misma ciudad, de su 
padre, el senador frenteamplista Zelmar Michelini; trasladada luego a Montevideo, 
fue finalmente remitida a la cárcel de Punta de Rieles. 

*** Entrevista a Milka González. Madre de Rubén Prieto, militante del PVP, desaparecido 
en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1976. 

**** José Féliz Díaz es acusado de delación por sus ex compañeros del PVP. Sobre el 
caso de este militante véase Hugo Cores, Memorias de la resistencia y Olivera y 
Méndez, Secuestro en la Embajada. 

***** Madre de Luis Eduardo González, “Chiqui”, militante del PCR, detenido en 
Montevideo el 13 de diciembre de 1974. Permanece desaparecido. 

****** Hijo de Fernando Miranda, militante del PCU, detenido en Montevideo el 30 de 
noviembre de 1975. 


21 



mi vieja se convence, probablemente mi hermano... de que no vuelve. Pero 
claro, en qué minuto, ¡ni idea!, es un proceso. Además lo tapás, yo creo que 
lo que hice con el tema de mi viejo fue bloquearlo totalmente... Pero no con la 
facilidad con que lo manejás ahora como concepto: ‘Desaparecido ¿Qué quiere 
decir desaparecido? No sé’. Hoy incluso, desde un discurso más estructura¬ 
do, te digo ‘detenido desaparecido’, pero eso ya es la elaboración política...”. 

Las organizaciones de familiares de desaparecidos 

Se hace necesario recorrer la historia de tres organizaciones de familia¬ 
res que se conformaron de manera autónoma para llegar luego, a comien¬ 
zos de 1985, a la conformación de una única organización. 

Por un lado, se formó un grupo compuesto por familiares de uruguayos 
desaparecidos en Argentina. Se trató en su mayoría de madres, radicadas 
en Uruguay, de militantes relativamente jóvenes que fueron secuestrados 
estando exiliados en Buenos Aires. Este nucleamiento recorrió un proceso 
que comenzó a fines del año 1976 para culminar en la creación, en 1979, 
del grupo de Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina. 

Un segundo grupo lo constituyó un conjunto de exiliados uruguayos 
que se organizaron en sus respectivos países de asilo, para denunciar la 
situación de sus familiares desaparecidos ante gobiernos, organismos in¬ 
ternacionales y la opinión pública internacional. Este grupo se constituyó 
en París, el I o de octubre de 1978, con el nombre de Agrupación de Fami¬ 
liares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE). 

Un tercer grupo lo conformaron los Familiares de Desaparecidos en 
Uruguay residentes en el país. Este grupo tomó forma institucional tardía¬ 
mente, en abril de 1983, a instancias del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ- 
Uruguay). 

Madres de Urusuayos Desaparecidos en Argentina 

En 1976, entronado desde marzo el régimen militar en Argentina, se 
desata en ese país uno de los capítulos más cruentos del plan Cóndor. 13 
Entre abril de ese año y abril de 1977 se registraron cincuenta y ocho* 
desapariciones forzadas de uruguayos en ese país, además del secuestro 
de siete niños. El objetivo central de las fuerzas represivas uruguayas en 
esta etapa -aunque no exclusivo- fue el desmantelamiento de las bases del 
PVP en Buenos Aires, sumando treinta y uno los desaparecidos de esa 
organización. La mitad de ellos tenían veinticinco años o menos. A tres 
parejas les fueron robados sus niños. 

“No está por ningún lado” 

Tener un pariente directo en el exilio significaba un elemento traumático. 
Si el lugar de exilio era Argentina, todo se complicó a partir del 24 de 


* Esta cifra representa cerca del 40% de los uruguayos desaparecidos en Argentina de 
los que se conoce fecha aproximada de detención. 


22 



marzo de 1976, cuando una Junta Militar tomó el poder por la fuerza.* 
Enterarse que había sido detenido o que no se lo encontraba en los lugares 
que frecuentaba, adquiría visos de dramatismo. 

Veamos cómo se vivía esa noticia en testimonios de familiares de uru¬ 
guayos secuestrados en Argentina, cuando todavía no los llamaban “des¬ 
aparecidos”. 

Luisa Cuesta** dice: “Mi hijo había desaparecido el 8 de febrero de 1976, 
durante la Presidencia de Isabel Perón, y yo me fui a Buenos Aires porque 
mi nuera me llamó que estaba enfermo, cosa que no creí pero igual fui". 

Hortensia Pereira señala: “... en lafábrica [FUNSA] me lo dicen... Un com¬ 
pañero y amigo de toda la vida, que era supervisor en la fábrica, se sentó 
delante mío y me dice: ‘te vengo a decir algo que no me gustaría decirte; se 
escuchó que a León lo secuestraron’. Y bueno, y así me enteré... Si, como 
siempre digo, yo estaba llorando el secuestro de Gerardo*** y de todas las 
personas que yo sabía, porque... yo conocí muchos jóvenes, y cada uno que 
se llevaban, yo sufría como ahora sufrimos cada cuál como tu familia...”. 
Quica Salvia recuerda: “... alguien trajo una carta a casa que me mandaba 
Ignacio**** desde Buenos Aires, diciendo que Juan Pablo había desapareci¬ 
do, y que él estaba escondido; y que teníamos que ir nosotros, porque éra¬ 
mos los que teníamos que hacer la denuncia. Bueno mi marido estaba 
enyesado, y tuve que viajar sola...”. 

Milka González relata: “Me llama primero alguien, algún compañero..., 
diciéndome que porfavor vaya a Buenos Aires a hacer trámites... porque no 
estaba por ningún lado, ni por los lugares donde habituaba estar... posible¬ 
mente se iba a encontrar con él y no concurrió... Yo viajo a Buenos Aires el 
12 de octubre del '76 a hacer los trámites... Me tengo que quedar hasta el 
otro día para presentar el habeos corpus. Fui a la Iglesia y a distintos lados 
... Bastante perdida, sola y con temor porque era una situación bastante fea 
la que había tanto en Buenos Aires como acá en ese momento...”. 

Luz Ibarburu narra: “... estábamos de viaje... En Europa un amigo nos 
dijo que había una lista de gente desaparecida en Argentina. Entonces ob¬ 
viamente nos volvimos y bueno, ahí empezó el peregrinaje... Había una lista 
de detenidos, pero nosotros no teníamos idea de los desaparecidos...”. 

Y Oscar Urtasun***** comenta: “... nos avisa un contacto que ellos dejan 
en la retirada... Se viene de Buenos Aires, me trae un dinero para que yo me 
mueva porque yo, en aquellos tiempos, me podían encontrar con estas pilchas 
que me ven ahora, que son bastante precarias... Entonces me tuve que pre¬ 
parar de pinta, y viajar para allá. ¡Cosa que nunca había hecho! ¡Nunca 
había estado en Buenos Aires! Para mí fue un susto tremendo. ...no estaba 
en la actividad política ni nada, y me tuve que enfrentar con eso...”. 

* Decenas de uruguayos ya habían sido secuestrados en Argentina antes del golpe del 

24 de marzo de 1976. Muchos fueron trasladados a Uruguay contra su voluntad. 
Diez de ellos continúan desaparecidos. 

** Madre de Nebio Meló, militante del PCR, secuestrado en Buenos Aires el 8 de febrero 
de 1976. 

*** Se refiera a Gerardo Gatti, militante del PVP secuestrado en Buenos Aires el 9 de 
junio de 1976. 

**** Hermano de Juan Pablo Errandonea, militante del PVP desaparecido en Buenos 
Aires el 26 de septiembre de 1976. 

‘‘“•Hermano de José Luis, desaparecido en Buenos Aires. 


23 



"Nadie sabe nada" 

Los familiares llegaban a Buenos Aires para iniciar una búsqueda que 
se realizaba a tientas. En algunos casos, los compañeros de militancia de 
las víctimas lograron conectarse con los familiares para brindarles su apo¬ 
yo y orientación. Otras veces, la solidaridad se dio mediante lazos menos 
orgánicos, como relata Oscar Urtasun: “Estuve una semana haciendo los 
trámites allá. No vi a ningún militante político, era todo a nivel de denuncias 
en los organismos... era demasiado peligroso vincularme... Hubo gente que 
no necesariamente militaba en la organización, pero si golpeabas y decías 
‘Mirá estoy cagado de hambre y no tengo donde dormir’, te decían ‘Echate, 
ahí tenés lugar, quédate conmigo’. Eso ya era un triunfo... Pero como que no 
podías profundizar... Había mucho miedo, yo estuve... y, la verdad, daba 
un susto de novela...”. 

Una de las primeras medidas era presentarse ante la sede porteña del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Aunque, 
como dice Luisa Cuesta, no había mucha garantía en ello: “El 15 de febrero 
de 1976 me fui para Argentina... Fui directo a un hotel que estaba bajo la 
protección de Naciones Unidas. No servía para mucho, porque mi hijo tam¬ 
bién estaba bajo la protección de Naciones Unidas y desapareció igual...”. 

Eran los propios abogados de esa institución, los que preparaban los 
habeas Corpus y acompañaban a los familiares para presentarlos en Tri¬ 
bunales. Cuenta Quica Salvia: “En Naciones Unidas hice la denuncia, un 
abogado redactó un habeas corpus, me acompañó a Tribunales, y todos los 
habeas corpus que se presentaron siempre tuvieron el mismo resultado: na¬ 
die sabe nada”. 

El respaldo de este organismo internacional mostró pronto sus limita¬ 
ciones: “Hasta que Naciones Unidas nos dijo que no nos daba más protec¬ 
ción... Dijeron que no podían darme seguridad porque los militares no respe¬ 
taban la seguridad de Naciones Unidas. Tenían un montón [de casos de 
personas] que tenían estatus de refugiados y se los llevaban igual...’’, seña¬ 
la Luisa Cuesta. 

La pesquisa continuaba recorriendo los sitios más diversos: tribunales, 
comisarías, instituciones religiosas, organizaciones locales de derechos 
humanos, etcétera, con resultados siempre negativos. Las respuestas 
-como testimonia Luz Ibarburu- eran en todos los casos desoladoras: “Yo 
hablé con el Presidente del CELS* Creo que en aquel entonces era Mignone. 
Y él me dijo: ‘¡Ay señora! Yo tengo una hija desaparecida de la que no sé 
nada hace un año’. Para mí fue el primer golpazo”. 

La ansiedad por acceder a información no eludía ninguna posibilidad: 
“Me acuerdo que fuimos a ver a [Zelmar] Michelini. Él dijo que tenía un 
militar que le daba datos para tratar de averiguar algo, pero que cobraba. 
Nosotros nos comunicamos con unos familiares de acá, en Uruguay, para 
juntar el dinero como para darle al militar, a ver si daba alguna noticia. 
Cuando fuimos de vuelta a hablar con Michelini, nos dijo que el militar se 

* El Centro de Estudios Legales y Sociales, fundado en 1979 por el doctor Emilio 

Mignone, es una activa institución argentina defensora de los DDHH. Véase 

<www.cels.org.ar> 


24 



había echado atrás, que ya no le daba ni una referencia y que no nos podía 
decir nada" recuerda Luisa Cuesta. 

Los intentos por encontrar información llevaban a diversos ámbitos. 
Dice Luisa Cuesta: “Después me dijeron que fuera a ver a un cura que era 
capellán. No sé si era de la Armada, del Ejército, o de dónde, no sé de qué 
era, pero esa persona sabía dónde llevaban la gente que detenían en Bue¬ 
nos Aires. Yo fui. Y bueno, hablé con él. Me preguntó cuánto tiempo hacía 
que mi hijo había desaparecido; yo le dije que ya hacía ocho meses que lo 
estaba buscando en la Argentina. Me contestó: ‘Eso no pasa en mi país, 
vaya a buscarlo al suyo, en mi país no pasan esas cosas’. Después supimos 
todo lo que pasaba en Argentina. Pero bueno, eso es lo que me contestó el 
señor religioso de ahí, de los militares”. 

Estos hechos, según la versión de los funcionarios, no ocurrían. Así se 
lo dijo a Quica Salvia un funcionario de la Embajada uruguaya en Buenos 
Aires. 

Muchos familiares realizaban, al tiempo que las gestiones en Buenos 
Aires, averiguaciones en territorio uruguayo: “Acá íbamos al Estado Mayor 
Conjunto. Yo por ejemplo conseguí nombres de militares, iba a hablar con 
militares, no me acuerdo qué militares... [y nos decían:] ‘búsquelo en la Ar¬ 
gentina, búsquelo en la Argentina porque acá no sabemos nada, acá no 
está’. Siempre la misma contestación, y a todos les contestaban lo mismo...”.* 
“Los militares (uruguayos] nos decían: ‘nunca hagan trámites colectivos, 
preséntense ustedes solas’. Y nos decían lisa y llanamente que ¡no!, que 
esto no pasaba acá, que ellos no tenían ninguna información”, relata Quica 
Salvia. 

Como ya vimos, varios familiares fueron a buscar respuestas ante el 
Consejo de Estado de nuestro país: “Hablé con el presidente...** y le dije 
por qué iba, le dije incluso que había presentado aquí un habeos corpus. 
Bueno, me dijo que presentara otro, que fuera en una semana a buscar el 
resultado. Y bueno dice: ‘Acá esas cosas no pasan, pero usted ve que en 
Argentina, lo que han estado haciendo, que los agarran, los matan o no los 
matan, los tiran vivos al río’... ¡Cuándo a una madre que va a buscar a su 
hijo, que no sabe dónde está, le das esa respuesta alentadora...!”.*** 

“Júntese con otra gente” 

Las averiguaciones ¡en solitario por Buenos Aires se tornaban infruc¬ 
tuosas y el clima político era cada vez más peligroso en una ciudad some¬ 
tida por las fuerzas represivas. Ninguno de los familiares puede relatar 
hoy con precisión cómo se fueron conociendo y juntando en la búsqueda, 
pero, a partir de sus testimonios, a veces traicionados por las trampas de 
la memoria ante la magnitud del trauma vivido, se pueden tejer los hilos 
de lo que fue una rica historia de encuentros. 


* Entrevista a Milka González. 

** Si bien la entrevistada no recuerda el nombre de quién era entonces el presidente del 
Consejo de Estado, probablemente se trate de Hamlet Reyes. 

*** Entrevista a Quica Salvia. 


25 



Hubo varios elementos externos que influyeron en la constitución del 
grupo. Luz Ibarburu y Hortensia Pereira recuerdan el papel que le cupo al 
director de ACNUR en Buenos Aires, el francés Guy Prim. Luz recuerda que 
éste le dijo en una oportunidad: ‘“Pero señora, usted no puede viajar sola, 
acá es riesgoso viajar sola’. Y" yo le digo ‘pero es que o vengo con mi marido, o 
vengo sola, pero mi marido no puede ¿qué otra solución hay?’ ‘Buenojúntese 
con otra gente’”. Fue él mismo quien conectó a Luz y a Hortensia con Violeta 
Malugani* y Elisa Dellepiane de Michelini.** Otro elemento fue la influencia 
de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo,*** con la cual, según 
recuerda Luz, se pusieron en contacto en 1977. Asimismo, como ya dijimos, 
algunos militantes que se mantuvieron en la clandestinidad promovieron 
nexos entre diversos familiares. Más allá de esos factores y de algunos en¬ 
cuentros casuales que se produjeron en el contexto de las averiguaciones 
que cada familia realizaba, las precursoras del movimiento reconocen en 
Violeta Malugani un papel fundamental en los primeros pasos del grupo. 
Todas recuerdan su simpatía y su calidez a la hora de nuclearse en momen¬ 
tos tan dramáticos. Fue ella la que comenzó la tarea de recolectar las fotos 
de los desaparecidos para encausar las denuncias grupales. 

Probablemente la primera actividad conjunta que realizaron fue una 
carta colectiva, nunca respondida, dirigida al dictador Videla en 1977. 
Rescatando la memoria de nuestras entrevistadas, podemos concluir que 
existió un grupo inicial, aunque de escasa organicidad, compuesto por 
Violeta Malugani, Luz Ibarburu, María Ester Gatti,**** Irma Hernández***** 
(estas cuatro habrían constituido el “grupo fundador”, según recuerda la 
propia Luz), Hortensia Pereira, Milka González, Quica Salvia, María Elena 
Antuña,****** Angélica Cáceres,******* Marta Josman.******** Casi todas 
madres (en el caso de Hortensia esposa) de militantes del PVP (excepto uno 
de ellos), desaparecidos en Argentina entre junio y octubre de 1976. Dos 
de ellas eran, al mismo tiempo, abuelas de niños desaparecidos. 

Estos son algunos recuerdos que esos encuentros dejaron en este gru¬ 
po de mujeres. Luz Ibarburu señala: “Y entonces fui a ver a Violeta, y Vio¬ 
leta a su vez conocía a otra persona. Después, en otra oportunidad que 


* Madre de Miguel Ángel Moreno, militante del PVP desaparecido en Buenos Aires 

el I o de octubre de 1976. 

** Viuda de Zelmar Michelini y madre de Margarita. 

*** Se había creado en 1977. Se reunían todos los jueves en la Plaza de Mayo y se 
distinguían por el uso de pañuelos blancos en la cabeza. 

**** Madre de María Emilia Islas, secuestrada en Buenos Aires el 27 de septiembre 
de 1976junto a su esposo Jorge Zaffaroni, ambos militantes del PVP, y a su hija 
Mariana, de 18 meses. 

***** Madre de Cecilia Trias, desaparecida en Buenos Aires junto a su compañero 
Washington Cram, ambos militantes del PVP, el 28 de septiembre de 1976. 

****** Madre de Gerardo Gatti. 

******* Madre de Mario Julien, desaparecido en Buenos Aires el 26 de septiembre de 
1976junto a su esposa Victoria Grisonas, ambos militantes del PVP, y sus hijos 
Anatole y Victoria, de 4 años y 14 meses respectivamente. 

******** Madre de dos desaparecidos: Roberto Gomensoro, detenido en Montevideo el 12 
de marzo de 1973 y Hugo Gomensoro, secuestrado en Buenos Aires el 30 de 
abril de 1976. 


26 



jiiimos con mi marido al Consejo de Estado pensando en hacer la denuncia, 
me encontré con María Ester [Gatti] y las dos pensábamos, ‘ésta está por lo 
mismo’. Nos acercamos, nos preguntamos y definitivamente era así, y bue¬ 
no, hicimos la denuncia al Consejero Praderi que en ese momento, estoy 
convencida, lo sabia...”. Quica Salvia recuerda: a finales del 77, creo 

que fue 77, aparece Violeta Malugani en casa... ya nos citamos para reunir¬ 
nos en casa de Luz, incluso ahí armamos entrevistas, buscando en la guía 
[telefónica] nombres: ‘bueno, tú vas a ver a éste’; a nosotros nos tocó [bus¬ 
car] la casa de Prieto* con mi marido y empezamos; por ahí atrás del Palacio 
vivía una familia Prieto... Decir sin decir... ver si tenían parientes viviendo 
en Buenos Aires... Y nos dio resultado. Después de cuatro o cinco casas 
llegamos a Malvín, y nos encontramos que Milka nos dice que sí, que tenía 
un hijo [desaparecido]. Y nos dio resultado...”. Hortensia Pereira dice: “[mi 
hijo] fue a la casa de Violeta a visitarla... Sí, sí, vino muy emocionado porque 
vio una fotocopia de las fotos de su padre en casa de una persona que él 
recién estaba conociendo y que le estaba pasando igual que a nosotros, él 
[tenía] el padre y ella tenía el hijo desaparecido. Violeta es una persona muy 
tierna”. Milka González recuerda: “[Violeta y Quica]... me llaman y me di¬ 
cen que son otras personas que están en la misma situación. Y yo, con un 
poco de temor... yo tenía mucho miedo, es lógico, era una cosa tan rara lo 
que estaba pasando, como que uno tenía cierto temor... y cierto, porque como 
uno tenía otros hijos también quería preservarlos de que no les fuera a suce¬ 
der los mismo...”. 

Así recuerdan las precursoras las primeras actividades del grupo: “Cuan¬ 
do nosotros empezamos acá no existía ningún organismo de Derechos Hu¬ 
manos, no existía SERPAJ no existía nadie... Al principio lo único que hacía¬ 
mos era reunimos en casa porque yo vivía en el Centro que era un lugar 
práctico para todos. Yo sabía escribir a máquina y lo que hacíamos eran 
cartitas, clichés de cartitas, la misma carta. A Dios y a todo el mundo, desde 
el Papa hasta quienfuera. Y después yo manejaba y entonces íbamos gene¬ 
ralmente con Violeta a las casas para que la gente firmara las cartitas y esa 
gente pedía a otras y así sucesivamente...”, dice Luz Ibarburu. "... nos re¬ 
uníamos prácticamente todas las semanas, cada quince días... Bueno, ¿qué 
hacemos? Empezamos a contactarnos con gente de Argentina. Porque ¿dón¬ 
de buscábamos? Entonces acá le escribimos a un cardenal -yo tengo una 
carta del 5 de junio del 78, ¡mirá cuándo empezamos a movernos!-, al car¬ 
denal Juan Carlos Aramburu. Entonces le decimos que nuestro hijo desapa¬ 
reció, le pedimos si se digna a averiguar, a ver qué pasó. De algunos recibi¬ 
mos respuestas, de otros no. Aquí empezamos a manejar una carta, una 
lista de ciento seis desaparecidos en el 78, que nos viene desde París, de 
Amnistía [Internacional] en Parí... Pero nosotros ya ahí manejábamos cien¬ 
to veinte y pico", comenta Quica Salvia. 


Se refiere a la familia de Rubén Prieto. 


27 



Consolidación del grupo 

Las reuniones prosiguieron en 1978. Se fueron plegando los familiares 
de nuevos militantes, desaparecidos en Buenos Aires, víctimas de los su¬ 
cesivos capítulos del “plan Cóndor”. Para entonces, se constatan algunas 
novedades, que dan prueba de la diversidad que, en más de un sentido, 
fue adquiriendo el grupo de familiares. 

En primer término, culminada la razia militar contra el PVP en abril de 
1977, llegó el momento de la desarticulación de los GAU, en ambas márge¬ 
nes del Plata. En el segundo semestre de 1977, desaparecieron en Argen¬ 
tina veintiún integrantes de ese grupo,* y se produjo el secuestro de varios 
niños, surgiendo así una nueva camada de familiares que se vinculan con 
los ya organizados. Si bien las reuniones anteriores trascendían cualquier 
encasillamiento partidario, ahora su pluralidad superaba todo margen de 
duda. Entre los familiares que se incorporaron de lleno a la actividad a 
partir de 1978, diversos testimonios ubican a Julia Cattáneo,** Juan José 
Luppi,*** Hugo Martínez**** y Guillermo Sobrino,***** el que cuando alu¬ 
día al grupo decía “nosotras”, según recuerda Hortensia Pereira, dato reve¬ 
lador del neto perfil femenino del movimiento. 

Precisamente, otra novedad de esta etapa fue la activa incorporación de 
figuras masculinas: “Éramos madres al principio, pero ya enseguida empe¬ 
zaron a mecharse los hombres ...” dice Quica Salvia. Esto, pudo plantear 
alguna dificultad de integración. Al menos así lo vivió Oscar Urtasun: “A 
mí me costó un poquito entrar. Porque aparte eran casi todas mujeres, ¿vis¬ 
te? No había muchos hombres. En el tema Derechos Humanos los hombres 
no están nunca... no están, se ocupan las mujeres, eso es cosa de muje¬ 
res...”', quien, de todas formas, conserva un recuerdo especial para “el 
viejo Sobrino, es un fenómeno el viejo, [es] el más grande que tenemos... Y 
después estaba el viejo Martínez... eran padres...”. 

Resulta contrastante observar cómo una organización que crecía al rit¬ 
mo de la marcha trágica del abuso de poder, se dotaba al mismo tiempo de 
nuevos integrantes que potenciaban y enriquecían la dinámica interna: 
“Era el conocerse y ver por ejemplo a Martínez optimista diciendo ‘no, no, 
empezamos la lucha; vas a ver’. Era un hombre muy optimista. Y tenia fe...”, 
comenta Hortensia Pereira. 

La vinculación de Oscar Urtasun con el grupo de familiares estaba aso¬ 
ciada a una nueva etapa de la represión que persiguió, a lo largo de 1978, 
a los militantes del MLN radicados en Buenos Aires. Su incorporación sig- 


* Desaparecieron también militantes del PCR, del MLN y de las AMS. 

** Madre de Raúl Borelli, militante de los GAU desaparecido en Buenos Aires el 22 de 
diciembre de 1977. 

*»* Padre de Mary Luppi, militante del PS, desaparecida en Buenos Aires el 10 de junio 
de 1977. 

**** Padre de Jorge Hugo Martínez, ex militante del MLN, luego del PSíf argentino, 
secuestrado en Buenos Aires el 20 de abril de 1978 con su esposa Marta Severdy su 
cuñado Carlos Severo, quienes también siguen desaparecidos. 

*****Padre de Guillermo Sobrino, militante de las AMS desaparecido en Buenos Aires el 
22 de diciembre de 1977. 


28 



niñeó una infusión de juventud para un grupo constituido por “veteranos”. 
Oscar Urtasun, que apenas superaba los treinta años, reconoce las difi¬ 
cultades de su adaptación al grupo. Su mirada denota la complejidad que 
el grupo iba adquiriendo en términos organizativos, pero también los dolo¬ 
res de un crecimiento no deseado: “Era una cosa muy cerrada... las prime¬ 
ras veces las viejas te miraban como diciendo ‘¡y éste de dónde viene!’... Y 
ahí empieza uno a aprender un montón de cosas, porque entra a un lugar 
donde hay más gente, que domina más la cosa que uno, que son más vete¬ 
ranos que vos. Y una de las cosas que me llamó más la atención era ¡que no 
te largaban prenda de nada! En definitiva, te decían lo que se iba a hacer ¡y 
vos nunca supiste dónde se decidía eso! [ríe] Eso es cierto. Porque estaba 
todo tan compartimentado los primeros tiempos. Vos le decías que sí a todo, 
en el grupo de familiares, y después empezabas a tomar confianza y hacer 
alguna pequeña discusión. Yo soy muy discutidor...". 

En agosto de 1979 ocurrió un hecho inesperado y fortuito: una asisten¬ 
te social chilena en viaje por Venezuela reconoció en una publicación de 
fotos de niños desaparecidos, a los hermanos Anatole y Victoria Juñen.* 
Diversas organizaciones internacionales se movilizaron de inmediato: el 
Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los países del Cono 
Sur, CLAMOR (organización dependiente del Arzobispado de Sáo Paulo) y 
ACNUR, lo que permitió la localización de los niños, y el encuentro con su 
abuela, Angélica Cáceres. 14 El drama vivido por esta familia marcaba qué 
tan lejos podía llegar la vorágine represora y, a la vez, infundía hálitos de 
esperanza por los demás niños desaparecidos. 

Según las versiones de Milka González y de Luz Ibarburu, el grupo se 
consolidó en septiembre de 1979, con la llegada de la Comisión 
Interamericana de DDHH (organismo dependiente de la OEA) a Buenos Ai¬ 
res para recibir testimonios. “Entonces nosotros allí hicimos las denuncias 
y nos aglutinaron dos compañeros del PVP...** ellos estuvieron ahí al pie del 
cañón en Buenos Aires... ellos también estaban en riesgo ahí. ”*** Es a par¬ 
tir de esta actividad que el grupo adquirió su primer nombre oficial: “Ma¬ 
dres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina”. 

Cabe la pregunta: ¿por qué llamarse “madres”, si el movimiento reunía 
también a esposas, padres y hermanos? Ninguno de los protagonistas re¬ 
cuerda el fundamento de esa decisión. Se puede suponer que se estuviera 
emulando el modelo de las Madres de Plaza de Mayo, que ya habían alcan¬ 
zado un notable prestigio a nivel internacional. Pero, más allá de esto y de 
que de hecho las madres eran mayoría en el movimiento uruguayo,**** 


* Hijos del matrimonio Mario Julien y Victoria Grisonas, que fuera secuestrado en 
Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976 y continúa desaparecido. Los niños 
contaban con 4 años y 14 meses en el momento del secuestro. Fueron trasladados a 
Montevideo y luego abandonados en una plaza en Valparaíso, Chile. 

** Se refiere a Milton Romani y Alberto Correa, que mantenían una militancia clandestina 
en Buenos Aires. 

*** Entrevista a Luz Ibarburu. 

**** Las “madres" fundadoras coinciden en que, en general, sus maridos se mostraron 
resignados ante la situación. No fue este el caso de Ademar Recagno, marido de Luz, 
quien mantuvo una militancia más activa. 


29 



podemos señalar otras razones. La ñgura de la madre reúne en sí misma 
los elementos que hacen de esa búsqueda una tarea siempre legítima. 
Todos tenemos madre. Los represores y los indiferentes también. Hasta 
los pueblos dicen tenerla cuando refieren a la “madre patria” o la “madre 
tierra”. La figura materna rescata el contenido esencial de la vida y de su 
preservación. A partir de allí, pudo parecer más difícil lesionar pública¬ 
mente los derechos de una madre, por lo que esa denominación sería, 
políticamente, más conveniente para la obtención de los objetivos que die¬ 
ron motivo a la fundación del grupo. 

El papel de SERPAJ 

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay) se creó en marzo de 1981 
con “el apoyo del coordinador de SERPAJ para América Latina y Premio 
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel”. 15 Se constituyó “como un grupo 
pluralista, autónomo, sin vinculaciones expresas con partidos políticos o con¬ 
fesiones religiosas. Este rasgo caracteriza la mayoría de los grupos de dere¬ 
chos humanos que se van formando desde 1982 -1983”. 16 En el núcleo 
fundador estaban los sacerdotes Luis Pérez Aguirre, Juan José Mosca, 
Jorge Osorio, Jorge Faget, Giancarlo Monetay Adolfo Amexeiras, los laicos 
Patricia Piera, Francisco Bustamante, Martha Delgado y Mirtha Villa, la 
abogada Josefina Plá, la escribana Marisabel Ricci y Efraín Olivera. Luego 
se integraron los pastores metodistas Ademar Olivera, Randall Hansen y 
Jeljer Dijkta. 17 

SERPAJ cumplió un papel relevante en la organización de los familiares 
de presos políticos y de desaparecidos. Allí, la organización de “Madres”, 
frustrada por el silencio impuesto por las estructuras del poder, encontró 
un espacio social con el cual dialogar y desde el cual lanzarse a la conquis¬ 
ta de los espacios públicos. Entre sus miembros, las madres de desapare¬ 
cidos en Argentina destacan el papel de algunos de sus integrantes. Es el 
caso de Luis “Perico” Pérez Aguirre:* “Yo siempre digo que Perico, yo no 
tengo palabras para decir lo que era... para nosotros fue algo impresionante 
y tuvimos un apoyo muy grande por supuesto, sí, sí...”.** “...[Perico] tuvo 
una gran importancia como protección nuestra, porque nosotros estábamos 
totalmente sin respaldo”.*** 

Los testimonios coinciden también en el papel que jugó el Padre Jorge 
Osorio. Oscar recuerda cómo fue él, “nuestrogran cura, Jorge Osorio”, quien 
lo acercó al grupo de familiares, vinculándolo, tras su frustrado periplo 


* Nació en 1941 y fue ordenado sacerdote en 1970. Desde entonces desarrolló una 
vasta tarea de profundo contenido social (entre otros espacios, en el movimiento 
Ramón Cabré y en la Granja-Hogar La Huella) así como actividades antidictatoriales, 
lo que el valió el procesamiento, en 1982, por un artículo suyo publicado en la revista 
LaPlaza. En 1981 fue cofundador de SERPAJ-Uruguay, estableciendo desde entonces 
un inquebrantable compromiso con las víctimas del autoritarismo, acompañando la 
lucha de los familiares de presos políticos y de desaparecidos. Fue a pedido de estos 
últimos que integró la Comisión para la Paz convocada por el Gobierno de Batlle en 
2000. Falleció en 2001 en un accidente de tránsito. 

** Entrevista a Hortensia Pereira. 

*** Entrevista a Luz Ibarburu. 


30 



porteño, con Violeta Malugani, “la gran persona, que la quiero muchísimo”. 
María Ester Gatti también recuerda la cercanía de Osorio para con su 
causa en momentos en que era difícil contar con apoyo: nosotros íba¬ 

mos a hablar con los curas de determinadas iglesias... Generalmente, acep¬ 
taban que hiciéramos actos. Por ejemplo en... [la Parroquia de] Peñarol, don¬ 
de estaba Osorio”. 

El propio Osorio recuerda de la siguiente forma su integración, y la de 
otras personas, a la causa de los familiares: "... entro en contacto con esta 
realidad a través de María Teresa Olivera de Aiscard, quien tenía la coordi¬ 
nación de la Oficina del ACNUR aquí en Uruguay... que funcionaba en la 
Iglesia Metodista... por el año 1981... Sabíamos que los familiares de los 
uruguayos desaparecidos en Argentina ya estaban un poco organizados, 
pero no así los de quienes habían desaparecido en nuestro territorio; tam¬ 
bién era oportuno poder consolidar las dos situaciones en un mismo grupo. 
Así María Teresa me pone en contacto con Violeta Malugani... quien a su vez 
nos indica otras familias a ir visitando para plantearles la importancia de 
unirse en este camino que estaba recién empezando, y que nadie imaginaba 
que iba a ser tan largo. Así se conformó un grupo de voluntarios para comen¬ 
zar a hacer esas primeras visitas, independientemente de que ya algunas 
de estas familias estuvieran relacionadas. Esas visitas fueron hechas por 
Norma Picini, Margarita Nartállo, Amanda Merleta y yo... Funcionábamos 
en la Parroquia San Alberto (Barrio Peñarol), en la que yo vivía, junto con el 
Padre José Luis “Pepe” Bonifacino que, en ese momento, era el párroco. 
También en la parroquia, con estas mismas compañeras y otras personas 
vinculadas a la comunidad, se trabajaba en la atención a las familias de los 
presos políticos y exiliados uruguayos. Cuando se plantea la constitución 
del SERPAJ, vimos la oportunidad de unir, en una misma institución y servi¬ 
cio, los diferentes esfuerzos que grupos y personas venían realizando... Era 
un trabajo arriesgado y voluntario que hacíamos con mucho compromiso y 
con la mínima infraestructura (un lugar en la Academia ‘Cristo Rey’ de la 
calle Gral. Flores, perteneciente a las Hnas. Misioneras Cruzadas de la Igle¬ 
sia, quienes nos dieron todo su apoyo). ... Fueron, como para la mayoría de 
los uruguayos, años bien difíciles pero en los que se sintió y vivió una gran 
solidaridad, la que nos permitió llevar adelante la lucha emprendida. Fue 
muy importante el respaldo y orientación que dieron tres abogadas en aquel 
momento: Azucena Berrutti, María Josefina Plá y Graciela Borrat, quienes 
supieron acompañar, golpear puertas y arriesgarse diariamente...”.* 

Las primeras actividades públicas: 1981 y 1982 

En 1981 el grupo comenzó a realizar las primeras actividades dirigidas 
a la sociedad uruguaya. Los primeros ámbitos de actividad fueron algunas 
iglesias y parroquias de Montevideo, a pesar de que para Quica Salvia 
“católicas éramos muy pocas, católicas militantes, te diría una o dos”. En 
ese año se realizaron varias jornadas en distintos locales religiosos. En 
mayo, conmemorando la “Semana mundial del detenido desaparecido”, se 


* Testimonio escrito realizado por el Padre Jorge Osorio para este trabajo, octubre de 
2005. 


31 



realizó una jornada de silencio, oración y ayuno en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción (Vascos). 18 En septiembre se realizó una actividad 
similar en la Parroquia de la Sagrada Familia, 19 bajo la consigna “Hasta 
encontrarlos”.* El 23 de diciembre, se participó en el acto organizado por 
SERPAJ en la Iglesia Tierra Santa, en conmemoración del 33 aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 20 y donde se denun¬ 
ciaba la desaparición de 100 uruguayos en Argentina, entre ellos cinco 
mujeres embarazadas y siete niños. 21 El 28 de ese mes se realizó una jor¬ 
nada de oración en recordación de los niños desaparecidos, en la Iglesia de 
María Auxiliadora. 22 

Actividades de este tipo se repitieron en el año 1982. El 25 de agosto, en 
la Parroquia Tierra Santa, también participaron varias integrantes de Ma¬ 
dres de Plaza de Mayo. 23 El 21 de diciembre, en la Parroquia de la Sagrada 
Familia, 24 el SERPAJ entregó, en la persona del argentino Adolfo Pérez 
Esquivel -Premio Nobel de la Paz (1980), a quien, días antes, el gobierno 
uruguayo le había prohibido una conferencia-, 25 cuatro “premios de la 
paz” a integrantes del grupo de madres uruguayas. 

Pero esta disposición de algunas iglesias a colaborar con la campaña 
por los desaparecidos no ocurrió sin dificultades. Ello se evidencia en el 
recuerdo que algunas madres, en este caso Milka González, preservan de 
aquellas primeras acciones públicas: “[En] la Iglesia de los Vascos** hici¬ 
mos, vamos a decir, una presencia compulsiva, porque nos metimos... esta¬ 
ba Violeta, estaba Luz, estaba Quica, que era la que llevaba la parte orato¬ 
ria, por ser muy católica, era la que elegía los temas... que tenían algo que 
ver con la festividad religiosa del día o con los temas que tuvieran alguna 
semejanza con el tema nuestro. Y ahí nos pasamos ese día, esa vez, todo el 
día, pero éramos más, más cantidad... más o menos debían ser unas diez o 
quince... La primera presentación [pública] fue esa... La primera vez que nos 
animamos, porque había que animarse ahí a hacer presentaciones públi¬ 
cas... La reacción de la gente fue un poquito hostil, fue hostil hasta que al 
final logramos hablar con el cura, y... el cura habló para nosotros. Fue un 
apoyo ¿no? Al final él tomó el tema en la última parte, las últimas palabras... 
Por la línea de decir que estaban familiares, que estábamos ahí, que había¬ 
mos estado todo el día y que teníamos ese problema y bueno, la gente como 
que entendió...”. 

Refiriéndose a esa misma actividad Quica Salvia relata: “La primera pre¬ 
sentación pública, después de reunirnos, de haber hecho averiguaciones y 
todo, de tener una lista más o menos armada, donde teníamos ciento veinti¬ 
séis uruguayos desaparecidos en Argentina... Fuimos un día a la iglesia de 
los Vascos, allí en Julio Herrera y Obes, y nos llevamos una pancartita donde 
decía que había ciento veintiséis uruguayos desaparecidos, entre los que ha¬ 
bía tantas mujeres grávidas y tantos niños. Y nada más. Y que íbamos a 
hacer un día una jornada completa, de ayuno y oración. Y allí después que 
nos instalamos, fuimos y pedimos para hablar con el cura. Y el cura nos dice... 
‘¡Ay!, ¿acá?, ahí tenemos el Ministerio del Interior, la mamá del ministro viene 


* Entrevista a Luz Ibarburu. 

** Se refiere a la jornada realizada en mayo de 1981, arriba indicada. 


32 



a misa todos los días aquí, pero ¿cómo les digo que se vayan?, no puedo’. 
Bueno, le pedimos autorización para leer alguna oración en el repertorio y 
para leer, entre misa y misa algunas cosas. Habíamos propagandeado bas¬ 
tante la cosa, y vino mucha gente. Aparte de la gente que venía durante las 
misas y se encontraba con esto... Ahí fue que estrenamos nuestro distintivo... 
que era una especie de escapulario [con la foto del familiar desaparecido]”. 

Amparados en la protección que daban las instituciones religiosas, cada 
vez más ciudadanos se fueron acercando al movimiento de Familiares, 
tendiendo una mano solidaria, y facilitando así la difusión de esta reali¬ 
dad. Sin especificar el año, Hortensia Pereira recuerda: “... la misa tan 
grande que hubo en la Iglesia que está en 8 de Octubre y Jaime Cibils...fu.e 
una misa donde fueron no solo los Familiares sino los trabajadores, fue una 
misa de protesta muy grande, estaba tan llena la Iglesia que había gente 
afuera... [la convocatoria se hizo] boca a boca y en las fábricas...”. 

También en 1981, en otro tipo de manifestación se pretendió presentar 
la denuncia en espacios públicos abiertos: “[consistían] en hacer -a imita¬ 
ción de las Madres de Plaza de Mayo- paraditas en las plazas, empezamos 
en la Plaza Colón, después una placita que hay ahí al lado del Hospital 
Español, allá en Garibaldi y después en la Plaza Cuba”;* “Llevábamos un 
pañuelo en la cabeza, como hacen [sic] las madres argentinas, y nuestro 
distintivo: la foto de nuestros hijos sobre el pecho, enlazada por la cinta de 
la bandera uruguaya”. 26 

Sin embargo, esas primeras salidas al ámbito público fueron difíciles. 
Las madres, se enfrentaron al franco desconocimiento de la gente: “Me 
acuerdo del padre de una chica que luego trabajó muchísimo con nosotros, 
que era familiar de preso, que dijo ‘ay, vi por allí a unas pobres señoras con 
unos pañuelitos blancos’, porque éramos cuatro gatos, realmente inspirába¬ 
mos lástima” recuerda Luz Ibarburu. “... [En 1981] vino el Cardenal de 
Chile, Silva Enríquez, que hizo una charla en el Palacio Peñarol. Entonces 
nosotros fuimos con el cartelito de los desaparecidos y entonces ahí nos 
preguntaban si eran los caídos en los Andes. La gente que pasaba no tenía 
la más pálida idea de los desaparecidos". 

A ello se sumaba el temor ante la impredecible reacción del régimen: 
“...en el 82, todo ese período de la etapa de Conventuales,** de entrar a 
salir. Porque acá la cosa era dura. La cosa de manifestarse. No podíamos 
llegarle a la gente porque no había medios para llegar, entonces con poqui¬ 
tas cositas, y muy simbólico más que nada, y con señales muy tibias, muy 
cosa de decirle a la gente ‘hubo desaparecidos’, pero no podíamos decirlo 
mucho tampoco. Teníamos ciertos personajes que eran realmente tenebro¬ 
sos ...”.*** 

* Entrevista a Luz Ibarburu. 

** La parroquia de los Padres Conventuales, ubicada en Canelones y Gutiérrez Ruiz 
(entonces Ibicuy), fue desde 1980 el espacio nucleador de la familia franciscana, 
dando origen al Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE), 
ámbito desde el que se trabajó en apoyo a ex presos y ex exiliados. Se transformó 
también en un centro de reunión y organización de diversos movimientos sociales 
antidictatoriales, entre ellos el emergente movimiento estudiantil de la ASCEEP, y las 
organizaciones de familiares de víctimas de la represión (datos proporcionados por 
Alberto Hein). 

*** Entrevista a Oscar Urtasun. 


33 



Los servicios de seguridad del régimen seguían de cerca las acciones de 
los familiares: habló la madre de Gerardo* hablé yo, habló Luz y bueno, 

hasta que se terminó el acto y en eso viene el cura, cara de... dice ‘en la 
Sacristía hay gente de Inteligencia y Enlace esperando a las que hablaron’. 
Y ahí una compañera en una actitud tan valiente y tan decidida, dijo: ‘yo no 
hablé ni estuve allí presente en el atrio, pero yo también pertenezco a Ma¬ 
dres de Detenidos Desaparecidos y estoy con ellas y yo también voy’. Y se 
unió al grupito que habíamos estado hablando, ella por su propia voluntad... 
Blanca Artigas... Nos tomaron los datos. Algo intimidatorio contra noso¬ 
tras...”.** 

En otra ocasión "... vinieron unos médicos austríacos y nosotros los fui¬ 
mos a ver al hotel donde estaban para denunciar y qué se yo. Después vino 
a nuestra casa la Policía y me acuerdo que increparon a mi marido y él les 
dijo ‘bueno, defiendo a mi hijo y tengo todo el derecho del mundo’ y bla, bla, 
bla, y no pasó de ahí".*** 

María Ester recuerda que en un momento, en el sindicato de los 
tabacaleros, me tocó hablar a mí. Y allá estaban las fotos de todos los niños. 
Ya teníamos las fotos grandes, de calidad bastante superior. Entonces cuando 
entramos yo digo, ‘esos que están ahí son tiras', ‘no, si tenés unapersecuta’ 
decía Recagno.**** Y sí, en un momento se acercaron a la mesa ...y se que¬ 
daron ahí Y yo digo ‘¡Sacá las fotos, sacá las fotos!’. Y las empezamos a 
sacar y dijeron: ‘No, momento’. Las sacaron ellos, las pusieron ahí y nos 
dijeron: ‘pueden irse’. Yo dije: ‘Yo no me voy si no me dan las fotos’. A las 
otras compañeras las sacaron también. Y en eso viene otra persona que se 
conoce que tenía un grado más importante y decisivo y le dicen: ‘Las seño¬ 
ras no se quieren ir’. Dice: ‘Que se vayan las señoras’, y le dicen: ‘No, no se 
quieren ir si no se llevan las fotos’. Entonces nos las fueron dando diciendo: 
‘Ésta es fulana...’, ya las conocían a todas, eran las fotos de los niños, la 
foto de Mariana y alguna otra de personas mayores. Entonces dice: ‘Bueno, 
que se las lleven, pero que se vayan’. Y nosotros salimos y estaba todo el 
grupo en la puerta del sindicato esperándonos”. 

Quica rememora otro episodio de vigilancia sobre las actividades del 
grupo por parte de las fuerzas de seguridad: “En abril o mayo del 82 hace¬ 
mos un ayuno en la iglesia del Prado. Fue un día muy especial, porque 
contactamos a un sacerdote, ya viejo, casi octogenario, pero de mente muy 
fresca, que nos recibió muy bien. Lo fuimos a ver antes para pedirle permi¬ 
so. Él nos autorizó a hacer ese día de ayuno y cuando llegamos, ese domin¬ 
go, a las siete y media de la mañana, mi marido y yo que veníamos del 
norte, llegamos antes que las que venían de acá de Montevideo, y vimos que 
había un patrullero que pasó dos o tres veces. Nosotros estábamos senta¬ 
dos en el murito, no teníamos ningún distintivo a la vista ni nada. En cuanto 
abren la puerta, entramos, y al sacerdote le dijimos: ‘Ahí anda un patrullero 


* Se refiere a Gerardo Gatti. 

** Entrevista a María Ester Gatti. 

*** Entrevista a Luz Ibarburu. Según Luz estos hechos habrían ocurrido en 1980. Los 
médicos mencionados fueron expulsados del país. 

«♦«Padre de Juan Pablo Recagno y esposo de Luz Ibarburu. 


34 



que está vigilando’. El cura dice: ‘Ayer me vinieron a pedir que celebrara 
una misa por los militares caídos en la lucha. Y yo les dije que justamente, 
que ese día, el domingo, lo tenía comprometido, pero que estaba a disposi¬ 
ción de ellos para lo que quisieran, y que no tenía ningún inconveniente en 
celebrar una misa por los que habían muerto’. Entonces, ese día entraron 
ellos junto con nosotros, con grabadores. Nos grabaron durante toda la ma¬ 
ñana, todo lo que hicimos”. 

Aveces, la vigilancia terminó en la detención de alguna de las integran¬ 
tes del grupo: “Y después, en esa parada que ya fue en el 82, frente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores,* se llevaron presa a María Elena [Antuña 
de] Gatti que tenía a su hijo y a su nieta desaparecidos en Argentina. [Ella] 
asesinada, en realidad...** Cuando ya estaba ‘Perico’ [Pérez Aguirre] hici¬ 
mos un acto en la capilla Jackson y bueno ahí las chanchitas recorrieron las 
manzanas todo el tiempo y nos grabaron las cosas que dijimos y... pero nos 
sentíamos con fuerza".*** 

Esa fuerza permitía vencer el miedo acuñado durante años: “Ya no, no 
tenía miedo. Hubo, después, un tiempo en que perdí el miedo, después de 
haber tenido terror. Llegué a tener terror, porque tenía terror por mi hijo...**** 

Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) 

Esta organización surgió en el exilio uruguayo. Desde el exterior, la 
desaparición forzada fue claramente percibida como un componente siste¬ 
mático de la represión en las dictaduras del Cono Sur. El exilio habilitaba 
otros canales de comunicación e información vedados a los familiares ra¬ 
dicados en Uruguay. Diversos hechos que adquirieron notoriedad interna¬ 
cional permitieron visualizar el tema en su dimensión más global. 

En junio de 1976, el caso de la maestra Elena Quinteros***** movilizó a 
la opinión pública internacional. Fueron asimismo fundamentales los tes¬ 
timonios, desde el exilio europeo, de algunos sobrevivientes de los centros 
de reclusión clandestina de Buenos Aires y Montevideo. Tales fueron los 
casos de Washington “Perro” Pérez y de Enrique Rodríguez Larreta. Ambos 
habían sido secuestrados en Buenos Aires y conocieron la suerte de algu- 


* Se había concurrido a gestionar una audiencia que no les fue acordada. Unas 100 
personas acompañaron a la delegación; varias fueron citadas a dependencias 
policiales y detenidas por varias horas. Véase Informe de MFUDD, Nuestra Historia, 
período 1977-1985, sin fecha, p. 5. AMFUDD. 

** Se refiere a Adriana Gatti, secuestrada a los 17 años en Buenos Aires el 8 de abril 
de 1977 estando embarazada. Su cuerpo fue localizado en el año 1983 y luego 
reconocido; había sido sepultado como NN en el cementerio de San Isidro. 

*** Entrevista a Luz Ibarburu. 

**** Entrevista a Hortensia Pereira. 

***** Militante del PVP, fue secuestrada el 28 de junio de 1976 de los jardines de la 
Embajada de Venezuela en Montevideo por integrantes de las FFCC, provocando la 
ruptura de relaciones diplomáticas de ese país con la dictadura uruguaya. Continúa 
desaparecida. 


35 



nos de sus compatriotas.* En agosto de 1976, Pérez informó al mundo de 
la coordinación represiva platense y mostró la foto que le había sido toma¬ 
da a Gerardo Gatti en el centro de detención clandestina conocido como 
“Automotores Orletti”, por parte de los militares que lo secuestraron, como 
prueba para obtener un rescate. Por su parte. Rodríguez Larreta inició, en 
marzo de 1977, sus denuncias mediante una conferencia de prensa orga¬ 
nizada por Amnistía Internacional. “Podía escucharse por primera vez el 
testimonio directo de uno de los operativos del Plan Cóndor...”. 27 

Otro factor permite distinguir el accionar de los familiares en el exilio. 
Los residentes en el exterior eran, en la mayoría de los casos, personas con 
un cierto grado de compromiso político, motivo que los había empujado al 
exilio. Además, buena parte de ellos mantenía lazos, más o menos orgáni¬ 
cos, con los partidos políticos agrupados en el exterior. En la estrategia 
política de cada partido, la cuestión de los desaparecidos se encuadraba 
dentro de una mirada global, que centraba su acción en golpear a la dicta¬ 
dura desde múltiples flancos: la ausencia de libertades, la situación de los 
presos, la desaparición de personas, etcétera.** Como puede resultar ob¬ 
vio, no todos los partidos colocaron estos puntos en una misma línea de 
prioridad. De su estrategia política y de su capacidad de incidencia depen¬ 
dieron entonces sus respectivas líneas de acción.*** 

El PCU era una de las organizaciones que había sufrido la dura prueba 
de la desaparición de sus militantes. Sin embargo, su posicionamiento 
frente al tema le llevó a frecuentes enfrentamientos con otras organizacio¬ 
nes del exilio uruguayo. De acuerdo al testimonio de Benjamín Liberoff,**** 
los comunistas concebían el tema de los desaparecidos, lo mismo que el de 
los presos y las víctimas de la represión en general, en el contexto de la 
denuncia internacional y de la lucha en contra de la dictadura. Se lo con¬ 
sideraba como un tema más, ni más ni menos importante, entre otros que 
debían denunciarse en el marco de la lucha global contra el régimen.***** 


* Pérez fue secuestrado por el grupo de militares uruguayos que operaba regularmente 
en Buenos Aires, comandado por Gavazzo, Silveira y Cordero, para ser utilizado 
como intermediario en el intento de secuestro extorsivo contra Gerardo Gatti y León 
Duarte, pero logró refugiarse en la Embajada de Suecia. Rodríguez Larreta fue uno 
de los integrantes del grupo de detenidos en Orletti y posteriormente trasladados a 
la casona de Punta Gorda, uno de los centros de detención clandestina que 
funcionaron en Montevideo durante la dictadura. Finalmente fue liberado y se exiló 
en Europa. 

** Acerca del tratamiento de la cuestión de los derechos humanos entre los exiliados 
uruguayos véase Markarian, Vania, De la lógica revolucionaria a las razones 
humanitarias: La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de 
derechos humanos (1972-1976). 

*** Los militantes del exilio uruguayo se organizaron de variadas formas: a los partidos 
políticos propiamente dichos se sumaron una dirección del Frente Amplio en el 
exilio, la Convergencia Democrática en Uruguay, los Comité Uruguay por país de 
residencia, la CNT y la FEUU. Todos estos organismos desarrollaron amplias 
denuncias contra la dictadura y el tema de los desaparecidos era uno de sus capítulos, 
con variados énfasis. 

**** Hijo de Manuel Liberoff, militante del PCU, desaparecido en Buenos Aires el 19 de 
mayo de 1976. 

*****Benjamín Liberoff, 19 de mayo 2005. 


36 



En este sentido, los comunistas no coincidían con la posición de otras 
organizaciones, que hicieron del tema de los desaparecidos -el PVP- o de 
los presos políticos -el MLN- el centro de su actividad de denuncia de la 
dictadura en el exilio. 

Luisa Cuesta se había exiliado en Holanda, luego de pasar varios meses 
detenida en un cuartel en Mercedes y de buscar a su hijo desaparecido en 
Buenos Aires. Políticamente independiente, recuerda las dificultades que 
las organizaciones uruguayas en Europa tuvieron para acordar una políti¬ 
ca común sobre los desaparecidos. Los militantes del Partido Comunista, 
reticentes a generar una línea de acción específica en torno a la temática 
de la desaparición, privilegiaron el trabajo a través del Frente Amplio, la 
CNT o la FEUU (todos ellos “en el exilio”), donde la lucha anti-dictatorial se 
realizaría de manera global. Luisa recuerda a qué nivel controversia! llegó 
el tema en una discusión con un militante comunista: “ Cuando yo planteé 
el caso mío, que yo quería trabajar por la desaparición de mi hijo, junto con 
lo que hiciéramos por los presos, la contestación fue ‘los argentinos te ven¬ 
dieron un tranvía, no hay tales desaparecidos’...’’. 

Por su parte, los militantes del PVP que lograron reorganizarse en Euro¬ 
pa tras las persecuciones en el Cono Sur, privilegiaron la formación de una 
organización que atendiera específicamente la cuestión. Sus esfuerzos en 
esa dirección se concretaron cuando AFUDE quedó formalmente constitui¬ 
da el I o de octubre de 1978 en París. A diferencia de los otros grupos 
(familiares de “desaparecidos en Uruguay” o “en Argentina”), no distinguía 
en sus denuncias el país donde había ocurrido la desaparición. Luisa se 
plegó a la idea y participó de la formación de AFUDE: “Hoy, a los años la 
interpreto [la invitación] como para hacerla amplia, la madre de un PCR 
hacía amplia esa asociación, cosa que no era tan así. Era dominada por la 
gente del PVP en el exilio... y eso hoy lo tienen claro todos los que tienen 
desaparecidos de otros grupos políticos". 

Más allá de esta percepción, la propia Luisa resalta la amplitud del 
grupo en sus comienzos, con familiares de desaparecidos residentes en 
Suecia, Francia, Austria, Holanda, etcétera. En su lanzamiento recuerda 
que, además de la gente del PVP, “había gente del GAU y estaba Liberojf, del 
Partido Comunista, después había una gente de Colonia que no sé de qué 
grupo político era... estaba gente del MLN, estaba el hermano de Oscar 
Urtasun, que trabaja con nosotros, Ignacio Errandonea,* que estaba en Pa¬ 
rís y Adriana Cabrera...** todos eran [familiares de] desaparecidos en Ar¬ 
gentina... Salvo Tota’’. 

Precisamente fue María ‘Tota” Almeida de Quinteros*** quien adquirió 
un papel protagónico en AFUDE, recorriendo en su nombre múltiples orga¬ 
nismos internacionales, para denunciar la situación de los desaparecidos 
uruguayos.**** Se transformó así, ciertamente, en un portaestandarte de 


* Hermano de Juan Pablo Errandonea. 

** Hija de Ary Cabrera, militante del PVP secuestrado en Buenos Aires el 5 de abril de 
1976. 

*** Madre de Elena Quinteros. 

**** Para conocer en profundidad el periplo de Tota por el mundo véase Olivera y Méndez, 
ob. cit. 


37 



esta causa en el exterior, representando en lo personal un caso que se 
volvía emblemático por sus repercusiones internacionales: el de su propia 
hija. 

AFUDE desplegó una vasta actividad ante diversas tribunas internacio¬ 
nales predispuestas a oír su voz. En el recuerdo de Tota la creación de 
AFUDE está claramente asociada a la tarea de la denuncia internacional: 
“Nosotros ya habíamos estado dando vueltas en Ginebra cuando se reunió 
la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De allí nació la 
necesidad deformar algo más estable y eso fue AFUDE”. 28 También Luisa lo 
recuerda de esa forma: “...lo primero que hicimos como AFUDE es ir a Nacio¬ 
nes Unidas a hacer la denuncia de todos los desaparecidos... yo viajé de 
Holanda a Suiza...”. 

AFUDE presentó reiteradamente sus denuncias ante los organismos in¬ 
ternacionales de Derechos Humanos, tanto de la ONU como de la OEA. En 
la presentación de esas denuncias cumplió un rol fundamental el Secreta¬ 
riado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay (SIJAU), com¬ 
puesto por abogados de notorio prestigio, de diversas nacionalidades. 

Entre junio y octubre de 1980 AFUDE realizó gestiones ante el Grupo de 
Trabajo sobre Desaparecidos de Naciones Unidas, a efectos de lograr que 
familiares de uruguayos desaparecidos, residentes en Uruguay, pudieran 
viajar a Brasil a presentar testimonios con garantías de protección a su 
regreso. 29 Milka González recuerda que a tales efectos viajó una nutrida 
delegación desde Montevideo a Porto Alegre. La integraban, según recuer¬ 
da Milka, ella misma, Violeta Malugani, Luz Ibarburu, María Elena Antuña, 
María Victoria Gramont,* Juan José Luppi y familiares de presos políti¬ 
cos. Desde esa ciudad partieron Milka y Violeta hacia Rio de Janeiro, don¬ 
de el 27 de octubre se concretó una audiencia propiciada por siete institu¬ 
ciones (Orden de Abogados de Brasil, el Movimiento de Justicia y DDHH, 
Asociación de Abogados Latinoamericanos, Conferencia Nacional de Obis¬ 
pos de Brasil, Pax Romana, Federación Internacional de Juristas Católi¬ 
cos, Movimiento Internacional de los DDHH ). 30 Además de las madres pro¬ 
venientes de Uruguay arriba indicadas, participaron Tota Quinteros (por 
AFUDE) y Marta Castilla,** que residía en Rio de Janeiro. Probablemente 
este haya sido el primer contacto entre los familiares de uruguayos des¬ 
aparecidos en Argentina, agrupados desde hacía un año, y sus pares en el 
exilio. 

Los Congresos de FEDEFAM,*** a los que ambas organizaciones enviaban 


* Madre de María Rosa Silveira, militante del MLN, desaparecida en Buenos Aires el 13 
de agosto de 1978. 

** Madre de Jorge Zaffaroni, militante del FVP desaparecido en Buenos Aires el 27 de 
septiembre de 1976junto a su esposa María Emilia Gatti y su hija Mariana Zaffaroni 
Gatti, de 18 meses. 

*** La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (FEDEFAM) es una organización no gubernamental integrada por las 
Asociaciones de Familiares de países de América Latina y el Caribe en los que se 
practicó o practica la desaparición forzada de personas. Es una organización 
humanitaria, independiente de toda doctrina o institución política o religiosa. Fue 
fundada en enero de 1981 en la ciudad de San José (Costa Rica). Véase <http:// 
www.desaparecidos.org/fedefam> 


38 



sus delegados, fueron nuevas instancias de encuentro. En marzo de 1983, 
Luz Ibarburu y María Ester Gatti, representando a “Madres de desapareci¬ 
dos en Argentina”, viajaron a Ginebra para asistir al 39° período de sesio¬ 
nes de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social 
de la ONU. Allí se conocieron con Luisa, activa militante de AFUDE: 
“... Estuvieron en mi casa en Holanda. Yo había estado con ellas primero en 
Suiza porque yo viajaba todos los años cuando se trataba de desaparecidos 
en Ginebra. Yo iba a Naciones Unidas y bueno había estado con ellas en 
Ginebra. Ellas habían venido justamente a la reunión de Ginebra y después 
hicieron un recorrido por Europa por diferentes países, fueron a Holanda. 
Habían estado en mi casa, así que a Luz y Ester ya las conocía... Ya cuando 
vine [a Uruguay] no eran todas desconocidas para mí, conocía a mucha 
gente ¿no? Y además conocía los nombres de los desaparecidos también. 
Así que bueno, una era la madre de fulano, la hermana de mengano, más o 
menos ya estaba ligada a toda la asociación... ”.* 

Además de las campañas de denuncia ante los organismos internacio¬ 
nales, AFUDE realizaba actividades descentralizadas por país de residen¬ 
cia de sus miembros: “... conozco lo que hicimos en Holanda... Habíamos 
tres, Teresa Campodónico, mi nuera, y yo... y nosotros organizamos mu¬ 
chas manifestaciones, cartas a Videla, unas que vienen ya con membrete, 
unos papelitos que nada más los pegás y los ponés y los holandeses escri¬ 
bían, los que sabían español y los que no hacían traducir lo que querían 
decir y lo firmaban para mandarle a Videla los papeles. Hicimos muchas 
actividades en Holanda...”, relata Luisa Cuesta. 

Entre las múltiples actividades de sensibilización de la opinión pública 
local, se realizaron actos, conferencias de prensa y ajamos en centros reli¬ 
giosos. 

Aun antes de constituirse AFUDE, en diciembre de 1977, se desarrolló 
en París en la Capilla San Bernardo, un ayuno y servicio religioso por los 
desaparecidos, por amnistía y libertad en Uruguay, donde participaron 
familiares de presos y desaparecidos uruguayos. 31 Entre agosto y septiem¬ 
bre de 1979 se realizaron huelgas de hambre en el Templo de la Fusterie 
en Ginebra, con la participación de COSOFAM** y de la Asociación de 
Paraguayos en Europa 32 y en la iglesia de la Transfigurazione de Roma. 33 

AFUDE no tiene una fecha precisa de clausura de sus actividades. Se 
puede presumir que el proceso de desexilio le fue quitando vitalidad y 
hasta razón de ser. Hacia 1984 se instaló en Argentina, 34 donde el proceso 
de redemocratización había comenzado en octubre del año anterior. “AFUDE 
prácticamente se desintegró en el momento que la gente se empezó a venir. 
La Tota se vino antes que yo para acá, para Montevideo”, recuerda Luisa, 
quien volvió a Uruguay en 1984. 


* Entrevista a Luisa Cuesta. 

** El Comité de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos (COSOFAM) era una 
organización de denuncia de la desaparición forzada en América Latina con sede en 
Barcelona. 


39 



Familiares de Desaparecidos en Uruguay 

Las desapariciones forzadas en Uruguay totalizan unos cuarenta ca¬ 
sos. A diferencia de la modalidad de desaparición implantada en Argentina 
(de la que participaron militares uruguayos cuando se trataba de perse¬ 
guir a sus compatriotas) estos hechos no parecen responder a una acción 
premeditada. En “la mayoría o totalidad de las desapariciones producidas 
en Uruguay, se presume que murieron víctimas de malos tratos y que las 
autoridades no quisieron cargar con la responsabilidad de reconocer el 
caso”. 35 Si bien la tortura estaba largamente instituida contra los deteni¬ 
dos políticos desde mucho antes, treinta y siete de esas desapariciones 
ocurrieron después del golpe de Estado. Parece evidente que el contexto de 
total impunidad reinante desde junio de 1973 terminó de quitar todo lími¬ 
te a los abusos cometidos contra los detenidos.* 

En casi todos los casos los familiares de desaparecidos en Uruguay 
vivieron una situación que se puede resumir de la siguiente manera: la 
persona era arrestada por fuerzas represivas oficiales, momento a partir 
del cual se perdía todo contacto con el detenido. Ya vimos más arriba cómo 
esta situación de “incomunicación” era habitual en el país desde 1968, en 
el marco de la aplicación cada vez más frecuente de las Medidas Prontas 
de Seguridad. El periplo que seguían los familiares consistía en recorrer 
los cuarteles donde presuntamente se encontraba el detenido y, ante la 
negativa oficial de indicar su paradero, intentar establecer contactos indi¬ 
rectos para ubicarlo. 

Tal como ocurrió con los familiares que buscaban en Buenos Aires, los 
familiares de desaparecidos de este lado del Plata incursionaron primero 
por la vía individual. Una alternativa era rastrear el paradero del familiar a 
través de contactos con militares uruguayos. País de cercanías, al fin, ¿quién 
no tenía un conocido o hasta un familiar dentro de la vasta “familia mili¬ 
tar” uruguaya?: “Tengo militares por todos lados en mi familia. Tengo un 
hermano que es teniente coronel, un cuñado que es también coronel... Esta¬ 
ban en actividad... No quise nunca recurrir a ellos... Yo ni puedo decir la 
cantidad de militares que fui a ver. Donde tenía una dirección allá caía, fui a 
ver hasta a (el general] Cristi, fui a la casa, le llevé una carta, se la entregué 
a su hija y le dije ‘por favor -le digo yo- entrégale a tu padre y léela tú 
también que es una carta de una mamá’... Yo la vi como conmovida y es 
más, le dije, ‘voy a venir a buscar la respuesta’, porque yo sabía que si no, 
no me iba a contestar nada. Y cuando fui, dejé pasar una semana y fui, y la 
señora, la madre tenía como no sé, pero me pareció como hasta lágrimas, no 


* Las valoraciones que se vuelcan en este párrafo en cuanto a distinguir la modalidad 
de la desaparición forzada en ambas márgenes del Plata pasa a estar cuestionada 
hoy por las recientes informaciones brindadas por fuentes de la Fuerza Aérea Uruguaya 
sobre la existencia de al menos otro vuelo con prisioneros políticos desde Argentina 
hacia Montevideo. De confirmarse este dato, la historia de los desaparecidos en 
Uruguay adquiriría otro cariz, ya que se llegaría a la conclusión de que una cierta 
cantidad de uruguayos secuestrados en Argentina habrían sido asesinados en Uruguay 
por las fuerzas represivas del Estado. 


40 



sé, me pareció a mí... Y ella me dijo: dice mi esposo que vaya luego a la 
Región N°1 que la va a recibir. Te imaginás, estaba puesta allí en la Región 
N°1. Me tuvieron esperando, después vino un oficial y me dijo que se discul¬ 
paba, que no sabía cómo disculparse que por favor lo perdonara pero que le 
había salido no sé qué cosa que no podía atenderme. Y él conocía a mi 
hermano, era amigo de mi hermano...”.* 

Resulta notoria la dificultad que tuvieron los familiares de desapareci¬ 
dos en Uruguay para reunirse, si comparamos con lo ocurrido con los 
familiares de los desaparecidos en Argentina. Un primer factor explicativo 
de esta dificultad puede ser cuantitativo: los desaparecidos de aquel lado 
del río conformaban una lista más amplia por lo cual la probabilidad de 
tejer nexos entre ellos también era mayor. Pero aun sin desconocer este 
elemento, debe considerarse que las condiciones para la acción de denun¬ 
cia debían ser más difíciles en el propio país de residencia que en el exte¬ 
rior. Aunque la barbarie represiva pareciera más atroz en Buenos Aires, 
los mecanismos de control y de coacción eran también temibles y terribles 
en Uruguay. 

El contingente más numeroso de desaparecidos en este país pertenecía 
al PCU, verdadero enemigo simbólico mayor del régimen desde 1975.** 
Cualquier “parentesco” con dicha organización era razón suficiente para 
sufrir un castigo ejemplarizante. De alguna manera, las actividades en 
Montevideo de los familiares de desaparecidos en Argentina, aunque vigi¬ 
ladas de cerca por los servicios de inteligencia locales, eran toleradas bajo 
el eslogan de que “esas cosas no pasan en Uruguay”. En cambio, el régi¬ 
men no podía aceptar acciones de grupos que hablaran de los desapareci¬ 
dos “de acá”. 

Otra cuestión de difícil lectura es la relativa a la escasa propensión de 
parte de los familiares de desaparecidos en Uruguay a reunirse con los de 
Argentina. Es probable que las diferencias partidarias que dominaban a 
uno y otro contingente de desaparecidos crearan ciertas reticencias. A ma¬ 
nera de hipótesis puede conjeturarse que los debates no saldados entre 
comunistas y sectores “radicales” de la izquierda, en torno a las causas de la 
“derrota” de 1973, hayan inducido cierta distinción de los casos, y diferen¬ 
cias en la estrategia a desarrollar para su denuncia. Ya vimos cómo algo de 
esto ocurrió en el exilio y en las circunstancias de la fundación de AFUDE. 

De todos modos, aunque tardíamente, el grupo de Familiares de Des¬ 
aparecidos en Uruguay se constituyó. Los encuentros comenzaron tenien¬ 
do algo de casual: “Nos empezamos a encontrar con las madres de otros 
desaparecidos ahí, por el Prado [se refiere al IMES en Cno. Castro], por ahí 
había un lugar donde uno llevaba cartas, ropa. Yo llevé una vez una carta y 
ropa para el ‘Chiqui’, una vez sola porque, por supuesto no tuve contesta¬ 
ción de nada. Siempre era la negativa de que no estaba... Dando vueltas, 
preguntando a cuanta gente me decía algo...”.*** 


* Entrevista a Amalia González. 

** La represión contra todas las organizaciones de la izquierda era justificada frente a 
la opinión pública como una cruzada contra el “comunismo internacional”. 

*** Entrevista a Amalia González. 


41 



Hacia 1982, algunos familiares empezaron a reunirse. SERPAJ cumplió 
una tarea crucial en esa unión de esfuerzos. Fueron activistas de esa orga¬ 
nización de Derechos Humanos quienes rastrearon y pusieron en contacto 
a los familiares de militantes desaparecidos en Uruguay.* Hacia abril de 
1983 el grupo se consolidó. 36 El núcleo fundador contó con la presencia de 
Amalia González, Sara Barrocas,** Disnarda Flores,*** Elena Bleier,**** Rosita 
Martínez,***** Marta Josman,****** Irma Hernández,******* Oscar 
Ortiz******** y Elisa Brieba,********* entre otros. 

El papel de los integrantes de SERPAJ es recordado en varios testimo¬ 
nios, como los de Amalia González y Javier Miranda: “En realidad nos unió 
el SERPAJ... Pancho Bustamante********** fue el que me llamó y me hizo 
contar todo, la detención, todo cómo fue, y me dijo que era bueno que nos 
uniéramos todos, que formáramos un grupo para trabajar todasjuntas y así 
podíamos ir viendo. Ahora, no sabíamos ni qué hacer, a dónde ir, yo no tenía 
ni idea de nada, así que nos pusieron dos monjas, Margarita Ferraro y Lucía 
Arocena, divinas, no puedo decir lo que fueron esas monjas. Eran de una 
militancia tremenda, nos enseñaron todo lo que podíamos hacer, volantes, 
todo con la historia, enseñándonos las leyes, todo lo que teníamos que ha¬ 
cer. Estuvieron muchísimo tiempo con nosotros...”-,*********** “[En el ’82] yo 
me voy a laburar... a la Parroquia Peñarol a hacer los paquetes para los 
presos de Libertad y en una noche que estoy en la vuelta alguien se arrima 
y me dice ‘vos sos Miranda, familiar de desaparecido. Mirá que los familia¬ 
res de desaparecidos se están reuniendo en la Parroquia...’ El cura párroco 


* 

** 

*** 

**** 

***** 

****** 

******* 

******** 

********* 

********** 


*********** 


Entrevista a Elena Zaffaroni. 

Esposa de Luis Eduardo Arigón, militante del PCU, detenido el 14 de junio 
de 1977. 

Esposa de Óscar Tassino, militante del PCU, detenido el 19 de julio de 
1977. 

Hermana de Eduardo Bleier, militante del PCU, detenido en Montevideo el 
29 de octubre de 1975. 

Esposa de Julio Escudero, militante del PCU, detenido entre octubre y 
noviembre de 1976 en Montevideo. 

Esta madre, como ya vimos, tenía dos hijos desaparecidos, uno en 
Montevideo, Roberto Gomensoro, y otro en Buenos Aires, Hugo Gomensoro, 
por lo cual participó en las dos organizaciones de familiares. 

Esposa de Miguel Ángel Mato Fagián, militante de la UJC, detenido en 
Uruguay el 29 de enero de 1982. 

Hermano de Félix Sebastián Ortiz, militante del PCU, detenido en Montevideo 
el 16 de septiembre de 1981. 

Madre de Juan Manuel Brieba, militante del PCU, detenido el 30 de octubre 
de 1975 en Montevideo. 

Francisco Bustamante fue miembro fundador de SERPAJ-Uruguay. Realizó 
una intensa tarea dedicada a contactar y tomar testimonios a familiares de 
desaparecidos en Uruguay. Pero, más allá de la relevancia de la tarea de 
sistematizar esa información, él recuerda el papel de "aguante emocional” 
que la militancia de SERPAJ cumplió durante los años duros; los familiares 
“estaban atemorizados”. (Testimonio oral de F. Bustamante recogido para 
este trabajo). 

Entrevista a Amalia González. 


42 



de Peñarol en ese momento era Jorge Osorio... Y ahí me dice ‘dejate de joder, 
las viejas se reúnen los miércoles a las 5, 5 y media de la tarde en la Parro¬ 
quia Zufriategui’. * Voy a una, dos, tres, cuatro, cinco reuniones, me acuerdo 
que estaba Patricia, ** que venía por SERPAJ...”.*** 

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)**** fue 
la institución encargada de llevar adelante los casos de los desaparecidos 
en Uruguay desde el punto de vista jurídico.***** IELSUR resultó de la se¬ 
paración de un grupo de jóvenes abogados del Colegio de Abogados del 
Uruguay cuando el Directorio de éste no los respaldó en su objetivo de 
defender a los presos políticos y denunciar ante la justicia los casos de 
desaparición forzada. 37 

Los uruguayos desaparecidos en nuestro territorio eran de un prome¬ 
dio de edad más alto que los que habían desaparecido en Argentina. Esto 
tal vez explique que el movimiento tuviera un componente mayor de espo¬ 
sas y hermana/os que de madres. Así se desprende de la entrevista reali¬ 
zada a Amalia, aunque su caso se encontraría entre las excepciones, por 
ser ella madre de un desaparecido. 

Javier Miranda era un liceal cuando se acercó por primera vez al grupo 
y nos deja un registro de la distancia generacional dentro del grupo: “Aquello 
era un viejerío, un cotolengo insoportable, todas eran unas viejas eternas, 
que hablaban como viejas, que tenían actitud de vieja... [yo pensaba:] ‘¡dé¬ 
jense de joder! ¡cómo van a hacer una reunión los miércoles a la 5 de la 
tarde, yo tengo liceo, a quién se le ocurre!’, ‘¡bien de viejas que no tienen 
nada que hacer!’... ¡Y qué me iban a dar bola! Debo haber ido, no sé, dos, 
tres, cuatro, cinco reuniones, seis reuniones, y no fui más... Yo vuelvo a 
Familiares después del Congreso de FEDEFAM del '85 que se hizo en Monte¬ 
video... y ahí ya me quedo”. 

El testimonio del propio Miranda nos permite reconocer a algunos pro¬ 
tagonistas del grupo: "... me acuerdo del ambiente, claro, me acuerdo de 
algunas personas, me acuerdo de Amalia... me acuerdo, de [Disnarda Flo¬ 
res de] Tassino, y sobre todo me acuerdo de un tipo que me impresionó 
muchísimo que es Ortiz, hermano de un desaparecido, un veterano, pelado, 
flor de tipo. Y me impresionó muchísimo el hermano de Miguel Ángel Mato 


* Se trata de la Parroquia del Paso Molino, ubicada en la calle Zufriategui. El cura de 
esa parroquia era Adolfo Amexeiras, cofundador de SERPAJ. 

** Patricia Piera fue miembro fundador de SERPAJ-Uruguay. Participó desde 1982 en 
la organización de los familiares de desaparecidos en Uruguay. Fue la redactara del 
primer dossier de desaparecidos en Uruguay, terminado el 31/12/84. Este fue 
entregado al nuevo Parlamento en febrero de 1985, y al Poder Judicial entre marzo 
y abril de ese año, con el apoyo jurídico de IELSUR. (Testimonio oral de P. Piera 
recogido para este trabajo.) 

*** Entrevista a Javier Miranda. 

**** “Organización no gubernamental, nacida en julio de 1984, con personería jurídica, 
sin ánimo de lucro, constituida con el propósito de defender los Derechos Humanos 
aplicando los instrumentos Jurídicos nacionales e internacionales, y su estudio y 
promoción en forma interdisciplinaria, a los efectos de obtener su plena vigencia. El 
marco ideológico de su trabajo, parte de su concepción ‘jus humanista' del mundo”. 
Tomado de < http://www.agirledroit.org/es/adresses.php > 

***** Testimonios de Amalia González y Elena Zaffaroni. 


43 



Fagiánporque... era un tipo relativamentejoven... ponele que tuviera treinta 
largos, pero para mí era el pibe del grupo, tenía un bigote enorme, y además 
ahí me entero la historia de la desaparición de Miguel Ángel, que había 
desaparecido en el ’82, era absurdo: ¡era ayer! Sé que eso me impresionó 
mucho, muchísimo...". 

Hacia la unificación de 

los movimientos de familiares de desaparecidos 

Fue en el segundo semestre del año 1983 que los familiares de desapa¬ 
recidos en una y otra orilla del Plata comenzaron a coordinar esfuerzos. 
Tampoco en este caso se puede precisar un momento fundacional de esta 
relación, pero de la memoria de algunos entrevistados se pueden despren¬ 
der algunos de los caminos de esa unión. Hortensia Pereira, esposa de un 
desaparecido en Buenos Aires, recuerda cómo se contactó con la esposa 
de un desaparecido en Montevideo, ambos trabajadores de FUNSA: "... yo 
iba al Sindicato de FUNSA y un día está la reunión de Familiares de Desapa¬ 
recidos en Uruguay, y ahí estaba la esposa de un compañero de trabajo mío, 
[Miguel Ángel] Mato Fagián, Irma... la conocí ahí y estuve en una reunión 
con ellos, un día que se reunieron ahí... No, nunca sentí que era un problema 
distinto, a mí no me gustaba estar separada pero claro, tampoco nunca hice 
propuesta de... no sé si la hice o no, no me acuerdo”. 

Luz Ibarburu, militante de Madres de Desaparecidos en Argentina, re¬ 
cuerda así su primer contacto con un familiar de desaparecido en Uru¬ 
guay: “En el '83 María Ester [Gatti] y yo hicimos un viaje a Europa organiza¬ 
do más bien, creo yo, por las comunidades del exterior... Cuando volvimos 
de Europa fuimos a ver a Amalia González. [Agrega María Ester:] Esa fue la 
base de unión”. Había ocurrido que, estando en Europa, aquellas madres 
conocieron a compañeros de militancia del “Chiqui”, quienes le dieron en¬ 
tonces referencias de su madre, Amalia, que también estaba en la búsque¬ 
da de su hijo: “Empezamos en las charlas a ir con los tres grupos, Desapa¬ 
recidos en Argentina, Desaparecidos en Uruguay y Familiares de Presos. Y 
bueno, ahí empezamos a conocernos y ¡qué se yo!, en determinado momen¬ 
to, yo no me acuerdo, tiene que haber habido una decisión evidentemente... 
Pero yo no me acuerdo” [dice Luz, y agrega María Ester:] “Yo me acuerdo de 
la presencia de Amalia, como figura principal”. 

El proceso de integración de quienes venían del exilio con los familiares 
radicados en Uruguay también permanece difuso en la memoria de los 
entrevistados. Luisa Cuesta dice: "... yo no me acuerdo... Me acuerdo que 
un buen día me presenté: ‘Soy fulana de tal’, y desde ese día seguí yendo... 
Sin ningún problema, ningún problema... Pero no, nadie dijo: ‘vamos a hacer 
una organización todos juntos’. Como que éramos todos familiares de des¬ 
aparecidos, perteneciéramos al lugar que hubiéramos pertenecido... llega 
un momento que los familiares son todos tuyos, todos tuyos, no peleás por el 
tuyo, peleás por todos. Te digo que ál principio identificábamos la foto, íba¬ 
mos a levantar la foto. Ahora si es posible alguien te la trae porque la levan¬ 
ta y te dice, tomá. Pero que vos vayas a buscar esa foto no, ya es cualquiera. 
El que esté a mano es el que va...”. 


44 



El encuentro de Luisa Cuesta, militante de AFUDE, y Amalia González, 
militante de Familiares de Desaparecidos en Uruguay, es recordado por 
ambas de manera especial. Ellas no se conocían, pero ambas habían cono¬ 
cido al hijo de la otra, cuando los dos muchachos eran compañeros de 
militancia: "... yo a Amalia la conocí y digo que fue la única que me rompió la 
coraza de no llorar, cuando la conocí en Buenos Aires, cuando el Congreso de 
FEDEFAM en el año ’84. Había ido toda una delegación de acá de Montevideo, 
a Tribunales de Argentina a hacer algún pedido, y Amalia estaba entre la 
gente que había ido, aunque tenía [al hijo] desaparecido acá en Montevideo. 
Amalia estaba ahí y cuando le diferon ‘esa es la madre de [Nebio] Meló que 
viene’, ella bajó a saludarme y ahí ¡pum!, se me acabó el mundo...”. 

Se rompía en la ocasión una regla no escrita: “Las madres... nos había¬ 
mos hecho el firme propósito de no llorar nunca, para evitar dar muestras de 
debilidad, para que los de turno’ no se rieran de nuestra debilidad y de 
nuestro dolor...”.* 

Sin embargo, se puede percibir cierta ambigüedad en cómo se procesó 
la unidad en torno a una única organización de familiares. Por un lado, la 
separación anterior ‘‘no generó ninguna lastimadura”. Pero, asimismo, hay 
quien recuerda que “hubo gente... que se fue... No me olvido más”.** 

Así entiende hoy ese proceso de unidad Amalia, seguramente la militante 
más visible de la continuidad que se dio entre Familiares de Desaparecidos 
en Uruguay y la organización unificada de los familiares: “Vimos que estába¬ 
mos desperdiciando esfuerzos, porque ellos por un lado y nosotros por otro, 
gastando material nosotros, gastando material ellos, entonces nos entrevista¬ 
mos y decidimos que valía la pena trabajarjuntos. La primera reunión fue en 
lalglesiade la Aguada cuando nos unimos los grupos... me acuerdo que algu¬ 
nos no estaban de acuerdo en que nos uniéramos y yo fui la que hice más 
fuerza y Oscar Ortiz un compañero que tiene un hermano desaparecido. Yo 
trabajé para lograr unirnos porque teníamos muchas más posibilidades jun¬ 
tos... no había razones realmente valederas, yo no encontraba ninguna razón 
para no unirse... en cuanto nos unimos se retiraron [los que preferían militar 
políticamente]... en Familiares, en el grupo, no se aceptaba, no estábamos de 
acuerdo que entrara la política partidaria... y eso fue”. 

El DESPERTAR OPOSITOR DE 1983 y 1984 

Los años 1983 y 1984 marcaron el ascenso de la presión opositora 
sobre la dictadura cívico-militar hasta su caída. Derrotado en el plebiscito 
de 1980 el proyecto fundacional de una “Nueva República”,*** triunfantes 
las listas opositoras en las elecciones internas de 1982**** y fracasado el 

* Testimonio de una madre tomado de MFUDD, A todos ellos, p. 25. 

** Entrevista a Luz Ibarburu y María Ester Gatti. 

*** En noviembre de 1980 el 58% de los ciudadanos rechazó la reforma constitucional 
propuesta por el régimen. Véase Caetano y Rilla, Breve Historia de la dictadura. 

****Se realizaron para elegir las autoridades de los partidos que deberían negociar con 
los militares una salida al régimen de facto. Para ello fueron habilitados los partidos 
Nacional, Colorado y Unión Cívica, y cientos de ciudadanos fueron desproscriptos. 
Véase Caetano y Rilla, Breve Historia de la dictadura. 


45 



modelo económico basado en el cronograma cambiarlo conocido como “la 
tablita”,* el régimen se mostró cada vez más aislado. 

Desde 1983, la protesta social se hizo incontenible al influjo de nuevas 
fuerzas sociales que dieron un marco masivo a las acciones antidictatoriales. 
El Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y la Asociación Social y Cul¬ 
tural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) conformaron espa¬ 
cios de amplia participación que se tradujeron en actos multitudinarios de 
oposición a la dictadura.** En las nutridas plataformas reivindicativas del 
PIT y de la ASCEEP -donde se fundían demandas de orden institucional, 
económico-social y educacional-, las relacionadas con los Derechos Hu¬ 
manos adquirieron un lugar relevante. En la sensibilidad de los activistas 
y simpatizantes de estos movimientos, la relación dictadura/violación a 
los DDHH se transformó en un verdadero leitmotiv de la lucha. En las 
pancartas que encabezaban las distintas movilizaciones y en las consig¬ 
nas coreadas en las mismas, la “Amnistía General e Irrestricta”, la “Apari¬ 
ción con vida de los desaparecidos” y el “Juicio y castigo a los culpables”, 
ocuparon un lugar de primer orden. Sin embargo, el tema más visible con 
relación a esta temática sería, durante todo este período, el relacionado 
con la situación de los presos políticos. La información cada vez más elo¬ 
cuente sobre las durísimas condiciones carcelarias, la denuncia de la si¬ 
tuación de muchos presos que sufrían graves enfermedades, e incluso la 
muerte de algunos de ellos durante el período, pusieron en primer plano el 
tema de la amnistía. Así lo recuerdan quienes integraban el SERPAJ en 
aquellos tiempos de denuncia.*** Y, si bien la cuestión de los “desapareci¬ 
dos” comenzaba a hacerse sentir dentro del vasto bloque opositor a la 
dictadura, la situación de los presos resultaba claramente preeminente en 
términos de demandas políticas y sociales, lo que no impidió, sino que por 
el contrario ambientó, una relación creciente de solidaridad mutua entres 
las organizaciones de familiares de unos y otros, todos ellos víctimas del 
mismo terrorismo de Estado. 

En los gremios de base de lo que en 1984 ya eran el PIT-CNT y la ASCEEP- 
FEUU,**** se formaron comisiones de DDHH encargadas de difundir la si-, 
tuación de los presos y los desaparecidos vinculados a los respectivos cen¬ 
tros laborales o de estudio. Así recuerda Luz Ibarburu las denuncias del 
Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA), al que su hijo Juan Pablo 
había pertenecido: “Tenían ese cartel [con la foto de Juan Pablo]. Cubría 
todo el frente de la Facultad -yo tengo la foto- y además el Centro era muy 


* En noviembre de 1982, la autoridad monetaria ya no pudo sostener este cronograma, 
produciéndose una fuerte devaluación del peso que arrastró al país a una aguda 
crisis económico y social. Véase Notaro, J., La batalla que ganó la economía. 

** Deben destacarse el acto del I o de Mayo de 1983, el primero que se realizaba después 
de 10 años, y la Semana del Estudiante de septiembre del mismo año, además de 
incontables actividades realizadas por la Intersocial, organismo que nucleaba también 
a SERPAJ y FUCVAM. 

*** Testimonios de Martha Delgado y Francisco Bustamante, por entonces militantes de 
SERPAJ. 

««♦•Resultado de la unificación de las antiguas agremiaciones, disueltas por el régimen 
en 1973, y las nuevas. 


46 



pro-Derechos Humanos. Tenían un boletín donde muchas veces se habló del 
tema”. 

Las dos organizaciones de familiares de desaparecidos existentes en 
Uruguay participaron activamente en aquellas convocatorias contra la dic¬ 
tadura. En ese contexto, su presencia y sus acciones comenzaron a hacer¬ 
se más visibles, adquiriendo el protagonismo que el régimen les había im¬ 
pedido tener hasta entonces. Es que la convergencia de intereses entre 
aquellas fuerzas sociales y las organizaciones de familiares era notoria. A 
todos ellos los movía el interés común de derribar la dictadura. Para los 
familiares de desaparecidos, en particular, su caída representaba la espe¬ 
ranza de allanar el camino para las investigaciones que permitieran cono¬ 
cer el paradero de sus seres queridos. En 1983, se vivió, además, el de¬ 
rrumbe de la dictadura argentina, con todas las connotaciones que ello 
tenía en la situación de decenas de uruguayos desaparecidos en ese país. 
Delegaciones de familiares uruguayos participaron desde 1982 en diver¬ 
sas movilizaciones realizadas en Buenos Aires.* 

El grupo de Madres de Desaparecidos en Argentina, más antiguo y mejor 
organizado, hizo explícita su “adhesión y concuiTencia al Acto del Día de 
los Trabajadores” de 1983, 38 primera movilización popular de envergadu¬ 
ra. En tanto. Familiares de Desaparecidos en Uruguay concurrió por pri¬ 
mera vez a la calle con su pancarta, el día 27 de noviembre de 1983, en 
ocasión del acto realizado frente al Obelisco de Montevideo. 39 

El contexto general de apertura de espacios para la protesta, impulsó a 
los familiares a promover su causa entre las múltiples demandas que 
emergían y se sintetizaban en la creciente activación de la oposición a la 
dictadura: “Cuando tenemos el río de libertad** todo eso que empieza. Y 
bueno, nosotros vamos aprovechando, vamos saliendo más a la cálle, nos 
animamos a salir a la plaza, a tirar unas palomitas... y entramos a manifes¬ 
tar. Entramos a empujar, a acompañar al movimiento popular...".*** 

Claro que a veces la situación se tornaba difícil: “Mirá, yo estuve en 
cuanta movilización había, y no sé cuántas veces nos corrieron los milicos. 
Una vez quedamos enredadas en las pancartas en medio de la calle y los 
autos paraban protegiéndonos, con toda la milicada a caballo a garrotazos 
con todos nosotros. No dejamos nunca de ir”.**** 

El testimonio de Hortensia permite ver cómo repercutió el nuevo clima 
político en la percepción de muchos uruguayos acerca del tema de la des¬ 
aparición forzada: “Después del I o de Mayo la gente se da un poco cuenta 
que sí, que había demasiada gente desaparecida. En la fábrica quedaban 


* En octubre de 1982 en la “Marcha por la Vida y la Vigencia Integral de los DDHH”; en 
diciembre de 1982 y septiembre de 1983 en sendas “Marchas de la Resistencia”. 
Informe de MFUDD, Nuestra Historia, período 1977-1985, sin fecha, pp. 4 y 9; Informe 
interno (mimeo), “Marcha de la resistencia”, firmado por “una madre uruguaya", sin 
fecha. AMFUDD. 

** Se refiere al acto del 27 de noviembre de 1983 frente al Obelisco. “Un río de libertad” 
era la leyenda que acompañaba a una emblemática foto de la manifestación, tomada 
por José Plá, publicada en el semanario democristiano Aquí. 

*** Entrevista a Oscar Urtasun. 

«••«Entrevista a Amalia González. 


47 



1800 personas; muchos no me habían dado un beso por mucho tiempo, 
porque tenían miedo que los vieran, me decían que yo quemaba,... [luego] 
me abrazaban, todo el mundo me abrazaba...”. 

Al mismo tiempo, los familiares seguían desarrollando una nutrida agen¬ 
da de actividades de denuncia, ahora rodeados por un renovado calor po¬ 
pular. El I o de Mayo de 1984 fue la primera vez que se salió a la calle con 
las fotos de los desaparecidos. Elena Zaffaroni* recuerda la profunda emo¬ 
ción que generó en la multitud trabajadora la columna de los familiares 
portando los carteles con las fotos, muchas de las cuales eran de antiguos 
militantes y dirigentes de la central sindical. Entre el 21 y 27 de mayo de 
1984 se desarrolló la Semana del Detenido Desaparecido, organizada por 
FEDEFAM; participaron la presidenta de esa asociación, Loyola Guzmán, y 
su vicepresidente, Patricio Rice. 40 La actividad se desarrolló con el apoyo 
de las organizaciones sindicales y estudiantiles. 

En aquellos meses los familiares se reunían en el local de Conventuales 
que, como ya vimos, se había constituido en un espacio de acción 
antidictatorial.** Allí guardaban las fotos de sus familiares, las que porta¬ 
ban en las manifestaciones callejeras y, desde 1984, en la parada de los 
viernes al anochecer en la Plaza Libertad. En ese ámbito conocieron el 
apoyo de grupos de jóvenes que se acercaron de manera espontánea, trans¬ 
formándose en pilares de la militancia cotidiana del movimiento de fami¬ 
liares en las diversas tareas de organización y propaganda que aquella 
movilización demandaba. Las madres recuerdan hoy con el mayor afecto a 
aquella “gente joven nuestra”, a la que, sin embargo, reconocen hoy, de¬ 
bieron “rezongar” en alguna oportunidad. Es que las consignas que aque¬ 
llos coreaban en las manifestaciones no eran, desde su punto de vista, las 
más propicias, especialmente las que decían “no hubo errores, no hubo 
excesos, son todos asesinos los milicos del proceso” o “paredón, paredón, 
no habrá olvido ni perdón”.*** 

El 30 de junio de 1984 comenzó la huelga de hambre de Adolfo 
Wasem.**** En apoyo a su medida veintidós personas (incluyendo repre¬ 
sentantes de familiares de desaparecidos) ajamaron por Amnistía General 
Irrestricta y Aparición con vida de los desaparecidos en la Parroquia de los 
Padres Capuchinos. 41 El 30 de agosto. Día Internacional del Desaparecido, 
se realizó una jornada contra la desaparición forzada en América Latina. 
La marcha realizada en esa ocasión tuvo la peculiaridad de ser la primera, 
desde que habían comenzado las movilizaciones callejeras contra el régi¬ 
men, en llegar hasta la Casa de Gobierno, ubicada en la Plaza Indepen- 


* Fue detenida con su marido Luis Eduardo "Chiqui” González el 13 de diciembre de 
1974 y luego remitida a la cárcel de Punta de Rieles. Él continúa desaparecido. 

** Las madres consultadas recuerdan especialmente la presencia en Conventuales del 
Hermano Ángel Galeano y del Padre Pierre Levalois, cura francés que venía de ser 
expulsado de Chile por la dictadura. 

*** Comentarios recabados en una reunión con Luisa, Milka, Hortensia, Amalia, Quica y 
Luz, el 3 de octubre de 2005. 

****Era uno de los nueve líderes tupamaros mantenidos como "rehenes” de la dictadura 
durante 11 años. Wasem, que padecía una enfermedad terminal, realizó una huelga 
de hambre por Amnistía General, en el Hospital Militar. 


48 



dencia. 42 El 26 de septiembre se realizó la Marcha por la Vida, en silencio, 
frente al Hospital Militar, donde se encontraba Adolfo Wasem, en lo que 
probablemente haya sido la manifestación más importante de todo el pe¬ 
ríodo, en lo atinente a los Derechos Humanos, tanto por el número de 
concurrentes como por el clima cargado de emoción y solemnidad, en el 
silencio y la penumbra de la Avenida 8 de Octubre. 

Otro hecho de enorme relevancia sacudió a la opinión pública en esos 
momentos. En julio de 1984, Sara Méndez,* que buscaba a Simón, su hijo 
desaparecido, logró, gracias a las pesquisas de Abuelas de Plaza de Mayo, 
dar con el paradero de otro niño desaparecido: Amaral García.** 43 

Las denuncias en materia de Derechos Humanos se habían transfor¬ 
mado en un capítulo en sí mismo de la lucha contra la dictadura. En 
diciembre de 1983 ya se había concretado la coordinación de las diferen¬ 
tes organizaciones referentes a esta temática bajo el nombre de “Comisión 
por el Reencuentro de la Familia Uruguaya”. Reunía a Familiares de pre¬ 
sos políticos. Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, Familia¬ 
res de Desaparecidos en Uruguay y Familiares de exiliados. Precisamente, 
el 26 de diciembre de 1983 llegaban a Montevideo 150 hijos de exiliados 
que llegaban para conocer su país y visitar a sus familias. 44 

Más allá de las movilizaciones a las que hicimos referencia, la coordina¬ 
ción de organizaciones de familiares desarrolló una vasta serie de charlas 
de información y denuncia. Decenas de sindicatos, gremios, grupos barriales 
y comités políticos recibían a cuatro familiares, uno por cada organiza¬ 
ción. Según recuerda Luz, la primera de este tipo se realizó en el Sindicato 
de FUNSA, poco antes de la Semana del Estudiante de septiembre de 1983. 
Se estima que fueron más de 200 las charlas realizadas. Desde estas tri¬ 
bunas la desaparición forzada fue siendo difundida en el lenguaje llano 
que practicaban la mayoría de los familiares y los asistentes a esas char¬ 
las: ‘Teníamos tanta cantidad de chañas... Increíble porque bueno para mí, 
la primera vez que tuve que dar una charla las rodillas me temblaban del 
susto que tenía. Claro, yo no estaba acostumbrada... [la primera a la que 
fui] Jue en [en el sindicato de] los metalúrgicos. También dábamos charlas 
en las casas de familia, se reunían familias, vecinos y citaban, pedían que 
fueran de familiares’, entonces íbamos, uno por desaparecidos en Argenti¬ 
na, otro por desaparecidos en Uruguay, uno por presos y otro por exiliados, 
así que íbamos cuatro”.*** 

Los testimonios dan cuenta del papel de algunos partidos políticos en 
estas convocatorias: “Del Frente [Amplio] nos llamaban a dar una charla e 


* Militaba en el PVP en Buenos Aires, cuando fue secuestrada por efectivos argentinos 
y uruguayos el 13 de julio de 1976, junto con su hijo Simón de 20 días. Fue trasladada 
a Montevideo, retenida en el centro clandestino de Punta Gorda y finalmente procesada 
por la Justicia Militar uruguaya. Desde su liberación en 1981, se unió a la organización 
de los familiares de desaparecidos en Argentina. Sobre el periplo de Sara véase Amorín, 
Sara y Simón. 

** Tenía 4 años cuando fue secuestrado junto con sus padres, Floreal García y Mirtha 
Hernández, militantes del MLN, el 8 de noviembre de 1974 en Buenos Aires. Ambos 
fueron trasladados a Uruguay y ejecutados en la localidad de Soca. 

*** Entrevista a Amalia González. 


49 



íbamos pero nunca hicimos partidismo político...; los primeros que nos lla¬ 
maron fueron los blancos”.* “...el que nos ayudó muchísimo fue aquel blan¬ 
co López Balestra...; nos apoyó muchísimo, el Cacho, muchísimo. Nos indi¬ 
caba lugares donde ir y qué sé yo. Y tambiénfuimos a parroquias y coopera¬ 
tivas”.** 

La prensa constituyó un medio clave en el proceso de difusión del tema. 
Luego de años de silencio, el creciente clima de apertura política favoreció 
el surgimiento de numerosos semanarios que se hicieron eco de la temáti¬ 
ca de la desaparición forzada. La primera entrevista a un familiar de des¬ 
aparecido era publicada en 1983 por el semanario Aquí El periodista ra¬ 
dial José Germán Araújo es recordado en testimonios de familiares como 
uno de los principales protagonistas de esa difusión: “[Araújo] nos apoyó 
en todo momento. Puso la radio a nuestra disposición, incluso nos dio espa¬ 
cios, lo que para él era un peligro, ¿no?... Claro, él se ofrecía y nosotros lo 
aprovechábamos, con prudencia, pero lo aprovechábamos”.*** “[En 1983] 
vi mucha gente, pero el que me recibió en CX 30, sentado en la punta de un 
escritorio y hablando por teléfono y me conectó con una cantidad de perso¬ 
nas, fue Germán Araújo. De su coraje y de su grandeza jamás me voy a 
olvidar... Los políticos venían a la 30 y yo hablaba con ellos”.**** 

Si bien 1983 había marcado la “hora social” de la protesta contra el 
régimen, en 1984 se manifestó una clara centralidad de los partidos polí¬ 
ticos. En un complejo proceso de acuerdos y disensos, signado por el papel 
protagónico de las tres fuerzas políticas principales y de sus respectivos 
líderes (Julio María Sanguinetti en filas coloradas, el frenteamplista, re¬ 
cién liberado. Líber Seregni y el blanco Wilson Ferreira Aldunate, 
encarcelado tras su desexilio) se definió la trama de la transición a la 
democracia. 

Entre la oscuridad del pasado dictatorial y las esperanzas de un maña¬ 
na democrático muchos temas estaban pendientes de resolución. Los De¬ 
rechos Humanos constituían uno que había ganado la calle. 

Fue en ese contexto que, en septiembre de 1984, se constituyó la 
Concertación Nacional Programática (CONAPRO), organismo coordinador 
en el cual las fuerzas políticas y sociales opositoras intentaron ajustar por 
consenso, en las diversas áreas temáticas, los mecanismos de la transi¬ 
ción. Para ello, se conformaron grupos de trabajo sobre temáticas especí¬ 
ficas. SERPAJ fue una de las fuerzas sociales que participó en la CONAPRO, 
desarrollando un papel fundamental en las áreas relacionadas con los 
Derechos Humanos. Su prédica estuvo dirigida a asegurar la amnistía para 
los presos políticos y a promover el castigo a los responsables de crímenes 
de lesa humanidad. Francisco Bustamante, representante de SERPAJ ante 
la Concertación, recuerda las palabras de Enrique Tarigo, delegado colo¬ 
rado ante este organismo: “tendrán que rezar mucho para que algún mili- 


* Entrevista a Amalia González. 

** Entrevista a Luz Ibarburu. 

*** Entrevista a Luz Ibarburu y María Ester Gatti. 

****Testimonio de Tota Quinteros en Martínez, ‘Tiene la palabra Tota Quinteros”, tomado 
de Olivera y Méndez, ob. cit., p. 144. 


50 



tar vaya a la justicia”. De los cuarenta y siete acuerdos logrados uno fue el 
referido al “Esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos”, 
dentro del grupo de trabajo “Derechos, Libertades y Garantías.* El 26 de 
octubre de 1984 su Mesa Ejecutiva aprobaba la resolución sobre el tema. 45 
Restaba saber qué grado de cumplimiento tendría este compromiso asu¬ 
mido por las fuerzas políticas más representativas de la ciudadanía a par¬ 
tir de la asunción de un gobierno democrático en febrero de 1985. 

Los familiares buscaron frecuentemente el contacto con los dirigentes 
partidarios. En abril de 1983 habían sido recibidos por algunas de las 
autoridades electas en las internas de noviembre de 1982: Humberto 
Ciganda de la Unión Cívica y Juan Pivel Devoto del Partido Nacional. Pero 
no habían tenido la misma suerte con Julio María Sanguinetti del Partido 
Colorado, quien se excusó por urgentes ocupaciones. 46 Estas mismas difi¬ 
cultades se volvieron a plantear en el contexto de la transición según re¬ 
cuerda Milka González: “ Nosotras siempre estuvimos activas en lo que es¬ 
taba sucediendo y tratábamos en cada circunstancia de meter la cuchara 
¿no? meter nuestro tema. Cuando se empezaron a dar las conversaciones 
para restaurar [la democracia], que iban a haber elecciones y todo eso, íba¬ 
mos a hablar con todos los políticos. Yo recuerdo de haber hablado con Tarigo, 
haber ido en una delegación con dos o tres a hablar... Sanguinetti también 
estaba, pero estaba del otro lado del salón, él escuchando, mirándonos, 
pero nunca se acercó... Estuvo en la reunión, era un salón grande y él entró 
y cruzó para el otro lado y se quedó como agarrando papeles pero estaba 
escuchando todo lo que nosotros estábamos conversando de este lado... Y 
Tarigo [decía] que ellos no podían hacer nada, que no tenían intervención, 
que eso había sucedido en la Argentina... [Respecto a los desaparecidos en 
Uruguay] no decían absolutamente nada, se lavaban las manos, no acepta¬ 
ban de que hubiera desaparecidos..., [según ellos] acá no sucedían esas 
cosas, sucedían en la Argentina, acá no sucedía nada de eso. Y yo había ido 
con Amalia que era madre de un desaparecido acá...”. 

La reacción de algunos dirigentes políticos no fue la esperada por los 
familiares. Esa era incluso la percepción respecto al líder de la fuerza polí¬ 
tica en la cual tenían depositadas sus mayores expectativas. Luisa Cuesta 
recuerda: "Seregni habló en un acto en la Plaza Libertad en diciembre de 
1984, nombraba todo lo que se iba a arreglar con la democracia que venía... 
hablaba de que se iba a arreglar esto, lo otro y lo otro, pero a los desapare¬ 
cidos ni los nombró... nosotros gritamos ‘¿y los desaparecidos?’ y él dijo: 
‘eso también se va a areglar’fue todo el comentario que hizo”. Luz Ibarburu, 
en entrevista conjunta con María Ester Gatti, por su parte recuerdan el 
mismo episodio de la siguiente forma: “Una vez en la plaza él hablaba y 
reclamaba por esto y aquello. Entonces la gente de la plaza le empezó a 
gritar ‘¿y los desaparecidos?’. Y él dijo: ‘Sí, y los desaparecidos’. Pero con 
un gesto como diciendo déjense de jorobar”. 

El compromiso frente al tema de los desaparecidos por parte de los 
sectores blancos más claramente opositores parecía contundente al termi- 


* Según recuerda Luz Ibarburu, los familiares participaron en las reuniones por 
invitación de SERPAJ, que los incluyó como asesores. 


51 



nar la dictadura: “Porque Juan Raúl [Ferreira]...,* él era [partidario de] 
‘darles todo' a los familiares de Desaparecidos. Y tanto que un día, en el 
suelo, sentadas sobre la alfombra, él también sentado sobre la alfombra en 
el suelo -no tenía muebles todavía en su oficina-, nos dice: ‘si algún día les 
llego a fallar, me escupen la cara’. Fueron las palabras de él”.** 

Las paradas de los familiares en la Plaza Libertad los viernes al caer la 
tarde fueron en la última etapa de la dictadura un verdadero símbolo de la 
lucha por los Derechos Humanos. Rodeados de un número creciente de 
uruguayos que habían perdido el miedo, los familiares de presos políticos 
y de desaparecidos congregaron multitudes. Los carteles levantando las 
fotos de más de un centenar de uruguayos desaparecidos terminaron por 
develar una parte de los crímenes de la dictadura. Se tejía la esperanza de 
que la democracia recuperada trajera consigo la Verdad, la Justicia y el 
castigo a los culpables. 


* Hijo del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. 

** Entrevista a Luisa Cuesta. 


52 



Capítulo Sesundo 


De la restauración democrática 

AL REFERÉNDUM 

( 1985 - 1989 ) 


Los NUEVOS DESAFÍOS DE LA VIDA DEMOCRÁTICA 
Disoluciones y unificaciones: dos procesos "casi” simultáneos 

Como vimos en el capítulo anterior, en 1984 se había procesado la 
unificación de los dos grupos de familiares de uruguayos desaparecidos 
que hasta entonces funcionaban en Uruguay. Ya en democracia, se con¬ 
cretó una estructura caracterizada por la informalidad y la escasa 
organicidad del grupo. Además, en los primeros meses de 1985, se inte¬ 
graron nuevos miembros, entre ellos quienes, retornando del exilio, ha¬ 
bían pertenecido a AFUDE. Otros eran familiares de desaparecidos, que 
habían vivido fuera del país pero no habían participado de AFUDE. Final¬ 
mente, algunos eran ex prisioneros políticos, que una vez liberados, se 
plegaron a la lucha por los desaparecidos y a la búsqueda de los niños 
secuestrados. Tal era el caso, que se transformaría en paradigmático, de 
Sara Méndez.* Al respecto, Luz Ibarburu dice: “Sara enseguida se incorpo¬ 
ró. Nos ayudó mucho porque ella tenía una militancia política intensa, en¬ 
tonces sabía cómo hacer una cantidad de cosas que nosotros no sabíamos. 
Ella me corregía mucho, yo la dejaba porque le daba la autoridad que gene¬ 
raban sus antecedentes”. 

Fue una de estas ex presas quien habría diseñado y propuesto a fami¬ 
liares la margarita como símbolo del grupo. Resulta llamativo que los inte¬ 
grantes de la asociación no posean registro en su memoria sobre este he¬ 
cho, cuál fue su contexto ni siquiera el nombre de la autora del logo. Tal 
vez esto nos hable del anonimato del accionar del grupo. Sí sabemos con 
certeza que la margarita se impuso como imagen directa de familiares a 
partir de 1989 cuando luego de haber perdido el referéndum por la Ley de 
Caducidad, ésta aparece junto a la frase “Habrá Justicia” en todos los 
documentos emitidos por el grupo. 

* Madre de Simón Gatti Méndez, niño de 20 días secuestrado junto a sus padres en 
Buenos Aires el 13 de julio de 1976. Detenida en “Automotores Orletti”, fue luego 
trasladada clandestinamente a Uruguay, y finalmente recluida en el penal de Punta 
de Rieles. Tras ardua y prolongada búsqueda, Sara pudo ubicar a Simón en el año 
2003, y éste pudo, a sus 27 años, recuperar su verdadera identidad. 


53 



El proceso de unificación del grupo de familiares aparenta ser el resul¬ 
tado de un camino que se recorrió espontáneamente, al punto que no es 
posible ubicar una fecha ni un hecho que la hayan concretado. En cambio, 
la adopción de una estructura sin jerarquías fue una opción deliberada, 
apoyada en la decisión de continuar con la modalidad de funcionamiento 
por plenarios que fue empleada como forma de facilitar la fusión de los dos 
grupos de familiares residentes en Uruguay. Así fue que decidieron consti¬ 
tuirse como “grupo de familiares” y no como una organización jerarquizada. 
La decisión de asumirse como grupo implicó la de actuar y pensar como 
tal: las decisiones eran tomadas en un plenario semanal, donde el consen¬ 
timiento de la mayoría resultaba fundamental. Según Luisa: “Nunca he¬ 
mos votado en familiares. Por eso Javier [Miranda] dice que somos unas 
viejas ácratas. Discutimos todo hasta que no da más. Hasta que salen cua¬ 
tro o cinco que dicen ‘yo estoy de acuerdo’ y gana esa, y ya está”. 

En ese nuevo marco, la reivindicación del caso individual quedó inte¬ 
grada en el reclamo grupal. Se dejó de hablar de “mi” desaparecido y se 
comenzó a hacer referencia a “nuestros” desaparecidos: “Llega un momen¬ 
to en que los familiares son todos tuyos, no peleas por el tuyo, peleas por 
todos. Al principio cada uno identificaba su foto. Ahora si es posible alguien 
te la trae... pero que vos vayas a buscar la foto, no; tomás cualquiera...”.* 
AFUDE quedó disuelta por la vía de los hechos con el “desexilio” progre¬ 
sivo de la mayoría de sus integrantes. Antes y después de la unificación, y 
ya de retorno en Uruguay, algunos de sus integrantes se acercaron a los 
grupos de familiares residentes, pero tuvieron dificultades para adaptarse 
a la estructura inorgánica de funcionamiento de éstos. Por otra parte, aun 
en esa horizontalidad sin jerarquías, se habían gestado liderazgos que ló¬ 
gicamente no coincidían con los que habían emergido en el exilio. Según 
Javier Miranda, en conversación mantenida el 26 de septiembre de 2005, 
los pilares fundamentales del grupo eran Violeta Malugani y Luz Ibarburu. 
La primera, por su capacidad de organizar actividades, de movilizar gente; 
la segunda, por hacerse cargo de las tareas administrativas y por su capa¬ 
cidad para conciliar las diferencias entre los integrantes. Como en todo 
grupo, cada uno de los miembros ocupa un lugar. En este aspecto algunos 
miembros del grupo de familiares residentes en Uruguay tuvieron reticen¬ 
cias para incorporar integrantes que pudieran liderar o intentasen contra¬ 
ponerse a los lídees o estructuras de trabajo ya establecidas. Esto fue par¬ 
ticularmente así en el caso de Tota Quinteros. Amalia González recuerda 
que: “ Tota fue a dos reuniones de los desaparecidos en Uruguay... Des¬ 
pués trató de unirse con la gente de Argentina, pero ésta reconocía a Luz 
como el baluarte que había llevado adelante a la organización. Y hasta el 
día de hoy la reconocemos [se refiere a Luz] como una de las luchadoras 
más grandes por los desaparecidos”. Luisa Cuesta coincide en que Tota no 
llegó a integrarse plenamente al grupo: “A Tota recuerdo haberla visto una 
o dos veces en la Iglesia de la Aguada. Después cuando fuimos a lanzar el 
referéndum también estaba. Pero en las reuniones, no...”. Con el tiempo. 


* Entrevista a Luisa Cuesta. 


54 



los vínculos de Tota Quinteros con el grupo de Madres y Familiares se 
fueron diluyendo paulatinamente hasta que finalmente ya no mantenían 
relación con ella. 

Restaurada la democracia, la recientemente unificada organización de 
los familiares de desaparecidos tuvo que enfrentar la pérdida de convoca¬ 
toria que significó la disolución de otros dos grupos (los familiares de pre¬ 
sos y de exiliados) que vieron contemplados sus reclamos en los primeros 
meses de 1985. Durante los dos años anteriores los familiares de desapa¬ 
recidos habían realizado con ellos la mayor parte de las acciones públicas. 
La liberación de los últimos presos políticos al aprobarse la Ley de Pacifi¬ 
cación Nacional en marzo de 1985, y el retorno de los exiliados a Uruguay, 
llevaron a la disolución de los grupos de Familiares de Procesados por la 
Justicia Militar y de Familiares de Exiliados. Como dice Amalia: “A medida 
que los presos políticos fueron liberados los familiares de éstos se abrieron 
totalmente, nos dejaron muy solos; nos hacía falta gente para trabajar”. 

A partir de aquí, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos debía promover su causa en solitario. Intenta¬ 
ron contrarrestar la situación organizando actividades propias 
específicamente vinculadas a la problemática de los desaparecidos, la que 
aún no contaba con una masiva visibilidad en el ámbito popular. Entre 
estas actividades se incluyeron la campaña de recolección de firmas “¡Nunca 
más un desaparecido!” (junio-julio de 1985); la conmemoración del Día 
Mundial contra la Desaparición Forzosa (30 de agosto de 1985); el VI Con¬ 
greso de FEDEFAM (17-24 de noviembre de 1985) realizado en Montevideo 
bajo la consigna “Por una América Latina sin desaparecidos: juicio y casti¬ 
go a todos los culpables”. 

Si bien el grupo no pudo recuperar, o tan siquiera mantener la convo¬ 
catoria que había perdido cuando se produjo la disolución de los grupos 
de Familiares de Exiliados y de Procesados por la Justicia Militar, de todas 
formas logró instalar en la sociedad el tema de las violaciones de los Dere¬ 
chos Humanos durante la dictadura, y en particular el de las desaparicio¬ 
nes, discutiéndose esta problemática en la esfera política y en el ámbito 
social. En este sentido las paradas de los días viernes al final de la tarde en 
la Plaza Libertad de Montevideo, inauguradas al final de la dictadura, con¬ 
tinuaron en democracia y se transformaron en una permanente presencia 
recordatoria de su situación. 

Derechos humanos y restauración democrática 

El reinicio de la vida democrática en Uruguay alimentó la esperanza del 
grupo de familiares de conocer la verdad a través de la justicia; identificar 
a los responsables, averiguar el paradero de los desaparecidos y encontrar 
a los niños que habían sido separados de sus verdaderas familias, y a los 
que durante años se les había ocultado su verdadera identidad.* En esta 

* Amaral García, Simón Riquelo, Beatriz, Andrea y Washington Hernández Hobbas, 

Mariana Zaffaroni, María Victoria Moyano, Carla Rutilo y los hijos de Carmen Sanz, 

Yolanda Casco y Blanca Altanan. Ya habían sido recuperados: Marcela Hernández 

Rodríguez (1976), Anatole y Victoria Julien (1979) y Paula Eva Logares (1984). 


55 



ansiosa búsqueda para encontrar a los niños secuestrados, María Ester 
Gatti llegó a entrevistarse con Gavazzo, en el domicilio del represor. Ambos 
entablaron un diálogo que raya con lo surrealista, y que la abuela de Mariana 
Zaffaroni relata así: “Antes [de la aprobación] de la ley de caducidad fui a 
ver a Gavazzo a su casa. Me metí con un cobrador de domicilio. Entonces iba 
con mi marido; yo le dije: ‘tú no subís, porque una cosa es una madre y una 
cosa es un padre’. Había conseguido la dirección por intermedio de una 
compañera de María Emilia* de Magisterio que la madre era maestra; una 
hermana de esta señora estaba casada con Gavazzo. Allí me recibió. ...Yo 
le dije: ‘acá en Montevideo todo el mundo sabe que usted intervino en la 
desaparición de uruguayos en Argentina’. Él me respondió: ¡No! Mire si yo 
me voy a meter con una niña chiquita, ¡sería lo último! Le respondí: ‘Bueno, 
usted está en la boca de todo el mundo que habla del asunto, así que me 
limito a decirle que si usted sabe algo, sobre todo de la nena, me lo diga’. 
Gavazzo dijo: ‘No señora, yo no sé nada’. Entonces me voy y me extiende la 
mano: yo no se la di. Me acompañó hasta el ascensor y me golpeó la espalda 
diciéndome: ‘Venga cuando quiera, hábleme por teléfono cuando quiera... ’. 
Yo me fui llorando...”. 

Esperaban obtener respuestas concretas frente a estas demandas de 
parte de las nuevas autoridades. Los anuncios pre-electorales del Partido 
Colorado habían ido en esa dirección. Pero ya instalado el gobierno, el 
Presidente Sanguinetti, que había desarrollado la campaña que le llevó al 
triunfo electoral con el lema “el cambio en paz”, comenzó a plantear la idea 
de que para efectivizar esa paz, era necesario “dar vuelta la página y mirar 
hacia adelante”. El gobierno entendía que, para consolidar la incipiente 
democracia, era necesario evitar cualquier “revisionismo” del período dic¬ 
tatorial: “... hay gente que piensa que resolver las cuentas pendientes del 
pasado es una buena política para el presente. Yo creo, por el contrario, que 
lo mejor que puede ocurrir con el pasado, es dejárselo a los historiadores, y 
tratar de edificar el futuro ... ”. 47 

Dentro de esta lógica, los reclamos por el conocimiento de la verdad y el 
juicio a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos du¬ 
rante la dictadura eran vistas como incompatibles con el “cambio en paz”, 
pues si el gobierno se hacía cargo de ellos desencadenaría un enfrenta¬ 
miento con las Fuerzas Armadas que, se afirmaba, provocaría a su vez 
una desestabilización institucional. En el libro La transición en Uruguay, 
de Diego Achard, en una entrevista realizada algunos años después, ante 
la pregunta: “¿Usted era consciente en 1985 que... estaba pendiente el tema 
de los derechos humanos?”, Sanguinetti respondía: “Claro, lo sabíamos... 
pensábamos... cómo podría procesarse. Y luego se va polarizando. Había 
un sector que había sufrido mucho, además de gran potencial emocional, va 
creando situaciones que no son favorables...”. 

El grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desapareci¬ 
dos, como también otros organismos vinculados a la causa de los Dere¬ 
chos Humanos, no compartía el rumbo que iba tomando la política guber- 


Se refiere a María Emilia Islas Gatti, su hija desaparecida, madre de Mariana Zaffaroni, 
su nieta, por entonces también desaparecida. 


56 



namental hacia la cuestión de los desaparecidos, y más en general, de las 
violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Se argumenta¬ 
ba que Sanguinetti no estaba respetando las promesas realizadas durante 
su campaña electoral. Se repudiaban las soluciones políticas al tema de 
los derechos humanos, y reclamaban “verdad y justicia”. Verdad, para co¬ 
nocer el destino de los desaparecidos e identificar a los responsables. Jus¬ 
ticia, para impartir los castigos correspondientes, por medio de la acción 
del Poder Judicial. 

Denuncias en el ámbito nacional 

En los primeros tiempos de democracia el Parlamento buscaba 
reposicionarse como representante de la soberanía nacional. Estas inten¬ 
ciones se vislumbraron cuando el 23 de abril de 1985 se creó en el ámbito 
parlamentario (Cámara de Representantes) la “Comisión Investigadora so¬ 
bre la situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron”.* 
Estaba compuesta por dos subcomisiones: una debía analizar las denun¬ 
cias presentadas sobre ciento sesenta y cuatro uruguayos desaparecidos 
entre 1973 y 1978 (ciento dieciocho hombres, treinta y ocho mujeres, y 
ocho niños), en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay; la otra debía encar¬ 
garse específicamente de los asesinatos de los parlamentarios Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en Buenos Aires, el 20 de 
mayo de 1976. 

Las subcomisiones avanzaban muy lentamente: a dos meses de insta¬ 
ladas, la Cámara no les había votado las facultades especiales requeridas 
para realizar las investigaciones que se les habían encomendado. Esto 
significaba, básicamente, poder citar por sí misma a testigos o protagonis¬ 
tas de los hechos investigados, y realizar otros procedimientos para la ob¬ 
tención de información. Frente a esta situación. Madres y Familiares orga¬ 
nizó, durante los meses de junio y julio de 1985, la campaña de recolec¬ 
ción de firmas “¡Nunca más un desaparecido!”. A través de ella exigían que 
se votaran en el ámbito parlamentario las facultades especiales necesarias 
para ingresar, por ejemplo, en el Batallón de Infantería Blindado N° 13 
(donde se sospechaba habrían sido enterrados buena parte de los desapa¬ 
recidos en Uruguay), y para que se realizara una investigación profunda 
de cada caso denunciado. 

El 4 de noviembre del mismo año, al concluir su labor, la Comisión 
Investigadora parlamentaria presentó un informe en el que declara en su 
Introducción, que: "... de ninguna forma, la Comisión encuentra atenuan¬ 
tes para la modalidad empleada durante los procesos militares de Argenti¬ 
na y Uruguay, respecto de las desapariciones. Ellas tuvieron un trasfondo 
de crueldad superior a la misma instancia de la muerte. La técnica de la 
desaparición, su entorno y sus consecuencias, conforman en efecto el perfil 
del crimen de lesa humanidad...”. 48 

Se reconocía así la desaparición de niños y adultos en un Informe par- 

* Integrada por: Mario Cantón, Víctor Cortazzo, Francisco Forteza, Hugo Granucci, 

Oscar López Balestra, Nelson Lorenzo Rovira, Edén Meló Santa Marina, Elias Porras 

Larralde, Víctor Vaillant, Alfredo Zaffaroni y Edison Zunini. 


57 



lamentarlo; también aparecían evidencias de las vinculaciones entre las 
desapariciones de uruguayos en ambas orillas del Río de la Plata; de la 
presencia de militares uruguayos en detenciones de ciudadanos urugua¬ 
yos en Argentina que culminaron en desapariciones; se responsabilizaba 
de violación de Derechos Humanos a sesenta y un integrantes de las Fuer¬ 
zas Conjuntas Uruguayas y tres militares extranjeros. 

En Madres y Familiares la labor de esta comisión se evaluó como un 
avance con sabor a derrota: por no haber avanzado más allá de los 

testimonios que le fueron ofrecidos. Además no se le votaron facultades; 
siendo representantes de la soberanía nacional, no pudo penetrar en el te¬ 
rritorio nacional, como es el tristemente Batallón N° 13... no citó a ninguna 
de las personas acusadas por decenas de testigos e implicados por la mis¬ 
ma Comisión ”. 49 El grupo consideró que la Comisión Investigadora no ha¬ 
bía investigado, que solo se había dedicado a recopilar las declaraciones 
de los familiares de desaparecidos y de los testigos de los hechos,* limitán¬ 
dose luego a remitirlos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. 

Por su parte, en el transcurso de 1985, Madres y Familiares presentó 
denuncias sobre desapariciones, torturas y muerte de civiles en Uruguay y 
Argentina ante el Poder Judicial. A partir de ellas, la Justicia inició los 
trámites legales pertinentes y citó a declarar al teniente coronel (R) José 
“Niño” Gavazzo y al Mayor Manuel Cordero. Ante la negativa de éstos a 
concurrir al Juzgado al que eran citados, el Juez de la causa libró las 
correspondientes órdenes de detención fechadas el 5 de septiembre de 
1985. Sin embargo, no se concretaron las detenciones que debía efectuar 
la Policía. La Justicia Militar interpuso una contienda de competencia ante 
la Suprema Corte de Justicia con relación a los delitos cometidos por fun¬ 
cionarios militares durante el período dictatorial. Surgió de este modo una 
“crisis de competencia” entre la Justicia Civil y la Justicia Militar. 

Gavazzo manifestaba, en declaraciones al semanario Búsqueda divul¬ 
gadas una semana después de la citación judicial: “Los actos de servicio de 
un militar o un policía militarizado solo pueden ser juzgados por un Juez 
Militar... No estoy dispuesto a concurrir ante ningún Juez Civil para que se 
me juzgue por operaciones militares”. 50 Meses después, el Ministro de De¬ 
fensa Nacional Juan Vicente Chiarino, justificaba la situación señalando: 
“... las Fuerzas Armadas se sienten acosadas y en el banquillo de los acu¬ 
sados... hay que evitar las radicalizaciones y hacer un gran esfuerzo para 
la comprensión cabal del problema de pacificación”. 51 

La contienda fue resuelta el 24 de noviembre de 1986, cuando la Su¬ 
prema Corte de Justicia no hizo lugar al reclamo de la Justicia Militar y 
decidió que el Poder Judicial debía actuar en las denuncias presentadas. 
Las citaciones continuaron. Esto implicaba que si los militares no concu¬ 
rrían a declarar, entonces se configuraba una situación de desacato que el 
Ministerio del Interior, a través de la Policía, debía resolver conduciendo a 
los citados mediante el uso de la fuerza pública. 


* Concurrieron a declarar setenta y cinco familiares de desaparecidos y tres testigos 
directos de detenciones. 


58 



La Caducidad: un “arreglo” político al desacato militar 

Ante esta situación, en el transcurso de 1986, se presentaron en el 
Parlamento diversos proyectos que buscaban solucionar la crisis de com¬ 
petencia entre la Justicia Penal y la Justicia Militar. 

El proyecto presentado en diciembre de 1985 por los legisladores Hugo 
Batalla (Frente Amplio) y Alberto Zurriarán (Partido Nacional), establecía 
que los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 27 de junio de 1973 
y el 28 de febrero de 1985 debían ser juzgados por la Justicia Penal, ade¬ 
más quedaba relevado de guardar secreto todo aquel que conociera o po¬ 
seyera información referida a violaciones de los derechos humanos dentro 
de los límites temporales establecidos en la ley. Solo el Presidente y el 
Vicepresidente de la República estaban excluidos de comparecer ante el 
magistrado penal. Este proyecto fue rechazado por las organizaciones de 
Derechos Humanos y por el propio Frente Amplio, por lo que el proyecto 
naufragó antes de ser considerado. Según Javier Miranda, en conversa¬ 
ción mantenida el 26 de septiembre de 2005, haberse opuesto a este pro¬ 
yecto fue una “burrada” de Madres y Familiares: mirado desde el presente, 
este proyecto fue mejor que los que luego fueron presentados en el Parla¬ 
mento, que tenían la clara intención de amnistiar a los militares y no de 
someterlos a la justicia. 

En conocimiento de la resolución que la Suprema Corte de Justicia 
estaba próxima a tomar con relación a la contienda de competencias plan¬ 
teada por la Justicia Militar, el Poder Ejecutivo elevó al Legislativo con 
fecha 2 de septiembre de 1986 el proyecto titulado como “Ley de Pacifica¬ 
ción Nacional”, que establecía la amnistía a policías y militares por lo deli¬ 
tos cometidos durante la dictadura. El Proyecto fue rechazado en el Sena¬ 
do por blancos y frenteamplistas. 

Veinte días después, ingresó al Parlamento el proyecto nacionalista “En 
Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos”. Wilson Ferreira 
Aldunate opinó sobre el proyecto del siguiente modo: "... es una magnífica 
solución sobre el problema ya que [...] concilla las dos cosas que los urugua¬ 
yos están deseando y que son el satisfacer su afán de justicia y el salir 
rápidamente de un problema que está dañando la vida del país". 52 Aunque 
comprendía aquellos delitos cometidos entre el I o de marzo de 1967 y el 
I o de marzo de 1985, limitaba los casos a ser juzgados a aquellos que 
hubieran sido denunciados ante la Justicia Civil antes del 22 de septiem¬ 
bre (fecha de presentación del proyecto). Este fue rechazado -por distintas 
razones-, por el Partido Colorado y el Frente Amplio. El primero considera¬ 
ba que no resolvía el problema planteado por las citaciones judiciales a 
militares retirados y en actividad. El segundo, argumentaba que el proyec¬ 
to no contemplaba muchas de las violaciones a los Derechos Humanos 
cometidos durante la dictadura; además no compartían los plazos estable¬ 
cidos en el proyecto para denunciar los casos. 

Madres y Familiares, rechazó sucesivamente los proyectos presentados 
a lo largo del año 1986. En verdad, objetaban genéricamente la pretensión 
de resolver por la vía legislativa el problema planteado por las citaciones 
de militares y policías ante la Justicia. A medida que en el transcurso de 
ese año se fue consolidando la convicción de que el gobierno pretendía 


59 



aprobar una amnistía a policías y militares que consagrara la impunidad 
para los violadores a los derechos humanos, el grupo de familiares promo¬ 
vió, con el apoyo de organizaciones sociales e instituciones de derechos 
humanos, iniciativas y movilizaciones tendientes a denunciar y rebatir tal 
pretensión. En abril se desarrolló una Asamblea Nacional por Verdad y 
Justicia. En agosto se llevó adelante el “Ayuno contra la Impunidad” en 
cuya proclama se decía: “El pueblo uruguayo se ha pronunciado una y otra 
vez, inequívocamente a favor de la justicia, del afianzamiento de una real 
democracia, del nunca más dictadura y autoritarismo. Sin embargo, luego 
de un año y media de gobierno de derecho, los que torturaron, asesinaron, e 
hicieron desaparecer decenas de personas, amparadas en el poder del Es¬ 
tado y actuando en forma orgánica, gozaron de total impunidad, ocupan 
cargos significativos y hasta han recibido ascensos”. 53 

El 2 de diciembre, Madres y Familiares llevó adelante una jornada de 
recordación de los desaparecidos. Una semana después, frente a las reite¬ 
radas negativas del Presidente de la República a atender sus solicitudes de 
entrevista, se difundió una carta abierta al primer mandatario donde ha¬ 
cían público aquello que habían pretendido comunicarle inútilmente en 
privado: esta ha sido su permanente actitud: negar su responsabilidad 

para actuar en consecuencia; apostar al olvido y por ese camino terminar 
negándose a usted mismo. Sí señor presidente, a sus propias promesas pre 
y post electorales de propugnar la justicia... Usted no despreciaba oportuni¬ 
dad para insistir en que todo estaba en orden y que ‘olvidando’ obtendría¬ 
mos la paz y la sólida democracia anhelada”. 54 

El 10 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, marcharon hacia la Plaza Independencia junto a las Madres de 
Plaza de Mayo, bajo el lema “Por Verdad y Justicia". 

Todas estas campañas de movilización buscaban por un lado sensibili¬ 
zar a la ciudadanía y por otro presionar sobre el sistema político intentan¬ 
do frenar la posible aprobación de una ley de amnistía para los perpetradores 
de violaciones a los derechos humanos. Esta no condecía con los anuncios 
pre-electorales de los partidos que dominaban la arena parlamentaria, ni 
respetaba los acuerdos alcanzados en la Concertación Nacional 
Programática (CONAPRO), ni cumplía con los principios consagrados en 
tratados internacionales que el país había suscrito (la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes). Pero todos los 
esfuerzos resultaron vanos para bloquear ese objetivo. 

La configuración de un desacato militar adquirió carácter institucional 
cuando se anunció que el viernes 19 el Comandante en Jefe del Ejército 
retenía en su despacho las citaciones judiciales que convocaban a oficiales 
en actividad para el lunes siguiente, sin darles curso a los destinatarios. 
La inminencia de tal desacato movilizó al gobierno en la búsqueda de una 
solución a contratiempo. José “Niño” Gavazzo, implicado en decenas de 
denuncias, había sido citado para comparecer ante la Justicia el día 22 de 
diciembre. El 18 del mismo mes se había levantado el receso parlamenta¬ 
rio para discutir el proyecto presentado por el gobierno bajo un título bas¬ 
tante explícito y suficientemente representativo de su contenido: “Preclusión 
de la Pretensión Punitiva del Estado y clausura de Procedimientos contra 


60 



Funcionarios Policiales y Militares”. Dos días después, se presentó otro 
proyecto, denominado “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, 
firmado por nueve legisladores del Partido Nacional representativos de los 
sectores mayoritarios y minoritarios de ese partido.* Inmediatamente el 
Partido Colorado dio su apoyo al proyecto presentado por los blancos, des¬ 
entendiéndose del suyo propio. 

Con este proyecto de Ley se introdujo un nuevo concepto, el de “cadu¬ 
cidad”, que implicaba que el Estado reconocía los delitos cometidos por las 
Fuerzas Conjuntas pero se autoinhibía para castigar a los responsables. 
Los legisladores blancos y colorados que apoyaban la iniciativa preten¬ 
dían, de esta forma, evitar un desacato que enfrentara al Presidente de la 
República con las Fuerzas Armadas, a las que se suponía que comandaba. 
De hecho, se avizoraba un nuevo golpe de Estado “técnico”. 

La discusión parlamentaria transitó por distintos planos. Por momentos, 
fue un pase de cuentas del Partido Nacional al Partido Colorado y, especial¬ 
mente, al Frente Amplio, por haber participado en el Pacto del Club Naval 
aun cuando el Partido Nacional se había retirado de las negociaciones con 
los militares. En el plano sustantivo, el debate se centró en las implicancias 
institucionales de un inminente desacato militar ante los poderes del Esta¬ 
do democrático recientemente restablecido; o en el significado de la amnis¬ 
tía en la tradición política nacional y su pertinencia o no para la consolida¬ 
ción democrática, con relación a las violaciones a los Derechos Humanas 
perpetradas por militares y policías durante la dictadura. 

En el debate parlamentario se evidenciaron dos líneas de razonamien¬ 
to. Por un lado, los opositores al proyecto {el Frente Amplio, la Unión Cívi¬ 
ca, el Movimiento Nacional de Rocha, la Corriente Popular Nacionalista del 
Partido Nacional, y el Movimiento de Reafirmación Batllista del Partido 
Colorado) argumentaron, en primer lugar, que se debía respetar el docu¬ 
mento acordado por todos los partidos en la CONAPRO, en el que se excluía 
explícitamente a los integrantes de las Fuerzas Conjuntas de los beneficios 
de la amnistía proyectada para los presos políticos. En segundo lugar, 
señalaron que en los acuerdos del Club Naval, solo se había negociado la 
transición a la democracia, sin establecer ninguna clase de compromisos 
sobre el tema de los delitos cometidos durante la dictadura.** En tercer 
lugar, se argumentó la necesidad del conocimiento de la verdad de las 
violaciones a los Derechos Humanos, en particular sobre el paradero de 
los ciudadanos detenidos por las fuerzas represivas, que permanecían en 
condición de desaparecidos.*** 

* Los legisladores que participaron de la redacción y firmaron el proyecto fueron: Gonzalo 
Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Luis Alberto Lacalle, Guillermo García Costa, Carminlllo 
Mederos, Dardo Ortiz, Uruguay Tourné, Francisco Mario Ubillos y Alberto Zumarán. 

** “En el Pacto del Club Naval no se acordó en absoluto la impunidad, sino el tránsito de 
la dictadura a la democracia, y éste implicaba necesariamente que todos fueran 
juzgados”. Hugo Batalla (Frente Amplio). Cámara de Senadores, Diario de Sesiones 
de la Cámara de Senadores, (DSCS) T. 304, 20 y 21 de diciembre de 1986, p. 22. 

*** “Venimos aquí a cumplir con un compromiso, inclusive con un pacto... que hemos 
establecido con nuestro pueblo: luchar y seguir luchando por la verdad y la justicia, 
por la Constitución y las leyes, por la Democracia y la Paz. ... tenemos un total de 165 
ciudadanos desaparecidos... Es necesario saber qué ocurrió: tenemos que 
investigarlo...”. José Germán Araujo (Frente Amplio), DSCS, T. 304, pp. 88-89. 


61 



Por su parte, los defensores del proyecto (el Partido Colorado, el Movi¬ 
miento por la Patria y el Herrerismo del Partido Nacional) argumentaron, 
en primer lugar, que la mejor solución al tema de las violaciones a los 
Derechos Humanos era la vía legislativa.* Dentro de esta línea 
argumentativa se explicó, en segundo lugar, que el país estaba sufriendo 
una crisis institucional, por la negativa de los militares a concurrir a de¬ 
clarar, y con esta ley se evitaría un enfrentamiento del Poder Ejecutivo con 
las Fuerzas Armadas.** Por último se señaló que la amnistía para los mi¬ 
litares y policías que hubieren cometido delitos durante el período dictato¬ 
rial era una consecuencia lógica de los acuerdos del Club Naval, aunque 
no se hubiera acordado explícitamente. 

Dentro del recinto parlamentario el debate fue tenso. Afuera, en los 
alrededores del Palacio de las Leyes, el día en que la ley fue aprobada (el 22 
de diciembre de 1986), se desató la represión. Allí se encontraban, junto a 
miles de militantes de organizaciones sociales y políticas que se oponían a 
la impunidad, los integrantes de Madres y Familiares, portando sus 
emblemáticas fotos: “... el día de la votación de la Ley, en el Palacio Legisla¬ 
tivo... estábamos todos con expectativas, estábamos todos los familiares y 
los milicos nos apalearon, ...y nosotros protegíamos las fotos que eran... 
algo preciado para nosotros, porque no todos los días podíamos hacer 
fotos”.*** 

Con la aprobación de la ley, la mayoría parlamentaria que se alineó en 
la defensa de la tesis de la “caducidad” (22 votos contra 9 en la Cámara de 
Senadores, 59 contra 37 en la de Representantes), pretendió haber encon¬ 
trado una solución política al tema de las violaciones a los derechos huma¬ 
nos y, en particular, al inminente desacato militar y el consiguiente riesgo 
de desestabilización de la frágil democracia restaurada. Se estableció que, 
como consecuencia de la lógica del acuerdo realizado en agosto de 1984 
entre el Partido Colorado, el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas, había 
“caducado la pretensión punitiva del Estado”, respecto de los delitos co¬ 
metidos por militares y policías durante el período dictatorial. Quedaban 
de este modo clausuradas las potestades de la Justicia Civil para juzgar y 
procesar a militares y policías responsables de las violaciones a los dere¬ 
chos humanos. Únicamente se podría investigar el destino de los deteni¬ 
dos desaparecidos y averiguar el paradero de los niños secuestrados, y 
solo podría hacerlo el Poder Ejecutivo. De acuerdo al artículo 3 o de la Ley, 
el Poder Ejecutivo debía informar al Juez interviniente, en un plazo de 30 


* “Ambas colectividades tradicionales históricas -Partido Colorado y Partido Nacional- 
entendieron que ¡a vía propicia era la legislativa, primera cosa que tenemos que seguir 
rescatando". Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional). Cámara de Senadores, Diario de 
Sesiones de la Cámara de Senadores, (DSCS), T. 304, 20 y 21 de diciembre de 1986, 
p. 85. 

** “Nos movemos dentro de un área en la que hay una serie de factores encontrados que 
a todos nos preocupa y donde tenemos que balancear, por un lado, el deseo de justicia 
y, por otro la afirmación de las instituciones”. Eduardo Paz Aguirre (Partido Colorado). 
Camarade Senadores: Diario de Sesiones, T. 304, 20 y 21 de diciembre de 1986, p. 7. 

*** Entrevista a Hortensia Pereira. 


62 



días, si el caso denunciado estaba comprendido por la caducidad.* Si lo 
estuviera, se clausurarían las investigaciones judiciales. Según el artículo 
4 o , en los casos excluidos por la ley, el Juez remitiría al Poder Ejecutivo los 
testimonios de las denuncias presentadas, siendo este el encargado de 
llevar adelante las investigaciones y notificar los resultados a los denun¬ 
ciantes.** 

Para el gobierno, la impunidad que por esta vía se concedió a los viola¬ 
dores de los derechos humanos, era un complemento lógico de la amnistía 
concedida a los presos políticos de la dictadura en marzo de 1985. Ambas 
situaciones eran equiparables. En su libro El temor y la impaciencia. Ensa¬ 
yo sobre la transición democrática en América Latina, el presidente 
Sanguinetti afirma: “... durante la reapertura democrática, ríos de tinta en 
los periódicos y de pintura en las paredes reclamaban una ‘Amnistía Gene¬ 
ral e Irrestricta ya’; obtenida que Juera para los guerrilleros y otros presos 
políticos, se comenzó a negar la posibilidad de que abarcara a militares y 
policías. Obviamente, esta es una visión inequitativa. No pueden perdonar¬ 
se los excesos de unos y los de otros no. Si todo apunta hacia la búsqueda 
de una reconciliación nacional, ¿cómo puede ellajiindarse sobre bases tan 
discriminadoras?”. 

Para Madres y Familiares, los parlamentarios habían traicionado la 
voluntad popular, cediendo frente a la presión militar. En esa dirección, 
Madres y Familiares declaraba al día siguiente de la aprobación de la ley: 
“Las mayorías parlamentarias, contrariando el mandato unánime de la ciu¬ 
dadanía que las eligió -porque nadie en este país proclamó en su platafor¬ 
ma la impunidad, sino que todos se comprometieron a garantizar la libre 
actuación del Poder Judicial- se arrodillaron ante el poder militar... Pretex¬ 
tando una amenaza de un golpe de Estado se cometió el error de someter la 
democracia a la tutela de los mismos que hasta hace muy poco se dedicaron 
a deshacerla”. 55 


* "...el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requeriría al Poder Ejecutivo 

que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días, de recibida la comunicación, si 
el hecho investigado lo considera comprendido o no en el articulo 1° de la presente Ley. 
Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de 
los antecedentes. Sí, en cambio, informa de que no se halla comprendido, dispondrá 
continuar la indagatoria Desde la fecha de la promulgación de esta ley hasta que el 
Juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo, quedan suspendidas todas las 
diligencias pre-sumariales en los procedimientos mencionados en el inciso primero de 
este artículo”. Art. 3 de la Ley 15.848. Cámara de Senadores, Diario de Sesiones de la 
Cámara de Senadores, T. 304, 20 y 21 de diciembre de 1986. 

** "... el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias 
presentadas hasta lafecha de promulgación de la presente ley, referentes a actuaciones 
relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y 
desaparecidas, así como a menores presuntamente secuestrados en similares 
condiciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas 
al esclarecimiento de estos hechos. El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo de ciento 
veinte días a contar de la promulgación de la ley, dará cuenta a los denunciantes del 
resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información 
recabada”. Art. 4 de la Ley 15.848. Cámara de Senadores, Diario de Sesiones de la 
Cámara de Senadores, T. 304, 20 y 21 de diciembre de 1986. 


63 



LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPERTAR DE LA CIUDADANÍA 

Desde fines de 1986 hasta abril de 1989 la vida de Madres y Familiares 
giró en torno a la aprobación de la Ley de Caducidad y al Referéndum por 
el voto verde. Resulta sumamente dificultoso mantener la mirada puesta 
en la historia del grupo, pues por momento esta se desdibuja, tal vez supe¬ 
rados por los hechos antes mencionados. 

Al día siguiente de la aprobación de la Ley de Caducidad, Madres y 
Familiares lanzó la iniciativa de convocar a un referéndum con el objeto de 
derogar la ley que se acababa de aprobar: “ Asistimos con dolor a la aproba¬ 
ción de una ley de impunidad. Este acto de traición no nos aparta del cami¬ 
no hacia la verdad y la justicia, que es el único camino que conduce a la paz. 
Al pueblo oriental le queda la opción de defender -con voz propia- su digni¬ 
dad y su futuro. Este camino es trabajoso, como fueron todo lo que hemos 
transitado durante doce años de dictadura y los dos en democracia, pero lo 
recorremos todos juntos, con la misma esperanza y la misma convicción de 
que, finalmente, los principios y la dignidad triunfan. El futuro lo exige. Si no 
hacemos hoy este esfuerzo para reconquistar los derechos y las garantías 
constitucionales, mañana veremos repetidos el horror y la ignorancia. Una 
vez más, ante la traición y la cobardía ‘Nada debemos esperar sino de noso¬ 
tros mismos’. Por todo eso lo invitamos a incorporarse a la organización de 
un referéndum nacional”. 56 

Se trataba de poner en práctica uno de los recursos establecidos en la 
Constitución de la República para el ejercicio de la democracia directa: de 
acuerdo al inciso 2 o del artículo 79, el 25% de los habilitados para votar 
podían interponer un recurso de referéndum para anular total o parcial¬ 
mente una ley; en este caso debían reunirse 554.873 firmas. Sería la pri¬ 
mera vez que se emplearía este recurso desde su incorporación al texto 
constitucional en la reforma de 1967. 

La campaña Pro-Referéndum 

En la discusión por la forma de instrumentar la interposición del re¬ 
curso, se plantearon diversas posturas en la interna del grupo de familia¬ 
res. Los problemas a resolver giraban en torno a la cuestión de cuál era su 
capacidad real de convocatoria, conducción y organización o si sería más 
conveniente crear un movimiento más amplio para que encabezara la cam¬ 
paña de recolección de firmas. Si este fuera el caso, era necesario definir 
cuál debía ser el rol de Madres y Familiares en ese movimiento. Una vez 
resuelto lo anterior, se discutió sobre las posibles personas que debían 
ocupar la presidencia de la comisión a crearse. 

Finalmente, muchas de estas decisiones se resolvieron por la dinámica 
de los hechos. Aunque la iniciativa de formar una comisión que encabeza¬ 
ra el movimiento de recolección de firmas surgió de familiares, pronto es¬ 
capó al control de la asociación: “La iniciativa deformar una comisión sur¬ 
gió de los familiares, pero asesorada por otra gente y entonces nos metieron 
la Comisión Nacional Pro-Referéndum”.* 

* Entrevista a Oscar Urtasun. 


64 



Una vez que se concretó la formación de la Comisión Nacional, la discu¬ 
sión se centró en el papel que debían jugar los grupos políticos en la Comi¬ 
sión Nacional Pro-Referéndum (CNPR). Para algunos era necesaria la inter¬ 
vención de los partidos, dado que el grupo de Madres y Familiares, por sí 
solo, no podría dirigir un movimiento de la envergadura del que se preten¬ 
día llevar adelante: “Cuando se llama a la formación de la Comisión Nacio¬ 
nal Pro-Referéndum, en Familiares [se plantea] la discusión [entre los que 
opinan que] Familiares puede convocar a un Referéndum... y la otra posi¬ 
ción es [que] si no entran las estructuras partidarias, si no entran los apara¬ 
tos, ...no hay posibilidad de conducir un movimiento como el Referéndum”.* 

Seria lógico pensar que aquellos sectores o partidos políticos que vota¬ 
ron contra la Ley de Caducidad apoyarían la campaña para derogarla, 
pero en algunos no fue así: “Cuando nosotros comenzamos con la campaña 
para anular la Ley de Caducidad fuimos a visitar a todos los grupos políti¬ 
cos. El Frente Amplio, Baraibar nos cerró la puerta veinte veces... Durante el 
voto verde nunca logramos entrevistarnos con Seregni. Sobre todo los blan¬ 
cos fueron los que nos dieron más apoyo. El hijo de Gutiérrez Ruiz, el mismo 
Volonté. Incluso recibíamos mensajes de ellos sin ir nosotros a verlos. Tam¬ 
bién nos recibieron López Bálestra y Posada”.** “El Movimiento Nacional de 
Rocha trabajó mucho. Matilde trabajaba mucho en ese tiempo. ”*** 

La posición de Ferreira Aldunate aparecía como más compleja: “Wilson 
era todo un personaje, me acuerdo que le fuimos a pedir apoyo por el voto 
verde, hasta ese momento nos había estado apoyando, pero vimos que esta¬ 
ba oscilando,... que no nos iba a apoyar”.**** 

La definición de las personas que desempeñarían la Presidencia de la 
Comisión resultó igualmente delicada. Como ya expresamos. Familiares 
no tenía entonces (ni tendrá después) una organización con estructura 
jerárquica: no posee Presidencia ni ninguna organización similar, ni tam¬ 
poco una Comisión Directiva, por lo que el funcionamiento en sesiones 
plenarias semanales con régimen de debate libre era la norma. De allí que 
la designación de quiénes ocuparían la presidencia de la CNPR, provocó 
desasosiego en Familiares entre quienes consideraban que ninguno de los 
miembros de la comisión debía estar por sobre los otros: “... no queríamos 
que nadie ascendiera más de lo que debía ascender. Todas teníamos el mis¬ 
mo derecho, y estábamos todas en la misma lucha. Entonces todas éramos 
iguales surgieron discrepancias en el grupo con la presidencia de la compa¬ 
ñera...”.***** 

Finalmente, el 12 de enero de 1987 se comunicó a la Corte Electoral la 
formación de la CNPR. Esta quedó presidida por María Ester Gatti (abuela 
de la niña desaparecida Mariana Zaffaroni), Matilde Rodríguez y Elisa 
Dellepiane. (Viudas de Héctor Gutiérrez Ruiz y de Zelmar Michelini respec- 


* Entrevista a Javier Miranda. 

** Entrevista a Luisa Cuesta. 

*** Entrevista a Luz Ibarburu. 

**** Entrevista a Amalia González. 

***** Entrevista a Milka González. 


65 



tivamente. )* Se integró además con personalidades de la cultura nacional 
(Mario Benedetti, China Zorrilla, Eduardo Galeano, Alberto Candeau, en¬ 
tre otros), junto a miembros de organizaciones de derechos humanos, or¬ 
ganizaciones civiles y religiosas. Todos participaban a título personal, no 
en representación de la institución a la que pertenecían. Además se con¬ 
formaron comisiones de coordinación y ejecución de tareas (Organización, 
Interior, Exterior, Prensa, Finanzas, Propaganda). 

En los días siguientes, un comunicado de prensa de Madres y Familia¬ 
res daba cuenta de su conformidad con la constitución del la CNPR en los 
siguientes términos: “Se han visto contemplados... nuestros deseos... de 
que ésta debía ser una iniciativa de carácter nacional, signada por el espíri¬ 
tu de mayor amplitud, del mayor pluralismo... La Comisión Nacional, recoge 
años de luchas y anhelos, años de lágrimas y esperanzas. Llamamos a todo 
el pueblo oriental que comprende que ninguna ley puede imponer que nues¬ 
tros familiares jamás existieron, que no se resigna a dejar de buscar... a 
nuestros niños secuestrados, que no admite que la dignidad nacional sea 
avasallada, a sumarse a los esfuerzos de la Comisión y poner su firma por 
el derecho de todos a expresarnos. Por el derecho de todos a la VERDAD YA 
LA JUSTICIA”. 57 

Sin embargo, esta conformidad no era total. Existieron mutuas diferen¬ 
cias y recelos de diversa índole entre Familiares y la CNPR; los primeros 
tiempos fueron particularmente tensos. Algunos integrantes del grupo de 
familiares sentían que la CNPR desconocía el trabajo realizado hasta en¬ 
tonces, o se veían directamente avasallados o no reconocidos: “Comenza¬ 
mos formando comisiones en el grupo de familiares. Pero después se consti¬ 
tuyó la Comisión General y no quisieron esas comisiones. Ahí hubo un po¬ 
quito de politiquería. Por ejemplo nosotros propusimos a Perico [Luis Pérez 
Aguirre] para relaciones exteriores, con todos sus vínculos, con todos sus 
galones. Y una persona a quien aprecio, comunista, quería poner a una co¬ 
munista... había presiones políticas para cambiar”.** “Las comisiones 
barriales de derechos humanos fue lo primero que aplastó la Comisión Na¬ 
cional Pro-Referéndum. ”*** “Quedamos muy por debajo de la Comisión Na¬ 
cional Pro-Referéndum, cuando fuimos los iniciadores de todo el movimien¬ 
to... Nosotros trabajamos y muchísimo.”**** 

Luego de la realización del referéndum. Familiares evaluaría que: "... se 
trató de un tributo que necesariamente debimos pagar para incorporar a 
grupos que, de no haber participado, habrían hecho fracasar la campaña”. 58 

Uno de los aspectos que generó mayores desencuentros fue la sustitu¬ 
ción de la consigna “Por Verdad y Justicia”, que Familiares promovía, por 
el lema “Para que el Pueblo Decida” que finalmente adoptó la CNPR: “Se 
argumentó para ello que con esta consigna podíamos llegar [también] a quie- 


* Recuérdese que aunque en la exposición de motivos de la Ley de Caducidad se hacía 
mención a la exclusión de los casos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini así 
como a los de los menores desaparecidos, el texto de la ley propiamente dicho no 
excluyó ninguna causa en particular. 

** Entrevista a Luz Ibarburu. 

*** Entrevista a Oscar Urtasun. 

****Entrevista a Milka González. 


66 



nes apoyaban la ley, proponiéndoles simplemente la justicia de la consulta 
popular y, que una vez obtenidas las firmas, se haría una campaña hacia el 
plebiscito con el contenido justiciero que imponía la anulación de la ley”. 53 

Finalmente, con las consignas ‘Todos iguales ante la Ley” y “Yo firmo 
para que el pueblo decida”, fue lanzada la campaña de recolección de fir¬ 
mas para convocar un recurso de referéndum revocatorio de los artículos 
I o a 4 o de la Ley 15.848, el 22 de febrero de 1987, en un acto realizado en 
la Plaza Independencia de la ciudad de Montevideo. 

Fue sumamente importante el apoyo de comisiones barriales y organi¬ 
zaciones sociales que emprendieron la tarea de recorrer el país recolectan¬ 
do firmas. Existieron alrededor de 300 comisiones barriales en Montevideo 
y al menos una por capital departamental. Oscar Urtasun preserva el si¬ 
guiente recuerdo sobre las jornadas de recolección de firmas: “En una con¬ 
ferencia de prensa [en Chile] un periodista preguntó: ¿Cómo es una jornada 
de recolección de firmas? Y yo le respondí: Nos levantamos los domingos a 
tal hora, cuando todos aún están durmiendo y vamos a los comités de base. 
Luego salimos por las casas a juntar firmas. Algunos nos atienden bien y 
otros nos atienden mal. Si sacamos una buena cantidad de firmas volvemos 
contentos, si conseguimos pocas, volvemos con una bronca de novela”. 

Tras diez meses de recorrer el territorio nacional, de golpear puerta por 
puerta, con el concurso de miles de militantes que se sumaron a la causa, 
el 17 de diciembre de 1987 se culminó la primera fase en la lucha contra la 
ley que había instaurado la impunidad: ese día fueron entregadas a la 
Corte Electoral, las 634.702 adhesiones al recurso de referéndum obteni¬ 
das desde el inicio de la campaña en febrero: “Nos encontramos entonces 
frente a la enorme tarea que teníamos por delante, con una profunda y sere¬ 
na confianza en los hombres y las mujeres de este país en su voluntad firme 
de corregir injusticias”. 60 

Pero, lo que se esperaba sería un procedimiento breve, duró un año: el 
control, validación y conteo de las firmas se prolongó a lo largo de todo 
1988. La Corte Electoral, controlada por representantes blancos y colora¬ 
dos partidarios del mantenimiento de la ley, cometieron notorias irregula¬ 
ridades en el procedimiento. Así fue que se anularon con evidente exceso, 
miles de firmas alegando la presencia de tachaduras, anotaciones o varia¬ 
ciones de las firmas de las papeletas presentadas por la CNPR, con respec¬ 
to a los registros electorales. Esto quedó evidenciado por la anulación de 
las firmas de personas públicas, notoriamente identificadas con la campa¬ 
ña, quienes además de sorprenderse por la noticia de que su firma había 
sido anulada, manifestaron claramente que habían firmado para convocar 
el referéndum.* En el extremo del ridículo, la Corte Electoral observó las 
firmas de los máximos líderes de los dos principales grupos políticos que 
promocionaban la campaña: el líder del Movimiento Nacional de Rocha del 
Partido Nacional, Carlos Julio Pereyra, y el Presidente del Frente Amplio, 
Líber Seregni. En referencia a este insólito hecho, un comunicado de Ma¬ 
dres y Familiares señalaba: “La Comisión Nacional Pro-Referéndum y el 


* Entre otros, los músicos Héctor “Canario” Luna, José “Pepe” Guerra, Rubén “Negro” 
Rada, y el futbolista Fernando Morena. 


67 



Grupo de Madres de Detenidos Desaparecidos, consideramos que estas fir¬ 
mas valen tanto como la de cualquier ciudadano; pero esta situación corro¬ 
bora el fraude que denunciamos y en consecuencia no podemos legitimar 
nuestra participación en la estafa ál pronunciamiento popular”. 61 

Culminado el largo proceso de control y verificación, en diciembre de 
1988 la Corte Electoral dejó en suspenso 36.800 de las firmas presentadas 
por la CNPR, que debían ser ratificadas por los firmantes en un plazo de 
tan solo tres días. Este desafío dio lugar a una intensa campaña para la 
identificación y traslado de los ciudadanos cuyas firmas habían sido ob¬ 
servadas por la Corte. Finalmente el 19 de diciembre, a un año y dos días 
de la presentación de las papeletas conteniendo las firmas, la Corte anun¬ 
ció que se había llegado el porcentaje del padrón electoral establecido por 
ley para convocar el referéndum revocatorio de los artículos I o al 4 o de la 
Ley de Caducidad. La segunda fase de la lucha para derogar la ley había 
concluido. Comenzaba la tercera y última, que culminaría con el plebiscito 
convocado para el día 16 de abril de 1989. 

Verde o amarillo: ¿memoria u olvido? 

Terminado el proceso de control, conteo y ratificación de firmas, y al¬ 
canzado el 25% del padrón electoral, de acuerdo a las previsiones consti¬ 
tucionales la Corte Electoral llamó a la realización del plebiscito corres¬ 
pondiente al recurso interpuesto para el día domingo 16 de abril de 1989. 
Para evitar confusiones respecto al uso de los términos “SI” y “NO”, se 
establecieron dos papeletas de colores diferentes para expresar e identifi¬ 
car la voluntad del votante con respecto a los artículos de la ley que eran 
impugnados: “verde” para pronunciarse a favor de su derogación, “amari¬ 
llo” para hacerlo a favor de su mantenimiento. 

El debate que se produjo entre febrero y abril de 1989, en el marco de la 
campaña plebiscitaria, a favor o en contra de la derogación parcial de la 
ley, involucró temas que transcendían largamente al hecho plebiscitado 
en sí: el tipo de democracia deseada y las bases sobre las que debía asen¬ 
tarse, el universo ético de la democracia restaurada y las instituciones que 
debían darle forma.* 

El discurso de los defensores del voto amarillo (el Partido Colorado y la 
mayoría del Partido Nacional, acompañados por los voceros de los centros 
sociales vinculados a las Fuerzas Armadas) se centró principalmente en 
las responsabilidades políticas derivadas de la apuesta a la consolidación 
y fortalecimiento de la democracia recientemente restaurada. Ello reque¬ 
ría, se dijo, terminar con el enfrentamiento, pacificando al país a través de 
la reconciliación y la tolerancia. Para lograrlo era imprescindible olvidar el 
pasado y apostar definitivamente a la construcción del futuro. Desde esos 
fundamentos, la Ley de Caducidad era equiparada a la Ley de Pacificación 
Nacional que en marzo de 1985 había concedido la amnistía y permitido la 


* Sobre este aspecto véase Roger Rodríguez, “El referéndum-marco de debate", en Tribunal 
Permanente de los Pueblos, sesión Uruguay, Montevideo, 1990, pp. 97 a 105. 


68 



liberación de los presos políticos. En este sentido el Presidente de la Repú¬ 
blica, Julio María Sanguinetti declaraba: “Firmar a favor del referéndum 
para derogar la ley es una firma por el rencor y la revancha...”. 62 

Al mismo tiempo, los defensores de la ley, aunque proclamaban la ne¬ 
cesidad de defender la democracia y sus instituciones, aceptaban la posi¬ 
bilidad real de que se produjese un golpe de Estado si los militares no eran 
amnistiados. Lejos de tomar medidas para detener a los presuntos conspi¬ 
radores y conducirlos ante el Poder Judicial, se reiteraban los argumentos 
que circulaban cuando se aprobó la Ley de Caducidad: se insistía en la 
necesidad de legalizar el desacato (que se reconocía inminente) en caso de 
derogarse la ley. En definitiva, la ley debía confirmarse para consolidar la 
democracia y evitar un quiebre institucional, preservando de esa forma la 
institucionalidad reconstituida en 1985. 

Por su parte, los defensores del voto verde (Comisión Nacional Pro-Re¬ 
feréndum, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, 
SERPAJ, PIT-CNT, FEUU, Corriente Popular Nacionalista, Movimiento Na¬ 
cional de Rocha del Partido Nacional, Víctor Vaillant del Partido Colorado, 
y el Frente Amplio) apelaron a principios generales como la justicia y a la 
verdad (“la Paz anida en la Justicia”), reclamando el esclarecimiento de la 
situación de los desaparecidos, y, en general, el juicio a los violadores de 
los Derechos Humanos durante la dictadura. El mantenimiento de la ley 
haría imposible la consagración de estos principios: “... dicha ley nos ha 
robado las posibilidades de establecer la verdadera reconciliación que tanto 
anhelamos todos. No puede haber reconciliación ni perdón si se mantiene en 
la oscuridad a los delincuentes y sus delitos". 63 

También argumentaban que "... la mal llamada ‘justicia militar’ forma 
parte del aparato político de las FFAA imbuidas en la Doctrina de Seguridad 
Nacional. Carece totalmente de imparcialidad. La Constitución es clara en 
facultar exclusivamente a la justicia penal ordinaria para entender en los 
casos de violación a los derechos de los ciudadanos". 64 

Por último se señalaba que la impunidad que consagraba esta ley cons¬ 
piraría contra el anhelo de evitar la reiteración de las situaciones vividas 
durante la dictadura: si los violadores de los derechos humanos no eran 
castigados y continuaban impunes, no se desincentivaría la perpetración 
de tales actos en el futuro, porque se perdería la oportunidad de evitar su 
repetición. 

Al margen de los argumentos de cada uno de los bandos en pugna, las 
campañas publicitarias de los defensores y los opositores de la Caduci¬ 
dad-Impunidad fueron notoriamente desiguales, tanto por la desequilibra¬ 
da disponibilidad de recursos económicos como por las reticencias inter¬ 
puestas por los medios de comunicación con respecto a la propaganda de 
la CNPR en su fase final, en correspondencia con las presiones desplegadas 
por el gobierno de la época. 

Con respecto a lo primero, Madres y Familiares realizaba tiempo des¬ 
pués, una sencilla comparación entre el tiempo ocupado por los spots 
televisivos a favor de una y otra posición que a su juicio no dejan dudas 
acerca del desequilibrio señalado: en marzo de 1989, el voto amarillo ha¬ 
bía ocupado 3 horas y 5 segundos, mientras que el voto verde lo había 


69 



hecho durante 48 minutos y 21 segundos; en los diez primeros días de 
abril de 1989, el voto amarillo había insumido 5 horas, 8 minutos y 43 
segundos, mientras que el voto verde lo había hecho por 1 hora, 32 minu¬ 
tos y 42 segundos. 65 

Sobre lo segundo, en la fase final de la campaña, los canales de televi¬ 
sión aceptaron la presión del gobierno negándose a emitir un breve video 
en el que Sara Méndez reclamaba por su hijo desaparecido, Simón, e in¬ 
tentaba sensibilizar a la ciudadanía para que el 16 de abril de 1989 se 
pronunciase por la anulación de la Ley. El spot consistía en una toma de 
Sara Méndez, dirigiéndose a la cámara mientras decía un texto muy breve: 
“Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días 
fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar: la Ley de 
Caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con 
vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo7’ 66 

La CNPR intentó compensar el notorio desequilibrio que se producía en 
la campaña por el desigual acceso a la televisión, reforzando la publicidad 
por otros medios, intensificando la movilización de los recursos de militancia 
que se nucleaban en la estructura territorial que se había creado en res¬ 
paldo de su acción, así como en los aparatos partidarios y sociales que 
confluían en la campaña por la derogación de la Caducidad. La campaña 
publicitaria fue complementada intensamente con la propaganda callejera 
y el trabajo “puerta a puerta”. A través de comisiones barriales se organi¬ 
zaron marchas, festivales y manifestaciones, se colocaron afiches y 
pasacalles, se pintaron muros. En el último tramo de la campaña, la frase 
“Yo voto por la alegría” intentó trasmitir un máximo grado de amplitud y 
moderación en manifiesta oposición a la oscuridad del período dictatorial 
y el ocultamiento de la verdad, y también para desactivar los argumentos 
del bando contrario con relación a la repetición del enfrentamiento a que 
retrotraería la derogación. 

El resultado y sus impactos 

El 16 de abril de 1989 concurrió a sufragar el 85% de los habilitados. De 
ellos, el 42% (821.260 votos) lo hizo por “DEJAR SIN EFECTO los artículos I o 
al 4 o de la Ley 15.848” (papeleta verde), mientras que un 55% (1.073.345) lo 
hizo por “CONFIRMAR” esos artículos (papeleta amarilla). Así fue que, a tra¬ 
vés de las urnas, el pueblo decidió que los integrantes de las Fuerzas Con¬ 
juntas acusados de torturar, matar y desaparecer ciudadanos uruguayos 
durante la dictadura no se sometieran a la Justicia. 

Este adverso resultado provocó un tremendo impacto sobre las organi¬ 
zaciones de derechos humanos, en particular en el caso de Madres y Fami¬ 
liares que veían desaprobado su reclamo y con ello quedaban alejadas, 
cuando no clausuradas, las posibilidades de poner fin a la situación de los 
detenidos desaparecidos. Intentando interpretar el pronunciamiento po¬ 
pular favorable a la impunidad, algunos de sus integrantes coinciden en 
señalar que el miedo habría sido uno de los factores fundamentales para 
la derrota del voto verde: “El miedo de la gente en general, pero no sé si fue 


70 



el miedo a lo que podría pasar, porque no a todos les pasó lo que nos pasó a 
nosotros, sino el miedo al malestar”.* 

En cualquier caso, el plebiscito de abril de 1989 marcó un antes y un 
después en la historia de Familiares. Aunque un número importante de 
ciudadanos se había identificado con la causa de la Verdad y la Justicia, la 
mayoría había optado, por las razones que fuera, por el olvido y la impuni¬ 
dad. La derrota desorientó y hasta quebró al grupo de Madres y Familia¬ 
res. Muchos sintieron que una vez ratificada la Ley de Caducidad, poco o 
nada restaba por hacer y por luchar. Otros, sin coincidir en este senti¬ 
miento, perdieron el ímpetu militante y abrieron un compás de espera en 
sus propias vidas con relación a este tema: “Yo personalmente tiré la toalla. 
Por un tiempo [meses] no fui a Familiares, simplemente no tenía fuerzas” .** 
En los primeros años de la década del noventa. Familiares vivirá una pro¬ 
funda crisis de participación y muchos de sus integrantes se retiraron, 
algunos definitivamente. Se discutió seriamente la idea de disolver defini¬ 
tivamente el grupo; y en este momento crítico hubo un pequeño grupo de 
madres que continuaron reuniéndose con la esperanza de que el cumpli¬ 
miento del artículo 4 o de la ley les permitiese conocer al menos una parte 
de la verdad. El desánimo era general; la asociación pasó de ser el centro 
de una dinámica reivindicativa a una situación cercana al olvido social: 
“Más que nada recibíamos visitas de estudiantes que querían saber qué 
había pasado. Que les diéramos los materiales que teníamos nosotros”.*** 
Un año después del triunfo del voto amarillo para mantener la Ley de 
Caducidad, Madres y Familiares explicaba su derrota del siguiente modo: 
“... pensamos que los resultados adversos no invalidan la decisión tomada, 
pues la campaña nos deja enseñanzas invalorables que ciertamente incidi¬ 
rán en el futuro. Pensamos que faltó repudio al militarismo y ello por discre¬ 
pancias de enfoque en el seno de la Comisión fundamentalmente”. 67 

En ese contexto político y social, el tema de los Derechos Humanos 
desapareció de la agenda política y de la opinión pública. Comenzaría a 
reinstalarse recién siete años después, en el transcurso de los años 1996 y 
1997. Mientras tanto. Familiares afrontó su propio proceso de crisis y re¬ 
composición. De esto trata el siguiente capítulo. 


* Entrevista a Hortensia Pereira. 

** Entrevista a Luz Ibarburu. 

*** Entrevista a Luisa Cuesta. 


71 



Capítulo Tercero 


De LA DERROTA 

a la Comisión para la Paz 

( 1990 - 2003 ) 


SlLENCIAMIENTO Y OLVIDO (1990-1995) 

El triunfo de la papeleta amarilla, generó un aplacamiento general de la 
lucha relacionada con las violaciones a los DDHH por parte de los agentes 
de la dictadura. El tema de la desaparición forzada dejó de ocupar el lugar 
central que había ocupado desde 1985 en la agenda político-social. La 
posibilidad de la justicia había caducado. 

En Madres y Familiares, una vez asimilada la derrota se reencausaría 
la lucha, reformulando las consignas desde aquella que había pautado el 
eje de su accionar durante los primeros años de la apertura democrática 
(“verdad, justicia y nunca más”), hacia otra que incorporaba las nuevas 
coordenadas legales (“verdad, memoria y nunca más”). El destinatario de 
los reclamos había cambiado: los Poderes Judicial y Legislativo no tenían 
nada que hacer; ahora todo el accionar debía apuntar hacia el Poder Eje¬ 
cutivo, en cuyas manos habían quedado depositadas las reducidas posibi¬ 
lidades de avanzar en la causa de los desaparecidos. El escenario de la 
lucha también se modificó: reducidos dramáticamente los espacios inte¬ 
riores, la denuncia internacional adquirió una relevancia similar a la que 
había tenido durante la dictadura, en los tiempos de gestación de las orga¬ 
nizaciones que confluyeron en Familiares. 

Pero primero debió remontarse el impacto del golpe inicial que significó 
el resultado del referéndum. En el entorno de desilusión provocado por 
esa derrota. Familiares sufrió una deserción muy importante, al punto 
que durante un tiempo largo el grupo quedó reducido a apenas cuatro 
miembros. En la primera mitad de los noventa las acciones se concentra¬ 
ron en el exterior, realizando denuncias ante organismos internacionales, 
participando en seminarios y congresos. 

Por su parte, los gobiernos de los años noventa, a través de una política 
de omisión y silencio, violaron sistemáticamente la aplicación del artículo 
4 de la Ley de Caducidad. Este había establecido que los jueces actuantes 
debían remitir al Poder Ejecutivo las denuncias y testimonios presentados 
hasta la fecha de promulgación de la ley, para que aquel realizara las in¬ 
vestigaciones relativas a las desapariciones. 

Obviamente, en el nuevo contexto planteado por el resultado del refe¬ 
réndum, pretender el enjuiciamiento y penalización de los actos perpetra- 


72 



dos por militares responsables de delitos de lesa humanidad no tenía sen¬ 
tido. Pero sí pasó a tenerlo el hecho de exigir al Poder Ejecutivo el cumpli¬ 
miento de la responsabilidad de realizar las investigaciones sobre el para¬ 
dero de los desaparecidos que habían sido denunciadas ante la Justicia, 
cuyos poderes en la materia habían sido caducados por decisión de la 
cúpula política tradicional primero y por voluntad popular luego. 

En la segunda mitad de los ochenta, los reclamos de Madres y Familia¬ 
res se habían resumido en cinco preguntas: ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 
¿por qué?, ¿quiénes? Ratificada la Ley de Caducidad, las cinco preguntas 
se mantuvieron aunque otro era el poder del Estado que debía buscar las 
respuestas y ya no se podría juzgar ni castigar a los responsables de las 
desapariciones. Sin embargo, la primera acción de Familiares tras la de¬ 
rrota insistió, con la obstinada persistencia que ha recorrido toda la histo¬ 
ria del grupo, en aquel reclamo: “Salimos a pintar todas las calles con nues- 
trajlor*... y un ¡Habrá Justicia!, como forma de decir ‘no nos derrotaron'”.** 

¿Vale la pena continuar? 

Ante la derrota, el grupo sufrió una inmediata crisis de participación. 
La desilusión y el sentimiento de frustración llevaron a que la mayoría de 
sus integrantes dejase de concurrir a las habituales reuniones de los días 
lunes, que se venían realizando en el subsuelo del local del Servicio Paz y 
Justicia, ubicado en la calle Joaquín Requena y Colonia, en Montevideo. 
Recuerda Amalia González que: “... mucha gente... quedó con el alma por el 
piso, se retiró y quedamos muy pocas. A veces nos reíamos; decíamos que 
parecíamos los tres mosqueteros, porque al final éramos Luisa, Milka, Hor¬ 
tensia y yo (...)”. 

Al mismo tiempo, en ese reducido y persistente grupo, la frustración y 
la crisis, ambientaron una discusión crucial, y radical: ¿debía Familiares 
seguir? o definitivamente, ¿debía disolverse? Algunos de sus integrantes 
sostuvieron que no valía la pena continuar, que, en todo caso, se podían 
realizar actividades entre los familiares, pero que no tenía sentido persistir 
en la acción colectiva orientada hacia la denuncia y el reclamo. Otros, en 
cambio, sostuvieron que la lucha debía continuar, que el grupo debía se¬ 
guir funcionando y que, a pesar de la vigencia de la Ley de Caducidad, 
existían otras actividades y aportes que podían hacerse por la causa de los 
desaparecidos. Esta última fue la postura que finalmente predominó y de 
la cual contamos con testimonios. Aunque ninguno de los protagonistas 
que logramos entrevistar para esta investigación logró recordar cómo fue 
tomada la decisión,*** es altamente probable que, en un contexto de dis¬ 
persión, ésta se haya producido por la vía de los hechos: simplemente, 

* Se refiere al símbolo utilizado como logotipo del grupo desde su unificación: una 
margarita negra a la que le falta uno de sus pétalos, luciendo por debajo, en letra 
minúscula, el nombre “Madres y Familiares de Detenidos” y, más abajo, en letra 
mayúscula, “DESAPARECIDOS”. 

** Entrevista a Javier Miranda. 

*** Lamentablemente, nuestros intentos para recabar el testimonio de Sara Méndez 
-que otros señalaron como una protagonista relevante de la discusión referida- no 
pudieron concretarse en una entrevista. 


73 



quienes no creían que tuviera sentido continuar abandonaron el grupo y 
quienes pensaban que Familiares debía mantenerse y actuar continuaron 
asistiendo a las reuniones de los días lunes. 

Luisa Cuesta se encontraba entre quienes se siguieron reuniendo en el 
sótano de la calle Requena, defendiendo la posición de que Familiares de¬ 
bía mantenerse a pesar de la derrota: “Lo importante era seguir en la lucha 
...nopodíamos bajar los brazos, de eso estábamos convencidas las que se¬ 
guimos, que no debíamos dejar, que la lucha tenía que seguir por más que 
nos dijeran que estábamos muertos... La pregunta mía era ¿qué hacemos 
con el tema?, ¿cómo luchamos por los desaparecidos si cerramos la puer¬ 
ta?... nosotros éramos quienes representábamos la lucha por los desapare¬ 
cidos y éramos los únicos que íbamos a seguir esa lucha... Y bueno, muchas 
compañeras quedamos. Y seguimos yendo, ahí, al sótano”. 

Por su parte Hortensia Pereira recuerda que Luisa fue quien llevó la voz 
cantante ante los planteos de disolver el grupo: “ Luisa fue la primera que 
saltó como un resorte, que salió y dijo que no, que ¡qué esperanza!... Yo dije 
que estaba completamente de acuerdo con ella, la apoye enseguida y des¬ 
pués hubieron otras voces... que apoyaron y otras que guardaron silencio”. 

Según Javier Miranda quienes integraban el “núcleo duro” que mantu¬ 
vo la continuidad de la agrupación en aquellos momentos de desánimo y 
dispersión “eran Luisa, Müka y, Amalia, básicamente esas tres. Estaba como 
secretaria María del Huerto Vingali que yo creo que fue muy buena para 
Familiares... era la persona que hacía las funciones de secretaría adminis¬ 
trativa. .., tenía un sueldo que eran vintenes, pero era quien mantenía abier¬ 
ta la puerta y además era un factor de aglutinamiento, porque eran donde 
las viejas iban a tomar un mate, cuando digo las viejas me incluyo”. 

El papel de FEDEFAM 

El grupo siguió funcionando, pero la incógnita persistía: ¿cómo seguir?, 
¿qué hacer? Tanto de las entrevistas realizadas como de los documentos 
encontrados en el archivo de Familiares surge que, en los hechos, aunque 
esto no haya respondido a una decisión ni a una estrategia explícitamente 
asumida, las actividades pasaron a desarrollarse, básicamente, en el exte¬ 
rior. En efecto, los documentos que testimonian este período, muestran un 
claro predominio de las denuncias presentadas ante organismos interna¬ 
cionales y una intensificación de la acción en el seno de la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desapareci¬ 
dos (FEDEFAM), participando activamente en todos sus congresos y even¬ 
tos. La actividad orientada hacia la propia sociedad uruguaya, cuya mayo¬ 
ría no les había acompañado en el intento de derogar la Ley de Caducidad 
que había legalizado la impunidad, se redujo a una mínima expresión, 
prácticamente insignificante. Como dice Luisa Cuesta: “Después del Refe¬ 
réndum, realmente, no recuerdo haber hecho muchas movilizaciones en Fa¬ 
miliares. Algunas hicimos, pero más que nada recibíamos visitas de estu¬ 
diantes que querían saber sobre el tema así como también llevarse materia¬ 
les informativos... Más o menos esa era la tarea que realizábamos. Y des¬ 
pués, la relación con FEDEFAM, que siempre mantuvimos”. 


74 



Como su nombre lo indica, FEDEFAM es una organización no guberna¬ 
mental integrada por las asociaciones de familiares de desaparecidos de 
países latinoamericanos. Fue fundada en enero de 1981, en la ciudad de 
San José de Costa Rica, y está integrada por asociaciones de catorce paí¬ 
ses. El Congreso de la Federación es su máxima autoridad. Se reúne cada 
dos años y está constituido por delegados de todas las asociaciones miem¬ 
bros. Los principales objetivos de FEDEFAM son: recibir denuncias sobre 
casos de desaparición forzada en América Latina y el Caribe, hacer gestio¬ 
nes destinadas a salvar la vida y/o preservar la integridad del desapareci¬ 
do, realizar denuncias ante organismos internacionales competentes, opo¬ 
nerse a la impunidad para los perpetradores de la desaparición forzada, 
contribuir en la organización e intercambio de experiencias que realizan 
los familiares en cada país, editar publicaciones, informes y realizar activi¬ 
dades para dar a conocer estas realidades. 

Entre 1989 y 1996, si bien Madres y Familiares realizó muy pocas acti¬ 
vidades en nuestro país, mantuvo, a través de FEDEFAM, un vínculo y una 
actividad muy fluida en el exterior, mediante la participación en encuen¬ 
tros regionales del Cono Sur y congresos latinoamericanos, ordinarios y 
extraordinarios. Por ello, vale la pena reconstruir brevemente la historia 
de la relación entre Familiares de Uruguay y FEDEFAM. 

La filial Uruguay de la Federación fue fundada en el año 1982, a partir 
del grupo de Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina. Fue en el 
período que estamos considerando, poco más de diez años después de la 
creación de la filial, que FEDEFAM Uruguay obtuvo, por resolución guber¬ 
namental de octubre de 1993, 68 personería jurídica. Llamativamente, Ma¬ 
dres y Familiares carece, hasta el día de hoy, de personería jurídica pro¬ 
pia: legalmente se trata de la filial uruguaya de FEDEFAM. Ésta, en el año 
2000, fijó sede en un apartamento ubicado en la calle Nicaragua casi Avda. 
del Libertador, cedido por la Intendencia Municipal de Montevideo según 
resolución del día 3 de abril de 2000. 69 La iniciativa para conseguir este 
local partió de Madres y Familiares, que formuló un pedido a la IMM con el 
objetivo de establecer una secretaría de FEDEFAM en Uruguay y compartir 
el local.* Quedaba atrás una etapa dura pero entrañable de la historia del 
grupo, que permanece en el recuerdo de sus integrantes como “los tiempos 
del sótano de SERPAJ”. 

Triste y solitario final de los viernes en Plaza Libertad 

En cuanto a las actividades orientadas hacia la denuncia y moviliza¬ 
ción dentro de Uruguay, lo sucedido con las concentraciones de los días 
viernes a las 19 horas en la Plaza Libertad es sintomático del estado de 
desmovilización y desinterés social que impregnó al tema tras el plebiscito 
de 1989. Como ya vimos, estas concentraciones se habían iniciado en 1984 
y en la segunda mitad de los ochenta, habían llegado a constituirse en una 
ceremonia semanal emblemática de la causa de Familiares. Luego del triunfo 


* Conversación con Oscar Urtasun y Luz Ibarburu el 26 de septiembre de 2005. 


75 



del voto amarillo, también se discutió si tenía sentido continuar con esta 
actividad. En un comunicado de prensa emitido diez días después del ple¬ 
biscito, Familiares convocaba a continuar asistiendo los días viernes a la 
Plaza "... manteniendo la lucha para que nunca más la desaparición forza¬ 
da obligue a otros familiares a ocupar este lugar”. 70 

Así fue que el acto se mantuvo, pero, poco a poco, la participación fue 
mermando, hasta que a ñnes del año 1992, terminó levantándose. Amalia 
González y Milka González reconstruyen de la siguiente forma este hecho 
revelador de la situación vivida en ese período. Amalia: “Un grupo de noso¬ 
tros quiso levantar la Plaza mucho antes de lo que se levantó. Se citó a toda 
la gente, a todos los familiares para decidir si seguir o no... Seguimos... pero 
las que íbamos éramos las de siempre, todos los que querían que siguiera no 
iban. Un día éramos dos para sujetar la pancarta y dijimos: no, esto no va 
más”. Milka: “... hacíamos los plantones en la Plaza Libertad, yo recuerdo 
que al principio teníamos muchísima gente porque eso empezó en el 1984, 
más o menos... cuando empezó la lucha por la amnistía, por la libertad de 
los presos políticos. [En esa época] teníamos mucha gente, muchos compa¬ 
ñeros del grupo y la gente que se sumaba. Después [del referéndum] empe¬ 
zaron a aflojar, aflojar, aflojar y una vez estábamos nada más que Luisa y 
yo en la plaza con todos los carteles que teníamos, porque no aceptábamos 
que estuviera el cartel nuestro nada más, traíamos todos los carteles con las 
fotos”. 

Poco tiempo después del levantamiento de la medida, en febrero de 
1993 Familiares informaba del hecho a la directiva de FEDEFAM, dando 
cuenta de las circunstancias y el significado de tal resolución: “Esta tradi¬ 
ción movilizadora se venía desarrollando desde los inicios del grupo. Con el 
transcurso del tiempo -y de los acontecimientos- el número de personas que 
participaban en la manifestación semanálfue disminuyendo, hasta quedar 
reducido a un muy pequeño grupo. Afines del año pasado, decidimos levan¬ 
tar la medida, constatada su poca eficacia en la actual etapa de lucha. In¬ 
dudablemente, es una decisión dolorosa para quienes, con muchísimo es¬ 
fuerzo mantuvimos durante años esa herramienta de lucha. No obstante, la 
realidad -la tozuda realidad- nos decidió a tomar esta resolución dolorosa, 
incluso en lo afectivo. No hay resignación, sino reoríentación hacia nuevas 
formas de trabajo”. 71 

La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos 

La actividad más importante que Familiares desarrolló en Uruguay en 
el período inmediatamente posterior al referéndum, fue la Sesión Uruguay 
del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP),* que se llevó a cabo en Mon- 


* El TPP es una organización internacional que tiene por tarea principal la promoción 
del respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos. Está 
compuesto por 61 miembros, provenientes de distintos países, nombrados por la 
Fundación Internacional Lelio Basso -senador italiano que participó del tribunal 
internacional contra los crímenes perpetrados durante la guerra de Vietnam-, que 
fue creada en la ciudad italiana de Lugano, el 13 de Junio de 1976. Los integrantes 


76 



tevideo entre el 20 y el 22 de abril del 1990, un año después de la ratifica¬ 
ción ciudadana de la impunidad. El acto inaugural se realizó en el Para¬ 
ninfo de la Universidad de la República el día 20. Luego el evento se desa¬ 
rrolló, bajo la modalidad de talleres,* a lo largo de los dos días siguientes 
en la Asociación Cristiana de Jóvenes. La actividad fue convocada por 
Madres y Familiares, junto al Instituto de Estudios Legales y Sociales del 
Uruguay (IELSUR) y el SERPAJ. 

Como resultado de esta actividad, se realizó una publicación conte¬ 
niendo las ponencias presentadas y discutidas en los tres talleres. 72 Allí 
figuran, las dos ponencias presentadas por miembros de Madres y Fami¬ 
liares: “Los Organismos de Derechos Humanos en Uruguay”, de Javier 
Miranda, en coautoría con Mirtha Vila y Adrián Manera, ambos pertene¬ 
cientes a SERPAJ: y “El Referéndum: marco descriptivo y etapas”, de Luz 
Ibarburu. El contenido de esta publicación evidencia la variedad de temas 
abordados durante el encuentro: el tipo de democracia deseable, con rela¬ 
ción a los respectivos roles y atribuciones de las FFAA, el Poder Judicial, y 
los restantes poderes del Estado; los DDHH y las violaciones a los mismos; 
la impunidad, su marco legal, la experiencia del referéndum y el significa¬ 
do y consecuencias de su resultado; las estrategias de lucha contra la 
impunidad y en favor del respecto a los DDHH. 

Para Javier Miranda, la reunión del TPP en Montevideo fue un último 
acto de militancia posreferéndum, tras el cual el grupo quedó reducido a 
una mínima expresión: “Lo que pasó Jue que, a la interna, Familiares se 
empieza a apagar, a desagregar, hasta que en el año 1990 hacemos una 
movida que yo creo que fue notable, que fue el Tribunal de los Pueblos.... Se 
hace esa publicación que es una evaluación de lo que fue desde distintos 
puntos de vista el proceso de referéndum en el Uruguay. Creo que Jue un 
documento valiosísimo... [Fue] el último gesto de Familiares... apartir de ahí 
realmente se convierte en un grupo mínimo... donde quedan los tres caci¬ 
ques yendo cada lunes de noche al sótano”. 

En su interna como organización Familiares vivió y evaluó al TPP como 
un hecho sumamente relevante debido a que fue el primer suceso que 
organizaron luego de la derrota plebiscitaria, teniendo en cuenta que ha¬ 
bían sufrido una importante deserción en la participación. Sin embargo a 
nivel de la opinión pública el TPP no tuvo el impacto esperado a pesar de 
haberse realizado una publicación. 


del TPP son seleccionados entre personas que gozando de reputación moral 
indiscutible, estén en situación de ejercer la función judicial a un alto nivel, o bien 
sean hombres de ciencia o personalidades del mundo artístico, religioso o político. La 
modalidad de funcionamiento del TPP se basa en sesiones especiales realizadas en 
distintos países para abordar la problemática local referida a los objetivos de la 
organización. La sesión realizada en Uruguay en 1990 fue la N° 13. Fuente: TRIBUNAL 
PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, “1 990-La Impunidad, en la América Latina". Sesión 
Uruguay, 20 al 22 de abril, 1990, AMFUDD. 

* Los tres talleres que se desarrollaron en el marco de la sesión del Tribunal se 
denominaron: “Análisis y estrategias en torno a la impunidad en Uruguay", “El 
Referéndum”, y “El Uruguay impune”. 


77 



Los niños desaparecidos 

La búsqueda de los niños secuestrados o nacidos en cautiverio ha cons¬ 
tituido uno de los principales objetivos de Familiares.: “Nuestra lucha se 
dirige a: difundir el tema nacional e internacionalmente y exigir que el go¬ 
bierno uruguayo asuma la desaparición de sus ciudadanos comprometién¬ 
dose él mismo en la investigación que conduzca a su ubicación y ala restitu¬ 
ción a los menores de su identidad y familia”-, 73 “Los niños secuestrados con 
sus padres o nacidos en cautiverio, constituyen uno de los capítulos más 
trágicos del pasado reciente. La búsqueda hasta encontrarlos y restituir su 
identidad secuestrada y adulterada, continua siendo un objetivo primor¬ 
dial”. 74 

Las actividades desplegadas eran básicamente conferencias de prensa 
en las que se explicaba la situación de cada niño desaparecido, concentra¬ 
ciones en la Plaza Libertad, jornadas en el Día del Niño, campañas de 
adhesión a nivel nacional e internacional. Ante la omisión del gobierno 
nacional, en coordinación con las Abuelas Plaza de Mayo, se promovió la 
búsqueda y se brindó asesoramiento a cada familia. Como resultado de 
esta coordinación se logró ubicar y recuperar la identidad de la mayoría de 
los niños buscados.* “Quizás la parte más dolorosa, para los que emprendi¬ 
mos la búsqueda de nuestros niños -abuelas en su mayoría y algunos pa¬ 
dres y madres-fue la de entender el papel que debíamos cumplir, ya que no 
había un Estado pos dictadura, que asumiera esa búsqueda. Es por eso que 
hasta el día de hoy, todos los chicos restituidos lo fueron por acción de los 
familiares y las instituciones humanitarias pero no por la de quien tiene la 
obligación y los medios para realizarla. ” 75 

Los 15 años de Mariana y su posterior aparición 

El 22 de marzo de 1990 Mariana Zaffaroni Islas** cumplía sus 15 años. 
Ante ello Madres y Familiares organizó una campaña de divulgación. Se 
real iz aron actuaciones en teatros del centro y en distintos barrios de la 
capital. Fueron invitados músicos, recitadores, murguistas y artistas de 
teatro. 

Así lo recuerda su abuela María Ester: “...festejamos los 15 años de 
Mariana y distintas agrupaciones barriales hicieron actos. Por ejemplo me 
acuerdo de Colón porque era donde yo vivía que pusieron naranjas colga¬ 
das de los árboles, llenaron la plaza de flores y de retratos. Y en todas las 
plazas, en casi todas las plazas de Montevideo, donde había un grupo con 

* Además de los casos mencionados a continuación en el texto, durante el período 
analizado en este capítulo, fueron recuperados Carlos D’Elía Casco y Andrea 
Hernández Hobbas. El primero era hijo de Julio D'Elía y Yolanda Casco, secuestrados 
en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1977. Su madre estaba embarazada de 8 
meses y medio. Carlos nació en el "pozo de Banfield” en enero de 1977. En 1995 le 
fue restituida su identidad. Por su parte, Andrea Hernández Hobbas, nació en 
Montevideo el 30 de noviembre de 1972, hija de Nelson Hernández y Lourdes Hobbas, 
su identidad fue restituida el 15 de diciembre de 1998. Ambos fueron ubicados por 
Abuelas de Plaza de Mayo. A todos ellos, p. 523. 

** Hija de Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas, nació el 22 de marzo de 1975, a los 18 
meses de edad fue secuestrada junto a sus padres de su domicilio. 


78 



impulso, se había hecho una cosa por Mariana, por sus 15 años. Y en el 
Galpón hicieron una especie de acto”. 

Luego de una incansable búsqueda encabezada por su abuela materna 
y un arduo trabajo de denuncia por parte de Madres y Familiares y las 
Abuelas de Plaza de Mayo, Mariana es encontrada en la ciudad de Buenos 
Aires con el nombre de Daniela Romina Furci. La niña había sido apropia¬ 
da por Miguel Ángel Furci, agente de inteligencia. En el año 1992 se pudo 
llegar al paradero de Mariana siendo restituida su identidad por la justicia 
argentina: "... hallada como Daniela Romina Furci, en realidad es Mariana 
Zajfaroni Islas... [ordena se] proceda a la inmediata anulación de la Partida 
de Nacimiento ... a nombre de Daniela Romina Furci”.* 

Una vez restituida la identidad de Mariana, Madres y Familiares expre¬ 
só: “Después de una lucha de 16 años, el grupo de Madres y Familiares de 
Uruguayos de Detenidos Desaparecidos desea compartir con el pueblo uru¬ 
guayo la inmensa alegría que significa que Mariana Zaffaroni Islas haya 
recuperado su identidad. Queremos señalar el trabajo realizado por las Abue¬ 
las de Plaza de Mayo que fue de vital importancia en nuestra búsqueda. 
Asimismo hacer público el reconocimiento y el apoyo a la respuesta que 
sentimos en todo momento de nuestro pueblo”. 76 

El caso Simón Riquelo** 

El 15 de junio de 1989, ante la presunción de que un menor, que vivía 
en Montevideo con otra identidad (Gerardo Vázquez) fuera su hijo, los pa¬ 
dres de Simón Gatti Méndez presentaron una denuncia ante el Juez de 5 o 
turno solicitando que él mismo se realizara un examen genético. Transcu¬ 
rridos 6 meses de esta solicitud sin que la Justicia resolviese ordenar la 
prueba solicitada, Madres y Familiares hizo público un volante titulado 
“Dele su mano a Sara y Simón. Simón sigue secuestrado. La justicia no 
responde” convocando a una concentración en la Plaza Libertad a las 18 
horas. 

En el año 1991, Familiares organizó varias actividades de difusión del 
caso exigiendo, sin éxito, que la Justicia ordenase la realización de la prueba 
solicitada. Se realizaron tres conferencias de prensa los días 10 de enero, 
el 18 de abril y el 3 de mayo. 77 En mayo, en el Día de la Madre, se lanzó una 
campaña de adhesión por la recuperación de Simón. Para ese entonces, el 
Tribunal de Apelaciones no hizo lugar al recurso presentado para imponer 
la prueba genética, cerrando la posibilidad de avanzar por ese camino. 

Recién en el año 2000 el Presidente Batlle logró persuadir al joven para 
que se realice los exámenes de ADN. Estos tuvieron resultado negativo. 
Debido a la negativa de la Justicia para ordenar el estudio genético, los 


* Fallo del Juez Federal Roberto Marquevich el día 22 de junio de 1992. Tomado de 
Folleto Informativo sobre Mariana Zaffaroni. MFUDD, sin fecha, AMFUDD. 

** Simón Gatti Méndez, hijo de Mauricio Gatti y Sara Méndez, registrado en Buenos 
Aires con el apellido Riquelo por razones de seguridad, fue secuestrado junto a su 
madre el 13 de julio de 1976 cuando tenía 20 días. Conoció su verdadera identidad 
27 años después. 


79 



padres de Simón perdieron 14 años tras una pista que se comprobó que 
no era cierta. Finalmente, Simón sería encontrado en Argentina, en el año 
2003: “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos quere¬ 
mos expresar publicamente nuestra emoción y nuestra alegría por la noticia 
del probable encuentro entre Sara y Simón. Sara, madre incansable en su 
esfuerzo denodado y suficiente, lleno de injustos obstáculos, merece abra¬ 
zarse por fin con su hijo. Este reencuentro alienta nuestra lucha por verdad 
y justicia". 78 

Críticas desde el exterior 

En el año 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
de la OEA observó al gobierno uruguayo, señalando la incompatibilidad de 
la Ley de Caducidad con los tratados internacionales firmados por el país. 
Por resolución N° 29/92 la CIDH estableció que esa ley era incompatible 
con el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Debe¬ 
res del Hombre, y con los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana 
de DDHH. Por la misma resolución, la CIDH recomendó al gobierno habili¬ 
tar las investigaciones correspondientes y otorgar compensaciones por las 
violaciones a los DDHH a quienes las solicitasen. 

Ante estas observaciones, el gobierno uruguayo reivindicó su posición 
en la materia, defendiendo la Ley de Caducidad y su aplicación en los 
siguientes términos: “A nadie puede escapar que, bajo ciertas circunstan¬ 
cias, en un tiempo y país dados, investigar hechos del pasado, que no han 
podido evitarse, es tanto como revivir el enfrentamiento entre personas y 
entre grupos. Y esto, por cierto, no contribuye al reencuentro, a la pacifica¬ 
ción y al fortalecimiento de la institucionálidad democrática. ... En suma: el 
Gobierno constitucional del Uruguay no ha incumplido obligación internacio¬ 
nal alguna en cuanto refiere a la investigación de los hechos denunciados, y 
ha ceñido su conducta en esta materia a lo dispuesto por la Ley N° 15.848, 
sancionada con el objetivo fundamental, se ha reiterado, de preservar las 
instituciones democráticas”.* 

Con el objetivo de difundir el Informe de la CIDH dentro de Uruguay, 
Familiares, SERPAJ y IELSUR, organizaron el seminario titulado “Impuni¬ 
dad y derechos humanos”, los días 27 y 28 de noviembre del año 1992, 
con el apoyo de la rama Uruguay de la Asociación Americana de Juristas, 
el Colegio de Abogados del Uruguay, el Centro de Estudiantes de Derecho 
y la Facultad de Derecho. Las ponencias, los debates y las conclusiones 
fueron publicadas en forma de libro en el año 1992. 79 


* Presentación del gobierno de la República Oriental del Uruguay ante el informe 29/ 
92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 18/11/91. 
Tomado de "Desaparecidos. La coordinación represiva”, Cuadernos de Denuncia, PIT- 
CNT, Montevideo, 1998, p. 60. 


80 



La lenta recuperación de las voces y la memoria o 996-1999) 

En el año 1996 el legado del reciente pasado autoritario en materia de 
violaciones a los DDHH y, en particular, la cuestión de los desaparecidos, 
comenzó a reinstalarse en la agenda política y social. Ello fue resultado de 
sucesos nacionales que se enmarcaron en un nuevo contexto internacio¬ 
nal con relación al tema. 

Las "declaraciones” de 1995 y 1996, dentro y fuera del país 

En España, el ex capitán de corbeta (R) argentino Rodolfo Scilingo de¬ 
claró el 10 de marzo del año 1995 ante el juez Baltasar Garzón, recono¬ 
ciendo la práctica de los “vuelos de la muerte”, en los cuales los prisione¬ 
ros políticos eran arrojados vivos al Río de la Plata con lastres desde avio¬ 
nes. En Argentina, en 1997, el general Martín Balza, Jefe del Ejército, 
reiteró declaraciones que había realizado en el año 1995: “Tenemos que 
reconocer nuestros errores y el Ejército los ha reconocido (...) no hay que 
olvidar el pasado porque el que olvida el pasado puede tener como castigo 
ver cómo se repite”.* En Inglaterra, la prisión domiciliaria del general Au¬ 
gusto Pinochet, impuesta por la justicia británica en abril de 1998 a partir 
de una solicitud del ya mencionado juez Garzón, recolocó el tema de las 
violaciones a los DDHH perpetradas por las dictaduras del Cono Sur en la 
agenda internacional, impactando en la opinión pública y el sistema polí¬ 
tico tanto en Chile como en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

En el ámbito nacional, una carta abierta publicada en la prensa 
montevideana y posteriores declaraciones del Capitán de Navio (R) Jorge 
Tróccoli volvieron a generar controversias que replanteaban el tema des¬ 
aparecidos en el debate público. En una carta enviada a la prensa el mari¬ 
no uruguayo reconocía la existencia de desaparecidos en términos parti¬ 
culares: "... no soy un hipócrita: reconozco que las FFAA a las que pertenecí, 
lo saben y lo hicieron. Por lo tanto, como un integrante más asumo también 
los muertos y los desaparecidos. Pero, ¡por favor!, por la propia dignidad del 
combatiente, no los llamen desaparecidos, todos sabemos que murieron 
defendiendo lo suyo”.** El militar retirado proponía un diálogo entre los 
“ex combatientes” con el objetivo de “ganar la paz”. 

La carta y las declaraciones de Tróccoli le valieron el rechazo de sus 
camaradas, que consideraron su gesto como una traición, y tuvieron un 
efecto revulsivo en el campo de las organizaciones de DDHH. En un libro 
que escribió meses después, 80 en el correr del mismo año, Tróccoli recono¬ 
cía que su propuesta había generado efectos contrarios a los que se había 
propuesto, por cuanto fue rechazado entre los militares y los familiares de 
las víctimas de la represión, e ignorado por el gobierno. Pero, en ese libro, 
también reconocía un hecho que, a la luz de los sucesos posteriores, no 


* Discurso pronunciado por el general Martín Balza, en marzo de 1997, reiterando la 
autocrítica militar expresada en el año 1995. Brecha, 27 de marzo de 1997, p. 4. 

** Carta abierta del capitán de navio (R) Jorge Tróccoli, Brecha, 10 de mayo de 1996, 

p. 6. 


81 



deja de ser importante recordar: el único que en el ámbito político habría 
tomado en serio su propuesta “para ganar la paz” había sido, según Tróccoli, 
el entonces senador Jorge Batlle. 

En Familiares, la visión de Tróccoli acerca del proceso de la dictadura y 
las desapariciones generó un fuerte rechazo. En primer lugar, por su ca¬ 
racterización de la dictadura como el resultado de una guerra en la cual 
pelearon dos bandos. En segundo lugar, por la identificación de los des¬ 
aparecidos como “combatientes”. En tercer lugar, por el expreso no arre¬ 
pentimiento por la práctica de la tortura como instrumento de la repre¬ 
sión, por parte de quien se colocaba como “un profesional de la violencia”. 
Sin embargo, este rechazo no llegó a exteriorizarse, puesto que no se le 
atribuyó mayor trascendencia a sus declaraciones, al punto que Familia¬ 
res no emitió ningún tipo de pronunciamiento público al respecto. Se esti¬ 
mó que el único objetivo de Tróccoli era tener un protagonismo a nivel 
personal, pero no aportar a una solución para el tema, debido a que no dio 
ningún dato nuevo ni relevante. En contraste, sí habían sido consideradas 
de gran importancia las declaraciones de Scilingo, debido a que aportaba 
información sobre el destino de los desaparecidos.* 

La conmemoración del 20 de mayo de 1996 
y las “iniciativas” de 1997 y 1998 

Pero, las declaraciones de Tróccoli no constituyeron el único hecho de 
ese año que hizo que el tema de los desaparecidos cobrara, tras cinco años 
en que había predominado el silencio y el olvido del asunto, un notorio 
estado público. Al cumplirse los veinte años del asesinato en Buenos Aires 
de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William 
Whitelaw, Madres y Familiares convocó, junto al Nuevo Espacio, a la pri¬ 
mera “marcha del silencio”, como acto de recordación y, al mismo tiempo, 
de reclamación del cumplimiento del artículo 4 o de la Ley de Caducidad. 
La convocatoria logró una gran participación ciudadana y tuvo un fuerte 
impacto público. Desde entonces, cada 20 de mayo se ha reiterado en 
Montevideo esta marcha del silencio, con un recorrido fijo a lo largo de la 
Avda. 18 de Julio, en el tramo comprendido entre la Plaza a los Detenidos 
Desaparecidos en América Latina (ubicada en la intersección entre las ca¬ 
lles Jackson y Rivera) y la Plaza Libertad. 

La idea de su realización había surgido desde filas del Nuevo Espacio.** 
Los legisladores de ese partido, Rafael y Felipe Michelini, senador y dipu¬ 
tado respectivamente, hijos de Zelmar Michelini, propusieron su ejecución 
a Madres Familiares. El grupo aceptó la propuesta y asumió un rol 
protagónico en la convocatoria y en el despliegue de la marcha, que desde 

* Conversación con Oscar Urtasun y Luz Ibarburu el 26 de septiembre de 2005. 

** El protagonismo del Nuevo Espacio en el relanzamiento del tema desaparecidos, y la 
relativa pasividad del Frente Amplio frente al mismo no era una novedad. Tras la 
derrota de 1989, el FA prácticamente eliminó el tema de su prédica y accionar 
concretos, no así de su programa. La campaña para las elecciones nacionales de 
1994 puso en evidencia que el único partido que mantenía este tema como un asunto 
prioritario era el Nuevo Espacio. 


82 



entonces se transformó en una ceremonia anual de recordación y reclamo 
por los desaparecidos: “Tomamos esa fecha porque el primer año, quien 
llamó a la organización de la marcha fue el Nuevo Espacio... los hijos de 
Michelini... llamaron a todos los organismos de Derechos Humanos para 
organizar esa marcha. Una marcha que después se ha transformado en 
una marcha por los desaparecidos, pero es la fecha en que asesinaron a 
Michelini, Gutiérrez Ruiz, Withelaw y Barredo”.* 

Como resultado de esta recolocación del tema en la agenda política, a 
partir del año 1997, tomaron estado público diversas iniciativas para la 
búsqueda de una solución que permitiese avanzar en el esclarecimiento 
del destino de los desaparecidos. El senador Rafael Michelini, propuso en 

1997, la conformación de una “Comisión de Verdad” que estaría integrada 
por juristas, representantes de organizaciones de DDHH y militares en ac¬ 
tividad. El mismo año monseñor Pablo Galimberti propuso un “ámbito de 
mediación de la iglesia" en la que la Iglesia Católica se ofrecía para recibir 
los testimonios de los militares acerca de los desaparecidos, para trasla¬ 
dar las informaciones brindadas al gobierno, manteniendo el secreto de la 
fuente. 

Al año siguiente, el ex líder tupamaro Mauricio Rosencof propuso una 
negociación directa entre tupamaros y militares. Finalmente, también en 

1998, el diputado del FA Víctor Semproni planteó una iniciativa para un 
“acuerdo entre el Estado y los militares” a través del cual estos últimos 
suministrarían la información relativa a los desaparecidos. Ninguna de 
estas propuestas fue acogida favorablemente en el gobierno de la época, la 
segunda administración encabezada por Julio María Sanguinetti, ni logró 
apoyos consistentes en el sistema político. Por ello ninguna de ellas tuvo 
andamiento, pero no es descabellado pensar que fueron antecedentes que 
pudieron haber inspirado, tras las elecciones celebradas al año siguiente, 
la posterior creación de la Comisión para la Paz por parte del Presidente 
Jorge Batlle, quien en la época en que circularon estas propuestas falli¬ 
das, se desempeñaba como senador del partido de gobierno. 

La petición de 1997: una movida estratésica 

En este nuevo contexto, y ante el incumplimiento por parte de los suce¬ 
sivos gobiernos del artículo 4 o de la Ley de Caducidad, el 16 de abril del 
año 1997 en ocasión del 8 o aniversario del referéndum confirmatorio de la 
ley, Familiares presentó un recurso de petición ante el Poder Ejecutivo, 
haciendo uso de las previsiones contenidas en los artículos 30 y 318 de la 
Constitución de la República. 

El artículo 30 establece que: ‘Todo habitante tiene derecho de petición 
para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”. Del mismo se 
desprende que cualquier habitante puede presentarse ante organismos 
del Estado y solicitarle una petición. En este caso concreto ante el Poder 

* Entrevista a Luisa Cuesta y Luz Ibarburu el 12 de mayo de 2000, realizada por 
Valentina Curto para la monografía final de la Licenciatura en Ciencia Política “Las 
violaciones a los derechos humanos en Uruguay: una visión desde la ciencia política”, 
Montevideo, 2002. 


83 



Ejecutivo pidiéndole que lleve adelante una investigación. En forma com¬ 
plementaria, el artículo 318 expresa que: “Toda autoridad administrativa 
está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de 
un interés legitimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y 
a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus deci¬ 
siones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del 
asunto, dentro del término de ciento veinte días. A contar de la fecha de 
cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento. Se entenderá 
desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad 
no resolviera dentro del término indicado”. 

El objetivo inmediato de la petición consistía en obligar al Poder Ejecu¬ 
tivo a pronunciarse, acerca de la solicitud de realización de las investiga¬ 
ciones necesarias para responder cuatro preguntas básicas ¿cómo ocu¬ 
rrió?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Esta formulación entrañaba un cam¬ 
bio no menor en los reclamos de familiares: la quinta pregunta que 
acompañaba a éstas desde el comienzo de la lucha por los desaparecidos 
-¿quién?- quedaba a un lado, como un recurso táctico que ampliara la 
base de sustentación social y política tan disminuida desde la derrota de 
1989: "... introdujimos la acción de petición, la cual era muy convincente. No 
nos basamos solo en el artículo cuarto de la Ley de Caducidad, nos basa¬ 
mos en la declaración sobre desapariciones forzadas, que ya estaba apro¬ 
bada. Nos basamos también en cuestiones éticas, ahí aparece por primera 
vez explícito que hay resolver este tema porque el Estado uruguayo, ni si¬ 
quiera se ha molestado en resolver los problemas prácticos jurídicos que 
genera la desaparición, problemas sucesorios que hoy están en debate. Todo 
eso está naciendo de ahí, por eso es que para mí la petición es un antece¬ 
dente clave. Pero además es clave porque Familiares aparece públicamente 
con una fuerte presencia en la prensa y con el ‘¿Quién?’ retirado”.* 

La eliminación del ¿quién? para Javier Miranda, en conversación man¬ 
tenida el 26 de septiembre de 2005: "... es deliberada, [con ello] le damos 
una fuerte carga humanitaria a nuestro discurso. ... Hay una opción estra¬ 
tégica: hicimos una fuerte apuesta al terreno humanitario y definimos dos 
ejes en la lucha contra la desaparición forzada, una vertiente histórica, so¬ 
cial, colectiva y una vertiente individual y estrictamente humanitaria". Fue 
una decisión unánime del pequeño núcleo que entonces animaba la conti¬ 
nuidad de la asociación, lo cual facilitó el acuerdo en torno a un punto que 
no era sencillo, con la idea de que lo prioritario era “dar una batalla ideoló¬ 
gica que se ganaba en el terreno humanitario”. 

Esto fue resultado de una nueva estrategia que intentaba separar dos 
aspectos en la lucha por la verdad: por un lado, el humanitario, que se 
optó por privilegiar pues era el que permitiría generar una mayor sensibi¬ 
lidad hacia el reclamo, que tenía como sujeto principal al familiar; por otro 
lado, el social o político, que tenía como objeto a la desaparición como 
fenómeno en el contexto del autoritarismo. Por ello, entre los fundamentos 
de la decisión de ejercitar el derecho de petición, se invocaban básicamen- 


* Entrevista a Javier Miranda. 


84 



te dos aspectos vinculados al conocimiento de la verdad. En primer lugar, 
lo que se denominaba “verdad concreta”, de corte estrictamente humani¬ 
tario: la determinación del paradero de los desaparecidos. En segundo 
lugar, la “verdad histórica”, que alude a la dimensión social y política de la 
desaparición como fenómeno histórico vinculado a la experiencia autorita¬ 
ria: el conocimiento del pasado y la preservación de la memoria, como uno 
de los sustentos de la democracia y la convivencia pacífica en el presente y 
hacia el futuro. 

Mediante la interposición de este recurso constitucional, Familiares exi¬ 
gía una investigación exhaustiva destinada al esclarecimiento de la suerte 
corrida por los desaparecidos y la determinación de su paradero. Esta 
investigación debía ser realizada por un grupo de personas que den garan¬ 
tías suficientes de idoneidad, independencia e imparcialidad. Los funda¬ 
mentos esgrimidos pueden resumirse en tres ideas centrales: el cumpli¬ 
miento del artículo 4 o de la Ley de Caducidad, que establece la realización 
de una investigación, la cual debía realizarse por un órgano idóneo, inde¬ 
pendiente e imparcial: las razones humanitarias y éticas, sintetizadas en 
la necesidad y el derecho de saber qué sucedió con sus familiares: la reso¬ 
lución de la CIDH de la OEA reclamando al gobierno uruguayo la inclusión 
en el derecho positivo del delito de desaparición forzada, así como la solici¬ 
tud formulada al Poder Ejecutivo uruguayo en el sentido de dar cumpli¬ 
miento al artículo 4 o de la Ley de Caducidad (resolución 29/92). 

El objetivo mediato de la presentación del recurso, buscaba desconge¬ 
lar la situación en que había caído el tema durante la segunda presidencia 
de Julio María Sanguinetti, aprovechando el nuevo contexto y sensibilidad 
hacia la cuestión de los desaparecidos que habían generado las declara¬ 
ciones y hechos externos e internos de 1995 y 1996. No se esperaba una 
respuesta positiva, sino la puesta en marcha de una sucesión de hechos 
que obligasen el pronunciamiento de los poderes públicos y la recolocación 
del tema en la opinión pública: “La idea fue:... hago ejercicio del derecho de 
petición, obligo al Poder Ejecutivo a contestarme necesariamente, ...ya sea 
porque me conteste expresamente... o porque deja vencer el plazo y eso 
implica una denegatoria. Lo que hacíamos era generar un hecho político... y 
si el Ejecutivo nos decía que no, ya sea expresamente o de forma tácita, 
...empezamos una vía de recursos administrativos que terminaba en Tribu¬ 
nal de lo Contencioso Administrativo. Ese fue el cálculo y así fue como efec¬ 
tivamente sucedió, el Ejecutivo nos dice que no a la petición y le interpusi¬ 
mos un recurso de revocación...’’.* 

Una vez presentado el recurso de petición, se lanzó, con un acto reali¬ 
zado en el Paraninfo de la Universidad de la República, una campaña de 
recolección de firmas en su apoyo. Con la adhesión de 30 organizaciones 
sociales y políticas y de 100 personalidades de diversos ámbitos, se reca¬ 
baron 50.000 firmas que suscribieron una carta dirigida al Presidente de 
la República Julio María Sanguinetti, que fue entregada el día 9 de sep¬ 
tiembre de 1997 en la sede de la Presidencia, en el Edificio Libertad. El 
objetivo de esta campaña era difundir los problemas jurídicos que deriva- 


* Entrevista a Javier Miranda. 


85 



rían del delito de desaparición forzada, hacer pública la interposición del 
recurso de petición y presionar al Poder Ejecutivo para pronunciarse acer¬ 
ca del pedido. Éste emitió su respuesta el 29 de diciembre de 1997, último 
día del plazo constitucional previsto a tal fin, en los siguientes términos 
"... se ha configurado la denegatoria ficta de la petición formulada el 
16/04/97por los gestionantes”.* Esta respuesta habilitó a los peticionantes 
a oponer un recurso de revocación, para completar la vía administrativa, 
permitiendo la acción de nulidad del mismo ante el Tribunal de lo Conten¬ 
cioso Administrativo (TCA). El 27 de julio del año 1998 Madres y Familiares 
presenta este recurso solicitando que: dicha cuestión formal sea deses¬ 
timada”.** 

Más allá de la negativa del gobierno, que de todas formas se daba por 
descontada, la utilización del derecho de petición fue otro hecho que, jun¬ 
to a los ya mencionados, contribuyó a la reactivación del tema desapareci¬ 
dos en la segunda mitad de los años noventa. Además, constituyó un pun¬ 
to de inflexión en la forma de accionar de Madres y Familiares, un cambio 
de estrategia: sus reclamos comenzaron a exceder la demanda de cumpli¬ 
miento del artículo 4 o de la Ley de Caducidad, incorporándose la solución 
a los problemas jurídicos derivados de la desaparición, esgrimiéndose ra¬ 
zones de índole histórica, humanitaria y ética. Desde el punto de vista 
político, este recurso obligó al Poder Ejecutivo a pronunciarse pública¬ 
mente, tras años de silencio apoyado en el argumento de que, con la Ley de 
Caducidad, el tema había quedado resuelto y que más valía olvidar que 
mirar atrás. Para Familiares, después de la marcha de mayo de 1996, fue 
la segunda acción posterior a la derrota de 1989 que tuvo un fuerte impac¬ 
to público. 

El Memorial de los Desaparecidos 

En el mes de agosto del año 1998 se inició una campaña para la cons¬ 
trucción de un Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Fue una inicia¬ 
tiva de Madres y Familiares, el legislador Manuel Singlet*** y el Intendente 
de Montevideo Mariano Arana. Aprobada por la Junta Departamental de 
Montevideo, en el año 1999 se convocó a un concurso de proyectos. En el 
año 2000, el presidente Jorge Batlle declaró la construcción del Memorial 
como obra de interés nacional. 81 

La IMM planteó dos posibles lugares para su construcción, entre los que 
Familiares escogió su emplazamiento en el Parque Carlos Vaz Ferreira, en el 
Cerro de Montevideo. En palabras de Amalia González: “... yo estaba de 
acuerdo en que se hiciera en el Cerro. Me parecía que era el lugar ideal. Tenía¬ 
mos dos sitios: uno en el Cerro y el otro en la rambla del Buceo, en la Aduana 


* Respuesta al Derecho de Petición. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 
Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa Nacional. Montevideo 29 de diciembre 
de 1997, AMFUDD. 

** Recurso acción de nulidad (ficha N° 243/98) presentado por Madres y Familiares 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el día 27 de julio de 1998, AMFUDD. 

*** Movimiento Nacional de Rocha, Partido Nacional. 


86 



de Oribe. Se eligió el Cerro por ser un lugar emblemático de las luchas popula¬ 
res. Nos parecía que en la rambla iba a ser un pasaje de autos”. 

La obra, dirigida por los arquitectos Martha Kohen y Rubén Otero, fue 
financiada por medio de una campaña de recolección de fondos a través de 
una cuenta bancaria y tres líneas telefónicas para donaciones. Esta cam¬ 
paña estuvo encabezada por una “Comisión Pro Memorial”, integrada por 
33 miembros, entre los que, además del representante de Familiares Ja¬ 
vier Miranda, había personalidades vinculadas al arte, el deporte, la políti¬ 
ca, la religión, el periodismo.* Luego de más de un año de trabajo, el Me¬ 
morial fue inaugurado oficialmente el 10 de diciembre de 2001.** 

Paradójicamente, en el seno de Familiares, el proceso de construcción 
del Memorial, que habían impulsado, se vivió con cierta distancia, más 
allá de la participación de su representante, Javier Miranda, en la “Comi¬ 
sión Pro Memorial”. Recién una vez que se inauguró la obra se le otorgó la 
debida importancia.*** 

El objetivo principal de la construcción del Memorial era la reparación 
simbólica a las víctimas, que la política de los gobiernos posdictatoriales 
había pretendido condenar al olvido: “El Memorial implica un paso más en 
la búsqueda de mecanismos de reparación a las víctimas de una de las más 
graves violaciones a los derechos humanos”. 82 Se trataba, además, mediante 
su construcción, de erigir, en un espacio público de la ciudad, una repre¬ 
sentación simbólica del terrorismo de Estado implantado por la dictadura, 
para contribuir, mediante su rememoración colectiva, a fortalecer las ba¬ 
ses del “nunca más” al autoritarismo y fortalecer la apuesta y la esperanza 
en una convivencia fundada en el respeto, la tolerancia y la justicia: “A 
pesar de lo doloroso del tema que da origen a este Memorial, no queremos 
que sea un sitio de tristeza. Queremos que prevalezca el espíritu que anima 
a quienes lo han impulsado y a quienes lo están llevando adelante; un espí¬ 
ritu de justicia, de solidaridad, de respeto".**** 


* Los integrantes de la “Comisión Pro Memorial” eran: Jacinta Balbela, Mario Benedettí, 
Jorge Brovetto, José Carbajal, Tabaré Caputti, Pablo Galimberti, Elisa Dellepiane, 
José D'Elía, Héctor Florit, Enzo Francescoli, Armin llhe, Ignacio Iturria, Rabino Kripper, 
Héctor Lescano, Samuel Lichtenzstenj, Carlos Maggi, Gregorio Martirena, Javier 
Miranda, Víctor Hugo Morales, Fernando Morena, Juan Martín Posadas, Rubén Rada, 
Matilde Rodríguez Larreta, Líber Seregni, Luis Pérez Aguirre, Rodolfo Sienra Roosen, 
Manuel Singlet, Héctor Tosar, Eduardo Touyá, Víctor Valllant, Idea Vilariño, Alberto 
Zumarán y China Zorrilla. 

** Por sus cualidades arquitectónicas y paisajísticas, el Memorial obtuvo reconocimientos 
internacionales. Fue distinguido con el Primer Premio compartido, Categoría 
Arquitectura Paisajística Internacional. Bienal de Arquitectura de Quito. En septiembre 
de 2003, fue seleccionado como Obra por el Consejo Consultivo de la 5a. Bienal 
Internacional de Arquitectura y Diseño de Sao Paulo. 

*** Conversación con Luz Ibarburu, Oscar Urtasun y Javier Miranda el 26 de septiembre 
de 2005. 

♦«♦Palabras pronunciadas por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos en la ceremonia oficial de inauguración de la obra construida el 10 de 
diciembre de 2001. Folleto informativo sobre Memorial a los Detenidos Desaparecidos 
“Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más", Comisión Pro Memorial de los Detenidos 
Desaparecidos. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, AMFUDD, diciembre 
2001 . 


87 



El lugar elegido así como también los materiales utilizados para la cons¬ 
trucción se nutren de significados y simbolismos. Los árboles que rodean 
al memorial simbolizan el apoyo de la sociedad a la búsqueda de la verdad. 
El piso rocoso representa la verdad; su estado rústico, la búsqueda de la 
misma; su irregularidad, la incomodidad que el tema provoca. Los muros 
de vidrio transparentes que contienen los nombres de los desaparecidos, 
simbolizan la vida y su fragilidad, así como también el misterio de la des¬ 
aparición. 

El caso Gelman 

En mayo del año 1999, el poeta argentino Juan Gelman, junto a su 
esposa Mara La Madrid, se reunieron en Montevideo con el entonces Se¬ 
cretario de la Presidencia, Elias Bluth, con el fin de solicitarle “ayuda para 
conocer la verdad acerca del destino de mi nuera, María Claudia García 
Irureta Goyena de Gelman, y de su bebé nacido en cautiverio”.* 

María Claudia había sido secuestrada en Buenos Aires, el 24 de agosto 
de 1976, por un “grupo de tareas" argentino, llevada al centro de deten¬ 
ción clandestina denominado “Automotores Orletti”, trasladada luego a 
Montevideo por militares uruguayos y recluida en la sede del Servicio de 
Información de Defensa.** Estaba embarazada de ocho meses. Dio a luz 
en el Hospital Militar, en Montevideo y luego, ambas, madre y bebé, des¬ 
aparecieron.*** 

Lo que desde entonces se conoció como “el caso Gelman” tuvo una 
fuerte resonancia pública, dentro y fuera de Uruguay. Fortaleció el proce¬ 
so de recolocación del tema desaparecidos en la agenda nacional, lo mis¬ 
mo que en la internacional. Dentro del país, trescientos uruguayos suscri¬ 
bieron una carta al Presidente de la República en apoyo al petitorio. Desde 
el exterior, dos escritores de vasto reconocimiento internacional -el ale¬ 
mán Gunther Grass y el portugués José Saramago, ambos beneficiados 
con el Premio Nobel de Literatura- dirigieron cartas abiertas al presidente 
Sanguinetti solidarizándose con la causa de Gelman y solicitando se reali¬ 
zaran las averiguaciones necesarias para dar con el paradero de su nuera 
y su nieta. Desde París, fueron enviadas al presidente uruguayo cuarenta 
adhesiones al petitorio de Gelman, entre las que se encontraba la de la 
guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. 

La respuesta del Presidente Sanguinetti al pedido de Gelman se produ¬ 
jo seis meses después, en noviembre de 1999, tras la primera vuelta de las 
elecciones nacionales de ese año. Negaba que en Uruguay se hubiere pro- 


* Carta abierta del poeta Juan Gelman al presidente Julio María Sanguinetti, publicada 

en el diario La República el día 11 de octubre de 1999. 

** Ubicada en la calle Bvar. Artigas y Palmar, actualmente sede del Centro de Altos 
Estudios Nacionales (CALEN) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. 

*** “En el año 2000, informaciones obtenidas por su abuelo, Juan Gelman, y confirmadas 
por el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, permitieron localizar a la niña, que 
había sido adoptada por un comisario de la Policía uruguaya y la esposa de éste. Los 
análisis genéticos determinaron su verdadera identidad", MFUDD, A todos Ellos, 
Montevideo, 2004, p. 525. 


88 



ducido la desaparición de sus familiares y recriminaba a Gelman haberlo 
hecho objeto de una campaña de desprestigio internacional: con toda 

buena fe he intentado ayudarle en su búsqueda. Y el resultado ha sido que, 
en plena campaña electoral, usted alimentó hasta el cansancio un esfuerzo 
para presentarme como indiferente o insensible a reclamos humanitarios”. 83 

Ante esta respuesta, Familiares se solidarizó con Gelman a través de 
un comunicado público en el que se recordaba “la doble tragedia que los 
familiares de desaparecidos cargamos desde hace más de veinte años: no 
solo el drama de no saber qué fue de nuestros seres queridos, de no tener 
una tumba donde llorarlos y honrarlos, o en el caso de sus hijos, los niños, 
no poder encontrarlos para devolverles la identidad y la familia que se les 
arrebató; a ese inmenso dolor, debemos agregar la indignación y la impoten¬ 
cia de que las autoridades que tienen los medios y el poder para reparar 
esas terribles afrentas, se nieguen sistemática y empecinadamente a pro¬ 
porcionarnos esa información, porque prefieren proteger a los asesinos con 
un manto de silencio, impunidad y anonimato”. 84 

Las inesperadas dimensiones que el caso tomó habían colocado a 
Sanguinetti, que entre sus dos presidencias había logrado labrarse una 
posición de estadista de reconocimiento internacional, en una situación 
muy comprometida. A lo largo del último año de su segundo mandato, se 
produjo un fuerte debate público y mediático del que participaron Gelman, 
Familiares, y el propio Presidente y sus seguidores. Al cumplirse diez años 
de la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad, se hacía evidente el 
incumplimiento de su artículo 4 o y la irresolución de la cuestión de los 
desaparecidos, que se había pretendido dar como cerrada. Seguramente, 
allí reside parte de la explicación del inesperado giro que la política oficial 
hacia el tema tendría bajo la presidencia del, también colorado, presidente 
Jorge Batlle. 

La “paz” fallida. Un avance insuficiente ( 2000 - 2003 ) 

Al asumir el mando el I o de marzo de 2000, el presidente Jorge Batlle, 
sorprendió a muchos, tanto en la oposición como en el propio gobierno y 
sus aliados: en su discurso frente a la Asamblea General se refirió a la 
necesidad de crear un nuevo “estado del alma” para fraguar la pacifica¬ 
ción. Aunque no lo dijo directamente, esta inesperada declaración no po¬ 
día dejar lugar a dudas: se refería a la cuestión de los desaparecidos. Mo¬ 
mentos después, al marchar en caravana oficial desde el Palacio Legislati¬ 
vo hacia el Palacio Estévez, donde recibiría la banda presidencial de parte 
su antecesor, saludó ostensiblemente al grupo de Madres y Familiares que, 
portando las inconfundibles fotos de los desaparecidos, se había aposta¬ 
do, a la altura de la calle Nicaragua, sobre una de las veredas de la Avda. 
del Libertador por la que transitaba la caravana. El saludo de Batlle y la 
ignorancia, deliberada o fortuita, del vicepresidente electo Luis Hierro, per¬ 
teneciente a la fracción colorada encabezada por Sanguinetti, simboliza¬ 
ron dos actitudes distintas frente a la cuestión de los desaparecidos, con¬ 
firmando lo que se había entrevisto en el discurso realizado en el recinto 
parlamentario momentos antes. 


89 



Por ello, y porque los hechos posteriores confirmarían este viraje, el año 
2000 marcó el inicio de un nuevo período signado por cambios manifiestos 
en el abordaje del problema de los desaparecidos. Por primera vez, a quin¬ 
ce años de finalizada la dictadura, un gobierno democrático reconocería 
institucionalmente que en nuestro país se habían producido desaparicio¬ 
nes forzadas perpetradas por funcionarios del Estado uruguayo, y en co¬ 
ordinación con los de otros Estados de la región.*También por primera vez 
desde el restablecimiento de las instituciones democráticas, un Presidente 
de la República concedería una entrevista al grupo de Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Y, más importante, se compro¬ 
metería en ella a proponer una instancia de diálogo con los familiares para 
buscar un entendimiento que permitiese encontrar un camino de solución 
a su reclamo. 


Las conversaciones previas 

Con fecha I o de marzo. Familiares dirigió una carta abierta al Presiden¬ 
te de la República que asumía el mando del Poder Ejecutivo ese día. La 
carta volvía a plantear el histórico reclamo por los desaparecidos, concre¬ 
tándolo en seis puntos: el Estado uruguayo debía reconocer y asumir como 
su responsabilidad la desaparición de uruguayos durante la dictadura 
militar; la búsqueda de la verdad debía dar respuesta a cuatro preguntas, 
a saber: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?; la información a recabar 
debía comprender todos los casos denunciados, independientemente del 
lugar donde se hubiere producido la desaparición; las averiguaciones de¬ 
bían contemplar la situación de los niños desaparecidos; las mismas de¬ 
bían realizarse en el marco de una investigación seria y exhaustiva “lleva¬ 
da adelante por una persona o grupo de personas que den garantía sufi¬ 
ciente de independencia, imparcialidad e idoneidad”; 85 por último, esa in¬ 
vestigación debía realizarse con el acuerdo de Familiares. 

Una vez que la Presidencia manifestó su voluntad de dialogar con una 
representación del grupo, se realizó un llamado convocando a todos los 
familiares con el objeto de elegir una delegación. Esta elección dio lugar a 
una discusión que provocó malestares que se arrastrarían por largo tiem¬ 
po. En el plenario se resolvió que debían concurrir Javier Miranda, Luz 
Ibarburu y Luisa Cuesta. Una vez resuelto esto, Sara Méndez solicitó que 
se revisara la designación, planteando la necesidad de asistir personal¬ 
mente a la reunión con el Presidente. Esto dio lugar a la discusión que Luz 
recuerda de la siguiente manera: “Fue una discusión muy fuerte, entonces 
yo dije que a mí me parecía que el caso de Sara era muy importante y que a 
pesar de lo que habíamos resuelto nosotros tenía que ir Sara. A todo esto 
Sara se había ido, porque entendió que ella era el objeto de la discusión. 
Yo... no me arrepiento de haber sugerido eso... El problema no era que fuera 


* Recordemos que, como vimos en el capítulo anterior, el único antecedente se había 
producido en el ámbito parlamentario en el año 1985, con la actuación y el informe 
de la Comisión Investigadora sobre la situación de Personas Desaparecidas y Hechos 
que la Motivaron. 


90 



Sara sino que se cambiara la resolución anterior... para mi gusto por un error 
nuestro. Y bueno entonces se levantó la sesión, pero se levantó agriamente”. 

Luisa Cuesta recuerda el episodio en los siguientes términos: “Sara 
había dejado de venir a las reuniones... apareció cuando la entrevista con 
Batlle, para la elección de delegados que iban a verlo... Ahí no la eligieron 
para ir. Yo puedo decir que a mí tampoco. Eligieron primero a Javier y a Luz. 
Y ahí yo me propuse. Yo dije: ‘nunca he querido ir a ver a ningún político’, 
porque no había querido... porque yo no les creo, no voy porque meto la pata. 
Entonces digo: ‘yo quiero ir a la entrevista con Batlle, yo tengo que hablar 
con él’. Porque me parecía que el caso nuestro no era político, era humano. 
Siempre tuve ese concepto. Cuando hago un pedido por ellos lo hago como 
ser humano como humanos que no fueron respetados, nada más. Y pensé 
que bueno, como Batlle había ido a darle un beso a su madre y como ade¬ 
más había tenido respeto hacia las fotos de los desaparecidos cuando él 
salió del Palacio y nosotros estábamos con las fotos en alto ahí enfrente al 
IPA, con mirar las fotos nos demostraba que no le pasaba desapercibido lo 
que nos había pasado a nosotros”. 

En las reuniones previas a la formación de lo que sería la Comisión 
para la Paz, el Presidente Batlle y los representantes de Familiares discu¬ 
tieron y delinearon sus opiniones y objetivos con la intención de conciliar¬ 
ios. La primera reunión se realizó el día 13 de abril de 2000. Independien¬ 
temente de sus contenidos concretos, esta reunión tenía para Familiares 
una tremenda significación. Era la primera vez, a quince años de finaliza¬ 
da la dictadura, que un Presidente accedía a su pedido de entrevista. Fi¬ 
nalmente, la delegación de familiares estuvo integrada por Luisa Cuesta, 
Luz Ibarburu, Javier Miranda y Sara Méndez. Representando a la Presi¬ 
dencia participaron el Presidente Jorge Batlle, su secretario Raúl Lago, su 
asesor Carlos Ramela. También participó de la reunión Gonzalo Fernández.* 
Según Luisa: “En la primera entrevista tuvimos el reconocimiento porque 
era la primera vez que alguien oficialmente nos recibía. Más o menos se 
trató el tema. Se nos habló de que se iba a nombrar una comisión pero no 
profundizamos mucho porque Batlle más que nada se dedicó a hablar con 
Sara, a decirle que le iba a pedir a Gerardo Vázquez que se hiciera el exa¬ 
men de ADN, se lo dijo así directamente y de mal modo”. En esa primera 
reunión, Madres y Familiares se comprometió a brindar a la Presidencia 
toda la información disponible sobre cada uno de los casos. Por su parte el 
Presidente se comprometió a agotar todos los recursos disponibles para 
solucionar el problema, realizando las averiguaciones que permitiesen acla¬ 
rar el destino de los desaparecidos. 

La segunda reunión se realizó el 5 de junio del mismo año. Por Madres 
y Familiares asistieron Luz Ibarburu, Luisa Cuesta y Javier Miranda. Por 
la Presidencia participaron Jorge Batlle, Raúl Lago y Carlos Ramela. Al 
igual que en la ocasión anterior, también participó Gonzalo Fernández. 


* Previamente, Jorge Batlle se había contactado con el presidente del EP-FA, Tabaré 
Vázquez, adelantándole sus intenciones y solicitándole le propusiese una persona de 
su confianza personal para participar en las conversaciones que se iniciarían. En ese 
carácter participó Gonzalo Férnández de estas primeras reuniones. Luego sería uno 
de los integrantes de la Comisión para la Paz. 


91 



Una vez finalizada la reunión el vocero de Familiares expresó: “Aunque no 
sea el camino que nosotros aspiramos, lo valoramos porque es la primera 
vez que se busca un camino. Lo hemos intentado durante veinticinco años y 
no hemos encontrado ninguna brecha... [somos] conscientes de las dificul¬ 
tades que tiene este proceso de esclarecimiento. Aquí tiene que haber una 
firme voluntad política en esclarecer la verdad y también un gesto de con¬ 
fianza de todos los interesados”. 86 

De acuerdo al testimonio de los representantes de Familiares que parti¬ 
ciparon de esta segunda reunión, se percibió una actitud hostil de parte del 
Presidente con respecto a sus ideas y propuestas acerca de la mejor forma 
de encaminar la solución del asunto. Era la segunda oportunidad en que se 
reunían con el Presidente para abordar, por primera vez desde la restaura¬ 
ción democrática, el tema de los desaparecidos de forma seria y comprome¬ 
tida en la búsqueda de una solución, pero la conciliación de intereses resul¬ 
taba muy dificil. Familiares pretendía una investigación exhaustiva de to¬ 
dos los casos, sin importar el país en donde se había producido la desapari¬ 
ción. El Presidente insistía en que lo que buscaba con su iniciativa era gene¬ 
rar un “estado del alma” propicio a la reconciliación y la paz. Se resistía ni 
tan siquiera a utilizar el término “investigación”. Su propósito era instalar 
una comisión que realizara “averiguaciones”, limitándose a los casos de des¬ 
aparecidos en Uruguay. En palabras de Luz Ibarburu: “Cuando fuimos a 
esa reunión, la parte del versito me tocaba a mí, que era pedir una investiga¬ 
ción exhaustiva. Y Batlle saltó como un resorte, ‘nada de investigación’. Des¬ 
pués dijo que con los militares iban a hablar ellos”. 

Rememorando las dificultades para entablar un diálogo con el Presi¬ 
dente, Milka González quien no participó personalmente de las reuniones 
con Batlle pero las seguía de cerca como miembro del plenario de Familia¬ 
res, recuerda las dos primeras reuniones en estos términos: “La primera 
reunión fiue el 13 de abril. Fue muy dura, muy frenada, hablando siempre el 
Presidente. Cuando Luisa quiso hablar, la paró... La segunda fue unos me¬ 
ses después, ya pensando que... no iba a ser posible conseguir absoluta¬ 
mente nada... Estaba muy duro, en una posición de querer imponer cosas y 
nosotros, en no aceptar... Imponía, por ejemplo, que acá no iba a ver una 
investigación. Nosotros no pedimos una Comisión para la Paz... nosotros 
pedíamos otro tipo de investigación una comisión de Derechos Humanos y 
que hubiera una investigación”. 

Por su parte, Oscar Urtasun, que participó de otra de esas reuniones 
preparatorias, recuerda, con su singular estilo, las dificultades de la con¬ 
versación con el Presidente: “Y" ahí, bueno, participamos, cada uno con su 
estilo. Familiares hizo un buen trabajo para mí, no porque haya estado yo, 
sino porque era muy dificil salir vivo de esta ronda, con unos interlocutores 
como Ramela y Jorge Batlle que es un hombre que tiene dominio de las 
reuniones, no deja hablar. ¡Y a mí me tenés que dejar hablar!”. 

La instalación de la Comisión para la Paz 

La Comisión para la Paz (COPAZ) fue creada por Resolución de la Presi¬ 
dencia de la República (Res N° 858/2000) el día 9 de agosto de 2000, con 
el cometido de “recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las 


92 



desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen defacto”. 87 Como la 
propia Comisión dejaría sentado al finalizar sus trabajos “Desde un co¬ 
mienzo, más allá del objetivo último y más ambicioso de consolidar la paci¬ 
ficación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos..., ésta 
tuvo en claro que le había sido asignada una tarea más inmediata: ...la de 
averiguar la situación y el destino de los detenidos desaparecidos durante 
el régimen de facto”. 8B 

La COPAZ estuvo integrada por monseñor Nicolás Cotugno, represen¬ 
tante de la Iglesia Católica, José D’ Elía, representante del PIT-CNT, Gonza¬ 
lo Fernández, representante de la presidencia del EP-FA, el presbítero Luis 
Pérez Aguirre,* representante de Familiares, Carlos Ramela, representan¬ 
te del Presidente de la República, y Claudio Williman, representante del 
Partido Nacional. Su período de trabajo, inicialmente previsto para el tér¬ 
mino de un año, fue prorrogado sucesivas veces, extendiéndose a lo largo 
de dos años y medio. Su Informe Final fue entregado al Presidente de la 
República el día 10 de abril de 2003. 

Luego de varias discusiones en plenario general. Familiares adoptó la 
posición de colaborar con la Comisión creada por el Presidente, respaldar 
públicamente sus acciones y evitar todo tipo de roces con sus integrantes. 
Desde el comienzo se descartó mantener enfrentamientos públicos con la 
COPAZ o sus integrantes, decidiéndose que toda crítica hacia su proceder 
debía ser planteada en reuniones privadas, como forma de construir un 
ambiente propicio para el logro de acuerdos y evitar el desgaste y/o el 
descrédito público del organismo oficial, que por primera vez desde la re¬ 
cuperación democrática reconocería la existencia de los desaparecidos y 
asumiría la responsabilidad de esclarecer su situación. 

Al momento de constituirse la Comisión, Madres y Familiares hizo en¬ 
trega de toda la información disponible hasta ese momento sobre los casos 
de uruguayos desaparecidos dentro y fuera de Uruguay. En el transcurso 
de su actuación, la COPAZ y Familiares mantuvieron una relación fluida, 
en particular con tres de sus miembros, aquellos en los que recayó la 
mayor parte de su accionar efectivo: Carlos Ramela, Gonzalo Fernández y, 
naturalmente, el miembro de confianza de Familiares (Luis Pérez Aguirre 
primero, Jorge Osorio luego). La Comisión y Familiares intercambiaban 
información que conseguían, cada cual por su lado, con excepción de aque¬ 
llas brindadas por fuentes militares que era considerada de índole secreta, 
y manejada en forma reservada por Ramela y Fernández. En este sentido, 
los vínculos fueron cordiales y se basaron en un espíritu de colaboración. 

En la designación de Luis Pérez Aguirre (“Perico”) la decisión fue unáni¬ 
me. Como dice Oscar Urtasun en conversación mantenida el 26 de sep¬ 
tiembre de 2005: “era cantado que fuera Perico”.** La participación de Pe¬ 
rico le fue solicitada por Madres y Familiares. En un principio él no estaba 
muy convencido de aceptar ya que tenía algunas diferencias con el enton¬ 
ces Presidente de la Comisión, Nicolás Cotugno. Pero en una segunda re¬ 
unión con Familiares aceptó: "... había sopesado un poco lo que podía ha- 


* Fallecido en enero del año 2001, fue sustituido, a propuesta de Familiares, por Jorge 
Osorio. 


93 



cerpor nosotros, por el grupo”.* Si bien fue designado como la persona de 
confianza de Familiares en la Comisión para la Paz, Pérez Aguirre, lo mis¬ 
mo que los demás miembros de la Comisión, no actuaba como represen¬ 
tante sino a título personal.** 

Para Madres y Familiares la presencia de “Perico” en la Comisión fue 
sumamente importante no solo por lo que significaba afectivamente para 
los familiares sino por su compromiso en la lucha por los DDHH desde la 
fundación de SERPAJ. Habían trabajado juntos desde el año 1981, existía 
una sintonía en el pensamiento y una total confianza en su persona, a 
quien reconocían una sensibilidad única. Su fallecimiento en el año 2001 
fue vivido como una baja difícil de superar, aun cuando lograron persuadir 
a otro ex integrante de SERPAJ, Jorge Osorio, para que ocupara el lugar de 
“Perico”: “El rol de Perico fue muy importante, muy importante. Fue muy 
importante ese comienzo con Perico, después la continuación de Jorge. Para 
nosotros era una referencia muy importante Perico. Esto no quiere decir que 
Jorge no haya seguido el trabajo, lo siguió”.*** "... pienso que si hubiera 
seguido Pérez Aguirre hubiese sido distinto, es una opinión muy personal, 
una intuición, me parece que jugaba un rol muy importante por su relevan¬ 
cia internacional hubieran sido ciertas cosas mejor”. **** 

El informe de la Comisión para la Paz 

En octubre de 2002 la COPAZ elevó un Informe Preliminar al Presidente 
de la República. Constaba de cuatro capítulos y nueve anexos. El primer 
capítulo estaba referido a denuncias sobre personas presuntamente des¬ 
aparecidas en Uruguay. El segundo a ciudadanos uruguayos presunta¬ 
mente desaparecidos en Argentina. El tercero a ciudadanos uruguayos 
presuntamente desaparecidos en otros países (Chile, Paraguay y Brasil). 
El cuarto a denuncias sobre desaparición de niños. En los anexos se pre¬ 
sentaba información sobre fechas y circunstancias de fallecimiento para 
los casos en que se pudo obtener la información. En los casos en que no se 
obtuvo el día exacto, se presentaba el entorno temporal en el que podía 
haberse producido el fallecimiento. En otros casos se presentaba única¬ 
mente el nombre de la persona detenida desaparecida sin consignar infor¬ 
mación relativa a la muerte. En los casos de uruguayos desaparecidos en 
Argentina se presentaban los nombres agrupados por centro clandestino 
de detención en los que, de acuerdo a los testimonios recibidos, habrían 
estado detenidos entre el secuestro y la desaparición. 

Este informe fue sometido por la COPAZ a Madres y Familiares a efecto 
de su revisión y confirmación de datos. Familiares propuso una serie de 
correcciones que entendió pertinentes. En particular, observó la inclusión 
de un párrafo en el que se establecía que, con su trabajo, la Comisión 
había dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 o de la Ley de 
Caducidad. Para Familiares, esta afirmación carecía de validez puesto que 

* Entrevista a Milka González. 

** Conversación con Luz Ibarburu el 26 de septiembre de 2005. 

*** Entrevista a Milka González. 

****Entrevista a Luz Ibarburu. 


94 



la COPAZ no habían tenido entre sus cometidos el realizar investigaciones, 
las cuales fueron expresamente dejadas fuera del campo de sus atribucio¬ 
nes al momento de su creación, rehuyendo explícitamente el uso del tér¬ 
mino “investigación”. 

El Informe Final fue entregado al Presidente de la República el día 10 
de abril de 2003, cuando habían transcurrido dos años y siete meses des¬ 
de la creación de la COPAZ: "... la COMISION ha entendido que debe ahora 
finalizar su labor, asumiendo que, cumplidas las instancias y actuaciones a 
su alcance, ha obtenido respuestas significativas sobre muchos de los ca¬ 
sos denunciados -básicamente en lo que respecta a las denuncias relativas 
a desapariciones ocurridas en nuestro país- y no está en condiciones de 
acceder a más información relevante de la que hasta ahora ha recopila¬ 
do”. 89 “En consecuencia, la COMISION eleva al Señor Presidente de la Repú¬ 
blica su INFORME FINAL. .. ”. 90 Este Informe Final mantenía la misma estruc¬ 
tura del Informe Preliminar antes mencionado. Por una parte se presentó 
la información de acuerdo a los países en los que se había producido la 
desaparición. Por otra, se presentó un resumen individual sobre cada caso. 

La mención al cumplimiento del artículo 4° de la Ley de Caducidad, que 
Familiares había observado en el Informe Preliminar de octubre de 2002, 
no figuraba en el cuerpo del Informe Final. Sin embargo, cuando a los 
pocos días de su recepción el Presidente Batlle, emitió el decreto N° 448/ 
2003, por el que el Gobierno hizo suyas las conclusiones planteadas por la 
Comisión en su informe, volvió a incluirse, entre los considerandos y la 
fundamentación del decreto, la mención al cumplimiento del artículo men¬ 
cionado. Ante ello Familiares expresó públicamente que: “... más allá de 
que esta afirmación no integra la parte resolutiva de la norma, la misma no 
es ajustada a la realidad de los hechos... En el proceso de discusión de la 
redacción de la resolución de creación de la Comisión se excluyó expresa¬ 
mente, por iniciativa del Gobierno, la expresión investigación. Como conse¬ 
cuencia de ello, a la Comisión no se le asignó facultades investigativas am¬ 
plias, tal cual lo exigiría el cumplimiento de la investigación ordenada en el 
artículo 4 citado. Tan es así que en la Resolución de la Presidencia por la que 
se crea la Comisión no existe mención alguna a esa norma de la ley de 
impunidad. Es más, en forma deliberada, nuevamente por iniciativa del 
Gobierno, no se incluyó en el texto de la Resolución la mención al artículo 4. 
Por lo tanto, no es acorde a los hechos afirmar, como lo hace el decreto 448/ 
2003, que ‘el trabajo de la Comisión para la Paz cumple definitivamente con 
lo dispuestos por el artículo 4° de la Ley N° 15.848 del 22 de diciembre de 
1986’”.* 

La Comisión había consultado a Familiares sobre la forma en que se 
prefería recibir la información: “Hubo una discusión respecto con la infor¬ 
mación de la Comisión que fue la siguiente: si preferimos que nos vayan 
dando la información a medida que la van teniendo o nos la dan toda junta 
al final. En un principio primó la segunda posición porque entendíamos que 
era una forma de presentar la cuestión como bloque y mantener la unidad 
del grupo, incluso la unidad afectiva, que era bien importante. Pero des- 

* Comunicado “Ante algunas repercusiones del informe de la Comisión para la Paz”, 

MFUDD, 21/04/03, AMFUDD. 


95 



pues, sobre la marcha, fuimos cambiando hacia la primera posición, porque 
era absurdo que la Comisión tuviera la información y la estuviese apretan¬ 
do. Desde el punto de vista humano era una ridiculez”.* 

Para el caso de los uruguayos desaparecidos en Uruguay se citó de a 
cuatro familias, se les presentó oralmente la información y se les dio un 
resumen por escrito. Siempre estuvo presente un miembro de Madres y 
Familiares. En el caso de los uruguayos desaparecidos en Argentina se 
citó por grupos según la situación: los que habían sido vistos en centros 
clandestinos y nombrados en testimonios, los que se tenían indicios de su 
estadía en un lugar de detención en determinada fecha, los que se tenía la 
convicción de su condición de desaparecido aunque no se contaba con 
ninguna información, los que no fueron investigados por considerarse que 
no existían elementos suficientes para confirmar la condición de desapa¬ 
recidos.** 

En el día en que el Informe Final de la COPAZ fue entregado a la Presi¬ 
dencia y dado a conocer públicamente. Madres y Familiares emitió un 
comunicado de prensa en el que plateaba su evaluación del trabajo reali¬ 
zado y el contenido del informe: “La Comisión para la Paz (que en todo 
momento contó con la colaboración práctica de Familiares) arriba en esta 
primera versión oficial a lo ocurrido con algunos de los detenidos desapare¬ 
cidos y avanza en la ubicación e identificación en territorio argentino de los 
restos de varios de ellos. Aun habiendo actuado sin facultades investigativas 
ni poder coercitivo, la información que obtuvo es valiosa y significativa. En 
definitiva, se reconoce la responsabilidad del Estado como tal en la deten¬ 
ción y desaparición de nuestros familiares y en la instrumentación de una 
práctica sistemática de violación a los derechos humanos por parte de la 
dictadura cívico-militar que ejerció el Poder del Estado entre 1973 y 1984 ”. 91 

Los resultados a que arribó la COPAZ fueron sumamente insatisfacto¬ 
rios en lo que refiere a un tema clave: la ubicación de los restos mortales 
de los desaparecidos, aunque en el caso de algunos familiares les fueron 
otorgadas nuevas pistas pero sin colmar completamente sus expectativas. 

En el caso de Amalia González no existieron grandes aportes: “La pri¬ 
mera que habló fui yo y les dije que no me creía para nada los datos que 
aportaban y que se podía haber investigado más y que si había restos, los 
restos había que buscarlos y que si hoy díaporADN se saben cosas de hace 
miles de años, cómo no se va a poder investigar, encontrando algo, cualquier 
resto de los desaparecidos. Y después, hablaron todos, habló Raúl mi hijo, 
después habló Elena”. 

Hortensia Pereira quedó esperando resultados más certeros: “yo tenía 
esperanza que se pudiera llegar a un poco más”. 

Oscar Urtasun recibió nuevas pistas sobre la desaparición de su her¬ 
mano pero tampoco le resultaron satisfactorias: “La Comisión lo que hace 
es abrir las puertas de Identificación Civil, las huellas. Mandan juegos de 

* Entrevista a Javier Miranda. 

** En trece de los más del centenar de casos de uruguayos desaparecidos en Argentina, 
la Comisión obtuvo información relevante, proveniente de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Buenos Aires, que permitió establecer que habían sido enterrados 
como “NN”. 


96 



huellas, y uno de los cadáveres de NN era mi hermano, según las huellas. 
Yo lo dejo en suspenso, pido más, eso es insuficiente porque... ¡solo las 
huellas!... ¡Las huellas se implantan, no hay una foto, no hay, no hay nada! 
¡No me dan nada! Me dan eso y nada más, un parte policial, o de un funcio¬ 
nario que dice ‘Se encontró un cadáver así, así y así’, pero no dice ni las 
señas, dice que llevaba zapatos de color, un saco, un vaquero... Me dan lo 
que está al lado y nada más”. 

Luz Ibarburu resume de la siguiente forma, su evaluación de la actua¬ 
ción de la Comisión para la Paz: para nosotros la Comisión para la Paz 

tuvo una cosa impórtantísima: es la primera vez que un gobierno asume que 
la desaparición es una deuda del gobierno, o sea del Estado, que antes ni 
siquiera nos habían recibido los anteriores Presidentes. Pero después claro, 
la Comisión para la Paz tuvo muy recortadas atribuciones, creo que investi¬ 
gó aunque no tenía atribución de investigación y bueno, y nos ayudaron 
además prácticamente en muchas cosas, por ejemplo el hecho de que un 
organismo del Estado pidiera todas las huellas dactilares, por decir algo, 
permitió individualizar cadáveres encontrados o expedientes encontrados, 
después todo lo que hicieron para el rescate de cuerpos, que también lo 
hicieron y además se creó un ambiente en el país en ese momento. Quiere 
decir que para mí tuvo cosas muy positivas, simplemente quedó a mitad del 
camino”. 

En el capítulo del informe referido al tema se establece que “La COMI¬ 
SION ha asumido en todo momento que el destino de los restos de los deteni¬ 
dos desaparecidos es una cuestión esencial, que aflige y lastima en forma 
especial a sus familiares”, pero se informa que “La información descarta, 
lamentablemente, la posibilidad de la COMISION de ubicar restos de las per¬ 
sonas desaparecidas, salvo en lo que respecta al caso especial de Roberto 
Julio GOMENSORO JOSMAN”. 92 

La imposibilidad de localizar los restos puede explicarse por tres facto¬ 
res. En primer lugar, las limitadas potestades de la COPAZ: “no entraba en 
las potestades de la COMISION -bajo las condiciones establecidas- el reali¬ 
zar una indagatoria formal y documentada sobre los hechos, que hubiera 
exigido otra clase de atribuciones”. 93 En segundo lugar, la decisión presi¬ 
dencial de que la COPAZ no realizase contactos con las FFAA: “por expresas 
instrucciones del Señor Presidente de la República, quien entendió que ello 
era de su privativa competencia, la COMISIÓN no entabló nunca contactos de 
nivel institucional con las Fuerzas Armadas, ni se reunió con los mandos y 
jerarquías respectivas”. 94 En tercer lugar, la falta de colaboración de los 
militares involucrados en los casos denunciados, quienes evidentemente 
saben en dónde están los restos, pero habían decidido no proporcionar tal 
información, brindando en cambio una versión compartida por todos que 
resultó absolutamente inconvincente. 

Aludiendo a estos intentos frustrados de obtener la información decisi¬ 
va de parte de los militares y policías implicados en las denuncias de des¬ 
apariciones, el informe señala que: “Por tales razones, más allá de las limi¬ 
taciones obvias e iniciales de la COMISIÓN, que tuvo amplias facultades para 
recibir documentos y testimonios pero no tuvo potestades de orden coerciti¬ 
vo que son ajenas a su condición, todos sus miembros se han comprometido 


97 



y esforzado por averiguar la verdad de lo ocurrido con los detenidos des¬ 
aparecidos, agotando las instancias y actuaciones a su alcance y procuran¬ 
do todos los contactos que fueron capaces de lograr por medio de la persua¬ 
sión y el diálogo, tratando de dar cumplimiento a la tarea encomendada”. 95 

Con respecto a este punto, el comunicado de prensa de Madres y Fami¬ 
liares antes mencionado expresaba: “Con relación a los casos de desapari- 
ciónforzada ocurridos en Uruguay la Comisión consigna que fueron escasas 
las fuentes militares y policiales que contribuyeron con información. Queda 
entonces en evidencia que institucionalmente los militares y policías, ampa¬ 
rados en la impunidad, persisten en mantener el silencio de todos estos 
años, lo cual presupone defacto una voluntad táctica de continuar el cri¬ 
men”. 96 

La sensación que trasluce ese comunicado emitido el día de la presen¬ 
tación del Informe Final, en cuanto a que la labor de la Comisión para la 
Paz fue un paso adelante en la lucha por la verdad, aunque insuficiente, se 
confirma en múltiples expresiones contenidas en los testimonios recaba¬ 
dos para este trabajo, entre ellas, las siguientes: “El Informe de la Comisión 
para la Paz no representa un punto final, sino que, como decía ‘Perico’ [Luis 
Pérez Aguirre], es un punto de reinicio en el esclarecimiento de nuestro pa¬ 
sado reciente. Un insumo que era imprescindible para empezar a reconstruir 
con honestidad la verdad” 97 ”... sin la Comisión para la Paz posiblemente 
no hubiéramos sabido mucho, me imagino. Desde luego sirvió para algo, 
pero no para lo que nosotros pensábamos”;* ”... sirve si en un futuro la 
hacemos servir, si no, no sirve. Que eso nos sirva para impulsarnos, para 
proyectarnos en adelante. Fue muy importante en ese sentido, se avanzó en 
el tratamiento del tema”;** “Creo que fue positivo, fue un paso importante 
sobre todo porque el gobierno aceptó la responsabilidad frente a lo que pasó. 
Y eso es importante para toda la gente, sobre todo la gente menos politizada. 
Aunque no es lo que uno hubiera querido, sino que las cosas fueran afondo, 
que se investigara y no se investigó”.*** 

¿Y ahora qué? 

En los meses siguientes a la finalización del trabajo de la COPAZ, una 
vez más, la interrogante principal que se planteó en el seno de Familiares 
fue ¿cómo continuar la lucha para avanzar más en el camino hacia la 
Verdad y la Justicia? Pero, la situación era completamente distinta a todas 
las que se habían planteado desde abril de 1989. En primer lugar, por 
primera vez, el gobierno nacional había reconocido la existencia de los 
desaparecidos y la responsabilidad estatal, y se había comprometido en el 
esclarecimiento de su situación y en la reparación a sus familiares. En 
segundo lugar, se estaba a poco más de un año de las elecciones naciona¬ 
les de octubre de 2004, y muchas evidencias indicaban que la izquierda 
era la favorita, por lo que existían razonables esperanzas de que los parti- 


* Entrevista a Milka González. 

** Entrevista a Oscar Urtasun. 

*** Entrevista a Amalia González. 


98 



dos que se habían opuesto a la Ley de Caducidad y que estaban compro¬ 
metidos con la causa de Familiares se encargasen del gobierno nacional a 
partir de marzo de 2005. 

En este sentido, en los meses posteriores a la entrega del Informe Final 
de la COPAZ se podían identificar en el grupo de Familiares básicamente 
dos posturas, o más bien, dos actitudes con respecto al futuro. Una, más 
optimista, confiada en el eventual triunfo de la izquierda en las elecciones 
del año siguiente y esperanzada por el compromiso explícitamente asumi¬ 
do por el candidato presidencial del EP-FA en diversos encuentros con miem¬ 
bros de Familiares. Aludiendo a estos encuentros Amalia González expre¬ 
saba: “ Siempre nos ha recibido. Y nos ha recibido muy bien, muy afectuoso. 
Y siempre nos ha dicho: yo estoy con ustedes, hasta donde ustedes van yo 
voy”. En cambio, otros, como Luisa, eran más escépticos pues creen que la 
negativa de los militares a brindar la información de que disponen, impe¬ 
diría avanzar en la solución del tema, independientemente de la voluntad 
política del eventual gobierno de la izquierda: “... Vázquez no va a poder 
cumplir con el artículo cuarto. ¡Cualquier día lo van a dejar entrar a un cuar¬ 
tel!”. 

Pero, más allá de las esperanzas o escepticismos ante las perspectivas 
que abriría el probable acceso de la izquierda al gobierno, la pregunta 
volvía a ser la misma de anteriores ocasiones: ¿qué hacer de ahora en 
adelante? Se planteó en el seno del grupo una discusión similar a la plan¬ 
teada en el año 1989 luego de la derrota del referéndum: ¿Vale la pena 
seguir? ¿Es pertinente seguir funcionando como un grupo de familiares de 
detenidos desaparecidos? Y, aunque Luisa Cuesta se contaba entre las 
más escépticas sobre lo que podría realizar un gobierno de izquierda, era 
enfática en este punto: “Yo creo que si habernos unos cuantos familiares 
que tengamos fuerza para seguirlo, esto sigue. Esto sigue y te digo que esta¬ 
mos en un momento donde el tema de la desaparición tiene más fuerza que 
nunca. Creo que no ha estado nunca el tema de la desaparición forzada 
como en este momento. Este es el momento...”. 

Por su parte, Hortensia Pereira coincidía en la necesidad de continuar 
para seguir avanzando en la causa: “Hay cosas que estuvieron muy bien, 
de ahora en más yo pienso que se puede, (...) hay montones de cosas para 
trabajar por derechos humanos”. También pensando en el futuro y en la 
continuidad de la lucha por los derechos humanos, no ya a su violación 
durante la experiencia autoritaria, Milka González se refirió a una de las 
recomendaciones que Familiares propuso a la COPAZ* y que esta incorpo¬ 
ró en su Informe Final: “Habría que poner una institución de derechos hu¬ 
manos, que siga con el tema, pero que siga realmente y no como ahora que 
está una persona administrativa y nada más”. 

Y Javier Miranda agregó, exponiendo una idea que dio origen a este 
libro: “¿Qué futuro tiene Familiares? El gran objetivo es efectivamente ese 
¡Nunca Más! ¿De qué se trata? Yo creo que la experiencia de la memoria es 
absolutamente central, lo único que se puede dejar es un relato histórico de 

* El texto completo de las propuestas que Madres y Familiares entregó a la Comisión 

para la Paz con fecha 29 de junio de 2002 puede leerse en A todos ellos, ob. cit., 

pp. 573 a 595. 


99 



lo que pasó Familiares. Familiares va a desaparecer y está bien que des¬ 
aparezca, porque es anacrónico un eterno grupo de Familiares. Pero enton¬ 
ces podemos dejar como legado la experiencia de un grupo de viejas, de 
mujeres que han sido capaces de incidir en la historia de un país. Yo creo 
que es una experiencia riquísima”. 


100 



Capítulo Cuarto 


Democracia, dictadura y 

DERECHOS HUMANOS EN URUGUAY 

Una perspectiva histórica y contemporánea 


La historia de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desapare¬ 
cidos que se relató en los capítulos anteriores, se inscribe en un contexto 
preciso que incluye, por un lado, la experiencia autoritaria que la sociedad 
uruguaya vivió entre fines de los sesenta y primera mitad de los ochenta, 
y, por otro, la lucha contra las violaciones de los DDHH que esa experiencia 
supuso, tanto durante como después de la dictadura. Solo en ese marco 
puede comprenderse la importancia que para la sociedad y la construc¬ 
ción democrática uruguaya ha tenido la acción de esta organización; por lo 
tanto conviene analizarla tomando por base dos ejes relevantes: el proble¬ 
ma de las violaciones a los DDHH y sus secuelas en la historia reciente del 
país, y la acción de las organizaciones de defensa de estos derechos duran¬ 
te la propia dictadura y, en particular, en el período posautoritario. 

La experiencia de la dictadura y sus prolegómenos permanecen en la 
sociedad uruguaya. Hoy esto resulta evidente: se excava en predios milita¬ 
res buscando enterramientos clandestinos de ciudadanos asesinados por 
la dictadura y algunos funcionarios, directa o indirectamente implicados 
en la represión, son citados por la Justicia para dar cuenta de sus actua¬ 
ciones en tiempos del régimen cívico-militar. Pero incluso antes, durante 
los años noventa -en medio de un clima social y cultural dominado por la 
impunidad y el olvido que se instauró tras el plebiscito confirmatorio de la 
Ley de Caducidad-, aunque la dictadura no fuera mencionada expresa¬ 
mente, existían muchas formas indirectas de hacerla presente por medio 
de algunas claves discursivas de uso frecuente: así las invocaciones a “épo¬ 
cas que preferimos no volver a vivir” o la referencia a que “esta película ya 
la vimos”, funcionaron como amenazas veladas ante reclamos o incidentes 
que son habituales en la experiencia social. 

Desde otra perspectiva, la dictadura también está presente cuando se 
le atribuye la responsabilidad de muchos de los problemas que han aque¬ 
jado a la sociedad uruguaya en los veinte años transcurridos desde su 
final: cuando se invoca la crisis social, la caída de los salarios, el malestar 
de los jóvenes o la situación de la enseñanza, generalmente el relato co¬ 
mienza en la época dictatorial. Por ello, muchos discursos y relatos repro¬ 
ducen, explícita o implícitamente, la equivocada idea de que antes del gol¬ 
pe de Estado o de la crisis que lo precedió, la sociedad uruguaya vivía 
relativamente libre de problemas. Al mismo tiempo, es muy probable que 


101 



esa visión fuera la predominante entre los contemporáneos: por lo menos 
hasta fines de los sesenta, los críticos estuvieron condenados al sitial del 
eterno inconformista. Pero es muy claro que esta percepción no responde 
a la evidencia de los hechos. Sin pretender eximir a la dictadura de las 
responsabilidades que le caben, también es cierto que la sociedad urugua¬ 
ya tenía modalidades de funcionamiento que en la actualidad, aunque 
sigan sucediendo, tendemos a considerar como impropias de un orden 
político democrático, pero que en el pasado estaban incluidas como parte 
de la “normalidad” social. Indudablemente, el tema del respeto a los DDHH 
se encuentra entre ellas. 

Pero este no es solo un tema del pasado dictatorial o de la crisis de los 
sesenta. También lo es del Uruguay posdictadura: la sociedad ha tolerado 
y aún sigue tolerando e incluso legitimando en amplios espacios de la 
opinión pública, las violaciones a los DDHH; y no solamente de aquellos 
derechos de reconocimiento más reciente (como los derechos económicos, 
sociales y culturales), sino aun los más clásicos derechos civiles y políti¬ 
cos, que forman parte del repertorio tradicional del liberalismo occidental. 
Si bien es cierto que estos se encuentran reconocidos en los textos consti¬ 
tucionales y legales, no están muy lejos en el tiempo los cuestionamientos 
al planteo de políticas sociales que tuvieran como objetivo combatir la po¬ 
breza (argumentando su efecto “desestabilizador de los equilibrios 
macroeconómicos”), y todavía aparecen defensores de la aplicación de tra¬ 
tos inhumanos cuando se practican contra ciertas categorías de la escala 
social: las iniciativas como la de introducir reformas al sistema carcelario, 
orientadas hacia la humanización de las condiciones de reclusión que no 
cumplen los requerimientos mínimos para asegurar el respeto a los DDHH 
de quienes purgan penas de prisión, se han enfrentado a cuestionamientos 
que anteponen la necesidad de construir más cárceles o invocan el peligro 
de contaminar la sociedad uruguaya con cierto número de personas de 
alta posibilidad: sin que sean tomadas en cuenta las condiciones de haci¬ 
namiento ni el hecho de que “pese a la severidad de las penas y la creación 
de nuevos delitos, la ley (de Seguridad Ciudadana] solo logró aumentar el 
número de personas privadas de libertad, pero no disminuir la criminali¬ 
dad ni el índice de reincidencia”.* 

Demos por admitido que “la meta debe ser promover el desarrollo inte¬ 
gral de la persona, garantizar tanto sus derechos civiles y políticos, como 
económicos, sociales y culturales”: 98 pero la sociedad uruguaya todavía 
está lejos del respeto de aquellos derechos reconocidos originariamente, 
por los que se comenzó haciendo de su defensa una bandera. Los derechos 
a la vida o al ejercicio de las libertades básicas aparecen como el “escalón 
inicial” en la sensibilidad social y su defensa tiene una larga tradición en 
Uruguay. Sin embargo, aun en la actualidad son frecuentes las manifesta¬ 
ciones de la ausencia de sensibilidad hacia violaciones de aquellos DDHH, 
o las justificaciones por su violación con relación a ciertos sujetos sociales, 
o del predominio de sensibilidades más intensas hacia otros valores (hoy 
la seguridad pública, como ayer la seguridad nacional). Tan evidente como 


* Afirmaciones del doctor José Díaz, Búsqueda, 30 de junio de 2005, p. 15. 


102 



esta ausencia ha sido, durante los noventa y hasta el momento actual, la 
contradicción entre el constante reclamo de mayores castigos para los de¬ 
lincuentes por un lado, y por otro la tolerancia de la impunidad para los 
delincuentes perpetradores de todo tipo de violaciones a los DDHH durante 
la dictadura, apoyada por la mayoría de la ciudadanía en el plebiscito de 
1989. 

A pesar de su tradición democrática y del pluralismo del que Uruguay 
hizo gala -incluso en épocas en que la historia comparada mostraba com¬ 
portamientos fuertemente represivos-, el respeto de los derechos civiles y 
políticos, a los que originariamente se restringió la noción de DDHH siempre 
mostró un acotamiento muy particular: si bien se encontraban garantidos 
cuando se refería a protagonistas del espacio de la política, en cambio esto 
no era así cuando se actuaba sobre anónimos integrantes del ámbito social. 
Por ejemplo, se daba por admitido que el desempeño de la Policía frente a los 
delincuentes capturados no siempre se encuadraba dentro de las normas 
legales y algunas prácticas como la “detención en averiguación” (que podía 
prolongarse en el tiempo sin que se le diera intervención a la Justicia) o los 
malos tratos a los detenidos en las comisarías eran moneda corriente en 
tiempos de la “Suiza de América”: y tampoco era extraño que ante la actua¬ 
ción de algún delincuente particularmente peligroso se reclamara pública¬ 
mente la reimplantación de la pena de muerte como ocurriera en la primera 
mitad de los años cincuenta cuando irrumpió el fenómeno de lo que comen¬ 
zó a denominarse “delincuencia infanto-juvenil”. 

Hoy en día, esa expresión ha sido desterrada del lenguaje cotidiano, 
sustituida por la tipificación de “minoridad infractora”, y en esa sustitu¬ 
ción hay algo más que un simple juego de palabras: señala un cambio de 
sensibilidad frente al problema de los menores “infractores” (ya no “delin¬ 
cuentes”) que arrastra a todo el concepto de “transgresión” en la vida so¬ 
cial. Sin duda, aun constatando la continuidad antes mencionada en cuanto 
a la dualidad de criterios o sensibilidades respecto a los DDHH, la expe¬ 
riencia de la dictadura ha tenido influencia en ese cambio: no es raro que 
una sociedad que ha padecido la acción de un régimen fuertemente repre¬ 
sivo, desarrolle una sensibilidad más acentuada respecto al concepto de 
“delito” y las formas de reacción del cuerpo social. Normalmente, tales 
cambios ocurren cuando algún colectivo u organización se adjudica a sí 
mismo la tarea de sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre una situa¬ 
ción (ahora definida como problemática) y eventualmente, de impulsar al¬ 
guna estrategia de solución. Así ocurrió con el reclamo del derecho a la 
vida y a las libertades “clásicas”; la historia de su respeto efectivo por parte 
del Estado y asumido como un derecho colectivo social nos brinda un 
ejemplo de esto. 

Los crímenes políticos en la historia urusuaya 

Ciertamente, la revisión histórica del problema del respeto de estos de¬ 
rechos muestra una permanente tensión entre la demanda del ejercicio de 
las libertades básicas de los ciudadanos y la pretensión de control por 
parte del Estado. Si nos remontamos en el tiempo, encontramos que las 


103 



violaciones de estos derechos tienen profusos antecedentes en el siglo XIX, 
donde hay múltiples ejemplos de violaciones a los derechos fundamenta¬ 
les, que van desde limitaciones al derecho de reunión o de la libertad de 
expresión, hasta llegar al crimen o la desaparición de personas. Por enton¬ 
ces, si bien la sensibilidad social aceptaba como “natural” algunas de esas 
formas de intervención sobre sectores sociales determinados, comenzaron 
a aparecer los reclamos contra esas prácticas: la generación “principista” 
puede señalarse como la pionera (y más infatigable) en la denuncia de las 
violaciones a los derechos. Como dice Pivel Devoto: 

“Civilmente el problema lo había resuelto el Código Civil. En cuan¬ 
to a la materia penal, estaba explícitamente contenido en la Constitu¬ 
ción, formal y materialmente, desde que el artículo 136 establecía que 
‘ninguno puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sen¬ 
tencia legal’ [...] pero además, había que trazar los límites entre la 
acción del Estado y la del individuo. Había que impedir, o por lo me¬ 
nos, contener los abusos del poder. Sobre todo, del poder que contaba 
con la fuerza. Fue esta la obra que realizó el principismo, fiel a su 
doctrina y a sus propósitos’’. 99 

De esta manera llegó a construirse un sentido común societal que en¬ 
tendía como inaceptables tales excesos; pero esta sensibilidad no alcanzó 
a todos los casos en los que las violaciones se verificaban. Pero entonces, 
si bien las protestas emergían cuando se comprobaba cualquier violación 
a los derechos individuales, no siempre tenían el mismo eco. La resonan¬ 
cia era mayor cuando la tortura o el asesinato de detenidos alcanzaban a 
ciertas categorías profesionales o a integrantes de grupos que ocupaban 
niveles sociales superiores, o cuando la represión se volcaba sobre los 
periodistas, protegidos doblemente por el concepto liberal de la libertad de 
prensa y por su pertenencia al elenco político. En cambio, pocas veces se 
señaló un aspecto que no solo caracteriza al período militarista sino a toda 
la historia del siglo XIX uruguayo, y es la ausencia de ejecuciones judicia¬ 
les de integrantes de la clase alta durante el período en que estuvo vigente 
la pena de muerte. 

Por otra parte, este tipo de consideraciones no deja de ser un despropó¬ 
sito para épocas en que el Estado, en cuanto garante del orden jurídico -y, 
por tanto, de los derechos y garantías constitucionales y legales-, era inca¬ 
paz de imponer autoridad en forma permanente sobre todo el territorio 
nacional, y el país vivía sumido en frecuentes guerras civiles y revolucio¬ 
nes. Paralelamente, la vasta acción represiva que ejercieron los gobiernos 
militares del siglo XIX aparecen recordadas solo en términos generales, 
excepto cuando el aparato atrapaba a algún integrante del elenco político. 
En estos contextos, lógicamente, las violaciones a los derechos individua¬ 
les eran la regla y no la excepción. 

Esto implica, aparentemente, la existencia de dos espacios sociales con 
relación a este tema: por un lado, un sector fuertemente protegido donde 
se encuentran quienes pueden disfrutar de las garantías establecidas en 
la Constitución y las leyes, o que incluso en caso de ser detenidos disfrutar 
de ciertos privilegios que van más allá de lo legal (representados por la 
elección de lugares de reclusión, el tratamiento que reciben, etcétera). Por 


104 



otro, el área marginal en la que se encuentran quienes no disfrutan siquie¬ 
ra de las garantías mínimas, y frente a los cuales y con la bandera de la 
salvaguarda de la sociedad (un colectivo que, aparentemente, solo algunos 
habitantes integran), todo recurso parece válido. 

En otra dimensión de análisis para observar el mismo tema, podría 
decirse que, en el siglo XIX -aunque esto vale también para las primeras 
décadas del XX-, el ingreso de estas violaciones a los derechos de las per¬ 
sonas en el espacio de los asuntos públicos, o su permanencia en el ámbi¬ 
to de los intereses privados -esferas cuyos límites han estado en perma¬ 
nente redefinición a lo largo de la historia-, estaba fuertemente relaciona¬ 
da con los preceptos de clase y de cultura. El atropello policial en contra de 
un integrante de las clases acomodadas y/o ilustradas sería, sin dudas, 
considerado un asunto público, una violación a los derechos individuales. 
El mismo atropello, incluso el asesinato, cometido contra un obrero que 
pretendiera hacer valer sus derechos en contra de la prepotencia patronal 
o gubernamental, probablemente no trascendería el ámbito de los intere¬ 
ses particulares y no alcanzaría a ingresar en el privilegiado espacio de los 
asuntos públicos, aun cuando los sindicatos se esforzasen en la denuncia 
y el reclamo de “justicia”. Esto refuerza aún más el sesgo clasista con el 
que se aplicaba la vara de la justicia, aun en estos tiempos de inseguridad 
jurídica y violencia política. 

En el siglo XX, cuando las reglas de convivencia están más aceptadas y 
su funcionamiento se ha transformado en “normal”, la represión siguió 
siendo la norma cuando se trataba con sectores marginales o subalternos. 
Generalmente, se asume que la instauración del régimen de representa¬ 
ción de las minorías implantado en la Constitución vigente desde 1919, 
complementada por la regulación legal de la actividad político-electoral 
aprobada a mediados de la década siguiente, estableció las normas de 
convivencia, poniendo fin a una agitada etapa de la historia de este país. 
Sin embargo, esta normativa solamente reguló la convivencia de los parti¬ 
dos políticos, especialmente de los dos grandes partidos que por entonces 
comprendían el 95% del electorado, pero siguieron existiendo sectores de 
la sociedad sobre los que seguía aplicándose el viejo estilo represivo. Sin 
descuidar la importancia que la normalización de las prácticas electorales 
tuvo en el proceso de conquista de los derechos individuales, podemos 
advertir que estos no eran igualmente respetados en todas las expresiones 
políticas y sociales. Por ejemplo, en los años veinte, en plena época de la 
instauración de las prácticas democráticas y cuando la aprobación de 
nuevas leyes electorales llevó a la desaparición de la coerción sobre los 
votantes y a la eliminación del “comisario elector”, pocas veces se levanta¬ 
ban críticas cuando la policía reprimía con violencia la actividad sindical. 
Sintomáticamente, la represión sobre los márgenes de lo permitido se acen¬ 
tuó cuando se notaron los efectos de la “gran depresión” que sucedió a la 
crisis de 1929. En los prolegómenos de la dictadura de Terra eran habitua¬ 
les las denuncias de enfrentamientos de la Policía con sindicalistas o con 
representantes de partidos de izquierda, donde se llegaba al asesinato de 
manifestantes o a la violación de los fueros parlamentarios de diputados. 

Tales prácticas continuaron y se acentuaron durante el período terrista. 


105 



pero en esta etapa cambió el objetivo: ya no se trató solamente de los 
partidos de izquierda sino de los sectores opositores de los partidos tradi¬ 
cionales. En este caso, no faltaron las torturas y el asesinato, y, aunque el 
recuerdo de J. C. Grauert eclipsó al de los caídos en la “revolución de 
enero” de 1935, no queda recuerdo de muchas otras víctimas del episodio 
terrista, tanto en lo que se refiere a muertos, como a torturados o desterra¬ 
dos. Sin embargo, con frecuencia se ha preferido tipificar al régimen terrista 
como una “dictablanda” para contrastarlo con otros autoritarismos con¬ 
temporáneos. Como ha dicho Porrini se cumplió así “lo que fue quizá el 
deseo más profundo del terrismo: perdurar en el tiempo sin ser considera¬ 
do como dictadura”. 100 Es así como a Alfredo Baldomir, el Jefe de la Policía 
terrista, y por tanto el más directo responsable de la represión, se lo suele 
presentar como el autor del “golpe bueno” de febrero de 1942, por contra¬ 
posición a la supuesta “malicia” del que en marzo de 1933 protagonizara 
Gabriel Terra, su antecesor, mentor y pariente. El recorrido de Jefe de 
Policía a Presidente no debe hacer olvidar que las mismas prácticas que 
denunciaban sus opositores cuando ocupaba la Jefatura eran moneda 
corriente para los detenidos por delitos comunes. Según señala Porrini en 
el mismo artículo: 

“se hallaban en una situación de total desprotección frente a la 
prácticas policiales de larga trayectoria en el país que no eran cues¬ 
tionadas en particular. Ni los liberales, que se escandalizaban cuan¬ 
do las torturas fueron a figuras políticas, ni los intelectuales y políti¬ 
cos de izquierda, quienes respondieron cuando los agredidos eran 
obreros o militantes de sus partidos, fueron -salvo excepciones- el 
escudo de los presos por delitos comunes. Este hecho, el desconoci¬ 
miento de esta realidad, podría llevar a pensar que esa situación era 
considerada ‘normal’, al menos para una parte muy importante de la 
sociedad civil y política”. 101 

La normalización política de la década del cuarenta y la prosperidad de 
la posguerra generaron una ola de optimismo que ocultó algunos de los 
excesos más evidentes, considerados como rémoras del pasado que el tiempo 
se encargaría de borrar. Entretanto, cuando el colectivo social se chocaba 
con la evidencia de la aplicación habitual de torturas sobre los presos 
comunes, inventaba subterfugios para disfrazar la ilegalidad de la prácti¬ 
ca. En los años previos al golpe de Estado de 1973 tenemos ejemplos de 
“malos tratos” aplicados a delincuentes comunes, aunque es excepcional 
que sus autores resulten castigados por la justicia (hay un proceso a un 
comisario por la muerte bajo torturas de un detenido, en 1967). Sin em¬ 
bargo, en 1965 la prensa de izquierda se hizo eco de las denuncias de 
torturas aplicadas a un detenido por razones políticas, las que aparecen 
confirmadas por el testimonio de Phillip Agee, por entonces agente de la 
CIA en Montevideo. Algo similar ocurrió pocos años más tarde cuando se 
denunció la práctica sistemática de torturas a los detenidos: a fines de 
1969 el Senado aprobó la creación de una Comisión que luego de varios 
meses de investigar las denuncias, llegó a conclusiones irrebatibles: 

“1 °) Está probado, que el sistema de aplicación de trato inhumano 
y torturas a los detenidos por la Policía de Montevideo es un hecho 


106 



habitual y se ha convertido en un sistema frecuente, casi normal; [...] 
4°j Que estos malos tratos y torturas se han aplicado a inocentes de 
todo acto delictivo a quienes no se sometió a la Justicia, a inocentes 
que fueron procesados por la confesión arrancada mediante procedi¬ 
mientos como posteriormente quedó en evidencia, a personas que fue¬ 
ron más tarde procesadas y resulta usual y frecuente con los delin¬ 
cuentes habituales; y se han hecho frecuentes con estudiantes y diri¬ 
gentes sindicales últimamente”.' 02 

Más allá de la precisión de que se aplicaron “a inocentes de todo acto 
delictivo...”, que parece indicar cierto grado de tolerancia cuando son apli¬ 
cadas a “culpables”, quedó demostrado que las torturas existían y eran 
una práctica habitual; pero la dinámica de los sucesos arrastró esas con¬ 
clusiones antes de que pudieran concretarse en decisiones legislativas. 

Por cierto que en la misma época la violencia no se limitaba a la acción 
de las fuerzas represivas del Estado: formaba parte del accionar habitual 
de algunas de las organizaciones de ultraderecha que hicieron su tempra¬ 
na aparición a inicios de los sesenta que incurrieron en el secuestro, los 
“malos tratos”, e incluso el asesinato. Por su parte, con poca diferencia 
temporal, algunos grupos revolucionarios de izquierda también habían in¬ 
corporado la violencia como modalidad de acción política recurriendo a 
diversas prácticas asociadas a ella, incluyendo el secuestro y, más tarde, 
el homicidio. Esto no amortigua la gravedad de la acción del propio Estado 
que, encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, el que, en el 
marco de su acción represiva, se hubiera vuelto un violador sistemático de 
los mismos, puesto que, como dirían los redactores del informe de la Co¬ 
misión para la Paz tres décadas después: 

“...es siempre y en todo caso el ESTADO quien tiene la obligación 
suprema de defender determinados valores, afianzar ciertos princi¬ 
pios y descartar determinados procedimientos, usando su autoridad 
y poder con estricto apego a la ley y a los derechos fundamentales de 
la persona humana. El ESTADO que abandona esas premisas y admi¬ 
te o tolera la existencia de un aparato represivo que actúa sin control 
y por fuera de la legalidad, desvirtúa su esencia y agrede principios 
fundamentales que hacen a la razón de su propia existencia”.' 03 

Mientras tanto, la sensibilidad no había cambiado visiblemente y se¬ 
guía manifestándose de manera selectiva: se mostraba más alerta y dis¬ 
puesta a denunciar la violación de los DDHH cuando ésta se realizaba con¬ 
tra determinados sectores sociales. Es que los DDHH, si bien tienen un 
sentido normativo de alcance pretendidamente universal, tal cual fue es¬ 
tablecido por la Organización de Naciones Unidas en la “Declaración Uni¬ 
versal de los Derechos del Hombre” de 1948, no siempre han sido percibidos 
de esa forma por las sociedades de posguerra. En particular, en América 
Latina el lenguaje de los DDHH, tal cual se los concibe hoy en día con 
fidelidad a los conceptos establecidos en la declaración recién menciona¬ 
da, estaba fuera del discurso político y del imaginario social. Con las dicta¬ 
duras de los años setenta, cuando fueron violados sistemáticamente en el 
marco del terrorismo estatal, se fue desarrollando la antes ausente o muy 
débil sensibilidad hacia los mismos, y los actores políticos y sociales los 


107 



integraron a sus discursos y prácticas en todas sus dimensiones. Esto es: 
tanto en sus facetas económicas y sociales, como en las propiamente “libe¬ 
rales” como señala Markarian. 104 

En el caso uruguayo, no caben dudas de que en ese proceso de sensibi¬ 
lización y ampliación del campo de significados de los DDHH, la experien¬ 
cia dictatorial jugó un papel fundamental. Lo mismo cabe decir de las 
organizaciones vinculadas a las víctimas del terrorismo de Estado, entre 
las que las organizaciones de familiares de desaparecidos tuvieron un rol 
destacado. 

Represión y derechos humanos en tiempos de dictadura 

Poco puede sorprender que durante la dictadura las políticas represi¬ 
vas mantuvieran la continuidad de las aplicadas en democracia sin modi¬ 
ficar sus formatos anteriores, particularmente si observamos el carácter 
de “vía democrática a la dictadura” 105 que recorrió el Estado uruguayo: las 
detenciones ilegales, las torturas, la represión sobre colectivos sociales 
específicos siguieron teniendo vigencia, y en ese sentido hubo pocas nove¬ 
dades. Pero pueden señalarse algunos cambios importantes que implican 
la aparición del terrorismo de Estado como la forma de la aplicación masi¬ 
va de políticas represivas; en este marco aumenta el espacio de lo reprimi¬ 
do: en lo referente a la actividad política se transita desde la guerrilla y los 
sectores revolucionarios que le eran más o menos afines, a la izquierda en 
general, y hasta a algunos integrantes de los partidos políticos tradiciona¬ 
les; en el caso de la delincuencia “social”, se va más allá de los adultos de 
los sectores marginales y se alcanza a la tortura a mujeres y niños de 
estratos sociales indiferenciados. 

En este salto cuantitativo y cualitativo de la represión que se procesa 
con las dictaduras de los setenta, la política “anti-insurgente” promovida 
en el contexto de la Guerra Fría por los Estados Unidos de América -si 
bien no cabe atribuirle la exclusiva responsabilidad-jugó un papel nada 
menor: las policías y los militares latinoamericanos fueron adoctrinados e 
instruidos en las técnicas y artes de la “lucha irregular”. Para el caso uru¬ 
guayo la bien conocida actividad del funcionario de la CIA Dan Anthony 
Mitrione como asesor de la Policía uruguaya no deja lugar a dudas del 
grado de detalle con que Estados Unidos se encargó de respaldar técnica y 
financieramente, desde antes de 1973, el desarrollo de las modalidades 
represivas que luego se generalizarían al grado de sistema de control polí¬ 
tico de la sociedad durante el régimen cívico-militar. Hay aquí una dimen¬ 
sión regional e internacional que enmarca y explica las prácticas propias 
del terrorismo de Estado. Los mecanismos mencionados aparecen repeti¬ 
dos en todos los gobiernos dictatoriales de la región; posteriormente la 
implantación del “Plan Cóndor” desde 1975 dio aún más coherencia a las 
políticas represivas de las dictaduras del Sur. 

La ampliación de la esfera de acción que implicaron estas políticas re¬ 
presivas, aunque marcada por la tendencia general de la época y por los 
objetivos de corto y largo plazo del régimen, también pudo haber estado 
influida por la modalidad de comportamiento de una parte importante de 


108 



la sociedad frente al golpe de Estado. Cuando se implantó la dictadura, en 
algunos integrantes del gobierno parecía existir la idea de que podía 
transitarse sin sobresaltos desde un estado de legalidad a uno en el que no 
tendrían vigencia las garantías democráticas. Tal vez la progresiva reduc¬ 
ción de las libertades que se verificó durante el período previo (permanente 
vigencia de las Medidas de Seguridad desde 1969, declaración de “estado 
de guerra interno” desde abril de 1972) hizo creer que no habría una resis¬ 
tencia de envergadura en la sociedad, ilusión que pudo verse reforzada por 
la pasividad de la población en los sucesos de febrero de 1973. Sin embar¬ 
go, la indiferencia generalizada que se constató en febrero de 1973 no se 
repitió en junio. Aunque la rutina burocrática del Estado y de su Adminis¬ 
tración Central no se vieron mayormente interferidas por la resistencia al 
golpe, y en el relato de los militares aparece con frecuencia la referencia a 
la supuesta aceptación tácita de la sociedad ante el golpe de Estado, los 
hechos muestran que inmediatamente de proclamada la disolución del 
Parlamento comenzaron a producirse las ocupaciones de fábricas y dio 
comienzo una huelga general. 

Si bien es cierto que una parte de la sociedad -de la que, por sus pro¬ 
pias características, no es posible evaluar en su dimensión-, se mantuvo 
expectante pero al margen de la resistencia al golpe, la inesperada reac¬ 
ción de los sectores con tradiciones e instrumentos organizativos (el movi¬ 
miento sindical y el estudiantil, y parte de los gremios profesionales), dejó 
sin soporte a algunas de las estrategias previstas para manejar el tema 
sindical: hoy en día suenan estrafalarias las crónicas de las reuniones del 
ministro Bolentini con delegados sindicales, realizadas en los días poste¬ 
riores al golpe de Pistado, y que incluso fueron repetidas unas semanas 
después, cuando ya se encontraba plenamente instalado el régimen dicta¬ 
torial. Aparentemente, la incapacidad para resolver ese conflicto inespera¬ 
do contribuyó a redimensionar algunos de los objetivos de la represión, 
ampliando progresivamente su ámbito de acción: sin la acción visible de 
los “grupos subversivos” (para entonces ya desarticulados), el blanco fue¬ 
ron los sindicatos: desde la explosión de una bomba en la Facultad de 
Ingeniería se agregaron los estudiantes y docentes universitarios (las elec¬ 
ciones universitarias del 12 de septiembre habían mostrado el rechazo de 
los órdenes universitarios a la nueva situación política) y luego, desde fi¬ 
nes de noviembre, se sumaron los partidos políticos, especialmente los de 
izquierda. 

Para comprender la profundidad, extensión y modalidades que asumió 
la represión durante el período dictatorial deben considerarse los objetivos 
de corto y largo plazo que el propio régimen buscaba con sus políticas 
represivas. En el corto plazo, se trataba de sofocar toda expresión de resis¬ 
tencia. Poner “la casa en orden” implicaba no solo terminar con el estado 
de movilización social y política anterior, sino además asegurar que pudie¬ 
ran ser implementadas sin oposición el resto de las tareas (políticas, eco¬ 
nómicas, sociales, etcétera) que civiles y militares golpistas se planteaban 
cumplir. Por ello, una vez que fueron ilegalizados y disueltos los núcleos 
sociales y políticos de la resistencia al golpe, en los años subsiguientes la 
política represiva se orientó según el criterio de que cualquier expresión de 


109 



discordancia, viniese de donde viniese, debía ser severamente contestada 
y eliminada en forma aleccionante. Por eso no llama la atención que algu¬ 
nas formas de expansión juvenil, como los festejos de fin de año lectivo, 
fueran severamente apercibidas. Tal lo que establece una Resolución del 
Consejo de Enseñanza Secundaria del año 1976: 

“Considerando: que los citados estudiantes pretenden ‘festejar’ la 
finalización del año lectivo con actitudes que transgreden los límites 
normales de una sana alegría, para transformarse en expresiones de 
desorden, grosería y mala educación; [...] 

Resuelve: lo. Todo alumno que sea sorprendido en actitudes reñi¬ 
das con el buen comportamiento, sea en los locales liceales o en la vía 
pública, será sancionado con el máximo de rigor, pudiendo llegar a 
ser pasible de la pérdida del año”. 106 

Para ello, el régimen contaba con un aparato represivo que ya se había 
desarrollado, en sus aspectos fundamentales, en los años previos al golpe. 
En este sentido, la represión fue altamente eficaz: una vez que se desarti¬ 
cularon los principales núcleos organizativos de la izquierda política y el 
movimiento social, hubo que esperar hasta los primeros años ochenta para 
que emergiesen formas organizacionales alternativas. En esta misma de¬ 
mora de la reactivación de la organización social de la resistencia puede 
inscribirse el caso de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 
impresión que se ve reforzada si se la compara con lo sucedido en Argenti¬ 
na y Chile. 

En el mediano y largo plazo, los represores se fijaron una tarea política 
más profunda: desarticular a la izquierda como actor desafiante en el sis¬ 
tema político uruguayo tradicional; cuando el gobierno y la administra¬ 
ción pública fuesen devueltas a la “normalidad democrática”, esta debía 
ser protagonizada por los dos partidos tradicionales que, a su vez, debían 
ser depurados de los elementos que se consideraban corruptos o excesiva¬ 
mente liberales (por permisivos) en su concepción democrática. No deja de 
resultar sorprendente que hayan sido estos los motivos invocados por los 
militares para deponer a Bordaberry: 

“1) ... el Presidente de la República no acepta el futuro funciona¬ 
miento de los Partidos Políticos Tradicionales. Entiende que estos no 
tienen cabida en el Uruguay del futuro. Propone en sustitución de la 
vigencia de ellos, la promoción y desarrollo de corrientes de opinión 
que en definitiva vendrían a ocupar el vacío dejado por aquellos. En 
cambio, las Fuerzas Armadas no quieren compartir el compromiso, la 
responsabilidad histórica, de suprimir los Partidos Políticos Tradicio¬ 
nales. 

2) El señor Presidente de la República no acepta el pronunciamien¬ 
to popular a través del voto, porque considera que esa práctica en las 
democracias actuales es algo superado [...] En contraposición a esto, 
las Fuerzas Armadas sostienen que la soberanía está radicada en la 
Nación y que, entre otras, unafórmula auténtica de expresión de esa 
soberanía, es el voto popular. 

3) El Sr. Presidente de la República intenta responsabilizar a los 
Partidos Políticos del menoscabo moral y material de la Nación y no a 


110 



los hombres que fueron directamente responsables del mismo, para 
satisfacer sus apetitos de poder. Las Fuerzas Armadas [...] entienden 
que no deben trasladarse al sistema la responsabilidad de errores y 
desviaciones personales, sino que en vez, deben administrarse las 
medidas que impidan que esas influencias negativas continúen en el 
futuro”. 107 

Este objetivo se vio reforzado por el hecho de que durante muchos años, 
el principal foco de organización de la resistencia dentro y fuera del país 
estuvo impulsado por grupos de la izquierda sobreviviente. Por ambas ra¬ 
zones, las organizaciones de izquierda fueron el principal objetivo de la 
represión, contándose entre sus filas además de los casos de desapareci¬ 
dos y los de prisión política prolongada, prácticamente todos los asesina¬ 
dos por la dictadura.* 

El rápido incremento de la acción represiva que hemos señalado ante¬ 
riormente no fijó un límite del espacio reprimible, sino que cada amplia¬ 
ción del mismo significó una etapa intermedia hacia la siguiente. Progresi¬ 
vamente la represión continuó aumentando sus márgenes de acción, apo¬ 
yada por dos elementos: 1) la existencia de un aparato represivo que nece¬ 
sitaba nuevos objetivos para justificar su existencia, y 2) la cobertura ideo¬ 
lógica de la “doctrina de la seguridad nacional” que imagina la existencia 
de enemigos internos que “no descansan” y “permanecen agazapados” en 
forma de “subversión”, esperando el momento para realizar su ataque. Por 
tanto, en ningún momento la dictadura se considera “consolidada”, pues 
siempre tiene nuevos “objetivos” en su misión. 

Es en este contexto que la represión alcanzó niveles sorprendentes, 
incluso para la opinión pública internacional: el número de integrantes de 
las fuerzas de represión, o la cantidad de personas detenidas en relación 
con el total de la población, resultaban uno de los argumentos propagan¬ 
dísticos más fuertes contra el gobierno militar en el exterior. 

A pesar de esta propaganda adversa (y la mala imagen que traía sobre 
el régimen) la adaptabilidad del aparato represivo se mantuvo durante 
todo el período de la dictadura. A medida que pasaba el tiempo, los objeti¬ 
vos del gobierno militar fueron variando: así pasó de los “grupos subversi¬ 
vos” a la izquierda en general, y de allí a los militantes sindicales -“con 
antecedentes” o sin ellos-, estudiantes, periodistas y finalmente, ya en la 
apertura democrática, las detenciones de dirigentes y militantes de los 
partidos tradicionales. Este carácter aparentemente indiscriminado de la 
represión, que no parecía tener límites posibles en su ámbito de expan¬ 
sión, no debe conducir a la idea de que la misma fuera errática: por el 


* El emblemático caso de Héctor Gutiérrez Ruiz -a quien el régimen consideraba 
“integrado a la subversión” y como integrante “meramente formal" del Partido Nacional 
(Demasi, 2004, p. 129)-, fue, en este sentido, una excepción. El asesinato de Cecilia 
Fontana, esposa del dirigente blanco Mario Heber, en el contexto de un intento de 
asesinar a él y a otros dirigentes del Partido Nacional, nunca pudo aclararse. Si 
algún día se probare que se trató de un operativo del régimen, constituiría un segundo 
caso que confirmaría la excepcionalidad de la práctica del asesinato como recurso de 
la dictadura dirigido contra miembros de los partidos tradicionales. 


111 



contrario, fue extremadamente selectiva. Toda vez que se “descubría” un 
foco de resistencia, se diseñaba un operativo específico para desarticular¬ 
lo; por ello pueden reconocerse claramente momentos de concentración en 
ciertas organizaciones políticas. En particular, la cronología de las desapa¬ 
riciones en Montevideo y en Buenos Aires revela esa secuencia en la que se 
alternan víctimas pertenecientes al PCU, el PVP, los GAU, las AMS, el MLN y 
el PCR, los grupos a los que pertenecían los uruguayos detenidos que has¬ 
ta hoy permanecen en situación de desaparecidos. 

Además, en la medida que se verificaba el ingreso al mercado laboral de 
sectores más vastos de población (particularmente el ingreso de mano de 
obra femenina) se vio una ampliación correlativa del ámbito de acción de 
la represión, que por definición veía enemigos en todos los sectores socia¬ 
les y particularmente en los asalariados. Resulta interesante observar cómo 
el aparato propagandístico de la dictadura se veía influido por el consenso 
social cuando daba noticia de los “procedimientos” realizados. Así, si con¬ 
sideraban que la sociedad podía aceptar esa tipificación, presentaba como 
“peligrosos enemigos” a quienes eran objeto de la represión, pero cuando 
se suponía que en la sociedad podía generar rechazo mayoritario una 
tipificación tan fuerte, o le resultaba más difícil aceptarla -como cuando se 
trataba de jóvenes liceales, por ejemplo-, entonces aparecía la mención a 
los acusados, como “instrumentos ingenuos de las fuerzas antinacionales”. 
Es interesante observar la cautela con que se informa el descubrimiento 
de una “asociación subversiva” en el Liceo Zorrilla: 

“La formaron comunistas embozados interpretando inicialmente 
las sanas inquietudes del estudiantado. Su accionar se desarrolló a 
lo largo de todo el año pasado siendo los fundadores de la asociación 
y propiciando para el ‘enganche’ del estudiantado, explotando, cana¬ 
lizando y tratando de interpretar sus inquietudes en aspectos tales 
como deportes, música, diversiones para posteriormente movilizarlos 
en torno a problemas de índole política. [...] Se desea que ante el nue¬ 
vo año lectivo que se inicia, el relato precedente sea una llamada de 
atención y un alerta para los jóvenes estudiantes, a fin de que no 
sean sorprendidos en su buena fe e inducidos a incursionar en otros 
terrenos que los sustraen de su deber primordial de estudiar; empuja¬ 
dos poco a poco, insensiblemente, a cometer acciones delictuosas y 
en el fondo, no ser más que instrumentos de repudiables maniobras 
políticas manipuladas por el comunismo para tratar de seguir destru¬ 
yendo la Patria”. 105 

Este proceso de profundización y extensión de la represión no solo cum¬ 
plía una función legitimante, en el sentido de que la represión se justifica¬ 
ba a sí misma en la medida en que existieran nuevos enemigos que comba¬ 
tir, encarnaciones del comunismo internacional y/o la subversión 
vernácula. También cumplía su función originaria y básica, la de asegurar 
el sometimiento de la población al régimen autoritario inhibiendo las posi¬ 
bles resistencias y minimizando la necesidad de la represión directa, me¬ 
diante la generalización del control y la implantación del miedo. Esto se 
logró mediante la combinación de las prácticas más duras del terrorismo 
de Estado, con la vigilancia sobre los aspectos más elementales de la con- 


112 



vivencia social (en el extremo: la obligación de reportar ante las comisarías 
barriales las reuniones familiares que sobrepasasen determinado número 
de personas). Así se logró construir la sensación de un “gran encierro”, de 
una sociedad vigilada. De esta forma, junto al destierro y la prisión prolon¬ 
gada (los dos recursos más extensamente utilizados), el secuestro, la tor¬ 
tura y la desaparición, completaban la amplia batería de recursos represi¬ 
vos al servicio de la dominación autoritaria y de la obediencia al régimen. 
El resto lo hacían la propaganda oficial, el control sobre los medios de 
comunicación -por tanto, la manipulación de la información-, y sobre el 
sistema educativo público en sus diversos niveles. 

Todo este fenómeno de profundización de la represión parece haberse 
visto frenado, aun durante la dictadura, por dos factores de diferente ca¬ 
rácter: la presión del exterior estimulada por el exilio y expresada por los 
representantes de los gobiernos en los foros internacionales, y la resisten¬ 
cia cada vez más fuerte que comenzaron a oponer sectores de la sociedad 
(sobre todo en el período de la apertura). La concurrencia a foros interna¬ 
cionales y a reuniones de organismos como la OEA, la ONU o la OIT, se 
transformaron en momentos ingratos para los representantes de la dicta¬ 
dura uruguaya, que se veían duramente cuestionados en los debates. Aun¬ 
que el control interno de la prensa le permitía al gobierno militar “respon¬ 
der” a la “conspiración contra los intereses nacionales”, el acoso que su¬ 
frían sus diplomáticos en el exterior resultaba difícil de superar; así, por 
ejemplo, el Ministro de Relaciones Exteriores Alejandro Rovira presentó su 
renuncia en julio de 1978, una semana después de que la Asamblea Gene¬ 
ral de la OEA aprobara el informe de la Comisión Interamericana de Dere¬ 
chos Humanos que contenía observaciones para el gobierno uruguayo. 

El proceso de apertura abrió espacios para cuestionar algunas de estas 
prácticas; especialmente la represión “indiscriminada” fue uno de los as¬ 
pectos más criticados: recuérdese que en 1983, tras la detención de varios 
militantes estudiantiles de la UJC, ese fue uno de los factores invocados 
por los representantes políticos para suspender el diálogo con los negocia¬ 
dores designados por las Fuerzas Armadas (FFAA), que se llevaba adelante 
en el Parque Hotel; y fue también, junto a la admisión de la progresiva 
liberación de presos políticos, la prueba de la “sinceridad de propósitos” 
del gobierno, cuando se entablaron las negociaciones en el Club Naval en 
1984. Es verdad que, aun en ese momento, surgían maticés que hacían 
aparecer a determinadas prácticas represivas como excesivas -aquellas 
que eran denunciadas- frente a otras que (por implícita oposición) resulta¬ 
ban justificadas como “legítimas”. Así el secuestro de una funcionaría del 
Partido Colorado, a fines de julio de 1983, es denunciado como un “atrope¬ 
llo" porque se trataba de la militante “de un partido democrático” (lo que 
implica un margen de legitimidad en ese tipo de acciones para con quienes 
no pueden invocar esa calidad), o también la protesta que por la misma 
época hicieron pública los directores del diario El País, por haber sido 
citados e interrogados con “procedimientos en buena medida [sic] vejatorios, 
aplicados con ritual semejante al empleado con delincuentes comunes” (las 
cursivas nos pertenecen). Aveces, los matices derivaban de las diferentes 
apreciaciones entre los planteos que los negociadores civiles consideraban 


113 



aceptables para los militares, y los que consideraban como inviables y por 
tanto inoportunos, pues harían fracasar las negociaciones con los voceros 
del régimen. 

Sin embargo, y aun con las limitaciones mencionadas, el tema de las 
torturas y los malos tratos en general, comenzó a ser objeto de debate en la 
sociedad, e incluso la prensa comenzó a hacerse eco de las denuncias: en 
1981 se creó SERPAJ, que adquiriera notoriedad más tarde (aunque fuera 
con el motivo de anunciar su clausura por el gobierno): poco después, a 
mediados de 1982, se agregó la denuncia que formulara el periodista Raúl 
Ronzoni en El Día. La formación de la “Comisión Nacional de Derechos 
Humanos” en octubre de 1983, integrada por un grupo de personalidades 
bajo la Presidencia del arquitecto Horacio Terra Arocena, representó un 
importante elemento de referencia en el escenario local. En el año final de 
la dictadura, los casos de muertes en prisión, especialmente los de Adolfo 
Wasem -víctima de una cruel enfermedad y de años de desatención médi¬ 
ca deliberada- y Vladimir Roslik -asesinado bajo torturas en dependen¬ 
cias del Ejército-, tuvieron amplia resonancia pública y colocaron el tema 
de las violaciones a los DDHH en el debate público de una forma en que no 
lo habían estado durante toda la dictadura. Sin embargo, resultaba difícil 
separar la denuncia ante las violaciones de estos derechos de la reivindi¬ 
cación político-partidaria, y en muchos aspectos, las movilizaciones “por 
los DDHH” resultaban una forma de expresión de grupos políticos que, por 
encontrarse prohibidos por la dictadura, no podían manifestarse pública¬ 
mente. 

El terrorismo de Estado y la "desaparición" de personas 

En este escenario tan cambiante, la figura del “detenido desaparecido” 
fue construyéndose y aceptándose socialmente con mucha dificultad. En 
principio, desde los comienzos de la escalada represiva, la “desaparición” 
de personas se manifestó como una forma perversa de la “normalidad”: a 
partir del momento en que un ciudadano era detenido transcurría un pe¬ 
ríodo (siempre variable) en el que resultaba imposible obtener referencias 
sobre el estado de salud o el lugar de reclusión: en ninguna dependencia 
militar o policial se brindaban datos sobre su paradero. Este vacío de in¬ 
formaciones (especialmente angustiante para los familiares, a los que no 
resultaba difícil imaginar la situación del detenido) se interrumpía sin causa 
aparente cuando desde algún cuartel se reclamaba el envío de ropa o de 
efectos personales para el detenido, lo que significaba el preámbulo de la 
“normalización” y la perspectiva de autorización de un régimen de visitas. 
Entremedio, solo la comunicación entre familiares y presos liberados po¬ 
día aportar alguna pista que redujese la incertidumbre acerca de la ubica¬ 
ción del detenido. 

Luego, la diferencia de situaciones volvió particularmente difícil la acep¬ 
tación de la “desaparición” como estatus permanente. La figura del “des¬ 
aparecido” y la “desaparición” permanente como situación y como recurso 
represivo tardó en ser socialmente incorporada, incluso por parte de los 
familiares de las víctimas directas y de las organizaciones políticas a las 


114 



que estos pertenecían. No fue ajeno a ello el hecho de que no existían, o no 
se conocían, antecedentes recientes sobre tal situación, ni en el país, ni en 
la región. La desaparición podía haberse registrado en forma aislada, ex¬ 
cepcional, pero su práctica sistemática como técnica represiva a nivel con¬ 
tinental fue una novedad de las dictaduras de los años setenta. 

Es importante señalar que en el caso uruguayo hubo una política de 
imagen y comunicación y de cierta modalidad específica de represión y 
construcción de legitimidad interna e internacional, elaborada por las FFAA, 
tendiente a mostrar el asesinato como “ocasional” y a negar la desapari¬ 
ción de personas. Así llegó a aceptarse que esta no había sido una política 
aplicada sistemáticamente por las FFAA uruguayas, algo que aparecía rati¬ 
ficado por fuentes tan “irreprochables” como el Juez militar coronel Silva 
Ledesma, según una crónica periodística: 

“La sedición se valió de la traición, de la mentira, de la mala inten¬ 
ción, de los medios más traidores y funestos que se pueden utilizar en 
la lucha no conocidos hasta ahora en las guerras convencionales y 
que las fuerzas de los distintos estados no utilizaban”, añadió. Y con¬ 
tinuó: “Esto lo interpretaron nuestras Fuerzas Armadas con espíritu 
humanitario cuando recibían una granada y no estallaba. Nuestros 
soldados hacían prisioneros. No había muertos en este país. Y acoto 
en este instante que el Uruguay en este momento tiene 1600 proble¬ 
mas porque no tiene 1600 muertos. Más aún, los abogados civiles 
todavía, con mala intención, en más de una oportunidad pretendían 
hacer pasar por idealistas a estos sediciosos que no morían por la 
humanidad de nuestras Fuerzas Armadas”. 109 

Durante muchos años esta política represiva fue aplicada en Uruguay o 
por militares uruguayos en el exterior mientras se insistía en el 
“humanitarismo” de los represores y en la maledicencia de los que reco¬ 
gían esas versiones. En 1976 (a pocos meses del asesinato de Michelini y 
de Gutiérrez Ruiz) en un artículo titulado “Montevideo: el negocio del ru¬ 
mor”, el diario El País recogía muchas de las denuncias que posteriormen¬ 
te recibieron confirmación, pero las transmitía como versiones interesa¬ 
das y poco creíbles, propias de “infradotados”: 

“La información es de buena fuente. Lo dicen los eminentes furis- 
tas y observadores de la imparcial Amnesty Internacional’. Existen 
documentos al respecto. Hasta el propio Congreso de Estados Unidos 
lo afirma, según detalles brindados por el Sr. Wilson FerreiraAldunate. 
Uno de cada cincuenta uruguayos estuvo detenido. Y si no, basta con 
preguntarlo dentro de cada familia. Uruguay es la cámara de torturas 
de América Latina [...]” 

“Las casualidades son siempre eso, casualidades. Y cuando so¬ 
breviene a un artero ataque internacional comandado por los traido¬ 
res de siempre, una intensa ola de las más disparatadas versiones, 
habría que ser muy ingenuo para pensar que se trata, más que de 
una campaña urdida para debilitar al Uruguay interna y externamente, 
una simple confirmación de noticias que solamente pueden creer los 
infradotados ”. 1)0 


115 



En algunos casos como el de Roberto Gomensoro (detenido y asesinado 
tres meses antes del golpe de Estado, entre el 12 y el 14 de marzo de 1973) 
u otros con especial repercusión internacional como los de Elena Quinteros 
o Julio Castro, se divulgaron falsas noticias de prensa: sobre el primero, se 
informaba que estaba detenido pero había fugado cuando “procuraba rea¬ 
lizar un contacto”; cuando el secuestro de Elena Quinteros de la Embaja¬ 
da de Venezuela (evidente responsabilidad de las “Fuerzas Conjuntas”), se 
informó de la acción de “dos desconocidos, uno masculino y otro de sexo 
femenino” que habían retirado por la fuerza de los jardines de la Embajada 
a “un NN de sexo femenino” y habían huido en “un auto marca Volkswagen, 
color verdoso, cuya matrícula termina en 714”. También la desaparición 
de Julio Castro se explicaba como “en viaje a Buenos Aires” y se invocaba 
su nombre en la lista de pasajeros de un vuelo de la compañía aérea esta¬ 
tal PLUNA. 

Si bien ha podido verse en las falsas explicaciones de la desaparición de 
personas en Uruguay, una prueba de la incoherencia de la política de 
desapariciones, diferente del estilo desenfadado aplicado por los militares 
argentinos, al mismo tiempo la mentira y el encubrimiento en torno a los 
casos de personas buscadas por los familiares y amigos cumplían una 
función específica en el contexto de la utilización del terror como mecanis¬ 
mo de control social y político. Las versiones sobre supuestas fugas, docu¬ 
mentadas apócrifamente o no, al tiempo que ocultaban secuestros prolon¬ 
gados, homicidios “accidentales” o ejecuciones, tenían un impacto perver¬ 
so sobre el entorno familiar y social de los detenidos en cuestión, en la 
medida en que alentaban esperanzas que resultaban dolorosamente frus¬ 
tradas. En un plazo más largo, se buscaba un efecto que resultaba doble¬ 
mente funcional al esquema de dominio por el terror: en tanto por un lado 
se pretendía desmovilizar a quienes trataban de obtener informaciones 
sobre esos detenidos, reanudando la infructuosa espera de noticias, por 
otro lado se aumentaba el miedo colectivo frente a un sistema represivo 
ante el cual los individuos tenían suficientes razones para sentirse total¬ 
mente indefensos. Así podían pensar que no solo podían ser privados arbi¬ 
trariamente de su libertad y sometidos a sufrimientos espirituales y físicos 
extremos, sino que además podían ser lisa y llanamente eliminados del 
mundo por parte de los agentes de un Estado que no se hacía cargo ni se 
sentía obligado a dar cuentas ante nadie de sus propios actos represivos. 
No hay dudas de que la represión aleanzó el segundo de estos efectos 
buscados: la generalización del miedo por el terror. No así el primero: la 
historia que se cuenta en este libro evidencia el fracaso de los “ideólogos” 
del terrorismo de Estado en ese aspecto específico: si algo caracteriza la 
historia de los familiares de desaparecidos es la increíble persistencia en 
la búsqueda, sobrellevando las más adversas circunstancias. 

Si no pueden admitirse como “accidentales” las muertes de prisioneros 
que luego se convirtieron en desaparecidos permanentes cuando se trató 
del fallecimiento de personas sometidas a torturas hasta el límite extremo 
de su capacidad física, menos podrían considerarse así los casos de homi¬ 
cidios premeditados, asesinatos lisos y llanos de personas luego desapare¬ 
cidas como, presumiblemente, habrían sido los de la ciudadana argentina 


116 



María Claudia García, el de la maestra uruguaya Elena Quinteros y los del 
recientemente confirmado “segundo vuelo” que trasladó hacia Uruguay 
prisioneros detenidos en Argentina de quienes nunca más se conoció su 
paradero. Aun en los casos de muertes supuestamente “accidentales”, esto 
es, de homicidios no premeditados producidos por efecto de la tortura o de 
daños físicos por apremios de otra índole -como habría sido el de Fernan¬ 
do Miranda- la desaparición como tal no fue un accidente, sino un instru¬ 
mento utilizado deliberadamente. Esto es tan sencillo que no requeriría 
mayores explicaciones: la desaparición es un acto deliberado, no un hecho 
fortuito. En función de sus políticas, el Estado terrorista uruguayo no que¬ 
ría ni veía conveniente admitir que había asesinado, ya fuera por supues¬ 
tos “excesos” cometidos por los verdugos o por ejecuciones deliberadas a 
individuos que eran detenidos por sus organismos represivos y sus agen¬ 
tes: o que los había entregado o devuelto aún vivos a los agentes de otro 
Estado terrorista de la región que practicaba la desaparición en forma 
masiva y sistemática, y con el que coordinaba acciones y compartía prisio¬ 
neros (como claramente era el caso de Argentina). Aludiendo al conoci¬ 
miento de esta circunstancia, de acuerdo a testimonios de uruguayos se¬ 
cuestrados en Argentina y luego traídos a Uruguay, los oficiales urugua¬ 
yos al mando de estos operativos “retorno” se referían a lo agradecidos que 
los detenidos debían estarles, conociendo cuál hubiera sido su destino de 
haberlos librado a los militares argentinos. 

Como siempre, hay matices: la realidad es más diversa que nuestra 
capacidad de explicación: ¿por qué los cuerpos de algunos asesinados en 
la tortura u otros procedimientos sí fueron entregados a sus familiares 
(Nibia Sabalsagaray, Alvaro Balbi, Vladimir Roslik, entre otros) y no con¬ 
vertidos en desaparecidos?; ¿por qué algunos uruguayos secuestrados en 
Argentina no fueron entregados a los represores de aquel país, sino traí¬ 
dos a Uruguay? ¿Por qué de éstos algunos parecen haber desaparecido sin 
dejar rastros, como los pasajeros del “segundo vuelo”, mientras otros fue¬ 
ron “aparecidos” en el operativo del chalet “Susy” de Shangrilá? ¿Fue este 
último solamente un show montado por la dictadura en octubre de 1976 
para revivir la amenaza subversiva en tiempos en que el Congreso norte¬ 
americano de mayoría demócrata creaba problemas en el frente externo? 
No lo sabemos, ni podemos proponer, por ahora, una explicación para tal 
disparidad de criterios. 

En todo caso, ello no invalida la idea de que la desaparición fue utiliza¬ 
da por la dictadura uruguaya como un instrumento más en el contexto de 
la represión. Fue funcional a la generalización del terror y el sentimiento 
de desamparo frente a un Estado represivo sin límites. En la mayoría de 
los casos de desapariciones verificadas en territorio uruguayo, la desapa¬ 
rición fue un recurso para encubrir asesinatos (por torturas o eventuales 
ejecuciones) de prisioneros políticos por parte de militares y policías. En el 
caso de los desaparecidos en territorio argentino, la desaparición encubrió 
la “entrega” de los prisioneros uruguayos a funcionarios argentinos, por 
parte de represores enviados a tal efecto por las autoridades uruguayas, 
luego de haberlos secuestrado e interrogado bajo torturas. De confirmarse 
la identidad de los pasajeros del “segundo vuelo”, el asesinato de una parte 


117 



de quienes fueron secuestrados en Argentina y posteriormente traslada¬ 
dos clandestinamente a Uruguay habría sido una tercera situación en la 
que la desaparición de los detenidos fue tanto un recurso para encubrir el 
asesinato de prisioneros políticos como un recurso que reproducía la sen¬ 
sación de desamparo frente a la represión, en el contexto de la instaura¬ 
ción del terrorismo de Estado como sistema de dominación de la dictadura 
uruguaya y sus pares regionales. 

El carácter no reconocido de las desapariciones, así como el hecho de 
haberse producido la mayoría de ellas fuera del territorio nacional, aun 
cuando fueran protagonizadas por funcionarios del Estado uruguayo en el 
cumplimiento de tareas encomendadas por sus jerarquías militares o 
policiales con la cobertura civil del régimen, seguramente haya sido un 
factor que dificultó la formación de un grupo de “madres” de uruguayos 
desaparecidos. Esto resultaba un elemento importante para concretar la 
toma de conciencia del problema por el colectivo social. Las condiciones de 
represión sobre la sociedad uruguaya, sumada a la tendencia a la frag¬ 
mentación que mostraron la mayoría de sus integrantes ante la presencia 
de la acción represiva, contribuyeron a demorar el surgimiento de organi¬ 
zaciones que denunciaran la situación y las consecuencias de la repre¬ 
sión. En el caso de la denuncia de la desaparición de personas, esta situa¬ 
ción se veía multiplicada: eran pocas las personas que tenían un familiar 
desaparecido y, además, se encontraban dispersas y con escasas posibili¬ 
dades de formar un “movimiento”. El tránsito de la invisibilidad social a la 
aparición de una organización específica marca un recorrido variado que 
muestra diversas realidades: el temprano pero dificultoso (1977) del 
nucleamiento de las “Madres de uruguayos desaparecidos en Argentina”, 
la constitución en París (1978) de un grupo de exiliados familiares de des¬ 
aparecidos (AFUDE, la Asociación de Familiares de Uruguayos Desapareci¬ 
dos), la dispersión y tardía organización (1982) de los familiares de des¬ 
aparecidos en Uruguay, o la integración en redes más amplias que in¬ 
cluían a los familiares de los detenidos políticos (no desaparecidos). 

En este sentido, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, 
también fue tardía la aparición de otro tipo de organismos que, a ejemplo 
de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, sin representar a los familiares de 
las víctimas impulsara su causa. Recién sobre el final del período autorita¬ 
rio comenzaron a reunirse y organizarse las asociaciones de víctimas, y 
para entonces el tema de la vigencia de los DDHH comenzaba a tomar 
forma en la sociedad: asumió protagonismo la hoy emblemática figura del 
cura Luis Pérez Aguirre (“Perico”), que jugó un papel relevante en esa ten¬ 
dencia, no solamente por los reclamos que impulsó sino por su tarea de 
búsqueda de los familiares de las víctimas y la promoción de la formación 
de organizaciones de carácter permanente. A la ya mencionada “Comisión 
Nacional de Derechos Humanos”, bien que algo tardía, se le agregó la “Co¬ 
misión por el Reencuentro”, que núcleo a varias asociaciones. Para enton¬ 
ces el tema de los desaparecidos había adquirido suficiente consistencia 
social como para que se hiciera pública la opinión de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, que consideraba (en noviembre de 1983) que podía 
ser atendibles los casos de aquellos familiares que reclamaran el pago de 


118 



una pensión al Estado. Mientras tanto, los uruguayos exiliados desplega¬ 
ban una vasta acción en el exterior a través de múltiples organizaciones 
locales que se vinculaban a las redes internacionales de derechos huma¬ 
nos, para denunciar permanente y sostenidamente a la dictadura urugua¬ 
ya ante los organismos y ámbitos internacionales. 111 Además de la ya men¬ 
cionada AFUDE, deben mencionarse el Secretariado Internacional de Ju¬ 
ristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), con sede en París, y el Grupo de 
Informaciones sobre la Situación en Uruguay (GRISUR), con sede en Gine¬ 
bra, entre otras entidades. 

Dadas las dificultades antes mencionadas para el nucleamiento de los 
familiares de las víctimas del terrorismo de Estado dentro del país, es po¬ 
sible considerar como uno de los primeros logros de este pequeño grupo a 
su misma constitución y permanencia como organización específica, des¬ 
de aquellas que impulsaron los primeros reclamos hasta la definitiva inte¬ 
gración de la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos, ya terminado el período dictatorial. Se inició entonces una 
segunda etapa en la historia del grupo de familiares, constituido como una 
organización unificada y en el nuevo contexto de expectativas de solución 
a sus reclamos que suponía el fin del gobierno dictatorial y la restauración 
de las instituciones democráticas. 

La cuestión de los desaparecidos en el contexto democrático 

La proliferación de agrupaciones vinculadas a los DDHH surgidas al 
final del período dictatorial muestra la aparición de una nueva sensibili¬ 
dad sobre el tema, que se mantuvo mientras permanecieron vigentes las 
reivindicaciones que las impulsaban: la liberación de los presos políticos o 
el retorno de los exiliados dejaron cumplidas esas reclamaciones en lo 
fundamental, aunque quedaran pospuestos los ulteriores reclamos vincu¬ 
lados a la reparación de los daños causados por la acción represiva del 
Estado autoritario; en cambio, con el caso de los desaparecidos ocurrió a 
la inversa. Como una evidencia de la irresolución del tema a lo largo del 
período posautoritario y del carácter permanente del delito de desapari¬ 
ción, la asociación que nuclea a los familiares de los uruguayos desapare¬ 
cidos no solamente no se desmovilizó, sino que se unificó y reactivó con la 
normalización democrática, consolidando una forma particular de organi¬ 
zación (sin “autoridades” y con un funcionamiento a base de “plenarios”) 
que se ha mostrado particularmente eficaz para la tarea que se propuso. 

Otra prueba de su vitalidad puede verse en la capacidad para superar 
los altibajos muy pronunciados que han marcado su actividad. El retorno 
a la democracia marcó un impulso muy fuerte de sensibilidad sobre el 
tema de los DDHH que no se limitó a la liberación de presos políticos sino 
que incluyó una amnistía para “presos sociales”, lo que significó el primer 
reconocimiento de los delincuentes comunes como las víctimas habituales 
de las violaciones de tales derechos. Este clima ambientó el inicio de las 
denuncias y los reclamos por la dilucidación definitiva de las responsabi¬ 
lidades en los casos de desaparición forzada. En 1985, por decisión de la 
Cámara de Representantes se formó la “Comisión Investigadora sobre Si- 


119 



tuación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron”. En su 
Informe Final, la esa Comisión expresaba en sus Conclusiones: 

“Primero. La Comisión ha llegado a la conclusión de que los veinti¬ 
cuatro ciudadanos uruguayos involucrados, en estas actuaciones des¬ 
aparecieron físicamente de sus hogares, sin que nadie posteriormen¬ 
te, tuviera noticia de su existencia. Segundo. Que la mayoría de los 
casos ocurrieron en el período de tiempo comprendido entre los años 
1975 y 1978 ”. 112 

El tema quedó instalado en el debate público y en la agenda política y 
social, y adquirió fuerte impulso durante la segunda mitad de los ochenta. 
Pero posteriormente Familiares sufrió los efectos de la desmovilización social 
que caracterizó a la primera mitad de los noventa, en particular tras la 
derrota del intento de derogar la Ley de Caducidad en el referéndum de 
abril de 1989. A partir de entonces, comenzó la progresiva desmovilización 
de la organización; en un primer momento fueron abandonadas algunas 
de las prácticas rituales de la organización: por ejemplo, la emblemática 
parada en la Plaza Libertad, los días viernes a las 19 horas, portando las 
fotos de los desaparecidos y reclamando primero “Juicio y Castigo” a los 
culpables, luego “Verdad y Justicia”. Pero a pesar de esto, la actividad se 
mantuvo. 

La pausa dio tiempo para superar las dificultades que se plantearon 
tras la campaña por la derogación el referéndum primero y por el “voto 
verde” luego, y permitió la elaboración interna de la experiencia, cuyo re¬ 
sultado fue vivido como un fracaso inesperado por los integrantes de Ma¬ 
dres y Familiares que habían sido sus primeros impulsores. Insumió siete 
años ese proceso de recomposición interna y reformulación de una estra¬ 
tegia adecuada para retomar la lucha por el esclarecimiento de la situa¬ 
ción de los desaparecidos en el nuevo marco legal que significó la Ley de 
Caducidad refrendada por el soberano en 1989. En 1996 se realizó la pri¬ 
mera “marcha del silencio”, en reclamo de “Verdad, memoria y nunca más” 
-nótese la ausencia del reclamo de “justicia” que se reincorporaría años 
después- inaugurando una conmemoración pública 113 que se ha reiterado 
cada 20 de mayo, transformándose en el punto de referencia principal de 
las movilizaciones en reclamo del esclarecimiento de la situación de los 
desaparecidos. Desde entonces, a lo largo de los últimos diez años, el tema 
comenzó a retornar a la agenda política nacional cada vez con mayor visi¬ 
bilidad, al tiempo que Madres y Familiares, en confluencia con otros acto¬ 
res de la sociedad civil y del sistema político, recobró protagonismo. 

Seguramente, en esa incansable persistencia -y en la inusual energía 
de un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres que, tras casi tres 
décadas de buscar a sus hijos e hijas, iban ingresando en la sexta, séptima 
u octava década de sus calendarios personales-, resida buena parte de la 
explicación de la capacidad que han mostrado para promover sus recla¬ 
mos. Lo mismo puede decirse de los resultados que han ido alcanzando 
con su persistente lucha en los últimos años: el tema de los desaparecidos 
volvió a instalarse en la sensibilidad social y en la agenda política de una 
manera que hubiera sido impensable pocos años antes, desde que en el 
año 2000 el entonces Presidente de la República se hizo eco de la demanda 


120 



social y puso en marcha la Comisión para la Paz que funcionó hasta 2003. 
También podría mencionarse la sagacidad que han mostrado al momento 
de emitir juicios y fijar posiciones, para reconocer los aspectos positivos de 
cada situación sin abdicar de sus reivindicaciones permanentes: la acti¬ 
tud mostrada frente al Informe Final de la Comisión -un informe cuestio¬ 
nable desde muchos puntos de vista, que fue atacado por varias organiza¬ 
ciones de DDHH en Uruguay y en el exterior- pero de donde Madres y 
Familiares rescató la conclusión más importante: 

.. más allá de esta discusión de cuestiones de coyuntura, Fami¬ 
liares considera que el centro de la reflexión debe estar sobre las gra¬ 
ves situaciones de violaciones a los derechos humanos que el Informe 
de la Comisión pone al desnudo y, sobre todo, que la sociedad en su 
conjunto condene los hechos que hoy la Comisión y el Estado 
oficializan ”. 114 

El demorado reconocimiento oficial de la existencia de las prácticas de 
terrorismo de Estado durante la dictadura y la propia existencia de ciuda¬ 
danos uruguayos detenidos por las fuerzas represivas del Estado urugua¬ 
yo y luego desaparecidos -lo cual ya fuera reconocido en el Informe parla¬ 
mentario de 1986- era una evidencia de que había sido sistemáticamente 
negada o puesto en duda hasta entonces por los gobiernos democráticos 
que se sucedieron entre 1985 y 1999. Recién en el año 2003, a 18 años de 
restablecida la democracia, la Comisión para la Paz reconocería 26 denun¬ 
cias de desapariciones de uruguayos ocurridas en territorio nacional, tres 
anteriores al golpe de Estado. A ellas deben sumarse las de 9 ciudadanos 
latinoamericanos ocurridas en territorio uruguayo, y los más de 200 casos 
denunciados de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina y Pa¬ 
raguay como resultado de operaciones conjuntas de agentes argentinos y 
uruguayos. Aunque en las cifras de desaparecidos la Comisión para la Paz 
hoy parece inaceptablemente incompleta, no debemos olvidar que signifi¬ 
có el primer reconocimiento oficial de la existencia de desaparecidos en 
territorio uruguayo, provocados por la acción de las Fuerzas Armadas y en 
operaciones “oficiales”. 

Es comprensible el interés de la dictadura en construir una visión favo¬ 
rable de su actuación en la represión; pero cabe preguntarse por las razo¬ 
nes que llevaron a mantener una negación tan sistemática y prolongada, 
por parte de los tres primeros gobiernos democráticos. En su momento, la 
amnistía para los militares y policías había sido una solución vista como 
conveniente por blancos y colorados, con motivaciones disímiles aunque 
convergentes. Para el gobierno colorado de la época (1986) era la culmina¬ 
ción lógica de la forma en que se había procesado la salida de la dictadura: 
si hubo amnistía para los “subversivos”, era un principio de equidad con¬ 
cedérsela también a los militares. En el contexto de la construcción de la 
“teoría de los dos demonios”, ese equilibrio contribuía a construir una equi¬ 
valencia culpable. Paralelamente se manejó la amenaza de un “desacato 
militar”. ¿Cuánto de real tenía la supuesta amenaza de desacato de las 
FFAA frente a las citaciones judiciales, y el consiguiente riesgo de un quie¬ 
bre de la institucionalidad a poco de su recuperación; cuánto de invención 
o exageración para legitimar la amnistía que el gobierno ya estaba dis- 


121 



puesto a conceder a los militares acusados de delitos de lesa humanidad? 
Todavía no parece posible dar una respuesta terminante al respecto; pero 
parece evidente que ambos factores estuvieron presentes. 

Más difícil de explicar es el apoyo del Partido Nacional (PN), que desde el 
exterior y bajo la conducción de su líder Wilson Ferreira Aldunate había 
sido un duro detractor del régimen, apoyando firmemente las campañas 
internacionales de denuncia de las violaciones a los DDHH cometidas por 
la dictadura; sin embargo, en el contexto del debate se presentó como el 
principal impulsor de la solución legislativa finalmente aprobada. Muchos 
argumentos se han invocado para explicar este viraje. Se ha 
responsabilizado a la forma en que se procesó la salida de la dictadura, 
donde los partidos, quedaron divididos a última hora acerca de la forma 
en que debían procesarse las negociaciones con los militares; la mayoría 
del Partido Nacional no aceptó negociar con las FFAA mientras su líder 
-retornado al país poco tiempo antes y recluido en dependencias militares 
hasta pasadas las elecciones de noviembre de 1984- permaneciese como 
prisionero del régimen, y rechazó el acuerdo alcanzado en el “pacto del 
Club Naval” (agosto de 1984). Tal vez esto explique la imposibilidad de 
formar un frente político común en torno a la problemática de las violacio¬ 
nes a los DDHH, una vez que se instalaron las autoridades electas. En 
1985-1986 el Partido Nacional se encontraba en la oposición, compartien¬ 
do y disputando el espacio con el Frente Amplio (FA); pero en esa lucha 
abandonó su actitud primera de defensor de la institucionalidad contra 
cualquier “pacto secreto” con los militares, y en cambio prefirió procla¬ 
marse como el garante de la “gobernabilidad”. Como tal, prefirió asumir el 
“sacrificio” de aceptar la impunidad de los perpetradores, ante la irrespon¬ 
sabilidad política de uno de los “pactistas”: el FA. 

La idea de que la “impunidad” se pactó en el Club Naval fue siempre 
rechazada por los participantes de esas negociaciones, y, por otra parte, 
en el argumento no se deslindaba la absolución de la “responsabilidad 
institucional” de las FFAA (implícita en el hecho mismo del pacto), de la 
responsabilidad individual por las violaciones concretas perpetradas por 
militares. El propio Ferreira volvió sobre sus afirmaciones poco más tarde, 
sosteniendo que la impunidad no se habría pactado en el Club Naval sino 
el año anterior: 

“Yo creo que se pactó antes del Club Naval. Que se pactó en 1983 
(...) recuerdo mi conversación con Sanguinetti, por agosto de 1983, en 
Santa Cruz, Bolivia, cuando me predijo lo que iba a pasar: ‘Habrá 
elecciones en noviembre de 1984, me aseguró, y será con proscriptos. 
Y tuno podrás participar porque estarás en el exterior, y si regresas, 
estarás preso’. Quizá Sanguinetti lo sabía por olfato político. Quizá 
tenía informaciones que los demás desconocíamos. Quien sabe”. 1 ' 5 

Lo contradictorio del argumento hace pensar en razones de competen¬ 
cia política; probablemente el alto precio que los blancos estuvieron dis¬ 
puestos a pagar por esa actitud haya estado vinculada, por un lado, a la 
fuerte expectativa de obtener un triunfo en las elecciones de 1989 y la 
consecuente necesidad de buscar un acercamiento con los militares, tras 
años de duro y radical enfrentamiento; y, por otro, a la necesidad de 


122 



reubicarse en una posición más moderada, conciliatoria y negociadora, de 
cara a la competencia con el Partido Colorado a un lado del espectro políti¬ 
co y con el FA al otro. Estos factores podían estar en la base de la predispo¬ 
sición de los dirigentes y parlamentarios blancos para acompañar o pro¬ 
mover una iniciativa “reconciliatoria” de este tipo, pero no eran argumen¬ 
tos que pudieran utilizarse para defender públicamente la impunidad que 
tal solución implicaba. Para ello, la argumentación debía combinar, por un 
lado, el señalamiento de cierta continuidad con los acuerdos del Club Na¬ 
val -de los que los blancos no habían participado- y, por otro, las razones 
de “responsabilidad institucional” del Partido. 

Por ello, los defensores de la caducidad-impunidad, plantearon el de¬ 
bate en términos de la confrontación entre convicciones éticas y responsa¬ 
bilidades políticas, que también fuera invocada por Sanguinetti citando a 
Max Weber: 

“Es [... ] infinitamente conmovedora la actitud de un hombre madu¬ 
ro (de pocos o de muchos años, que eso no importa), que siente real¬ 
mente y con toda su alma esta responsabilidad, y que al llegar un 
cierto momento dice: no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo. [...] 
La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de 
tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión 
y mesura”. 116 

El argumento daba sentido trascendente a una actitud fuertemente 
comprometida en la contingencia política. Aplicada a la situación urugua¬ 
ya, el argumento funcionaría así: de no consagrarse alguna forma de am¬ 
nistía a los funcionarios policiales y militares acusados de tales violacio¬ 
nes a los DDHH, la democracia recién recuperada sería puesta en riesgo 
frente a la amenaza de un desacato institucional de las FFAA, y esa es la 
mayor responsabilidad de la que los gobernantes y los partidos deben ha¬ 
cerse cargo. 

Aquel resultó ser un enfoque de corto plazo de la “ética de la responsa¬ 
bilidad”. Ya se lo podía apreciar de esta forma en la coyuntura de la época, 
pero ello se ve confirmado en la perspectiva histórica que nos brinda la 
mirada desde hoy, cuando la Ley de Caducidad está próxima a cumplir 
sus veinte años. La concesión a los militares del beneficio de la amnistía, 
cediendo ante la supuesta amenaza de desacato, perpetuó durante largo 
tiempo un estado de relativa autonomía de las FFAA respecto de los gobier¬ 
nos electos por el soberano y sus autoridades civiles. Aun hoy (2005) pare¬ 
ció extraño, y han debido tomarse mil resguardos y precauciones, para 
cosas que debieran ser normales en cualquier democracia: que el gobierno 
disponga el ingreso de civiles a dependencias militares para realizar averi¬ 
guaciones sobre asuntos que preocupan a la sociedad y al propio gobier¬ 
no; o la eventualidad de que la Justicia cite a militares por casos que el 
Poder Ejecutivo anunció que estaban fuera de las previsiones de la propia 
Ley de Caducidad. 

Pero, si bien en el origen de esta actitud podemos partir de una clara 
toma de posición de los gobernantes de la época en el sentido de no modi¬ 
ficar ningún aspecto en la materia, puede suponerse que la ratificación de 
la impunidad en un referéndum le dio a esa decisión una solidez y un 


123 



alcance del que hubieran carecido de haberse impuesto únicamente por la 
vía parlamentaria y judicial. Hablando en términos de responsabilidad, la 
Ley de Caducidad no solamente amparó a militares y policías; también 
funcionó como una pantalla para encubrir el involucramiento de cientos 
de civiles vinculados a los partidos tradicionales, que tuvieron amplia par¬ 
ticipación en el golpe de Estado y en la dictadura que este inauguró. El 
régimen autoritario vigente entre 1973 y 1985 no fue una dictadura mili¬ 
tar a secas; por mucho tiempo este hecho evidente ha quedado oculto, 
solapado tras la política de impunidad y olvido que inauguró la aprobación 
de la caducidad; pero como bien les gustaba aclarar a los propios milita¬ 
res, se trató de un régimen cívico-militar. Sin embargo la memoria social, 
políticamente orientada, por largo tiempo ha borrado este hecho. 

Para explicar este fenómeno es necesario analizar los efectos de la ca¬ 
ducidad, y no solamente la ley en sí misma. Después de 1989, la política 
del silencio y el olvido, la estigmatización como agitador de “fantasmas del 
pasado” de todo aquel que intentara avanzar en el terreno del conocimien¬ 
to de la verdad sobre el pasado reciente, fue la prolongación lógica de la 
legitimación de la caducidad-impunidad. De allí que incluso algunas ex¬ 
cepciones previstas a la ley de 1986 -que de haberse concretado hubieran 
supuesto avances parciales en el conocimiento de los hechos y el esclare¬ 
cimiento de algunos crímenes-, tampoco fueran cumplidas por ninguno 
de los gobiernos que se han sucedido luego de su aprobación. 

De todo esto surge la convicción de que la cuestión de la violación de los 
DDHH en general y la de los desaparecidos en particular es inseparable de 
la cuestión militar, tanto para comprender lo que ha sucedido como para 
proyectar los pasos futuros. Está unida también, pero en menor medida y 
con más mediaciones de otros factores, a la cuestión policial con la que 
aún convive la sociedad uruguaya como una tema pendiente. El 
protagonismo militar tiende a restar importancia a la participación de la 
fuerza policial en la represión y a su implicancia en las violaciones a los 
DDHH, incluso en las desapariciones. Con relación a la cuestión militar 
específicamente considerada, la solución al tema de los desaparecidos es 
al mismo tiempo, parte de la solución al problema de la incompleta subor¬ 
dinación de las FFAA que se prolongó insólitamente a lo largo de veinte 
años como resultado de la combinación de presiones militares y compla¬ 
cencias civiles. 

El problema de las violaciones a los DDHH durante la dictadura siguió 
siendo un problema pendiente en la democracia. Existe una relación in¬ 
soslayable entre impunidad, olvido y legados autoritarios por un lado, y 
entre democracia, verdad, justicia y memoria por otro. Estas conexiones y 
sus consecuencias políticas, se podrán reconocer o no, en el marco de las 
conveniencias, las restricciones y las oportunidades del momento; pero 
existen. Estamos en un momento en el que el tema de los desaparecidos 
ocupa un lugar relevante en el espacio público; luego de ser negado duran¬ 
te años, se ha transformado en la más notoria de las “cuentas pendientes” 
que nos legó el autoritarismo. Esta relevancia aparece justificada por la 
gravedad del problema en sí mismo, y manifiesta un cambio importante en 
la sensibilidad social; pero el recorrido de la reivindicación a lo largo de los 


124 



últimos 25 años la ha instituido en la cuestión paradigmática, como el 
caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz lo son para los asesinatos políticos. En 
ese contexto, el reclamo por el esclarecimiento de la situación y la eventual 
recuperación de los restos de los detenidos desaparecidos encabeza desde 
hace algunos años las reivindicaciones relativas a la violación de los DDHH 
durante la experiencia autoritaria. El apoyo ciudadano que la misma ha 
ido recuperando en los últimos diez años, trasciende largamente las fron¬ 
teras partidarias de las fuerzas que en su momento se opusieron a la san¬ 
ción legal de la impunidad. 

La solución a este problema y a otros legados por la dictadura, debe 
verse solo como un aspecto de la situación de los DDHH en la sociedad 
uruguaya, útil en la medida en que contribuye a restañar heridas y casti¬ 
gar delitos largamente impunes; pero no debe hacernos olvidar la necesi¬ 
dad de corregir la indiferencia social que fue característica del pasado. No 
solamente las dictaduras han violado estos derechos; no solamente los 
militantes políticos son víctimas de abusos perpetrados en las prisiones. 
En esta materia, la sociedad uruguaya ha podido superar los episodios 
autoritarios sin extraer de ellos ninguna consecuencia que involucre per¬ 
manentemente al comportamiento social. La experiencia histórica ha asi¬ 
milado los episodios autoritarios del pasado, asumiéndolos como etapas 
en la progresiva construcción de la democracia o como meras interrupcio¬ 
nes accidentales de la continuidad liberal. 

En parte, tanto la forma en que se procesó la salida de la dictadura 
como el proceso de consolidación democrática y el funcionamiento del sis¬ 
tema político postautoritario, en particular durante los años noventa, han 
sido evaluados con excesivo optimismo. Una especie de autocomplacencia 
democrática se instaló en gran parte de la elite política e intelectual, lo 
cual evidentemente tenía su correlato en la atmósfera cultural de la época. 
Hubo una tendencia a resaltar las virtudes de la democracia recuperada 
sin atender a sus déficit, claramente vinculados a las huellas persistentes 
del proceso autoritario cuya trascendencia como objeto de estudio quedó, 
por el mismo hecho, minimizada o, directamente, desacreditada: las per¬ 
manentes violaciones a las libertades, y en general de los DDHH, cometidas 
por el propio Estado durante la “democracia” pachequista suelen quedar 
opacados o relativizados. Y si tal no ha sido este el caso de la dictadura 
cívico-militar instaurada en 1973, en el campo de los estudios académicos 
aún no se ha brindado una atención específica a la violación sistemática y 
extrema de los DDHH de miles de personas y en particular a la desapari¬ 
ción de detenidos, dentro y fuera del territorio nacional, a manos de agen¬ 
tes represivos del Estado uruguayo. En ese camino, recién se han recorri¬ 
do los primeros pasos. 

Como concluyó la misma asociación de Familiares en sus “precisiones” 
ante el debate provocado por el decreto que vinculaba el Informe Final de 
la Comisión para la Paz con el incumplido artículo 4 o de la Ley de Caduci¬ 
dad: 

“... que el debate público se centre en cómo, a partir del conoci¬ 
miento oficial de parte de los hechos, podemos seguir avanzando en 
el conocimiento de la verdad total y cómo la sociedad genera los me- 


125 



carlismos para hacer posible que nunca más se repita lo que ahora se 
comienza a conocer ”. 117 

Aunque podamos ser pesimistas respecto del logro de la “verdad total” 
sobre el tema, creemos que la historia que se ha contado a lo largo de los 
tres primeros capítulos de este libro, permite reconocer que la acción de 
Familiares ha representado un impulso permanente de los avances verifi¬ 
cados, siempre con tenacidad y sin desanimarse ante resultados parciales 
y provisorios, en procura de la verdad, el esclarecimiento de los hechos y 
su elaboración y reelaboración a efectos de su comprensión. 

En el pasado, los episodios autoritarios que experimentamos, fueron 
considerados como “malos momentos” de su historia. Entre “dictablandas” 
y “golpes buenos”, los uruguayos de distintas épocas quisimos creer que la 
violencia y la represión eran solo productos de la acción de algunos 
gobiernos, mientras que la sociedad podía considerarse limpia de tales 
pecados. Ahora debiéramos aprovechar para tomar conciencia, 
colectivamente, de que el autoritarismo es solamente la extensión de las 
fuerzas represivas que recorren todos los pliegues de la sociedad (la familia, 
las escuelas, los estadios, los locales bailables, las cárceles, etcétera.), y 
que no puede haber “excluidos” cuando se trata de rechazar la violación de 
los DDHH. 

La experiencia de Madres y Familiares que hemos intentado reconstruir 
en este libro, nos ha dado un ejemplo de cómo la aparente debilidad puede 
encerrar una enorme fortaleza, capaz de hacer ceder al mismo poder estatal. 
Si esto ha sido posible, muchas otras cosas pueden serlo; porque aún hoy, 
bajo otras formas y en un contexto democrático, estas violaciones siguen 
cometiéndose. Ello sucede al amparo de las políticas estatales que la 
democracia recuperada ha desplegado hasta el momento. Por otra parte, 
también ha colaborado al mismo efecto la tolerancia -por momentos la 
exigencia- de una sociedad obsesionada por el deseo de recuperar una 
sensación de “seguridad” que se ha perdido, tal vez porque ya no puede 
sustentarse en la tranquilidad de una organización familiar que se ha 
transformado radicalmente, ni en la estabilidad del empleo seguro y de por 
vida que el capitalismo contemporáneo dejó de ofrecer. 

Podemos creer, con Familiares, que allí reside una de las formas de 
construir en el presente las bases sociales, culturales y políticas del “nunca 
más”: “nunca más dictadura”, pero también “nunca más violaciones a los 
DDHH”. Y para lograr ese resultado, todavía queda mucho por hacer. 


126 



Notas 


1. SERPAJ, Uruguay Nunca Más. Informe sobre la violación a los Derechos Humanos 
(1972-1985). Montevideo, 1989, p. 286. 

2. ídem 

3. MFUDD, A todos ellos. Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos, Montevideo, 2004. 

4. Idem., pp. 519-525. 

5. Idem., pp. 262-263. 

6. Olivera, R. y Méndez, S., Secuestro en la Embajada. El caso de la maestra 
Elena Quinteros, Ed. De la Cátedra Tota Quinteros de FUCVAM/Fundación 
Rosa Luxemburgo, Montevideo, 2003, p. 98. 

7. Demasi, C. et al., El régimen cívico-militar. Cronología comparada de la historia 
reciente del Uruguay (1973-1980), Fundación de Cultura Universitaria-Centro 
de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, Montevideo, p. 125 y ss. 

8. Idem. 

9. Idem. 

10. ACEIU, PVP, N° 27, 5 de abril de 1979, p. 6. 

11. ACEIU, Suplemento de Compañero, junio de 1981. 

12. ACEIU, Desde Uruguay, N° 16 de 1982, pp. 1 y 3. 

13. Para conocer este proceso véase Olivera, R. y Méndez, S., ob. cit.. Cores, H., 
Memorias de la resistencia, EBO, Montevideo, 2002; MFUDD, A todos ellos. 

14. Idem. 

15. Martínez, V., Tiempo de dictadura, EBO, Montevideo, 2005, p. 154. 

16. IELSUR, El Movimiento de Derechos Humanos en el Uruguay, sin fecha, tomado 
de Curto, V., “Las violaciones a los derechos humanos en Uruguay; una visión 
desde la ciencia política”. 

17. Martínez, V., ob. cit., p. 154. 

18. Informaciones Grisur, N°116. 

19. AMFUDD, Informe de MFUDD, Nuestra Historia, período 1977-1985, sin fecha, 
p. 3. 

20. Idem. 

21. Martínez, V., ob. cit., p. 166. 

22. AMFUDD, Informe de MFUDD, Nuestra Historia, período 1977-1985, sin fecha, 
p. 3. 

23. ídem., p. 4. 

24. ídem., p. 5. 

25. ACEIU, Desde Uruguay, N° 2, 1983, p. 4. 

26. Informe “Madres de uruguayos desaparecidos en Argentina”, sin fecha. Archivo 
del CEIU, FHCE. 

27. Olivera, R. y Méndez, S., ob. cit., p. 81. 

28. Martínez, I., ‘Tiene la palabra Tota Quinteros”, en Olivera, R. y Méndez, S., ob. 
cit., p. 80. 

29. Idem., p. 130. 

30. Olivera, R. y Méndez, S., ob. cit., p. 132. 

31. ACEIU, Informaciones Grisur, N° 76, p. 3. 

32. ACEIU, Informaciones Grisur, N° 98. 

33. ACEIU, PVP, N° 30, p. 17. 

34. Olivera, R. y Méndez, S., ob. cit., p. 152. 

35. SERPAJ, ob. cit., p. 288. 

36. AMFUDD, Informe de MFUDD, Nuestra Historia, período 1977-1985, sin fecha, 

p. 6. 

37. Martínez, V., ob. cit., p. 196. 

38. AMFUDD, Informe de MFUDD, Nuestra Historia, período 1977-1985, sin fecha, 

p. 6. 

39. Idem., p. 8. 


127 



40. Martínez, V. ob. cit., p. 218. 

41. AMFUDD, Informe de MFUDD, Nuestra Historia, período 1977-1985, sin fecha, 

p. 10. 

42. Idem. 

43. MFUDD, A todos ellos, p. 519-520. 

44. Martínez, V., ob. cit., p. 203. 

45. AMFUDD, Informe de MFUDD, Nuestra Historia, período 1977-1985, sin fecha, 
p. 14. 

46. AMFUDD, Informe trimestral de Madres de detenidos desparecidos en Argentina, 
abril-mayo 1983, p.l. 

47. La Democracia, 28 de junio de 1985. 

48. Cámara de Representantes, Informe de la Comisión Investigadora Parlamentaria 
sobre la situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron, 
4.11.1985, pp. 1890-1897. 

49. AMFUDD, MFUDD, Informe de actividades, 9.11.1988. 

50. Búsqueda, 12 de setiembre de 1985. 

51. El Día, 20 de agosto de 1986. 

52. La Mañana, 20 de setiembre de 1985. 

53. AMFUDD, MFUDD, Proclama: Ayuno contra la Impunidad, 29.8.1986. 

54. AMFUDD, MFUDD, Carta abierta al Señor Presidente de la República Doctor 
Julio María Sanguineti i, 9 de diciembre de 1986. 

55. AMFUDD, MFUDD, Proclama, 23 de diciembre de 1986. 

56. AMFUDD, MFUDD, Convocatoria a la población, 22 de diciembre de 1986. 

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58. AMFUDD, MFUDD, Evaluación del Recurso de Referéndum contra la Ley de 
Impunidad, 9 de noviembre de 1989. 

59. Idem. 

60. MFUDD, El referéndum desde Familiares, 1990, pp. 41-42. 

61. Idem., p. 47. 

62. El Día, 12 de diciembre de 1987 

63. Paz y Justicia, N° 9, 1987. 

64. Paz y Justicia, N° 4, 1987. 

65. AMFUDD, MFUDD, El referéndum desde Familiares, 1990, p. 68. 

66. Idem., p. 69. 

67. Idem., pp. 75-76. 

68 AMFUDD, Ministerio de Educación y Cultura C.E.70384 R.M.N°410/993. 

69 AMFUDD, Intendencia Municipal de Montevideo, Resolución N° 1168. 

70. AMFUDD, Comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos a la ciudadanía sobre continuación en la Plaza Libertad los 
días viernes a las 19 horas, 26 de abril de 1989. 

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1993, p. 1. 

72. AMFUDD, TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS (1990): “ 1990-La 
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73. AMFUDD, Comunicado de MFUDD. Sin fecha. 

74. MFUDD, A todos ellos, p. 519. 

75. Idem., p. 526. 

76. AMFUDD, Comunicado de Prensa. MFUDD. 23 de junio de 1992. 

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78. AMFUDD, Comunicado de Prensa. MFUDD. 13 de marzo de 2002. 

79. Impunidad y derechos humanos, Editorial Universidad, Montevideo, 1992. 

80. Tróccoli, Jorge Néstor, La ira del Leviatán. Del método de lafuria a la búsqueda 
de la paz (1963-1996). La visión del Capitán de Navio (R) Jorge Néstor Troccoli, 
Innomedia, Montevideo, 1996. El libro salió a la venta en el mes de setiembre 
junto al número correspondiente de la revista Tres, que se editaba 
mensualmente. 

81. AMFUDD, Resolución N° 782/00 del 25/7/00, Folleto informativo sobre 
Memorial a los Detenidos Desaparecidos “¿Por qué un Memorial de los Detenidos 


128 



Desaparecidos?”, Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Madres y 
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noviembre de 1999, <www.espectador.com> 

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86. Miranda, Javier, La República, 6 de junio de 2000. 

87. AMFUDD, Informe Final de la COPAZ, literal D, numeral 6, 10 de abril de 
2003. 

88. Idem, literal A, numeral 11. 

89. AMFUDD, Informe Final de la COPAZ, literal E, numeral 8, 10 de Abril de 
2003. 

90. Idem, literal E, numeral 9. 

91. MFUDD, A todos ellos, ob.cit., pp. 597 y 598. 

92. AMFUDD, Informe Final de la COPAZ, literal B, numeral 3. 

93. Idem, literal F, numeral 35. 

94. Idem, literal C, numeral 4. 

95. Idem, liberal A, numeral 12. 

96. MFUDD, A todos ellos, ob. cit., p. 598. 

97. Idem., p. 601. 

98. SERPAJ, Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2003, Serpaj, Montevideo, 
2003, p. 13. 

99. Pivel Devoto, J. E., Alcira Raniero de Pivel Devoro, La Amnistía en la tradición 
nacional. Biblioteca Por la Patria, Montevideo, 1984, p. 35. 

100. Porrini, R., “Los derechos humanos durante el terrismo: vigencia y transgresión 
1933-1938”, en Cures, Oribe et al., El Uruguay de los años treinta: enfoques y 
problemas, EBO, Montevideo, 1994, p. 158. 

101. Idem., p.147 

102. ‘Torturas en el Uruguay (Texto completo del informe de la Comisión Especial 
del Senado)”, en Cuadernos de Marcha N° 44, Montevideo, diciembre de 1970, 
pp. 68-69. 

103. Comisión para la Paz, Informe Final de la Comisión para la Paz, 10 de abril de 
2003 13/04/2003 en <http: //www.presidenciá.gub.uy/sie/noticias/archivo/ 
2003/abril/Informe Jinal.doc 13/04/2003> p. 43. 

104. Markarian.V., “De la lógica revolucionaria a las razones, humanitarias: la 
izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos 
(1972-1976)” en Cuadernos del CLAEH, N° 88-89, Montevideo, 2004. 

105. Rico, A., "Del estado de derecho al estado policía. Uruguay 1967-1973, en 
Demasi, C. et ai, Estado de derecho y estado de excepción. Alemania y Uruguay: 
las décadas violentas. Ediciones Trilce, Montevideo, 1999, p.46 

106. El Día, 27 de noviembre de 1976, p. 1. 

107. El Día, 13 de junio de 1976, p. 1. 

108. El País, 11 de marzo de 1976, p. 9. 

109. El País, 29 de septiembre de 1979, p. 1. 

110. El País, 22 de octubre de 1976, pp. 1 y 8. 

111. Markarian, V., ob. cit. 

112. Baumgartner, J., Duran Mattos, J. y Mazzeo, M., Desaparecidos. Informe 
especial, Centro de Estudios de América Latina, Montevideo, 1986, p. 301. 

113. Marchesi, A., “¿Guerra y terrorismo de Estado? Recuerdos enfrentados sobre 
el pasado reciente uruguayo”, en Jelin, E. (comp.) Las conmemoraciones: las 
disputas en las fechas infelices, cap. 3, Siglo XXI, Mádrid, 2Ó02. 

114. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Ante el debate 
público que se ha presentado en los últimos días én relación al Informe Final de 


129 



la Comisión para la Paz y algunas de sus consecuencias, Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos desea realizar algunas precisiones, 
Montevideo, 21 de abril de 2003, en <http://www.flng.edu.uy/adfl/mail/adur/ 
msgOOl 02.html. >p. 4. 

115 Arocena, R. y Quijano, J. M., “Entrevista a Ferreira Aldunate. La hora más 
difícil”, en Cuadernos de Marcha, Tercera época, N° 16, Montevideo, 1987, pp. 
55-56 

116. Weber, M., “La ética de la responsabilidad” en Cuadernos de Marcha, Tercera 
época, N° 15, 1986. 

117. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Ante el debate 
público que se ha presentado en los últimos dias en relación al Informe Final de 
la Comisión para la Paz y algunas de sus consecuencias. Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos desea realizar algunas precisiones, 
Montevideo, 21 de abril de 2003 en <http://www.flng.edu.uy/adfi/mail/adur/ 
msgOOl02.html.> p. 4 


130 



Bibliografía y Fuentes 


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Tribunal Permanente De Los Pueblos, “1990-La Impunidad en la América Latina”, Se¬ 
sión Uruguay, 20 al 22 de abril, 1990. 

Weber, Max, “La ética de la responsabilidad”, en Cuadernos de Marcha, Tercera época 
N° 15,1986, p. 7 

Archivos consultados: 

Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (AMFUDD). 

Archivo del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Hu¬ 
manidades y Ciencias de la Educación (ACEIU). 

Entrevistas realizadas (grabadas): 

Luisa Cuesta, 9 de febrero de 2004. 

Luz Ibarburu y María Ester Gatti, 11 de febrero de 2004. 

Amalia González, 13 de febrero de 2004. 

María Magdalena Salvia, 16 de febrero de 2004. 

Javier Miranda, 18 de febrero de 2004. 

Hortensia Pereira, 18 de febrero de 2004. 

Milka González, I o de marzo de 2004. 

Oscar Urtasun, 3 de marzo de 2004. 

Testimonios orales (sin grabación): 

Francisco Bustamante 

Elena Zaffaroni 

Benjamín Liberoff 

María del Carmen Martínez 

Patricia Piera 

Testimonios escritos especialmente elaborados para esta investigación: 

Luz Ibarburu 

Milka González 

Jorge Osorio 


132 



Material documental de Madres y Familiares publicado como anexo a este 
libro en internet: <http://www.trilce.com.uy/libros_online.html> 


1. Nota de Padres de uruguayos desaparecidos en Argentina al Consejero de Estado 
Eduardo Praderi. Asunto: Solicitud de intervención ante las autoridades 
argentinas para que informen y respondan sobre las desapariciones en aquel 
país (21.07.1982). 

2. Nota de Madres de uruguayos desaparecidos en Argentina (Julia Cattaneo, Milka 
González de Prieto, María Ester Gatti de Islas, Violeta Malugani) a Gregorio 
Álvarez. Asunto: Solicitud de intervención en relación al documento emitido 
por la Junta Militar Argentina sobre los Detenidos-Desaparecidos (12.05.1983). 

3. Comunicado a la Población, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos. Asunto: Expresión de indignación y dolor ante la aprobación de 
la Ley de Caducidad y convocatoria a la organización del Referéndum Nacional 
(22.12.1986). 

4. Comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, 
Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz y Elisa Dellepiane de Michelini. 
Asunto: Cuestionamiento de la legalización de la Impunidad y convocatoria al 
Referéndum (23.12.1986). 

5. Escrito ante la Corte Electoral. Asunto: Comunicando inicio de recolección de 
firmas para interponer el recurso de Referéndum contra la Ley de Caducidad 
(12.01.1987). 

6. Comunicado a la población de la Comisión Nacional Pro-Referéndum. Asunto: 
Resultado del referéndum contra la Ley de Caducidad y postura de la Comisión 
Nacional Pro-Referéndum. (16.04.1989). 

7. Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. Asunto: 
“Después del Referéndum” (análisis del resultado) (Fecha estimada: 1989). 

8. Convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos y otras organizaciones. Asunto: Llamado a la Primera marcha 
del silencio: “Por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio el día 
20 de mayo...” (mayo de 1996). 

9. Petición de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos al Poder 
Ejecutivo. Asunto: Cumplimiento del Derecho de Petición (16.04.1997). 

10. Nota de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos al Poder 
Ejecutivo. Asunto: Solicitud de expresión de apoyo a la petición presentada 
ante el Poder Ejecutivo en 1997/04/16 (02.07.1997). 

11. a. Recurso de revocación de Madres y Familiares de Uruguayos al Poder Ejecutivo. 
Asunto: Oposición ante la resolución ficta denegatoria de la petición interpuesta 
el 16.04.1997 (09.1997). 

b. Informe del Poder Ejecutivo. Asunto: Respuesta a la petición presentada por 
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos el 16.04.1997 
(29.12.1997). 

12. Comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. 
Asunto: Pronunciamiento ante informe de la Comisión para la Paz (21.04.2003) 

13. Comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. 
Asunto: Expresión ante algunas repercusiones del informe de la Comisión para 
la Paz (21.04.2003). 


133 



Noticia de los autores 


Gabriel Bucheli 

Montevideo, 1963. Profesor de Historia y Diplomado en Historia Económica. 
Docente de la Universidad de la República en la Facultad de Ciencias Económi¬ 
cas y de Administración y en la Facultad de Ciencias Sociales, y de la Universi¬ 
dad Católica del Uruguay. Colaborador Honorario del Proyecto “Historia de la 
organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Uruguay 1977- 
2003)”. Coautor de Cancilleres del Uruguay (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2002) y La Facultad de Ciencias Económicas ... 1932-2002 (Banda Oriental, 2002). 

Valentina Curto Fonsalías 

Montevideo, 1978. Licenciada en Ciencia Política. Candidata a Magíster en la 
misma disciplina. Colaboradora Honoraria del Proyecto “Historia de la organi¬ 
zación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Uruguay 1977- 

2003) ’’. Entrevistadora en Equipos Consultores y Asociados. 

Carlos Demasi 

Fray Bentos, 1949. Profesor de Historia, Licenciado en Ciencias Históricas y 
Magíster en Estudios Rioplatenses. Investigador en el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) de la Facultad de Humanidades y Cien¬ 
cias de la Educación. Ha desarrollado investigaciones sobre la función de la 
Historia en la construcción de la identidad nacional y sobre la historia reciente 
del Uruguay, especialmente sobre el período autoritario. Es coordinador de la 
Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay (Fundación de Cultu¬ 
ra Universitaria, 1996 y 2003), y ha publicado diversos trabajos en revistas y 
libros; entre ellos. La lucha por el pasado. Historia y Nación en Uruguay (Edi¬ 
ciones Trilce, 2004). 

Vanesa Sanguinetti 

Buenos Aires, 1978. Licenciada en Ciencias Históricas - Opción docencia. 
Colaborada Honoraria del Centro de Estudio Interdisciplinarios Uruguayos 
(CEIU) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en las 
investigaciones que resultaron en las siguientes publicaciones: La Universidad 
de la República desde el Golpe de Estado a la Intervención (Librería de la FHCE, 

2003) , y 15 días que estremecieron al Uruguay: Golpe de Estado y huelga gene¬ 
ral 27 de junio - 11 de julio de 1973 (Fin de Siglo, 2005); y en el Proyecto 
“Historia de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desapareci¬ 
dos (Uruguay 1977-2003)”. En el año 2000 obtuvo el segundo premio en el III 
Certamen Uruguay Listo para Competir en la categoría Derechos Humanos y 
Paz, organizado por UNESCO y CELAD. 

Jaime Yaffé 

Montevideo, 1967. Profesor de Historia y Magíster en Ciencia Política. Docente 
e Investigador de la Universidad de la República en el Instituto de Economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y en el Instituto de 
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Autor de trabajos sobre 
Historia Económica, Historia y Ciencia Política, publicados en revistas y 
libros nacionales y extranjeros. Entre ellos: La era progresista (Fin de Siglo, 

2004) , El presente de la dictadura (Ediciones Trilce, 2004), ambos en coautoría, y 
Al centro y adentro (Linardi y Risso, 2005). 


134 



Anexos 




Breve cronología 


1976 

-Ola de detenciones de refugiados uruguayos en Buenos Aires; muchos de 
ellos continúan desaparecidos. 

1977 

-Comienzan a reunirse los familiares de detenidos desaparecidos en 
Argentina. 

-Marzo. Enrique Rodríguez Larreta denuncia los secuestros en Buenos Aires 
en Conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional. 

-18 de diciembre. Ayuno y servicio religioso por los desaparecidos, por 
amnistía y libertad en Uruguay, en la Capilla San Bernardo de París. 
Participan familiares de presos y desaparecidos uruguayos. 

1978 

-I o de octubre. Creación en París de la Agrupación de Familiares de 
Uruguayos Desaparecidos (AFUDE). 

1979 

-Agosto. Aparición de los niños Anatole y Victoria Julien en Valparaíso, 
Chile. 

-12 de agosto. Mujeres uruguayas denuncian la desaparición de 122 
uruguayos en Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Fundación del grupo Madres Uruguayos Desaparecidos en 
Argentina (en adelante MUDA). 

1980 

-25 de febrero. Intervención de Tota Quinteros ante la Comisión de DDHH 
de la ONU y respuesta de C. Giambruno, representante del gobierno 
uruguayo. 

-Octubre. En Porto Alegre, familiares de desaparecidos elevan a la ONU 
denuncias por desapariciones con respaldo de la Orden de Abogados de 
Brasil y otras organizaciones internacionales. 

1981 

-Enero. 1er. Congreso de FEDEFAM en Costa Rica bajo el lema “No hay dolor 
inútil”; Uruguay participa a través de familiares exiliados. 

-Marzo. Creación de SERPAJ-Uruguay. 

-25 al 31 de mayo. Semana mundial del detenido desaparecido; integrantes 
de MUDA se reúnen en la Plaza Independencia y entregan al embajador 
argentino una nota alusiva. Jornada de silencio, oración y ayuno en la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción (Vascos). 

-27 de septiembre. MUDA convoca a Día de oración y ayuno en la Parroquia 
de la Sagrada Familia. 

-24 al 28 de noviembre. Participación en II Congreso de FEDEFAM, Caracas, 
Venezuela, cuya consigna es “Hasta encontrarlos”. 

-Diciembre. Aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre: 
participación en el acto organizado por SERPAJ en la Iglesia Tierra Santa. 
-28 de diciembre. Jornada de oración en la Iglesia de María Auxiliadora, 
recordando en particular a los niños desaparecidos. 


137 



1982 

-Febrero. Presidente Álvarez niega solicitud de audiencia de MUDA. Idéntico 
rechazo por parte de la prensa. 

-Marzo. Presentación junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 
y Madres argentinas ante la Corte Suprema de Justicia argentina de solicitud 
por desaparecidos uruguayos en ese país. 

-Mayo. Semana del detenido desaparecido en Montevideo. 

-Mediados de año. Comienza a conocerse públicamente la existencia de 
cementerios clandestinos en Argentina. 

-22 de julio. El Día publica la nómina de desaparecidos en Argentina. La 
lista fue presentada al Consejero Praderi en el Consejo de Estado, por “varias 
madres de las personas desaparecidas". 

-25 de julio. MUDA convoca a jomada en Parroquia Tierra Santa (8 de Octubre 
y Estero Bellaco). Participan Madres de Plaza de Mayo. 

-Octubre. Participación en la Marcha por la Vida y la Vigencia Integral de 
los Derechos Humanos en Buenos Aires. 

-Noviembre. Participación en el III Congreso de FEDEFAM en Lima, Perú, 
bajo el lema “La justicia no se transa”. 

-9 y 10 de diciembre. Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre: participación en Buenos Aires en la Marcha de la Resistencia. 
-21 de diciembre. SERPAJ entrega a familiares cuatro premios de la Paz en 
la Parroquia de la Sagrada Familia, por manos del Premio Nobel de la Paz A. 
Pérez Esquivel. Se concurre a gestionar una audiencia al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la que no es acordada; unas 100 personas acompañan 
a la delegación; varias son luego citadas a dependencias policiales y detenidas 
por varias horas. 

-28 de diciembre. Celebración del Día de los Inocentes, reclamando por los 
niños desaparecidos o separados de sus padres, en la Iglesia Tierra Santa. 

1983 

-Marzo. Dos madres uruguayas viajan a Ginebra para asistir al 39° período 
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y 
Social de la ONU. 

-Abril. Integrantes de MUDA son recibidas por las autoridades partidarias 
electas en las elecciones internas de noviembre de 1982: Humberto Ciganda 
de la UC y J. E. Pivel Devoto del PN. J. M. Sanguinetti del PC se excusa por 
“urgentes ocupaciones”. 

-Por iniciativa de SERPAJ se crea el grupo de “Familiares de Desaparecidos 
en Uruguay". 

-I o de Mayo. MUDA adhiere y concurre al Acto del Día de los Trabajadores. 
-3 de junio. “Familiares de Desaparecidos en Uruguay” presenta al Presidente 
Álvarez solicitud de información oficial sobre desaparecidos en Uruguay. 
La carta es rechazada. 

-Noviembre. IV Congreso de FEDEFAM, México, bajo el lema “Vivos los 
llevaron, vivos los queremos”. Se envía material pero no se concurre por 
problemas financieros. 


138 



1984 

-Mayo. Semana del Detenido Desaparecido. 

-Julio. Huelga de hambre de Adolfo Wasem. 22 personas ayunan por 
Amnistía General Irrestricta y Aparición con vida de los desaparecidos. 
Familiares localizan en Buenos Aires al niño Amaral García. 

-30 de agosto. “Día del Desaparecido". Jomada contra la desaparición forzada 
en América Latina. Marcha hasta la Plaza Independencia, primera en llegar 
a Casa de Gobierno. 

-26 de septiembre. Marcha por la Vida, en silencio, frente al Hospital Militar, 
donde se encuentra Adolfo Wasem en grave estado de salud. 

-26 de octubre. Aprobación por la Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional 
Programática (CONAPRO) de resolución sobre tema “Esclarecimiento de las 
violaciones a los DDHH”. 

1985 

-6 de enero. Campaña por los niños desaparecidos. 

-14 de marzo. Liberación de los últimos presos políticos. 

-Abril. Se crea Comisión Investigadora Parlamentaria sobre desaparecidos 
en la Cámara Diputados. 

-17 de abril. Madres y Familiares* (en adelante MFUDD) presenta denuncias 
ante el Poder Judicial por desapariciones en Uruguay y Argentina. 

-30 de agosto. Día mundial contra la desaparición forzosa; se realiza una 
jornada de denuncia a nivel nacional con apoyo del PIT-CNT, gremios 
estudiantiles, Frente Amplio y sectores del Partido Nacional. 

-Septiembre. Justicia Penal cita a declarar a los represores Gavazzo y 
Cordero. Ministro de Defensa guarda citaciones. 

-Noviembre. VI Congreso de FEDEFAM en Montevideo, bajo el lema “Por una 
América Latina sin desaparecidos: juicio y castigo a todos los culpables”. 

1986 

-22 de diciembre. Aprobación en el Parlamento de la ley de “caducidad”. 
-23 de diciembre. Madres y Familiares, Elisa Dellepiane y Matilde Rodríguez 
barreta convocan a la formación de un movimiento ciudadano para la 
anulación de la ley. 

1987 

-La Comisión Nacional Pro-Referéndum desarrolla la campaña de recolección 
de las firmas necesarias para convocar al referéndum. 

1988 

-Febrero. Intervención de Amalia González por MFUDD ante Comisión de 
DDHH de la ONU, Ginebra. 

-Mayo. Semana del Detenido Desaparecido. 

-Noviembre. VIII Congreso de FEDEFAM, en Bogotá, Colombia, “Por la vida y 
la libertad: ni desaparecidos ni impunidad". 

-19 de diciembre. Se logran las firmas necesarias para convocar a 
referéndum, luego de que miles de ciudadanos ratifican las que les fueran 
impugnadas por la Corte Electoral. 

* Como ya se ha indicado en este trabajo, no se puede indicar con precisión el momento 
de unificación de los movimientos de familiares de desaparecidos, aunque se presume 
que ocurrió a comienzos de 1985. 


139 



1989 

-16 de abril. Se realiza el Referéndum, triunfando la papeleta amarilla. 
-Mayo. Semana Internacional por los Detenidos Desaparecidos. 
-Noviembre. IX Congreso de FEDEFAM en Lima, Perú: “¡No a la impunidad, 
los familiares no callarán!”. 

1990 

-Junio. Tota Quinteros accede al expediente radicado en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores donde consta el informe de J. C. Blanco sobre el caso 
Elena Quinteros. 

-22 de marzo. Actividades populares en celebración de los 15 años de Mariana 
Zaffaroni. 

-20 al 22 de abril. Reunión en Uruguay de sesiones preparatorias del Tribunal 
Permanente de los Pueblos. 

-Septiembre. Reunión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Chile. 

1992 

-Junio. Se encuentra a Mariana Zaffaroni, restituyéndole su identidad. 

1993 

-Noviembre. XII Congreso de FEDEFAM en Sao Paulo, Brasil: “Violencia e 
Impunidad, nunca más”. 

1995 

-Junio. Se ubica y restituye la identidad al niño Carlos D’Elia Casco. 
-Abril. II Congreso Extraordinario de FEDEFAM, Montevideo, Uruguay. 
-Noviembre. XIII Congreso de FEDEFAM en San Salvador, El Salvador: 
“Construyendo una nueva América Latina sin desaparecidos ni impunidad”. 

1997 

-Marzo. El senador R. Michelini denuncia la “Operación Zanahoria”. 
-Noviembre. XIV Congreso de FEDEFAM, México DF, México: “Ante la 
deshumanización neoliberal, globalización de solidaridad”. 

2000 

-9 de agosto. Creación de la Comisión para la Paz. 

2003 

-Se ubica en Argentina y se restituye la identidad al joven Simón Riquelo. 
-10 de abril. Presentación del Informe de la Comisión para la Paz. 

2005 

-Integrantes de MFUDD ingresan al predio del Batallón N° 13. Es la primera 
vez que los integrantes de la asociación recorren uno de los lugares utilizados 
como sitio de detención por la dictadura. 


140 



Reseñas autobiográficas de los entrevistados 



María Luisa Cuesta 

Nací en Montevideo el 26 de mayo de 1920. Mis padres Manuel y Josefa 
-emigrantes españoles- se casan en Uruguay y de esa unión nazco yo y 
dos hermanos. 

Mi hermano menor fallece a los dos años y mi madre poco tiempo 
después. En esas circunstancias y a la edad de 5 años paso a vivir con una 
hermana mayor, hija de mi madre, de su primer matrimonio, en una chacra 
en el departamento de Soriano. 

Curso mis primeros cuatro años en la escuela rural N° 32. Más tarde 
nos trasladamos a la ciudad de Mercedes, donde termino la escuela y curso 
I o de liceo. En el nocturno realizo un curso de Comercio y Administración, 
que me permite años más tarde trabajar como administrativa en el Taller 
de Pintura de Juan A. Farías. Allí trabajo durante 23 años, hasta que fui 
detenida el 28 de junio de 1973. 

Constituyo pareja con René Meló y de esa unión nace Nebio, mi único 
hijo, que desaparece en Buenos Aires el 8 de febrero de 1976. Mi compañero 
fallece el 31 de marzo de 1950. 

Posteriormente al golpe de Estado en 1973, soy detenida y guardo prisión 
en Infantería N° 5 de la ciudad de Mercedes, donde permanezco hasta el 
31 de enero de 1974. Quedo en libertad pero con la obligación de 
presentarme todos los meses ante las autoridades del cuartel. En 1975, 
viajo con mucho miedo a Buenos Aires ante la insistencia de mi hijo -que 
había buscado refugio en Argentina- con el fin de encontrarme con él, su 
esposa y mi nieta. 


141 


De vuelta en Montevideo, al poco tiempo, en febrero de 1976, mi nuera 
me comunica sobre la desaparición de mi hijo y retorno a Buenos Aires 
para iniciar la búsqueda que continuo hasta hoy. 

En mayo de 1977, luego de innumerables gestiones para saber qué le 
había ocurrido a mi hijo, el Alto Comisionado para Los Refugiados de 
Naciones Unidas me conmina a abandonar el país en tanto no podían 
garantizar mi seguridad. Así obtengo refugio en Holanda junto a mi nuera 
y mi nieta. 

En Holanda continúa la lucha por la verdad sobre lo ocurrido a mi hijo 
y a tantos otros uruguayos, víctimas del terrorismo de Estado. Me integro 
al Comité Uruguay desde donde participo en innumerables jornadas de 
denuncia sobre la situación de los derechos humanos en mi país y comienzo 
a participar en la Federación de Agrupaciones de Familiares de América 
Latina (FEDEFAM). Así tomo conciencia y aprendo a conocer el drama de 
miles de familias que a lo largo de América Latina sufrían por la desaparición 
de sus seres queridos. 

Con el advenimiento de la democracia retorno a Uruguay en 1985, 
participando el año anterior en el Congreso de FEDEFAM en Buenos Aires. 

Ya de vuelta en Uruguay, me integro al grupo de Madres y Familiares 
que se había conformado con el retorno de la democracia. Con todos ellos 
y ellas sigo trabajando para conocer la verdad, hacer justicia y preservar la 
memoria. 


142 




María Ester Gatti 

En el caliente enero de 1918 nació María Ester Gatti, en Montevideo. 

Cursó la enseñanza primaria en la escuela pública del barrio. Terminado 
el ciclo escolar, ingresó al Instituto Magisterial -desde muy pequeña soñaba 
con enseñar a los niños- y en 1935 se recibió de maestra. 

Era la época -muchos años después repetida- de la dictadura de Terra. 
Naturalmente, no se obtenían los cargos a ejercer por concurso. Por eso 
pasó cinco años sin poder trabajar. Cuando logró un cargo, se dedicó con 
amor a su tarea. Trabajó treinta y seis años; y luego veinte años más en 
una institución religiosa, como profesora de Geografía. 

En el ámbito de lucha que le tocó vivir, se dedicó enteramente a buscar 
noticias, datos, sobre los desaparecidos por el régimen imperante. No 
solamente por su situación personal, también por todos los presos, los 
torturados o muertos. Quería y quiere, como todos los familiares, Verdad y 
Justicia. 

En la Comisión Nacional Pro-Referéndum trabajó mucho y sintió con 
dolorosa impotencia el resultado del mismo. 

Hoy, está más tranquila: recobró a su nieta y es como si su hija se 
hiciera presente. 


143 








Amalia González 

Nací en Guichón, departamento de Paysandú, en 1927. Como a papá lo 
trasladaban frecuentemente y luego también a mi marido, por el trabajo 
donde se desempeñaban, he vivido también en Cardona, Sarandí Grande, 
Rosario, Young y por último me radico definitivamente en Montevideo. Tengo 
vivencias y recuerdos muy gratos de todos esos lugares. 

En Cardona nacieron mis tres hermanos (dos mujeres y un varón); ahí 
estudié y me recibí de profesora de piano y también me ennovié con quién 
sería, cuatro años más tarde, mi marido. Estuvimos casados 18 años, 
quedando viuda cuando tenía 39 años, con tres hijos de 17, 15 y 13 años 
de edad. 

Siete años después, durante la dictadura, llevaron detenido y luego 
desaparecido, a Luis Eduardo “Chiqui”, el menor de mis hijos. 

Desde entonces mi vida a sido una lucha constante, primero por 
encontrarlo con vida, luego al comprender de que eso no era posible, la 
meta fue llegar a la verdad. Treinta años después, aún sigo buscando esa 
verdad. 

Esta tragedia ha marcado mi vida dolorosamente, pero a pesar de eso 
encuentro que aún hay lugar en mi vida para la alegría. Disfruto escuchando 
música, que fue también la pasión de mis padres, hago manualidades 
para lo que tengo alguna habilidad, tengo dos hijos de los que me siento 
orgullosa y seis nietos a los que adoro. 

Creo que la vida es eso, una mezcla de alegrías y penas, de nosotros 
depende como las asumimos. 



144 




Milka González 

Nací en la ciudad de Rocha, el 26 de julio de 1928. Soy la menor de una 
familia de cuatro hermanos. Hice primaria en la Escuela Niñas de esa 
ciudad hasta el sexto grado, también parte de la secundaria. 

Luego nos trasladamos a Montevideo, donde terminé secundaria. 
Ayudaba a mi madre en las labores del hogar. Me propuse trabajar fuera 
de casa, conseguí empleo, me puse de novia y después de tres años me 
casé con Roberto Prieto de León, en enero de 1948. Continué trabajando, 
quedé embarazada de mi primer hijo y mi esposo me propuso que no 
trabajara más y así me dediqué a la espera de ese hijo. 

Vivíamos en la Comercial y en 1952 llega mi segundo hijo. En 1955 la 
tercera y nos mudamos a Malvín. Considerábamos que era un mejor lugar 
para vivir con la familia. Mi hijo mayor ya concurría a la escuela primaria. 
Surgió la posibilidad de comprarnos nuestra casa y nos mudamos en 1958. 
Transcurrieron cuatros años más y en 1962 no estaba en nuestros planes 
aumentar más la familia pero en octubre nace otro niño y tres años después 
la quinta. 

En 1968 las condiciones políticas empiezan a cambiar y ya Rubén, que 
era nuestro segundo hijo, comienza con actividades estudiantiles en apoyo 
de obreros, etcétera. En esos años comienzan las persecuciones a los 
estudiantes. Las noches en vela esperando que llegara, luego las 
detenciones. Como era menor no lo detenían muchos días, me presentaba 
a buscarlo y me lo entregaban. Pero fueron muchas veces hasta que en 
agosto de 1971 lo requieren por la tele y en la madrugada siguiente lo 
vienen a buscar. Pasa varios meses en clandestinidad y resuelve irse a 
Buenos Aires y ahí comienza el ir a verlo a Buenos Aires. Y luego su 
desaparición en 1976. 


145 









Voy a Buenos Aires, hago la denuncia de su desaparición y comienzo a 
buscarlo allá y en nuestro país, en el comando de las Fuerzas Armadas, en 
los cuarteles o donde nos decían que había gente detenida. Comenzamos a 
encontrarnos con madres que estaban pasando por lo mismo, formamos 
el grupo. Hasta la fecha sigo en la misma lucha por saber la verdad de lo 
sucedido. La familia siguió creciendo pues los hijos se casaron, formaron 
sus respectivas familias, en la actualidad tengo once nietos y tres bisnietos. 


146 



Luz Ibarburu 

Nací el 20 de octubre 
de 1924 en una familia 
numerosa (9 hermanos), 
en San José, ciudad de 
la que no tengo recuer¬ 
dos infantiles. En mi 
familia hubo muertes 
muy dramáticas y 
muchas tristezas. 

Yo hice mis estudios 
primarios en la Escuela 
Experimental de Malvín, 
luego con una hermana 
maestra y después en la 
escuela Bélgica; los 
secundarios en el liceo 
Bauzá; los preparatorios 
en el Instituto Alfredo 
Vázquez Acevedo; y los 
superiores en la Facul¬ 
tad de Ciencias Econó¬ 
micas y de Adminis¬ 
tración, donde obtuve el 
título de Contador Públi¬ 
co en 1949. 

Trabajé en un banco 
y luego en la Oficina de 
Ganancias Elevadas 
que, unida a otras oficinas, constituiría la actual Dirección General 
Impositiva. Nunca me satisfizo el trabajo, pero era mi medio de vida y 
como tal lo tomé. Creo que tenía vocación por la música y lamentablemente 
no aprendí ningún instrumento; sí he cantado en coros y aún hoy, a mis 
años, sigo haciéndolo. 

En 1950 me casé con Ademar Recagno, con quien tuve 2 hijos que nos 
hicieron muy felices: Juan Pablo, en 1951 y Andrés en 1955. Tengo un 
nieto; Bruno, hijo de Andrés. 

Pablo militaba en el Frente Estudiantil Revolucionario. En 1972 fue 
detenido y procesado por la Justicia Militar por “Asociación para Delinquir”. 
Estuvo 8 meses incomunicado y cumplió la condena en cuarteles, 
particularmente en el interior, en condiciones durísimas (como ejemplos: 
en Durazno los presos estaban en un aljibe desecado que se anegaba cuando 
llovía; en Mercedes tuvo hepatitis, la pasó en la celda y no se le hacían 
análisis de control). 

Pablo quedó libre en diciembre de 1973 y emigró a Buenos Aires, de 
donde fue desaparecido el 2 de octubre de 1976. Al principio pensamos 
que se trataba de una incomunicación similar a la que habíamos sufrido 
en su anterior cautiverio. Luego la realidad se nos fue imponiendo a través 



147 




de las noticias que recibíamos. Una de ellas fue de boca del presidente del 
Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, quien nos dijo que 
buscaba a su hija desde hacía un año. 

Nuestra familia sufrió, como seguramente ocurrió a todas las que 
estuvieron en casos similares, una terrible perturbación. No sé de dónde 
sacábamos fuerzas para deambular por cuarteles y oficinas arrastrando 
lágrimas. Después el paso del tiempo que, aunque no cura las heridas, las 
alivia paulatinamente; y la constitución del grupo de Familiares de 
Desaparecidos, donde el esfuerzo solidario también contribuye a soportar 
los dolores, nos fue ayudando... y en eso estamos. 

Hace seis años iniciamos un juicio en Italia con compañeras que, como 
nosotros, tienen doble nacionalidad (uruguaya e italiana) y hace algo más 
de un año tres iniciamos otro en Argentina. Los importantes cambios que 
están ocurriendo en nuestro país respecto del tema de los desaparecidos 
nos hacen concebir esperanzas respecto de la obtención de verdad y justicia, 
pero lamentablemente, no creo que vayamos a lograr toda la verdad y toda 
la justicia que de todo corazón anhelamos. 


148 




Javier Miranda 

Nací en Montevideo, en el CASMU, en 1964, el 19 de mayo (esto es, el 
mismo día que José Martí y que Ho Chi Mhin). 

De primero a sexto año de escuela, fui a la escuela España (escuela 
pública, ubicada en aquella época en 18 de Julio entre Paullier y Requena, 
actualmente allí funciona el Anexo del liceo LAVA). En esa época un cande 
costaba $ 3, que se componía de tres monedas que tenían, alrededor del 
número, una elegante chaucha de ceibo. El primer año de liceo lo hice en 
el N° 5, José Pedro Várela, que en ese año 1976 -pensar que hacía unos 
meses que se habían llevado a mi viejo- funcionó en el edificio del IAVA. De 
segundo a sexto de secundaria cursé en el Seminario. Ahí ya me puse 
pituco y me recosté a los jesuítas, hacia quienes me siento realmente deudor, 
por lo que me protegieron en aquella época y por haberme inculcado la 
vocación de servicio que hoy me anima. Hice el “preparatorio" de Ingeniería 
y, con brillantez, terminé sexto debiendo las tres matemáticas. Por esa 
razón, me fui a cursarlas al Bauzá y, un poco después de mitad de año, me 
cambié a Derecho y di todo libre (desde cuarto año). Entre que hacía las 
tres marías en el Bauzá, me metí a hacer periodismo en la UTU, lo cual fue 
muy bueno para mí y para el periodismo, pues solo hice un año y medio. 
Con un poco de esfuerzo y mucha suerte, entré a la Facultad de Derecho 
en 1983 (fui de los giles que tuvimos que dar examen de ingreso, el cual 
fue eliminado en 1984). Me recibí como abogado en 1990. 

Docente de Derecho Privado II (Obligaciones) y Derecho Privado III 
(Contratos) en la Universidad de la República. Verdadera pasión. 

Hincha de Liverpool, socio desde 1984, con aspiraciones políticas en la 
materia. 


149 





Miembro (especialmente mimado por “las viejas”) de Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos desde sus orígenes. En tal carácter 
soy regularmente torturado por los medios de prensa, investigadores y 
otros buscadores, para realizar declaraciones públicas. 

Como miembro de Familiares y de FEDEFAM, he tenido el privilegio de 
participar en numerosas actividades internacionales en materia de Derechos 
Humanos. Entre otras, fui representante de la Federación en varios períodos 
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión 
para la Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías, 
de Naciones Unidas. También he participado activamente, en ese marco, 
en la elaboración de instrumentos internacionales para la lucha contra las 
desapariciones forzadas, la impunidad y por la reparación a las víctimas 
de graves violaciones a los Derechos Humanos. 

El Gobierno Nacional acaba de designarme representante suyo ante la 
Unidad Especial de Investigación del Archivo Nacional de la Memoria de la 
Argentina, el cual depende de la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la hermana República 
Argentina. 


150 




Hortensia Pereira 

Nací en el pueblo de Vergara, departamento de Treinta y Tres, el 28 de 
abril de 1934. Al poco tiempo nos mudamos al Arrozal 33; mi padre Catalino 
era de oficio carnicero y mi madre Constanza, trabajaba en la casa. Concurrí 
a la escuela rural del arrozal, donde cursé hasta tercer año. 

En 1947 nos venimos para Montevideo y desde entonces comienzo mis 
primeras experiencias laborales formales. En 1953 ingreso a la empresa 
FUNSA. Desde temprana edad tenía muy claro el lugar que ocupaba el 
trabajador en la sociedad y a escondidas de la empresa, me afilié al sindicato. 
A partir de ese momento comienza una nueva etapa en mi vida. 

Fue así que nos conocimos con León Duarte, con quien nos casamos el 
19 de diciembre de 1963. De esa unión nacieron dos hijos. Hoy día somos 
abuelos de tres nietos y una nieta: Leonel, Matías, Facundo y Camila. 

En el mes de julio de 1976, León es detenido en Buenos Aires y es 
desaparecido. Desde esa fecha comienzo la búsqueda que no ha cesado. 
En 1978 comienzo a reunirme con otros familiares y años más tarde, 
conformamos el grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos, donde continúo integrada buscando la verdad y la justicia. 


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María Masdalena Salvia (“Quica”) 

Nació el 10 de abril d e 1924 en una escuela rural del departamento de 
Canelones. 

En marzo de 1926 su madre elige una efectividad en un cargo en la que 
luego será Escuela Experimental de Las Piedras. 

Entre marzo de 1928 y diciembre de 1937 cursa preescolar y primaria 
en esa escuela que dirige Sabas Olaizola. 

Entre marzo de 1938 y diciembre de 1944 cursa secundaria y 
preparatorios para medicina en el liceo Inmaculada Concepción de 
Montevideo. Se gradúa de bachiller el 31 de diciembre de 1944. 

El 10 de enero de 1945 ingresa al Instituto Magisterial del que egresa 
en la primera quincena de diciembre de 1947 con el título de maestra de 
primer grado. 

En 1948 realiza suplencias y en el mes de julio se presenta a concurso 
en el departamento de Montevideo. 

En 1949 desempeña un interinato en la Escuela Honduras. 

En 1950 elige un cargo de efectividad. 

El 10 de julio de 1950 se une en matrimonio religioso con José Antonio 
Errandonea. 

El 12 de junio de 1951 nace su primera hija: Yaema. 

En mayo de 1952 vuelve a la Escuela Honduras. 

El 19 de abril de 1953 nace su segunda hija: Mariana. 

El 14 de julio de 1954 nace su primer varón: José Ignacio. 

El 29 de diciembre de 1955 llega Juan Pablo. 

El 7 de septiembre de 1958 nace María Inés y el 7 de octubre de 1961 
nace Soledad. 


152 


“La vida transcurre entre niños en casa y niños en la escuela en la 
distorsión de no ser totalmente de los hijos, ni plenamente de los alumnos. 

Compartiendo cuerpo, espíritu y tareas con Pepe en casa, en la escuela 
en el liceo con grupo de jóvenes dentro y juera de la casa... 

En mayo de 1965 dejo la docencia. 

Pasa algún tiempo. 

Después la casa quedó vacía de risas, juegos ideas y canciones. 

1973, 1975, 1976, 1977... 

Agosto de 1982: Pepe y yo nos vamos a Venezuela. Ya no estaba Juan 
Pablo. 

Hijas, yernos y nietos en México. 

Hijo, nuera y nietos en Francia. 

Hija, yerno y nietos en Venezuela. 

El 24 de septiembre de 1994 se va definitivamente Pepe. 

El 25 de abril de 1999: vine de paseo a Uruguay 

ya no me voy 
no estoy 
ya me hundí 

al nuevo centro de la tierra 

ya soy ceniza 

Juego 

lava 

-Estallo-. ” 


153 



Oscar Urtasun 

Nací el 30 de julio de 1947 
en la ciudad de Rocha. Soy 
hijo de José Francisco 
Urtasun (“Pancho”) y María 
Terra Lazo (“Maruja”). Con 
padre argentino-vasco, 
socialista de Frugoni, y 
madre róchense y católica, 
crecí en Montevideo, en el 
barrio Pérez Castellano (entre 
Villa Española y Cerrito de la 
Victoria) junto a tres herma¬ 
nos varones mayores y dos 
hermanas menores. 

Como en todo barrio, se 
vivía entre trompos, bolitas, 
cometas y mucha pelota de 
fútbol. La escuela que me 
soportó (y enseñó) fue la de 
Industria y Algarrobo, pegada 
al Parque Borrás (hoy no 
existe). 

De apelativos “El Cabeza” 
y “El Negro”. Crecimos en un 
rancho de lata por fuera y de 
madera por dentro, con pocos 
“trapos” y buena comida y las manos y cara bien limpias para ir a la escuela. 
Hice seis buenos años de escuela y pasé al liceo N° 3 (1DAL) donde cursé 
hasta cuarto año, para luego terminar quinto y sexto año en el IAVA. 

Me caso en junio de 1972 con Teresa Díaz en momentos difíciles, ya que 
en mayo cayeron presos mis tres hermanos por militancia política ilegal 
(MLN). Además ya venía en viaje mi hijo Marcos (desde París y en cigüeña). 
Junto a mis hermanas Marta y Graciela contuvimos en el ámbito familiar, y 
con los viejos, todas las consecuencias de la prisión de mis hermanos. Son 
puestos en libertad en 1974 y en 1975. Los tres pasan a radicarse en Buenos 
Aires, donde continúan militando. En 1978 desaparece José Luis y los dos 
mayores, Ornar y Roberto, pasan a residir como refugiados en Europa. 

Volviendo a mis datos personales, soy casado, tengo dos hijos, de 
profesión cerrajero y herrero, con experiencia anterior en puesto de frutas 
y verduras. Tengo tres nietos de mi hijo mayor Marcos y seis nietos de los 
hijos de mi señora. En 1981 nace nuestro segundo hijo Luis Germán. 

Después de una militancia política, en la actualidad la lucha pasa junto 
a los demás familiares de desaparecidos. 

Mi padre fallece en 1987 y mi madre en 1996, por lo cual nunca supieron 
qué destino tuvo su hijo José Luis “El Flaco”. 

Este año 2005 me sorprende a veces cansado y algo viejo, pero se me 
pasa pronto ya que predomina el amor y la bronca. 



154 


El Archivo de Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. 
Experiencias, contenidos y reflexiones 


Jimena Alonso, Magdalena Figueredo, Viviana Ruiz* 


La memoria no registra, 
sino que construye** 


La búsqueda de la verdad y la consecuente construcción de la memoria 
histórica parecen estar, cada vez más, desplazándose desde una necesidad 
y reivindicación incesante de los movimientos sociales y de Derechos 
Humanos, hacia ámbitos académicos y estatales. La organización de Madres 
y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ha representado y 
representa en nuestro país, uno de los referentes de esta lucha por la 
búsqueda de la verdad. Una verdad que no sólo se remite al esclarecimiento 
de los hechos del pasado, sino también a la construcción de una sociedad 
que se permita mirar hacia adelante con memoria. 

Esta memoria se construye de varias maneras, la “Marcha del Silencio” 
de todos los 20 de mayo en Montevideo, los monumentos, las placas 
recordatorias, también construyen memorias. Pero ¿qué va a pasar cuando 
ya no haya quién recuerde, que no haya hijos, ni madres, ni padres? ¿Quién 
va a recordar? Debemos desarrollar un lugar donde se transmita el pasado, 
pero también un lugar que permanezca. Esta es una de las funciones que 
cumplen los archivos. 

El Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos constituye un registro de actividades de la organización; de 
los comunicados e informes realizados; de las organizaciones, que tanto a 
nivel nacional como internacional, también se vinculan al tema de los 
Derechos Humanos; de la correspondencia enviada y recibida; del 
Referéndum. Pero por sobre todas las cosas, el registro de una voz que no 
quiso ni quiere quedarse sin voz. Registro de una búsqueda incansable. 

El proyecto 

En los años 2001 y 2004 se suscriben sendos convenios de colaboración 
entre Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la 
Universidad de la República, representada por el Instituto de Ciencia Política 

* Estudiantes de la Licenciatura en Historia de la Facultad Humanidades y Ciencias 
de la Educación y del Profesorado de Historia del Instituto de Profesores Artigas. 
Colaboradoras honorarias del Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos. 

** Pierre Vilar, Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Crítica, Barcelona, 1982, 
p. 29. 


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de la Facultad de Ciencias Sociales y por el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. En ese marco, en el año 2003 se puso en marcha la 
ejecución del Proyecto “Historia de la Organización de Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”. Este proyecto incluía entre sus 
objetivos la organización y la realización de un instrumento de descripción 
archivística (inventario somero) del Archivo institucional del Grupo, tarea 
que se inició en los últimos meses del año 2003. 

En mayo de 2004 se realizó un llamado a colaboradores honorarios 
para participar de esta actividad. En junio nos integramos al proyecto con 
el objetivo de finalizar la clasificación y ordenación del Archivo e ingresar 
la información a una base de datos para confeccionar posteriormente un 
inventario somero del mismo. 

Hacia el mes de mayo de 2005, el grupo se presenta a la Convocatoria 
de Ayuda a Proyectos Archivísticos del “Programa de Apoyo al Desarrollo 
de Archivos Iberoamericanos” (ADAI) de la Agencia Española de Cooperación 
Iberoamericana (AECI). A partir de la misma, se logró una financiación 
para el período comprendido entre agosto y noviembre de 2005. Para esta 
nueva etapa de trabajo, contamos con el apoyo de las archivólogas Cecilia 
Gobbi y Stella Robayna, cuyo trabajo nos brinda un importante sustento 
técnico para lograr los objetivos planteados. 

En esta breve síntesis queremos exponer algunos aspectos de esta 
experiencia, informar cuáles son, en grandes líneas, los contenidos del 
archivo con el que estamos trabajando y, finalmente, compartir algunas 
reflexiones. 

Clasificación, ordenación y conservación del material 

Al ingresar, parte del trabajo de organización había sido encaminado 
por otros integrantes del grupo,* que a partir de este momento centraron 
su tarea en la realización del libro al que este anexo acompaña. La primera 
tarea se basó en la continuación de la clasificación y posterior reordenación 
física de los documentos existentes. Desde el comienzo contamos con el 
apoyo profesional de la bibliotecóloga Esther Paños quien nos asesoró 
respecto a criterios básicos en cuanto al funcionamiento de un Archivo, y 
su posterior ingreso en la base de datos. 

Se realizó también un proceso de acondicionamiento y conservación de 
los documentos, principalmente en el caso de los fax, ya que teniendo en 
cuenta el material en el que se imprimen es mucho más acelerado su 
deterioro. En pos de su conservación se fotocopiaron y luego se les dio la 
autenticidad requerida en estos casos. Por otro lado, se quitó de la totalidad 
de los documentos cualquier elemento metálico que produjera la oxidación 
del papel. 

Todo esto condujo a que el tiempo planificado para finalizar la tarea se 
extendiera en un plazo mayor al estipulado. Por ello es que en este momento 
nos encontramos culminando la primera etapa del trabajo planteado. 


Gabriel Bucheli, Valentina Curto y Vanesa Sanguinetti. 


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Una breve descripción temática 

La institución Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos cuenta con un importante volumen de documentos en 
diferentes soportes (papel, fotografía, registros audiovisuales, etcétera). 
Éstos, que se han ido acumulando desde el surgimiento de los primeros 
antecedentes del grupo en 1977, se considera constituyen un acervo de 
suma importancia en el momento de la reconstrucción histórica de la lucha 
por los Derechos Humanos durante la experiencia autoritaria y la 
recuperación democrática, tanto a nivel nacional como internacional. 

Esta documentación ha sido elaborada por diversas organizaciones e 
instituciones, de las que se destacan además de FEDEFAM y Madres y 
Familiares de Uruguayos DetenidosDesaparecidos, instituciones 
gubernamentales, organizaciones nacionales e internacionales. 

Con respecto a la información proveniente de FEDEFAM, dentro de la 
misma encontramos los siguientes temas: Informes (1982-2001); Encuentros 
Nacionales (1986-1989) y Regionales (1986-1996); Congresos (1981-2001); 
Proyecto de Convención sobre Desaparición Forzada (1982-1998); las 
distintas organizaciones que integran FEDEFAM en toda Latinoamérica (en 
países tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, México, Martinique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, 
Venezuela). Éstos últimos comprendidos en su mayoría desde mediados 
de la década del setenta hasta el año 2000. 

Por otro lado, dentro de los documentos provenientes de Madres y 
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, encontramos 
Antecedentes de la organización (Agrupación de Familiares de Uruguayos 
Desaparecidos, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos en Argentina, 
Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar, Comité de 
Familiares de Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos en Uruguay, 
Madres y Familiares de Uruguayos detenidos en Uruguay, Argentina y 
Paraguay; comprendido en su mayoría desde fines de la década del setenta 
hasta el año 1985); Información institucional (1977-1997); Niños 
desaparecidos; Correspondencia (1977-2005); Actas y Plenarios (1986- 

1999) ; Actividades (1985-2004); Comunicados de prensa y Cartas abiertas 
(1985-2005); Proyecto de Financiamiento (1985-2000); Informes (1984- 

2000) ; Proyectos (1992-1998). 

Creemos pertinente detenernos exclusivamente en algunos de los 
apartados que forman parte del material de esta organización. En este 
sentido, consideramos dentro de Antecedentes a todos aquellos grupos 
conformados previamente a la unificación de Madres y Familiares -tal como 
la conocemos hoy- incluyendo allí todos los documentos emitidos por los 
mismos. 

Dentro del proceso que realizó el grupo de Madres y Familiares a través 
de su historia, encontramos dos puntos de inflexión que por un lado marcaron 
la historia de la organización y por otro constituyen temas en sí mismos. 

En el primero, identificamos los documentos con relación a los casos de 
los Niños desaparecidos. Se trata básicamente de documentos públicos 
(entrevistas de los familiares, testimonios de los niños restituidos, 


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actividades y propaganda, comunicados, entre otros), a los que se suman 
algunas denuncias judiciales. 

En segundo lugar, encontramos los documentos relacionados 
exclusivamente a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 
y al Referéndum, la mayoría de éstos refieren al período 1984-1989 
aproximadamente (existen además documentos de Análisis referentes al 
tema, que se extienden hasta el año 2002). 

Dentro de los documentos provenientes de instituciones 
gubernamentales: encontramos Poder Ejecutivo [ 1982-1997), Poder Judicial 
(1976-1996), Poder Legislativo (1985-2004) y Gobiernos Departamentales 
(1990-1998). Todo este material hace referencia a declaraciones de 
parlamentarios relacionadas a violaciones a los Derechos Humanos, 
denuncias y sentencias judiciales respecto al tema. Derecho de Petición, 
decretos del Poder Ejecutivo, entre otros. 

Existe un amplio volumen de documentos provenientes de 
Organizaciones internacionales y nacionales (1981-2000). Éstos fueron 
separados por organización y ordenados alfabéticamente. Dentro de ellas, 
podemos destacar, a nivel internacional los documentos provenientes de 
ONU, OEA y Amnistía Internacional; y a nivel nacional Frente Amplio, PIT- 
CNTy SERPAJ. Todas estas organizaciones juegan un rol fundamental en el 
proceso de esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos, no 
sólo en cuanto al aporte de datos sino también porque abren espacios de 
denuncia y difusión en el ámbito internacional, lo que nos permite también 
visualizar el vínculo de Madres y Familiares con otras organizaciones 
comprometidas con el tema. 

En cuanto a la Prensa (previamente seleccionada por el grupo de Madres 
y Familiares), la misma se encuentra subdivida en nacional e internacional, 
diferenciada en diarios, semanarios, mensuarios, cada uno de ellos 
ordenados alfabéticamente en el período que comprende desde 1980 hasta 
la actualidad. 

Con respecto a los materiales audiovisuales, debemos diferenciar 
distintas colecciones: videoteca, (en formato VHS) en su mayoría 
documentales y entrevistas de contenido nacional e internacional. Por otro 
lado, disponemos de material de audio, en donde se encuentra el registro 
de actividades diversas, como por ejemplo encuentros, conferencias, talleres, 
etcétera, y registros musicales con relación a la temática de los Derechos 
Humanos. En los materiales iconográficos (diapoteca y fotografías) 
encontramos también el registro de actividades, viajes, etcétera. 

Archivos y Derechos Humanos: reflexionando hacia el futuro 

Consideramos la preservación de los Archivos, cualquiera sean éstos, 
como un paso imprescindible en pos de la investigación del pasado y de la 
conservación de la memoria colectiva de cualquier sociedad o pueblo. 

No podemos desconocer que en el caso de un Archivo como el que aquí 
se presenta, existen otros factores por los que se acrecienta la importancia 
del mismo. Debemos reconocer que nos encontramos en un momento 
histórico donde el tema de los Derechos Humanos está viviendo un nuevo 
replanteo, donde está tomando una importancia más dimensionada. 


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En este sentido, podemos tomar como ejemplo el caso de Argentina, en 
donde los Archivos de la Memoria sirven hoy en día como fuente histórica, 
pero también como prueba jurídica de los Juicios por la Verdad. No dejemos 
de pensar cuánto pueden colaborar estos Archivos en las investigaciones 
que comienzan a desarrollarse en nuestro país. El Archivo constituiría 
entonces, el nexo entre el Estado y la sociedad, ambos atravesados por los 
mismos conflictos del pasado colectivo reciente. 

Por otro lado, notamos necesario que se empiece a trabajar en el ámbito 
estatal sobre una ley de Archivos, vacío que encontramos en la región, en 
donde no existe una política clara sobre el funcionamiento de los mismos. 
Aspiramos entonces, a que esta deuda que tiene nuestro país empiece a 
ser analizada no solo por las autoridades, sino por el conjunto de la sociedad. 
El propósito sería poder construir, tomando como ejemplos las experiencias 
en la región, una red de Archivos de Derechos Humanos, donde no solo 
estén los Archivos de las organizaciones sociales (esto es. Madres y 
Familiares, SERPAJ, PIT-CNT, etcétera), sino que se pueda -en este viraje 
político que el tema está viviendo- tener acceso a los Archivos del Ministerio 
del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, entre otros. 

No está de más aclarar que esta red no solo estaría conformada por 
Archivos nacionales: debemos tener contacto con la región -Archivos de 
Argentina, Brasil y Chile entre otros- para así, de alguna manera, generar 
un ‘contra Plan Cóndor’ donde poder coordinar acciones a escala regional 
que nos permitan responder cómo, cuándo y dónde. 

El pasado nos muestra experiencias, nos enseña, y debemos partir de 
esas enseñanzas para construir juntos un futuro mejor. La sociedad necesita 
de la memoria, porque refleja la problemática del presente, integra el pasado 
al presente. 

Estos Archivos en donde podemos ver cómo funcionó la represión, la 
prisión, la tortura, la desaparición forzada en nuestros países, nos dan 
cuenta también de luchas, de acciones, de personas que soñaron otro futuro. 

La idea central es que este espacio constituya un lugar más donde 
recordar, investigar y analizar el pasado. Que sea un elemento dinámico, 
donde se escuchen todas las voces, donde podamos empezar a armar el 
rompecabezas de un pasado que todavía está pendiente. 


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Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2005, 
en Talleres Don Bosco, Montevideo, Uruguay. Depósito Legal N° 337 279. 
Comisión del Papel. Edición amparada al Decreto 218/96 





Vivos los llevaron... es una primera aproximación 
a la historia de Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos. Es una obra muy 
allegada y cercana a la memoria de sus 
protagonistas, sin cuya generosa colaboración no 
hubiera sido posible. Es el relato de algunas 
decenas de trayectorias personales y de 
un itinerario colectivo pautado por la búsqueda 
permanente del familiar desaparecido en un 
tiempo oscuro ya pasado, pero imposible de 
comenzar a superar hasta el momento del 
encuentro con la verdad. 

Es, al mismo tiempo, la reconstrucción de una 
historia de lucha por la democracia y los Derechos 
Humanos en Uruguay, por la tolerancia y la 
convivencia plural y pacífica. No está anclada en 
el tiempo sino que se proyecta con fuerza hacia 
el futuro. Y no quiere dar vuelta ninguna página 
hasta haberla escrito, leído y comprendido, con 
la libertad de volver a ella, sin culpa, cuantas 
veces se desee. 


Este libro muestra a la lucha de Madres y Familiares como un 
ejemplo de hasta qué punto la aparente debilidad puede 
encerrar una enorme fortaleza, capaz de hacer ceder al mismo 
poder estatal. Podemos confiar, con ellos, que allí reside una 
de las formas de construir en el presente las bases sociales, 
culturales y políticas del "nunca más”: "nunca más dictadura”, 
y también "nunca más violaciones a los Derechos Humanos". 


I alciones 

MCE 


ISBN 997432404-1 


789974 324046